Saldo ‘Quédate en casa»: 20 muertes de mujeres migrantes

                                                                                                 Foto: CimacNoticias

 

Edith González Cruz

Desde febrero de este año, organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron sobre el programa migratorio “Quédate en México”, también conocido como Migrant Protection Protocols(MPP), firmado entre el gobierno de Donald Trump y de López Obrador cuyo saldo 2023 en la condición de vida de las mujeres migrantes registra aumento de solicitudes de asilo por parte de mujeres y por lo menos 20 mujeres que murieron, así lo revelan en el informe “El principio de no devolución (non refoulement) en México”.

A través de 31 casos ocurridos en el 2022, se muestran los principales obstáculos que enfrentan mujeres ante el actuar de los agentes migratorios, como la incomunicación de las personas en los procesos de detención y devolución; la retención o destrucción de documentos por agentes migratorios y la falta de recursos efectivos para el regreso de las personas a México -una vez consumada la devolución-.

El informe documenta la práctica sistemática del Instituto Nacional de Migración (INM) de transgredir el principio de no devolución de personas solicitantes de asilo o reconocidas como refugiadas, en el que también se menciona que 151 mil 669 personas fueron detenidas como resultado de las políticas migratorias de contención, 74 por ciento más que en el mismo periodo de 2022 y mil 400 por ciento más que hace un década.

Siendo aún más grave cuando se trata de niñas y adolescentes no acompañadas, a quienes la ley prevé proteger con medidas especiales como la regularización por razones humanitarias y realizar una evaluación y determinación del interés superior considerando todas las opciones de cada caso, antes de la devolución inmediata a su país de origen.

Como ejemplo, el caso de una adolescente guatemalteca que fue deportada el pasado viernes 3 de noviembre, aún cuando contaba con todas las medidas jurídicas y de protección internacional.

“El Instituto Nacional de Migración en un acto de franca violación a los principios de no devolución, interés superior y debido proceso, deportó a una adolescente que contaba con 1) una solicitud de asilo presentada ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); 2) un amparo contra la deportación, expulsión, retorno, devolución o cualquier figura similar, y 3) una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, señaló en un comunicado el Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI).

El INM realizó el retorno asistido de la adolescente que contaba ademas con posibilidades de reunificación familiar tanto en México como en un tercer país. La Subprocuraduría para Niñas, Niños y la Familia del Municipio de Acuña, Región Norte II, determinó que lo mejor para ella era el regreso a su país de origen, pese a que su vida corre peligro y que la CNDH y la COMAR les comunicaron las necesidades de protección de la adolescente.  

Pese a todo ello, la adolescente fue obligada a tomar un vuelo de regreso a su país de origen (Guatemala), mismo que partió a las 6 de la mañana del viernes, sin que a la fecha se conozca su paradero.

Para la organización denunciante, se trata de una práctica sistemática del INM en contubernio con las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, toda vez que no se realizan debidamente los procesos de evaluación y determinaciones del interés superior de la niñez y se opta por el retorno al país de origen.

Este no es el único caso donde las Procuradurías de Protección han señalado que quien decide el destino de la niñez y adolescencia es el INM, pues existen otros casos graves como en Villahermosa, Tabasco, donde a pesar de que la Procuraduría de Protección tiene información de los riesgos que corren niñas y niños en su país de origen, el INM decide su retorno.

El pasado 29 de agosto del 2022 Cimacnoticias ya había informado sobre la muerte de una niña de cinco años quien cruzaba el río Bravo en los brazos de su madre; sin embargo, la fuerza del agua ocasionó que fuera arrastrada por la corriente.

La niña de tan solo cinco años fue localizada sin vida a la altura del marcador binacional 30. Este hecho puso en evidencia la necesidad de abordar aún con mayor énfasis las consecuencias de la migración en las y los niños.

Otra violación observada por IMUMI era la exigencia por parte de autoridades migratorias para que las personas migrantes o refugiadas contaran con un permiso migratorio para comprar un boleto de autobús y viajar dentro del país. Sin embargo, el Tribunal Colegiado de la Ciudad de México determinó que esta medida era una transgresión al derecho al libre tránsito y un acto discriminatorio contra las personas migrantes. Una resolución importante que evitará que las familias migrantes busquen rutas más peligrosas que ponen en riesgo su vida y la de sus familias.

México, tercer país con más solicitudes de asilo

Desde 2021, México se convirtió en el tercer país en recibir más solicitudes de asilo, solo detrás de Estados Unidos y Alemania, de enero a septiembre de este año la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) registró 112 mil 960 solicitudes, contra las 1 mil 296 que se registraban hace una década y, desde entonces, 4 de cada 10 solicitudes de asilo son de mujeres.

En el mundo, Naciones Unidas estimó que en 2019 la población migrante total fue de 272 millones, representando 3.5 por ciento de la población mundial y componiéndose por 48 por ciento de mujeres.

Política migratoria inhumana

Desde febrero de este año, organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron sobre el programa migratorio “Quédate en México”, también conocido como Migrant Protection Protocols(MPP), firmado entre el gobierno de Donald Trump y de López Obrador.

En ese entonces señalaron que se trataba de un programa inhumano porque condenó a más de 80 mil personas que buscaban protección internacional, 40 por ciento mujeres y 33 por ciento niñez, a permanecer en un país donde no querían estar (México) y en el que no se les garantizaba protección, acceso a salud, educación, vivienda digna, trabajo y un documento de estancia migratoria regular por razones humanitarias -como lo prometió el gobierno mexicano en sus comunicados de prensa.

Además, de que se les dejó a su suerte y fueron víctimas de violencia -algunos por más de una ocasión- como secuestros, extorsiones, robo, desaparición forzada y violaciones, perpetrados por policías de diferentes niveles, agentes de migración y crimen organizado, sin que hayan accedido a la justicia.

La vida de las mujeres y la niñez quedó marcada por la violencia y la indiferencia de los gobiernos al no garantizarles protección para que no tuvieran que dejar su país, del gobierno estadounidense al violar su derecho al asilo, debido proceso y permanecer en el país, y al mexicano por ser complice de una política inhumana y no garantizarles una estancia libre de violencias. 

Organizaciones de México y Estados Unidos realizaron acciones jurídicas para poner fin a este programa, desde su anuncio el 20 de diciembre de 2018, pues no solo violaba el principio de no devolución, el acceso al debido proceso, y el derecho a la unidad familiar, sino también era contrario a las legislaciones nacionales y compromisos internacionales. 

Luego de casi tres años de litigio, finalmente el 26 de octubre de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el amparo en revisión 302/2020, en el que señalaba que el Estado mexicano incurrió en omisiones en la protección de derechos de las personas devueltas a México bajo el programa “Quédate en México”, al no contar con un proceso claro de protección, no publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y no incorporar una perspectiva de género, derivando en actos violentos hacía esta población sin acceso a la justicia.

Desde 2021, México se convirtió en el tercer país en recibir más solicitudes de asilo, sólo detrás de Estados Unidos y Alemania. En 2022, la COMAR recibió 118 mil 222 solicitudes de asilo, principalmente de personas de Honduras, Cuba, Haití y Venezuela. De enero a septiembre de 2023 van 112 mil 960 solicitudes, contra las 1 mil 296 solicitudes que se registraban hace una década (2013). Desde hace poco más de una década, ha sido constante que 4 de cada 10 solicitudes de asilo sean de mujeres.

La piedra angular en el sistema de protección de personas refugiadas

El principio de no devolución, también conocido como non refoulement, es considerado la piedra angular de todo el sistema de protección de las personas refugiadas. Las protege de ser devueltas, por cualquier medio (expulsión forzada, deportación, extradición, traslado, entre otras), a un Estado en el que sus derechos a la vida o a la libertad corran peligro. Aplica no solo a las personas reconocidas como refugiadas, sino también a aquellas que se encuentran en trámite de ser reconocidas.

El informe “El principio de no devolución (non refoulement) en México”  señala que los 31 casos analizados, se tradujeron en 53 personas víctimas de devolución o en riesgo de devolución, de las cuales 38 fueron víctimas de devolución consumada: 22 ya habían sido reconocidas como refugiadas; 10 eran solicitantes de asilo; 5 habían demostrado formalmente necesidades de protección internacional; y una tenía un citatorio ante la COMAR, documento que protege contra la devolución.

Los lugares donde se observó la primera detención, que después culminó en una devolución, fueron: Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, Ciudad de México, Coahuila y Querétaro; y las entidades que se ubicaron como último lugar para la culminación de la devolución fueron Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, San Luis Potosí y Nuevo León. Asimismo señala que las principales nacionalidades de las personas víctimas de devolución o de riesgo de devolución fueron Colombia, Turquía, Cuba, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

Para detener estas violaciones a los derechos de las personas migrantes y refugiadas, las organizaciones plantean doce recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas:

  1. Garantizar el reingreso al país de las personas que fueron devueltas
  2. Generar una base de datos compartida entre el INM y la COMAR, que facilite las consultas de información y la comunicación interinstitucional, en aras de evitar la detención o la devolución
  3. Garantizar el contacto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para todos los casos de personas privadas de la libertad en estaciones migratorias
  4. Garantizar el contacto de personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado y reconocidas como refugiadas con el Instituto Federal de la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil para asegurar su asistencia jurídica
  5. Llevar a cabo acciones para la reparación integral del daño a las víctimas, que van desde la restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción, hasta las garantías de no repetición.
  6. Capacitar y sensibilizar al Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional en temas de protección internacional y ejercicio de control migratorio con perspectiva de derechos humanos, género y niñez, no de seguridad nacional y criminalización.
  7. Difundir y aplicar el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, el cual establece la responsabilidad de los servidores públicos frente al no aviso de detección de casos de solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado.

El principio de no devolución se encuentra establecido en diversos instrumentos internacionales, regionales y nacionales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la Ley de Migración y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Las organizaciones que participan en el  informe “El principio de no devolución (non refoulement) en México” son: Sin Fronteras, IAP, Asylum Access México (AAMX) A.C, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Clínica Jurídica para Personas Refugiadas “Alaíde Foppa” (CJR), Programa Casa Refugiados y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).

 

 

«Ha pasado que avisan al MP»: sector salud en Coahuila persigue el aborto pese a despenalización

                                                                                                                Foto: SemMéxico

 

Socorro Alonso II entrega

“Decidí practicarme un aborto. Acudí a la institución y hubo una negativa y recurrí a las colectivas, una de ellas fue la que me proporcionó el medicamento para realizar el proceso de aborto en casa”, cuenta Tere Meza. Su caso no es el único. Ángela, temerosa, preocupada y nerviosa llegó al Hospital General de Saltillo, que depende del gobierno del estado, y pidió la interrupción de su embarazo, la animó ser recibida amablemente, pero, después, sólo la conflictuaron y desistió del procedimiento.

Sol, firme y segura de su determinación ni siquiera pidió la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) al Hospital General de Saltillo, se lo practicó en solitario, pues al acompañar en procesos abortivos a otras mujeres. Sabía por experiencia que en el hospital las enfermeras las cuestionan, les piden copias y ecografías, entre otros papeleos, las citan para otra fecha, les niegan el acceso, o dicen que las van a llamar, cuando deben atenderlas en ese momento.

Todas son mujeres que buscan ejercer su derecho a la ILE, pero encuentran en los hospitales oficiales procesos que lo impiden, violentando su derecho a decidir y sus derechos humanos. En el sector privado se lucra con las mujeres solicitantes, y las que carecen de dinero optan por recurrir a las acompañantas y colectivas. Así se impide el acceso a la interrupción legal del embarazo de las coahuilenses, al que tienen derecho bajo el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 7 de septiembre del 2021, que declaró, por unanimidad, inconstitucional la penalización del aborto para las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Este criterio es obligatorio para todo los jueces y juezas del país.

Activistas y acompañantas responsabilizan al sistema gubernamental por las violencias que viven las mujeres y la carencia de medicamentos, de espacio y protección a su integridad, además de acompañamiento y apoyo emocional, entre otros aspectos.

En Torreón, las mujeres sólo pueden acudir al Hospital General para una interrupción de embarazo producto de una violación, bajo la NOM 046, pero ahí no te reciben para un ILE, aclara Katya. Laura denuncia que las autoridades de salud criminalizan a las mujeres solicitantes, pues “ha pasado que se da aviso al Ministerio Público, se le toman fotografías, incluso dan aviso a los medios de comunicación para sacar nota, mostrando los datos personales”.

Abel Garza de León, Jefe del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud de Coahuila, acepta que hubo casos de “una trabajadora social en Saltillo, un caso en Piedras Negras y dos casos en Torreón”, pero ya están capacitando al personal y “los ministerios públicos, hoy por hoy, saben que no está criminalizado ese acto”.

El funcionario señala que después del ordenamiento de la SCJN, desde septiembre del 2021, se abrieron seis áreas para el Programa de Aborto Seguro. En julio del 2022 se recortó 65 por ciento el presupuesto y se suspendieron, apenas 10 meses después de su apertura; sin embargo, habilitaron el Hospital de Torreón, en donde las colectivas aseguran que es sólo para atender casos de Interrupción Voluntaria del embarazo (IVE) por violación, bajo la norma 046; y el de la Colonia Morelos en Saltillo, para asistir las ILE.

Abel Garza asegura que la administración estatal hizo un esfuerzo y abrió cuatro centros de servicio: el Hospital General Salvador Chavarría, en Piedras Negras, el Hospital General de Monclova, el Centro de Salud de Abastos en Torreón y el Centro de Salud Morelos de Saltillo, y contrató cuatro médicos especialistas para responder a las solicitudes.

Para una Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el Centro de Salud de Abastos en Torreón: “es el único hospital que atiende a mujeres en la interrupción voluntaria, por la NOM 046”.

Garza de León señala que en el año 2022 se realizaron hasta 115 interrupciones y este año llevan entre 80 a 85 al mes, y es el estado con más interrupciones efectuadas por el servicio público.

Colectivas y acompañantas asumen la responsabilidad gubernamental

El fallo de la SCJN sobre el aborto en Coahuila es como si no existiera, y niega a las mujeres la posibilidad de pedir ayuda, apunta Tere Meza. Malú Reyes señaló que ante la inacción de la autoridad estatal recurrieron al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y “recientemente logramos ganar un amparo con el cual el programa de Aborto Seguro Coahuila y las instituciones a cargo están obligadas a dar atención de forma digna, segura y bajo el lineamiento técnico federal, a cualquier persona que desee abortar”.

Algunos grupos como Acompañantes Laguna informan que han realizado 300 interrupciones de enero a septiembre de 2023; la Red Aborto Seguro Saltillo, más de 900 en lo que va del año; Tere Meza, 90. Así, suman mil 290 en los primeros nueve meses del año, respecto a los mil 20 al año que realiza la Secretaría de Salud, y que supera por mucho al sumar la acción de todas las colectivas y las acompañantes.

“Llevamos un año y medio sin acceso legal al aborto en una institución porque no tienen recursos, porque no hay dinero para pagarle a la gente para dar servicio de la ILE, cuando ya debería ser parte integral de los servicios de salud”, expresa Meza.

Información, difusión, talleres, entrega de medicamentos, acompañamiento y búsqueda de espacios abortivos lo están haciendo las colectivas, no lo está haciendo el Estado, coinciden activistas, colectivas y acompañantas.

Abel Garza confirma que no tienen difusión de la interrupción legal del embarazo, porque “nosotros entendimos que el aborto seguro no lo vamos a discutir con la sociedad, porque nuestra chamba es atender a las pacientes que lleguen”, puntualiza.

Malú Reyna comenta que sólo la Red recibe 30 solicitudes al día, prueba de que “el gobierno no está haciendo su jale”, “estamos saturadas, cansadas, porque tenemos nuestros trabajos, profesiones o negocios y otras familias e hijos que atender”.

El aborto es ¿un derecho de las mujeres?

Katya y Sol son contundentes: el aborto es un tema de derechos humanos y de justicia social. Para este reportaje se solicitó entrevista, durante varias semanas, con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), José Ángel Rodríguez Canales, pero la respuesta de su asistente siempre fue la misma: está ocupado.

Machelly Flores Reyna, coordinadora del Comité de Género declaró que el aborto es un derecho al que todas las personas gestantes deben tener acceso: “quienes sufren de pobreza o de discriminación por etnicidad, o clase social, no van a poder tener los accesos que otras sí, entonces es una cuestión de derechos para todas”.

Al cumplirse dos años de haberse invalido dos partes de los artículos del Código Penal de Coahuila, la diputada Luz Elena Morales señala que la SCJN “no mandata ninguna reforma respecto a la Ley de Salud del Estado, simplemente al Código Penal, y tampoco mandata ninguna otra autoridad”, sólo habla de que ninguna mujer podía ir a la cárcel. Asimismo, exigió: “la Secretaría de Salud debe establecer programas de capacitación permanente para el personal y para que las mujeres conozcan los derechos reproductivos y cómo pueden acudir a una interrupción del embarazo”.

Laura Martínez Rivera, titular de la Unidad de Género del Congreso del Estado de Coahuila, coincidió con la diputada Morales, en que se armonicen las leyes locales para que se destinen recursos suficientes para atender la interrupción del embarazo.

Hay doctores y doctoras que aprovechan el vacío del gobierno de Coahuila y están lucrando, señala Katya. En sus consultorios cobran entre 10 y 15 mil pesos por el medicamento, y sin guía de cómo llevarlo a cabo, las mujeres que se lo practican lo hacen con mucho estigma, porque las amenazan con cosas como “te va a castigar Dios”, pero si quieres págame 15 mil y lo hacemos de todas maneras. Malú dijo que las mujeres dan testimonios de que “les hacen el AMEU (Aspiración manual endouterina) en clínicas particulares pagando hasta 30 mil pesos, procedimiento al que nunca tendrían acceso mujeres sin solvencia económica”.

Respecto a la venta de medicamentos para la interrupción del embarazo, en varias farmacias se encontró el misoprostol a precios que van desde los 463 pesos en Farmacias Guadalajara a 766 pesos, en Farmacias del Ahorro. Esta última solicita receta ginecológica, mientras que las demás sólo receta de un médico general. Las encargadas de las farmacias entrevistadas señalaron que a mujeres de edad avanzada, así como a algunos hombres les venden el misoprostol, pero a mujeres jóvenes se los niegan. En cuanto a la mifepristona es más difícil conseguirla, y de hacerlo es cara.

Sandra Cardona, activista de Voces de Mujeres en Acción de Nuevo León, dijo que atienden a cerca de 700 personas al mes en la red, conformada por 21 personas, y han atendido a mujeres de Coahuila, y de otros estados del país e incluso a mujeres extranjeras. Al preguntarle sobre la seguridad de hacerlo en Nuevo León, donde el aborto es ilegal, nos señaló que: “apoyamos a las mujeres que desean una interrupción del embarazo, bajo la consigna de la SCJN de que no se puede criminalizar a ninguna mujer por abortar, ahora se puede levantar una denuncia, pero no va a llegar a juicio porque ningún juez en México puede criminalizar a una mujer por abortar, no importa el número de semanas”.

Adelantó que “más de 130 mujeres solicitarán amparos colectivos para que tengan acceso al aborto sin ningún problema en Nuevo León” y añadió que en los Hospitales Materno Infantil y Metropolitano los realizan bajo la NOM 046, y ya se logró un aborto por malformación, pese a que no está como causal, es un derecho humano de las mujeres.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF), como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.

 

 

Marchan en el Día de las Muertas. Por amor a ellas y contra la violencia

                                                                                       Foto: CimacNoticias

 

Edith González Cruz

Madres, hermanas, hijas, hijos, familias y mujeres afines a la causa, se dieron cita en el Zócalo capitalino para marchar junto a familiares de víctimas de feminicidios en el Día de las Muertas, y exigir justicia al unísono de “No estás sola”, “Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos” o “Porque ellas no murieron, las asesinaron”.

En punto de las 11 de la mañana más de 200 mujeres, vestidas con playeras moradas con la imagen de su familiar desaparecida o asesinada, con lonas y cruces blancas, partieron con destino al Antimonumento ubicado en el cruce de Reforma e Insurgentes, en una caminata encabezada por las y los huérfanos de las víctimas, y que durante tres kilómetros de recorrido, no dejaron de enfatizar en que ésta, no era una marcha de fiesta, sino de lucha y protesta contra un sistema de justicia ineficiente y rebasado, insensible y que no pone interés en las denuncias de las mujeres, pudiendo así evitar muchos feminicidios.   

Tal es el caso de Guadalupe González Cayetano, quien asistió por primera vez a la marcha y lo hizo acompañada de su familia, en particular de Dayana, su nieta, la hija que dejó en la orfandad el feminicidio de su hija, ejecutado por su esposo en ciudad Nezahualcóyotl en el 2000. A 23 años del asesinato, la justicia llegó a tiempo, un año antes de que cerraran el expediente y pese a que aún no dictan sentencia, el asesino de su hija ya está en la cárcel.

“En ese entonces los judiciales nos pedían dinero para detener al asesino, pero no teníamos con qué comprar la justicia, aunque quisiéramos no teníamos cómo, sobre todo sabiendo que teníamos que cuidar a ni nieta, a Dayana”, comentó a Cimacnoticas Guadalupe González.

Y tiene razón. De acuerdo con datos de la organización Impunidad Cero, de cada 100 delitos cometidos en el país, 14 se resuelven y solo se denuncian 6, es decir, de un delito que pudiera darse, la probabilidad de que se resuelva es de un  0.9 por ciento, una probabilidad casi nula de que se resuelva. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Mexicana (CMDPDH) también ha alertado sobre la justicia de dos caras, sólo efectiva para aquellas personas que pueden pagarla “las fiscalías son el cuello de botella para poder acceder a una justicia pronta, para acceder a un juez o a una reparación integral, debe haber un piso parejo para todas las personas”, señaló su directora Lucía Chávez, en la presentación del colectivo #LaJusticiaQueQueremos, recién el mes pasado.

 Para Guadalupe, Dayana y el resto de la familia, la justica llegó apenas el 28 de mayo del año pasado a las 10 de la noche, cuando recibieron una llamada en la cual les avisaban que el asesino había sido detenido.

“Es importante venir a la marcha porque alzas la voz; mucha gente lo toma a la ligera, pero no saben lo que es el sentimiento de perder a alguien, por eso es importante que se hagan notar estos casos y que las autoridades les den la importancia debida”, comentó Dayana, momentos previos al arranque de la marcha.

Justicia, verdad y reparación

¿Qué pedimos? ¡Justicia, verdad y reparación! ¡Justicia para mamá, justicia para mi hermana, justicia para mi hija, justicia, justica, justicia!, coreaban todos durante la marcha, luego pasaban lista a los más 150 nombres que llevaban impresos en hojas blancas, entre mujeres desaparecidas, asesinadas, menores de edad y bebés. Una marcha emotiva, rabiosa, solidaria, vulnerable, con rostros enfurecidos, pero con ojos llorosos en muchos de ellos, lágrimas de dolor, pero también de comprensión, al ver que, efectivamente, “no están solas”.

Como le pasó a la mamá de Jimena Joselyn, asesinada hace cuatro años por su pareja. “Desde entonces nuestra familia está rota, el castigo a los asesinos, los años que les den, no va a reparar el daño que causan a las familias, que dejan en pedazos; porque ellos siguen con vida, a veces hasta gozando de comodidades y privilegios, porque tienen familia con dinero y los ayudan. No es justo, pedimos castigos mayores a los feminicidas”, y rompió en llanto, pero en el acto miles de voces coreaban “No estás sola”, se enjugó las lágrimas y siguió adelante en su testimonio.

“Somos voces que abrazamos a voces, comprendemos el dolor que pasa una familia que es víctima de feminicidio”, continuó Zoraida, hermana de Brenda Urban Solano, asesinada por su pareja un 19 octubre en Antigua Tultepec, en el Estado de México, quien actualmente está pagando una pena de 58 años de cárcel. Para la ahora activista, el problema son las fiscalías indolentes que no escuchan a las mujeres que acuden a acusar violencia y maltrato, por ello se repiten las historias de autoridades que pueden evitar que existan feminicidas seriales y todo por no hacer bien su trabajo, por no escuchar y por no atender las demandas que les hacen.

De acuerdo con información reportada por las procuradurías o fiscalías de las 32 entidades federativas sobre casos de violencia contra las mujeres, y que conjunta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2015 a lo que va de 2023, suman un total de 7 mil 057 denuncias, una escalofriante estadística, si además se consideran los delitos no denunciados o bien los homicidios que no fueron tipificados como feminicidios.

Solidaridad y alzar la voz

Esta es la cuarta marcha por el Día de las Muertas, una iniciativa de colectivos feministas y familiares de mujeres desaparecidas o asesinadas en el país, que piden a la sociedad que, en temporada de muertos (por el 1 y 2 de noviembre), dedique un día, el 3 de noviembre, a reflexionar sobre estas otras muertas, a las que no les tocaba morir, a las que asesinaron por el simple hecho de ser mujer, a las que les arrebató la vida un hombre -generalmente cercano a ellas-, por confrontarlo u opinar distinto. Un día para cuestionarnos como sociedad: ¿qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer, para que diariamente asesinen a 11 mujeres en el país?, ¿para que los feminicidios se incrementen año con año?

Como es el caso de Iris Rosario Camacho Espinoza, profesora universitaria, que, aunque no tiene casos cercanos de desaparecidas o asesinadas, comparte el dolor de las familias y asistió por primera vez a la marcha.

“Si bien es algo que sé que existe, desde hace unos cinco años he estado más al pendiente de la situación de los feminicidios. Vivo en Ecatepec, en el Estado de México, uno de los municipios con mayor tasa de feminicidios, entonces me toca mucho el tema, me siento totalmente identificada con estas personas, con el dolor y la incertidumbre de vivir con algún familiar desaparecido o sin encontrar justicia en casos de feminicidios”.

 

La docente considera importante conocer y educarnos sobre esta problemática, porque las instituciones educativas también son para concientizarnos y hacernos reflexionar sobre las situaciones que existen en el país y asiente cada que escuchamos en coro “Señora no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente”.

La marcha fue convocada por la organización Voces de la ausencia, conformada por madres, hijas, hermanas, familias de víctimas de feminicidios quienes exigen justicia, mayor atención de las fiscalías, penas más altas para los asesinos y, en general, mayor atención por parte del Estado.

 

 

Avanza criminalización contra el defensor del territorio David Hernández en Oaxaca

                                                                                            Foto: Desinformémonos

 

El Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (Foro) anunció que el próximo 7 de noviembre se realizará la audiencia para el desahogo de pruebas y dictamen de sentencia de David Hernández Salazar, agente comunitario de Puente Madera criminalizado por su defensa del territorio contra el Corredor Interoceánico y sus parques industriales.

El también integrante de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) enfrenta una denuncia penal interpuesta por el Municipio de San Blas Atempa y el Registro Agrario Nacional (RAN), en la que se incluyen 17 órdenes de aprehensión contra habitantes de Puente Madera por su oposición a las obras del megaproyecto federal, especialmente en el monte El Pitayal.

Además, Hernández fue notificado de otra demanda penal el pasado 18 de octubre, ahora acusado del delito de Ataques a la Vías de Comunicación. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República por la representación legal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y se requiere la comparecencia del defensor para el desahogo de la audiencia inicial el próximo 1 de Diciembre.

«Estas acciones de judicialización y criminalización en contra de David se dan como parte de la campaña de difamación, hostigamientos, persecución y amenazas por parte de los tres niveles de gobierno, instituciones estatales, la Sedena, organizaciones partidistas, políticos y empresarios relacionados con la imposición del Podebi (Polos de Desarrollo para el Bienestar) en las tierras de uso común de San Blas Atempa», explicó el Foro.

Las organizaciones del Frente señalaron que «no es novedad que en Oaxaca se trate de intimidar con cárceles a los defensores del territorio y la vida», lo que se suma al despojo territorial por parte del Estado para vender las tierras «al mejor postor», a la impunidad en las agresiones contra los pobladores, al avance del crimen organizado en las comunidades y a la «miseria y abandono» de los pueblos, «mientras el gobernador pretende vender una imagen de Oaxaca que en nada es comparada con la realidad».

Por ello, el Foro llamó a la solidaridad organizada y movilizada a unirse y solidarizarse con las jornadas de lucha en las calles que realizará para visibilizar y denunciar la violencia contra David Hernández Salazar y las y los demás integrantes en resistencia de Puente Madera y de la APPIDT.

A continuación el comunicado completo:

A las Organizaciones Populares.
A las y los defensores del territorio y derechos humanos.
A los medios de comunicación libres y de paga.
A la sociedad civil de Oaxaca, México y el mundo.

DESDE LAS ORGANIZACIONES QUE INTEGRAMOS EL FRENTE DE ORGANIZACIONES OAXAQUEÑAS – FORO, HACEMOS UN LLAMADO A LA SOLIDARIDAD ORGANIZADA Y MOVILIZADA ANTE LA PRÓXIMA AUDIENCIA Y NUEVA DENUNCIA PENAL CONTRA DAVID HERNÁNDEZ SALAZAR.

El compañero David Hernández Salazar es Agente Comunitario de Puente Madera, integrante de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), desde 2021 es vocero de su comunidad en la lucha en contra de la imposición de uno de los Parques Industriales o Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) del Corredor Interoceánico, en las tierras de uso común de San Blas Atempa, Oaxaca.

Actualmente, el compañero David enfrenta una denuncia penal, interpuesta por el Municipio de San Blas Atempa y, el Registro Agrario Nacional, con la Carpeta de Investigación 4884/FIST/TEHUANTEPEC/2022 en la Causa Penal 446/2022, dentro de esta, existen 17 órdenes de aprehensión en contra habitantes de Puente Madera, la próxima audiencia para el desahogo de pruebas y dictamen de sentencia será el próximo 7 de Noviembre.

Sumado a ello, el pasado 18 de Octubre de 2023, el compañero David fue notificado de la Carpeta de Investigación FED/OAX/SC/0001589/2021, en la cual lo acusan ahora del delito de Ataques a la Vías de comunicación, esta reciente denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República por la representación legal de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte. En dicha notificación requieren la comparecencia de David Hernández Salazar para el desahogo de la audiencia inicial el día 1 de Diciembre de 2023.

Estás acciones de judicialización y criminalización en contra de David, se dan como parte de la campaña de difamación, hostigamientos, persecución y amenazas por parte de los tres niveles de gobierno, instituciones estatales, la SEDENA, organizaciones partidistas, políticos y empresarios relacionados con la imposición del PODEBI en las tierras de uso común de San Blas Atempa.

No es novedad que en Oaxaca se trate de intimidar con cárceles a los defensores del territorio y la vida, lo hemos padecido durante muchos años, anteriormente con el PRIgobierno y actualmente con la 4t, que es más de lo mismo; lo vemos claramente en el Estado, al querer vender nuestros territorios al mejor postor, en la gran impunidad de la que gozan los criminales de nuestros asesinados, en lo rápido y respaldado que avanza el crimen organizado en nuestras comunidades y en la miseria y abandono en la que se encuentran nuestros pueblos; mientras el Gobernador pretende vender una imagen de Oaxaca que en nada es comparada con la realidad.

Por esta razón, hacemos un llamado a las Organizaciones, Colectiv@s, Cooperativas y toda expresión del movimiento Indígena, Campesino, Popular, Anarquista, Feminista, Ambientalista, Defensores de Derechos Humanos, Medios Libres y a todas las personas solidarias de abajo y a la izquierda, a unirse y solidarizarse a las jornadas de lucha en las calles que emprenderemos para visibilizar y denunciar estas acciones que padece el compañero David Hernández Salazar, las y los demás integrantes en resistencia de puente madera y de la APPIDT.

Responsabilizamos al gobierno del estado de Oaxaca a la cabeza Salomón Jara cruz, al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y al exsecretario de administración y virtual candidato al Senado de la República Antonino Morales Toledo, de lo que le llegase a pasar en su persona física y psicológica del compañero David Hernández Salazar, así como de las y los compañeros de puente madera en resistencia y de las y los compañeros de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).

¡DEFENDER EL PITAYAL, ES DEFENDER LA VIDA!
¡PUENTE MADERA RESISTE!
¡EL SUR RESISTE!
¡EL ISTMO ES NUESTRO!
¡UNIDAD EN ACCION!

Ciudad de la resistencia 31 de octubre de 2023.

#DefenderElPitayalEsDefenderLaVida
#PuenteMaderaResiste
#ElIstmoEsNuestro
#SurResiste

 

 

Cuando jueces y fiscales trabajan para las mineras: persecución a asambleístas por defender el agua

                                                                                      Foto: TierraViva

 

Por Nahuel Lag 

Cinco vecinos y vecinas de Chubut quedaron a un paso de un juicio oral por manifestarse contra la megaminería. Un día antes de la prescripción de la causa, el fiscal federal Fernando Gelvez solicitó la elevación a juicio al juez Ricardo Sastre, quien deberá decidir si avanza o rechaza el pedido. La criminalización como herramienta del modelo extractivo.

Cinco asambleístas de Chubut quedaron a un paso de ser llevados a juicio oral por haber realizado un corte pacífico en la Ruta nacional 3 en mayo de 2021, cuando la Legislatura provincial rechazó sin tratamiento el proyecto de Iniciativa Popular, que con el aval de 30.000 firmas de vecinos y vecinas solicitaba la prohibición de la megaminería en todo el territorio chubutense. El fiscal federal Fernando Gelvez pidió la elevación a juicio oral un día antes de que la causa prescribiera. Los procesamientos son por el artículo 194 del Código Penal, por entorpecer el transporte público, una figura utilizada en todo el país para perseguir el derecho a la protesta. “Hay un proceso muy grande de criminalización de la protesta, además de la represión, para meter miedo a la población e imponer el plan extractivo”, denuncia Santiago Vasconcelos, uno de los procesados e integrante de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn.  

Los procesados son militantes ambientales de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, vecinos y vecinas de Puerto Madryn, Trelew y Rawson: Noelia Silva, Andrea Leonett, Diego Oria, Matías Crespo y Vasconcelos, quien también es militante del Partido Obrero y diputado provincial electo por el FIT en las recientes elecciones provinciales. “La Legislatura que rechazó la Iniciativa Popular, y que se valió de la represión y el Poder Judicial para avanzar sobre los vecinos que luchamos, va a tener que recibir a un procesado por luchar en la Cámara de diputados provincial”, contrapone Vasconcelos, en diálogo con Tierra Viva, ante la dura noticia que recibieron el jueves pasado con la notificación judicial.

El 6 de mayo de 2021, el gobernador saliente de Chubut —y parlamentario del Mercosur electo por Unión por la Patria—, Mariano Arcioni, lograba su objetivo de rechazar, sin tratamiento, la Iniciativa Popular impulsada por las asambleas ciudadanas de Chubut. A pesar de las 30.000 firmas reunidas, una comisión de la Legislatura emitió un dictamen de rechazo y en 24 horas lo llevó al recinto para que sea aprobado. Los asambleístas se manifestaron primero frente a la Legislatura y, una vez aprobado el rechazo, las protestas se multiplicaron por toda la provincia: las asambleas de Esquel y Trevelin ocuparon pacíficamente los edificios municipales, en La Comarca Andina se mantuvieron cortes sobre la Ruta 40 y en la costa atlántica sobre la Ruta 3.

“Las protestas fueron la respuesta del pueblo de Chubut al bastardeo por parte de la Legislatura provincial de ni siquiera tratar la Iniciativa Popular sino desestimarla con una moción de rechazo. Sabíamos que lo querían hacer era tener las manos libres para tratar la zonificación minera, algo que terminaron haciendo en diciembre de ese año”, recuerda Vasconcelos. La respuesta popular de diciembre de 2021, recordada como el “Chubutazo”, volvió a darle la razón a los asambleístas. 

La causa que el fiscal Gelvez pidió elevar a juicio la semana pasada se armó sobre la Ruta 3, en el acceso norte a la ciudad de Trelew. Allí, un centenar de vecinos, vecinas y asambleístas mantuvieron un corte parcial de la Ruta 3 desde el 6 de mayo hasta la madrugada del 9 de mayo, cuando un operativo de la Policía de Chubut llegó a desalojarlos en medio de un apagón eléctrico sobre la ruta. Por tratarse de una ruta nacional, la causa quedó en manos del juez federal Gustavo Lleral —el mismo que sigue a cargo de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado—. 

En el inicio, la causa tenía 23 acusados, luego se procesaron a 16, pero en septiembre pasado la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia consideró la falta de mérito para once de los procesados y mantuvo las imputaciones sobre los cinco que ahora el fiscal Gelvez solicita la elevación a juicio oral. La última notificación llegó con la firma del juez federal Ricardo Sastre como subrogante, y será el que defina el último paso. 

“La noticia nos da muchísima bronca, si bien la esperábamos, porque a lo largo y ancho del país la criminalización de las luchas viene siendo una política de Estado, con la que buscan aleccionar a quienes se oponen al extractivismo”, denunciaba Andrea Leonett en un video publicado en sus redes el día en que fueron notificados. “Se traslada un conflicto político al ámbito de la justicia para decidir si somos culpables o no, pero este conflicto es meramente político. Es el pueblo el que tiene que decidir cuáles son los proyectos que se pueden desarrollar en nuestro territorio. Al trasladarlo al ámbito de la justicia, se individualiza, se fragmenta y se rompe del movimiento. Somos cinco personas que vamos a ser juzgadas, siendo que fue un pueblo entero el que dijo que no a la megaminería”, analizó Leonett. 

La resolución del fiscal Gelvez busca señalar a los cinco procesados como organizadores del corte de ruta, habla de la instalación de baños químicos para sostener la protesta y pone como pruebas testimonios policiales, inteligencia sobre las redes sociales de los participantes del corte y CD con videos y fotos en los que identifican a los asambleístas. Con esos elementos los señala como autores materiales y criminalmente responsables del delito de «impedimento o estorbo y entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra y de los servicios públicos”. Las crónicas de aquellos días, donde queda clara la solidaridad de vecinos que acercaban elementos y comida para soportar el frío e incluso de los camioneros que pasaban por la ruta, contrasta con el escrito del Fiscal. 

“En Chubut, la lucha ambiental está organizada desde hace más de 20 años y su núcleo son las asambleas socioambientales de cada localidad. Lo que quieren hacer, en términos legales, es mostrar que no fue algo espontáneo y darnos el mote de organizadores para acusarnos. Quieren ponernos en un lugar que no teníamos”, señala Vasconcelos. Uno de los argumentos que presenta el Fiscal es que cuatro de los cinco procesados aparecen como firmantes del acta de desalojo en la madrugada del 9 de mayo. 

“Fuimos elegidos como delegados en una asamblea sobre la ruta, cuando ya veíamos que se venía el desalojo”, contrapone el integrante de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn al relato del Fiscal y recuerda que la decisión de retirarse pacíficamente se había tomado ante el operativo represivo irregular que se estaba montando: “Hubo un corte de luz previo, algo que va en contra de cualquier tipo de protocolo de actuación. Eso fue muy turbio, y nosotros ya nos habíamos enterado de que estaban convocando a los policías de guardia. En ese momento definimos levantar el corte para que no golpeen a ninguno de los vecinos”. “Eso no lo investigan, solo nos imputan a nosotros”, reclama Vasconcelos. 

Siete meses después del desalojo de la protesta en la Ruta 3, Arcioni avanzó en la Legislatura provincial con la “zonificación minera” para habilitar la explotación en la Meseta, interesado en un proyecto en particular: Navidad, de la empresa canadiense Panamerican Silver. Tanto el rechazo a la Iniciativa Popular en mayo de 2021 como la aprobación de la zonificación minera contaron con el voto de un legislador del PRO, Sebastián López, que a pesar de haberse filtrado un video pidiendo coimas nunca fue investigado ni recibió un pedido de juicio político en la Legislatura. 

En los días del “Chubutazo”, las movilizaciones se multiplicaron y también la represión y las causas contras los vecinos y vecinas. En las elecciones provinciales de julio, con solo el 36 por ciento de los votos, en la provincia se eligió como próximo mandatario a Ignacio Torres (Juntos por el Cambio), lo que marca un horizonte de continuidad en el intento de habilitar la megaminería en la provincia. “El Chubutazo mostró lo importante que es para el pueblo de Chubut la defensa del agua y el apoyo que recibimos de nuestros vecinos es la mayor confianza que tenemos para poder revertir esta situación. Es el proceso de organización en el que confiamos”, sostiene Vasconcelos.  

—La resolución del Fiscal superpone el artículo 194 del Código Penal a los derechos amparados en la Constitución Nacional, mientras que en Jujuy una reforma constitucional avanzó directamente contra el derecho a la protestas y el Acuerdo de Escazú parece no incidir en la protección de los defensores ambientales. ¿Cómo analiza esa situación? 

Vasconcelos: —Lo del Acuerdo de Escazú se puso de relieve en las indagatorias, escritos y exposiciones de las defensas en la causa, pero no fue tomado en cuenta por el Poder Judicial. También se marcó que el artículo 194 del Código Penal, al que jerarquizan por sobre la Constitución, fue promulgado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, no se trata de un artículo votado por un Congreso electo, que también rechazaríamos, pero queda claro que estuvo redactado para avanzar en la persecución. Desde entonces, el artículo se mantuvo a lo largo de los gobiernos constitucionales. Es el artículo que más se está usando para criminalizar la protesta en todo el país. En cuanto a la reforma constitucional de Jujuy, que contiene una norma antipiquetes, se trata ya de la consumación de lo que, en la práctica, hacen con el artículo 194 del Código Penal. Es algo inviable, porque en la situación en la que estamos, todos los reclamos no caben en una vereda. La gente va a seguir saliendo igual a la calle. Lo que hacen los gobiernos, de forma más o menos explícita, es confesar que su plan de gobierno no implica resolver los reclamos populares sino avanzar en los planes de ajuste, judicializar a quienes luchamos y avanzar con el saqueo extractivista.