Frente en Defensa del Maíz exige un modelo alimentario sin agrotóxicos

Maíz güino o maíz reventador de la Sierra de Manantlán. Foto: Archivo Tlanesi

 

COLIMA, Col. El Frente en Defensa del Maíz Colima se pronunció en contra del anteproyecto de decreto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en torno al tema del glisofato.

La organización consideró que la actitud del titular de la dependencia, Víctor Villalobos Arámbula, defiende y representa los intereses de grandes empresas de agrotóxicos, semilleras y del sector alimentario a expensas de la salud del pueblo mexicano, ignorando también que la reconversión productiva de sistemas agrícolas no sustentables hacia sistemas agroecológicos compatibles con la conservación de la biodiversidad y la agrodiversidad es uno de los objetivos consensados y propuestos por el gobierno de la Cuarta Transformación.

Así también, manifestó su apoyo al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Mansur, en su lucha por un modelo alimentario sin agrotóxicos y exigió la renuncia de Villalobos Arámbula por continuar con proyectos neoliberales hacia el campo mexicano.

El texto íntegro del pronunciamiento es el siguiente:

PRONUNCIAMIENTO EN CONTRA DEL ANTEPROYECTO DE DECRETO DE LA SADER SOBRE EL GLIFOSATO

Desde las y los que integramos el Frente en Defensa del Maíz, Colima manifestamos nuestro más enérgico rechazo al actuar del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) Víctor Villalobos Arámbula de publicar ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el anteproyecto sobre el tema del glifosato, excluyendo la participación de los actores competentes para su elaboración y que entorpece las acciones del proceso de transición agroecológica.

Estamos convencidos que la actitud del secretario defiende y representa los intereses de grandes empresas de agrotóxicos, semilleras y del sector alimentario a expensas de la salud del pueblo mexicano e ignorando también que la reconversión productiva de sistemas agrícolas no sustentables hacia sistemas agroecológicos compatibles con la conservación de la biodiversidad y la agrodiversidad es uno de los objetivos consensados y propuestos por el gobierno de la cuarta transformación.

Se ha demostrado que herbicidas como el glifosato está relacionado con repercusiones negativas a la salud, así como la pérdida de biodiversidad de los territorios, lo que ha llevado a que en 2015, el glifosato fuera clasificado por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno.

Tomando en cuenta también que se ha reportado la presencia del agrotóxico por distintos investigadores en la orina de infantes y jóvenes que habitan en comunidades campesinas de México, exponemos nuestra preocupación sobre el anteproyecto porque obstaculiza el camino a mejorar la salud de las nuevas generaciones, tan importante ante situaciones sanitarias como las que estamos pasando.

Demandamos a que se transite hacia un modelo agroalimentario sin agrotóxicos y sin transgénicos cuya base sea la salud de la sociedad mexicana y de los ecosistemas, como se ha venido planteando por la Semarnat. Manifestamos nuestra solidaridad fraterna hacia el secretario titular de la Semarnat Víctor Manuel Toledo Mansur y exigimos la renuncia del titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, por atentar y continuar con proyectos neoliberales hacia el campo mexicano.

¡Por la Transición Agroecológica y La Soberanía Alimentaria!

Frente en Defensa del Maíz, Colima.

 

Conmemorarán indígenas el centenario de la masacre de Timbillos, en la Sierra de Manantlán

Integrantes del CAANTA protestan contra tala de árboles en la Sierra de Manantlán, en enero de este año. Foto: Archivo Tlanesi

 

 

A cien años de la masacre de Timbillos, en la que fueron asesinados 13 indígenas nahuas de la comunidad de Ayotitlán, en la Sierra de Manantlán, habitantes de esta región preparan un acto conmemorativo para recordar y homenajear a las víctimas de aquel suceso trágico.

Según el Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas Tenamaxtla de la Comunidad Indígena Ayotitlán (CAANTA), ese multihomicidio ocurrido en abril de 1920 en el predio Timbillos, del poblado Plan de Méndez, marcó el inicio de los conflictos territoriales y mineros que en la actualidad se viven en esa zona.

El organismo señala que la matanza fue ordenada por “tres caciques de El Mamey, hoy Minatitlán, Colima, que cruzando el río Marabasco hacia el norte se apoderaron de los cerros nuestros de El Moreno y de Los Juanes: nos referimos a Don Juan Arias y su hijo Juan, y a Carlos Fernández, que alegaban ser propietarios de esas tierras comunales, y a balazos nos las quitaron para acrecentar la Hacienda colimense de El Cacao”.

La masacre será recordada el próximo domingo 9 de agosto en el predio Timbillos con una oración comunitaria, un homenaje a los caídos, una misa, la colocación de la primera piedra de una capilla dedicada a San Romero de América (1917-1980), un acto cultural y una comida-convivio a nuestros invitados.

El representante legal del CAANTA, Fermín Flores Elías, hizo llegar a Tlanesi una carta mediante la cual invita al Ejido de Ayotitlán a sumarse a la conmemoración, además de invitar a que comuneros y ejidatarios luchen juntos por la reconstrucción de su territorio ancestral, “y ya no seguir a la intemperie en tierra de nadie, sufriendo el despojo y el engaño, pues estamos a tiempo y evitar que desaparezca del mapa por la omisión del mal gobierno del estado de Jalisco. Si nuestra tierra cae en manos de extranjeros, nuestras costumbres, tradiciones, nuestro pueblo originario, desaparecerán por completo debido a la presente invasión”.

El documento se reproduce de manera íntegra:

CARTA-MENSAJE AL EJIDO DE AYOTITLÁN, A 100 AÑOS DE TIMBILLOS, JALISCO

Hermanos campesin@s:

Reciban ustedes un saludo respetuoso y fraterno de nosotros los comuner@s integrantes de la Comunidad Indigena de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, del Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas “Tenamaxtla” de Ayotitlán (CAANTA) y de la Asamblea General Comunitaria Indígena.

Son muchas las circunstancias las que nos obligan hoy a escribirles esta Carta-Mensaje a los integrantes de Comisariado, el Consejo de Vigilancia y a la Asamblea General de Ejidatari@s de Ayotitlán, ejido cenecista creado mediante Resolución Presidencial del 28 de agosto del año 1963, del entonces primer mandatario mexicano Adolfo López Mateos, mediante la cual supuestamente “un poblado” sin precisar cuál de los 57 poblados que tiene Ayotitlán, fue dotado con la suma de 50,332-50-00 hectáreas, dejando de lado el procedimiento de restitución y confirmación de bienes comunales que las autoridades tradicionales de la COMUNIDAD INDIGENA de AYOTITLÁN, municipio de Purificación, Jalisco, inició el 15 de junio de 1921, ante el C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, profesor BASILIO VADILLO, como autoridad agraria, para rescatar la totalidad del territorio ancestral consistente en la suma de 446,742 hectáreas, que reconocieron como nuestras los Reyes Carlos II y Carlos III de España, mediante cédulas virreinales de los años 1691 y 1757.

Al dotar al poblado Ayotitlán con 50,332-50-00 has., de las cuales sólo se nos entregaron en mayo de 1977 la minúscula superficie de 37,400 has., se cometió una gran injusticia contra los comuneros de la extinta República de Indios de Ayotitlán, pues se nos quitó más del 90% de nuestro territorio, pues el Gobierno Federal se apropió de 396,409-50 hectáreas.

Ayotitlán no podía ser dotado por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), de una superficie de poco más de 50 mil has., pues ya tenía en posesión desde 5 siglos atrás un territorio, un hábitat y un patrimonio colectivo, del que fuimos desposeídos injustamente para “regalar” nuestras tierras, aguas y bosques a un conjunto de aserraderos y mineras basadas en el latifundio.

Nuestra ancestral Comunidad Indígena Ayotitlan ha sufrido daños irreversibles los cuales no ha podido superar, uno de las principales fue la división política entre indígenas que vino a traer los aserraderos a cargo de los talamontes de los CC. Antonio Correa, Rodolfo Longinos Vázquez de Niz y Jesús Michel alias “El Cazango” (1940-1987), conducidos por el partido del PRI.

La defensa de los campesinos indígenas que no aceptan ser cómplices ha sido de mucha resistencia en la defensa del territorio. Las tierras estaban desprotegidas, mas no vacantes, porque ya estaban ocupadas por los indios y para seguir lucrando con nuestras riquezas políticamente tomaron de base indígenas ya considerados priistas “manipulados”. Decidieron solicitar parte de las tierras al gobierno federal como tierras ejidales, para que los talamontés ya no se sintieran rateros sino dueños y propietarios de los bosques. Con las puertas abiertas sin interrupción alguna, en 1967 dio inicio la explotación minera, con dos empresas, una privada, la Minera del Norte, S.A. (Minosa) y otra paraestatal, el Consorcio Minero Benito Juárez-Peña Colorada, S.A. (CMBJPC), dedicadas ambas a la explotación de los yacimientos de hierro en el cerro de Los Juanes, perteneciente a nuestra comunidad indígena.

Somos herederos de grandes luchadores campesinos e indígenas formados en la localidad de Tenamaxtla, anexo de Ayotitlan, que arriesgaron su vida y su libertad por mantener nuestra identidad, nuestra unidad y nuestro patrimonio ancestral, enfrentándose con valor y tenacidad a los opresores de nuestros pueblos originarios, como lo fueron Arnulfo Elías Rodríguez, Zeferino Padilla Villa, Aristeo Flores Rolón y Enrique Ramos Contreras. Ellos nunca aceptaron al ejido cenecista impuesto políticamente, porque sería la puerta de grandes depredadores a nuestras tierras y las riquezas naturales en ella. Los verdaderos zapatistas no enajenan las tierras, no oprimen al pueblo y ni venden al pueblo, “lo liberan”.

A nuestra comunidad le hacen falta muchos zapatistas, es por ello que invitamos a la población indígena en general comuner@s y ejidatari@s a sumarse a esta lucha por la reconstrucción de nuestra comunidad y no tengan miedo si el ejido cenecista o la empresa minera les retienen esa migaja que se recibe cada mes y que a causa de eso se ha estado enajenando más y más territorio. A los ciudadanos Santiago Flores Ciprian y Espiridión González Ciprian, integrantes del (CAANTA) les suspendieron el recurso en el mes de enero, el orgullo y su fe están en pie, avanzaremos porque nuestras riquezas no valen “tres mil pesos”.

¿Quién es el indio ladino? Es aquel indígena que se asocia con los ricos para despojar, despreciar y vender a sus propios hermanos de la misma población y traiciona a su pueblo.

El licenciado Juan Manuel Durán de Agaspi, asesor jurídico de las compañías madereras y del ejido Ayotitlán, entregó todos nuestros bosques a manos de compañías extranjeras, y ahora quien será quien entregará todos nuestros yacimientos de hierro nuevamente sin dejar ningún beneficio a la población indígena. “Si las leyes no defienden a la población indígena, la población indígena se defenderá con sus propias leyes”.

El CMBJPC lleva 50 años de operación en la zona día y noche prácticamente 100 años. “es tiempo de decir ya basta”. Imponiendo y usando a los ejidatarios para seguir su brutal invasión haciendo convenios, indemnizando las tierras de familias indígenas bastante pobres que no se saben ni la “O” por lo redondo para después despojarlos, sin consideración alguna de su parte.

El asunto de la minería y del territorio ancestral de la C.I., comenzó en 1920 con la matanza de 13 nahuas en el predio de Timbillos, de la comunidad de Plan de Méndez, anexo de Ayotitlán, a manos de 3 caciques de El Mamey, hoy Minatitlán, Colima, que cruzando el río Marabasco hacia el norte, se apoderaron de los cerros nuestros de El Moreno y de Los Juanes: nos referimos a Don Juan Arias y su hijo Juan, y a Carlos Fernández, que alegaban ser propietarios de esas tierras comunales, y a balazos nos las quitaron para acrecentar la Hacienda colimense de “El Cacao”. Este año se cumplen 100 años de esa masacre, y los integrantes actuales de la C.I. la vamos a celebrar con una Oración Comunitaria y un homenaje justo a las familias de los caídos el próximo domingo

9 de agosto, Dios mediante.

Uno de los propósitos de esta Carta-Mensaje es invitar al Comisariado y a los Ejidatarios de Ayotitlán, o sea, a todos ustedes, a sumarse a la C.I. de Ayotitlán en este homenaje en que celebraremos una Misa-Homenaje, colocaremos las primeras piedras de una capilla dedicada a San Romero de América (1917-1980), un Acto Cultural y una Comida-convivio a nuestros invitados.

Así mismo la organización CAANTA los invita a que luchemos juntos comuner@s ejidatari@s por la reconstrucción de nuestro territorio ancestral, ocupado por nuestros ancestros desde hace 2,000 dos mil años de antigüedad. Sin importar quien hizo el mal uso de ella, y ya no seguir a la intemperie en tierra de nadie, sufriendo el despojo y el engaño, pues estamos a tiempo y evitar que desaparezca del mapa por la omisión del mal gobierno del estado de Jalisco. Si nuestra tierra cae en manos de extranjeros, nuestras costumbres, tradiciones, nuestro pueblo originario, desaparecerán por completo debido a la presente invasión.

 

A 31 del mes de julio de 2020.

 

A T E N T A M E N T E.

 

Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas Tenamaxtla de la Comunidad Indígena Ayotitlan, Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, de la Costa Sur del Estado de Jalisco.

 

Un “ecocidio”, la ampliación del puerto hacia la Laguna de Cuyutlán, alertan ambientalistas

 Puerto de Manzanillo. Foto: Archivo Tlanesi

 

 

COLIMA, Col.- Ante el proyecto de ampliación del Puerto de Manzanillo hacia el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, organizaciones ambientalistas expresaron su consternación y preocupación, por considerar que provocará en ecocidio tanto en el vaso lacustre como en la región aledaña.

El proyecto, cuya construcción se encuentra prevista sobre una superficie de 1,800 hectáreas, tendrá un costo de 33 mil 258 millones 785 mil 895 pesos, que serán aportados en un 13% con recursos de la API Manzanillo, 48% por recursos fiscales y 39% ciento por inversión privada.

Sólo 151 millones 894 mil 697 pesos serían destinados para estudios de impacto, mitigación y compensación ambiental, pagados por el sector público.

Once agrupaciones civiles recordaron que desde hace varias décadas se han impuesto en Manzanillo diversos proyectos energéticos y de infraestructura portuaria, que han provocados daños ambientales, para los que no se ha cumplido con las medidas de compensación, mitigación y reparación establecidas por las autoridades.

Enseguida, TLANESI reproduce para sus lectores el documento íntegro mediante el cual las organizaciones ambientalistas advierten sobre los riesgos de daños irreversibles que, de llevarse a cabo, causaría el proyecto de la ampliación del Puerto de Manzanillo en la Laguna de Cuyutlán:

POR LA CONSERVACIÓN DE LA LAGUNA DE CUYUTLÁN, COLIMA

La comunidad científica, organizaciones de la sociedad civil y la sociedad mexicana en general tenemos una profunda consternación y preocupación por las noticias y anuncios oficiales, en diversos medios de comunicación locales y nacionales, sobre la ampliación del Puerto de Manzanillo en el vaso II de la Laguna de Cuyutlán en Manzanillo, Colima, promovida por los intereses empresariales de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (API).

De acuerdo con diversos documentos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, este proyecto contempla construir un puerto lacustre para el ingreso de embarcaciones de alto calado, nacionales e internacionales, así como habilitar un patio regulador de transporte, terminales enfocadas al manejo de granel agrícola y mineral, contenedores e hidrocarburos, establecimiento de autoridades como APIMAN, SEMAR y CUMAR-CCTM e instalaciones aduaneras. 

Consideramos que las etapas de dragado intensivo, construcción y operación de dicha obra, en una superficie prevista de 1,800 hectáreas, provocaría un deterioro irreversible para el equilibrio ecológico y los recursos naturales, no sólo del sistema lagunar sino también de los ecosistemas adyacentes: selvas bajas caducifolias, dunas, arrecifes de coral y pastos marinos. Ante dichas afectaciones, ninguna medida de mitigación o compensación evitaría la pérdida de biodiversidad ni la consecuente reducción de servicios ecosistémicos necesarios para el bienestar de los habitantes de la región en el largo plazo.

Estas consideraciones guardan similitud con las RESTRICCIONES AMBIENTALES señaladas dentro del ESTUDIO AMBIENTAL contemplado en el documento del proyecto denominado “Ampliación del Puerto de Manzanillo Vaso II de la Laguna de Cuyutlán” (págs. 122-124), que citan textualmente: 

● CAMBIO DE USO DE SUELO, PÉRDIDA DE ESPECIES DE FLORA 

“Las diversas configuraciones de las alternativas propuestas inciden de diferente manera sobre los ecosistemas terrestres y de transición en el Vaso II, por lo que se valora la pérdida de masas forestales (selva baja caducifolia, manglar y duna costera) por remoción de vegetación, que provocará un alto grado de fragmentación del hábitat, el cual brinda refugio a especies silvestres que requieren de provisión de alimento, sin menoscabar la disminución de los múltiples beneficios que conlleva el ecosistema como la fijación de carbono, regeneración de germoplasma, estabilización de sedimentos, protección del litoral, entre otros”. 

● PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD DE LA FAUNA 

“Los principales impactos asociados a este punto son la modificación en los patrones de distribución de las aves migratorias y otras especies, la extracción y mortandad de fauna a causa de la intrusión de agentes externos como la fragmentación del ecosistema, el exceso de ruido o partículas atmosféricas contaminantes, el incremento en residuos sólidos y el aumento de riesgo de derrames de hidrocarburos y químicos, principalmente en la etapa de preparación del sitio y construcción del nuevo puerto. 

Por su parte, en la parte de operación del puerto, debido al continuo paso que se espera de buques de gran calado al interior de la laguna, es posible que se vulneren, mutilen o mueran organismos acuáticos (tortugas, cocodrilos, etc.) así como espacios de anidación de tortugas marinas y de reposo para aves migratorias”. 

● AUMENTO DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS

“Como consecuencia de la gran cantidad de sedimentos que se tendrán que dragar para alcanzar una profundidad funcional se prevé en el Vaso II un aumento significativo de los sólidos suspendidos. Asimismo, se espera un incremento del riesgo de aporte de metales pesados, grasas, aceites, solventes y combustibles que, junto con los sólidos suspendidos modificarán la fisicoquímica actual de la laguna, rebasando su capacidad de resiliencia”.

Los manglares son uno de los bosques con mayor fijación de dióxido de carbono (CO2), además de que sirven como barreras que protegen a las poblaciones costeras de los peligros ocasionados por huracanes y ciclones, fenómenos cuya intensidad y frecuencia se espera que aumenten conforme se agudice la crisis climática, la cual también traerá consigo un incremento en el nivel del mar que podría afectar a miles de personas en las costas del estado. En ese sentido, se ha planteado que la preservación, restauración, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de estos bosques a nivel global son estratégicas para amortiguar y contrarrestar los efectos adversos del cambio climático, lo cual está respaldado por tratados internacionales de los cuales México forma parte, como la Convención de Ramsar, el Acuerdo de París y la Agenda 2030, así como por las propias leyes y normas oficiales mexicanas.

Adicionalmente, los manglares cumplen con el servicio ecosistémico de fungir como guarderías para larvas de peces, crustáceos y moluscos de importancia comercial (3,5). Investigadores han estimado el costo de los bosques de manglar en términos de producción pesquera en $37,500 dólares por hectárea de manglar de franja. Por lo tanto su daño y eventual pérdida no sólo representa un perjuicio en términos de belleza escénica y ecológica, sino también económico a la población colimense y la de otros estados.

La Laguna de Cuyutlán es el cuerpo costero más extenso de la región central del Pacífico mexicano, comprendida entre Marismas Nacionales, en el estado de Nayarit, y el centro del estado de Guerrero, siendo el cuarto humedal costero más grande de nuestro país. Es por ello que conforma un ambiente con gran relevancia biológica, ya que se tienen registros de especies protegidas por la NOM 059-SEMARNAT-2010: 4 de mangle, 15 de reptiles, 28 aves, y 1 mamífero, entre otras comunidades bióticas a las que hay que añadir el fitoplancton, zooplancton y moluscos.

Es una importante área de anidación de al menos 25 especies de aves costeras, y se tienen registradas 61 especies migratorias que hacen uso del hábitat en la estación no reproductiva, razón por la que representa un trascendente corredor biológico para aves de la región del Pacífico Mexicano y un Área de Importancia para la Conservación de las Aves. Asimismo, se considera como un corredor biológico regional para diferentes organismos que, a gran escala, inicia en la Sierra de Manantlán y termina hasta la costa en la Laguna de Cuyutlán. Finalmente, es un punto vital en la Ruta Migratoria de Aves del Pacífico de las Américas, que se extiende desde el noroeste de Alaska hasta el sur de Chile.

DEFICIENTE POLÍTICA AMBIENTAL

Históricamente, los humedales costeros de Manzanillo (Laguna de San Pedrito, Laguna del Valle de las Garzas y Laguna de Cuyutlán) han sufrido un fuerte deterioro debido a la deficiente política ambiental aplicada durante las últimas administraciones, en las que se ha priorizado el crecimiento económico de grupos empresariales a costa del cuidado ambiental, generando un alarmante estado de vulnerabilidad para estos ecosistemas. Dichos procesos se han fraguado mediante la utilización de artilugios legales, falsas promesas de bienestar y desarrollo, opacidad, desinformación y nula participación de la sociedad; tal como ocurrió en la publicación del Decreto por el que se reformó el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la subcuenca Cuyutlán en el 2007, promovido por el expresidente Felipe Calderón y el exgobernador Silverio Cavazos, en el que se cambió el uso de suelo de forestal a industrial pesado de alto impacto, por el cual se declara a la zona como recinto portuario. Dichas irregularidades legales han sido ampliamente cuestionadas y denunciadas por organizaciones ambientalistas, llegando a instancias internacionales como la Comisión para la Cooperación Ambiental en términos del Acuerdo de Cooperación Ambiental para América del Norte (ACAAN), radicandose el Expediente de Hechos relativo a la petición SEM-09-002.

El sistema gubernamental de acceso a la información es deficiente, favoreciendo la opacidad, la desinformación y, en consecuencia, una mínima participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, lo que a su vez facilita que autoridades y grupos empresariales cometan diversas irregularidades. Como principales deficiencias, resaltamos a) la poca promoción de los proyectos ingresados a la DGIRA SEMARNAT; b) el que su respectiva publicación en la Gaceta ecológica que no ofrezca un buscador modernizado; c) los mínimos requisitos para la publicación de solicitud de consulta pública por parte del promovente, que generalmente realiza en un medio impreso local de poca difusión y no por internet; y d) los reducidos tiempos en los que la población puede solicitar la consulta pública y cuyos requisitos no están claramente detallados en la LGEEPA. Estas dificultades se suman a las que enfrentan poblaciones indígenas y grupos vulnerables, muchos de quienes no tienen acceso a internet ni los conocimientos técnicos para acceder y llevar a cabo una defensa efectiva de su derecho humano y constitucional a un medio ambiente sano.

A su vez, el proyecto “Ampliación del puerto de Manzanillo Vaso II de la Laguna de Cuyutlán” contempla diversos proyectos complementarios, ampliando y agravando los impactos ambientales, siendo los principales 1) la modernización del tramo Colima-los Asmoles; 2) la modernización de la infraestructura carretera libramiento de Comala; 3) el Túnel Ferroviario Manzanillo; 4) la modernización y ampliación de la Carretera Pez-Vela-Jalipa; 5) la terminal especializada en contenedores (TEC-I) del Puerto de Manzanillo; 6) la terminal de usos múltiples (TUM) del puerto de Manzanillo; 7) el Libramiento Ferroviario; y 8) la terminal especializada en contenedores (TEC II) del puerto de Manzanillo. 

Actualmente, en la Laguna de Cuyutlán ya se han llevado a cabo obras de infraestructura como la Termoeléctrica, la estación de Gas Z, el terraplén de ferrocarril entre los vasos I y II, torres de conducción eléctrica en el vaso I, la Terminal de Gas Natural Licuado de Manzanillo (TGNLM) y el gasoducto Manzanillo-Guadalajara. Éstos han provocado daños ambientales que han sido denunciados y advertidos por académicos y ambientalistas, tales como la alteración de la hidrodinámica lagunar, áreas de muerte de manglar, reducción de la productividad pesquera, posible afectación a las salineras y contaminación por derrames de hidrocarburos a nivel regional. El pasado 10 de julio del 2020 se publicó en la Gaceta Ecológica el proyecto titulado “Ampliación del Patio de Tepalcates” del promovente FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V., que contempla un patio para contenedores de carga en la barra de Cuyutlán Vaso III, mismo que incidiría en áreas de selva baja caducifolia y duna costera.

INVERSIÓN MULTIMILLONARIA

El proyecto “Ampliación del puerto de Manzanillo Vaso II de la Laguna de Cuyutlán” requerirá una inversión de $33,258,785,895, los cuales serán aportados en un 13% por recursos de la API Manzanillo, 48% por recursos fiscales y 39% por inversión privada, de los que solamente $151,894,697 serán destinados para estudios de impacto, mitigación y compensación ambiental, pagados por el sector público. La vida útil de este proyecto se estima en sólo 25 años, con un horizonte de evaluación de 35 años. Sin embargo, los riesgos ambientales al modificar el ecosistema podrían generar daños irreversibles, cuyas medidas de compensación serían demasiado costosas, además de probablemente poco efectivas; como ocurriría con los azolves excesivos en canales y dársenas, además de la modificación en los regímenes de oleajes y corrientes que actualmente no se pueden prever y que provocarían problemas operativos. En este punto es importante reiterar que un proyecto de esta magnitud abonará a la actual crisis climática global y se enfrentará a fenómenos climáticos extremos, ante los cuales dejará vulnerable a la población e infraestructura al eliminar la protección que naturalmente brindan los bosques de manglar.

Ahora bien, el daño al equilibrio ecológico que se ha padecido en Manzanillo se ha llevado a cabo bajo la promesa vacía y recurrente de un bienestar basado únicamente en el crecimiento económico, sobre todo del sector privado, sin planificar integralmente los cambios ambientales, urbanos y demográficos en el largo plazo. En el caso de la presentación del proyecto Terminal de Gas Natural Licuado de Manzanillo (2006), el argumento por el cual se buscó esta aprobación fue la promesa de la disminución de emisiones contaminantes de la Termoeléctrica de Manzanillo, la cual sigue sin ser eficiente; mientras que para el proyecto de ampliación del Puerto de Manzanillo en 2004, en la que se devastaron hectáreas de mangle de la Laguna de San Pedrito, se prometió la restauración y conservación de la Laguna del Valle de las Garzas. En ambos casos, la SEMARNAT impuso medidas preventivas, de mitigación y compensación a los sujetos obligados (Comisión Federal de Electricidad, Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V. y Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., respectivamente). No obstante, éstas no han sido cumplidas eficientemente, por lo que se ha generado una situación de peligro ambiental en la que la inversión de cientos de millones de pesos no ha sido suficiente, demostrando la inviabilidad económica y ambiental de estos proyectos.

Así pues, las autoridades federales, estatales y municipales han sido omisas en el cumplimiento de sus obligaciones legales ambientales, previstas y sancionadas por ordenamientos nacionales e internacionales, incumpliendo con el mandato constitucional de garantizar nuestro derecho humano a un medio ambiente sano y a un desarrollo sostenible. Este panorama es peor aún si consideramos todas las problemáticas directas e indirectas que ha producido el Puerto de Manzanillo sobre la ciudad, tales como el aumento de la contaminación visual y atmosférica; el deterioro de la calidad del aire; los altos índices de inseguridad derivados de las disputas por el control del Puerto; los conflictos viales que han llegado a costar la vida de personas; el aumento en la población flotante, con la consecuente carencia de servicios y sobreexplotación de recursos; entre otras.

El proyecto de “Ampliación del Puerto de Manzanillo Vaso II de la Laguna de Cuyutlán” pretende ser justificado argumentando la necesidad de atender el incremento en el mercado internacional basado en importaciones y exportaciones. Esto se contrapone con la vocación turística de Manzanillo, otra fuente de ingresos económicos, ya que la ampliación portuaria incrementará el deterioro y mala imagen en la ciudad de Manzanillo. En ese sentido, nuevamente el documento “Ampliación del Puerto de Manzanillo Vaso II de la Laguna de Cuyutlán” coincide con nuestras proyecciones, pues estipula, dentro del apartado de ESTUDIO SOCIAL, los siguientes factores de riesgo (págs. 125 y 126). Citamos: 

● DETERIORO DE LA SALUD HUMANA

“La probabilidad del aumento en el deterioro de la salud se podría presentar a causa del incremento en la generación de emisiones de gases contaminantes derivado del continuo transporte de buques y camiones en la región, así como por el aumento en las descargas residuales”. 

● PREOCUPACIÓN SOCIAL POR DETERIORO AMBIENTAL EN LA LAGUNA

“De manera complementaria al impacto directo sobre la salud humana, existen varios impactos sobre el medio ambiente que pueden generar situaciones de preocupación social por parte de ciertos grupos de interés, incluso derivando en un estado de oposición a los proyectos a ejecutar. Los principales impactos que pueden generar conflictos sociales son: 

– Pérdida o cambio en la composición de recursos pesqueros y afectación de la producción, como consecuencia de la modificación en la fisicoquímica (cloración y aumento de temperatura, intrusión salina y/o contaminación por hidrocarburos y metales pesados) y la dinámica lagunar (patrones de azolve y desazolve).

-Derrames y contaminación por hidrocarburos y otros químicos en el Vaso, como consecuencia de la circulación de los buques por los canales de navegación.

– Pérdida de los beneficios que conlleva el ecosistema de base y de soporte por la deforestación del manglar como consecuencia del desarrollo de proyectos logísticos y energéticos que requieren de frente de agua.” 

De todo lo anterior se concluye que, de consumarse este proyecto, habría daños a la salud de la población manzanillense, desequilibrio ecológico y deterioro de los recursos naturales de la región; contraviniendo las disposiciones de diversos Instrumentos Internacionales, la Legislación Federal, Estatal y Municipal. Es por ello que consideramos, basados en experiencias y promesas anteriores, que es prioritario trabajar por la solución de las problemáticas y conflictos actuales, optando más por la modernización y optimización de la infraestructura portuaria ya existente, a la par de la incorporación y fortalecimiento de alternativas de desarrollo, tales como el turismo ecológico basado en la conservación y restauración de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la promoción de fuentes limpias y sustentables de energía. Claramente, en su forma actual, el proyecto “Ampliación del Puerto de Manzanillo Vaso II Laguna de Cuyutlán” no se corresponde con el tipo de políticas públicas ambientales que requieren los nuevos tiempos.

Los efectos del cambio climático, la pérdida acelerada de biodiversidad y la crisis por la contaminación ambiental requieren acciones que contrarresten urgentemente sus efectos, y no que promuevan un ecocidio de tal magnitud como lo sería la “Ampliación del Puerto de Manzanillo en la Laguna de Cuyutlán”. 

¡Por la defensa de nuestras Lagunas y Manglares! 

¡Por la vida en el planeta! 

#SalvemosLaLagunaDeCuyutlán 

Manzanillo, Colima, a 26 de julio de 2020

A T E N T A M E N T E

Acción por la Justicia, A.C. 

Colectivo AXM Amigos por Manzanillo 

Colectivo Empoderamiento Climático 

Colectivo Tarántula Elementos 

Ciencia para el Pueblo – México

Cuyutlán Casa Amiga, A.C

Paseo de Las Brisas, A.C.

Red de Defensores Ambientales 

Red Manglares de Colima 

Vigilemos Manzanillo, A.C. 

Voluntad Organizada, A.C.

 

A 70 meses, deben continuar las investigaciones y castigar a todos los responsables del caso Ayotzinapa

Foto: Archivo Tlanesi

 

A setenta meses de los hechos de Iguala, Guerrero, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas y Ayotzinapa y asesinadas otras personas, organizaciones civiles y sindicales del estado de Morelos se pronunciaron a favor de la justicia y el derecho a la verdad en este caso emblemático, así como en todos los casos de las miles de desapariciones que hay en el país.

El pronunciamiento se reproduce de manera íntegra:

Las organizaciones sindicales y sociales del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, en medio de la crisis sanitaria provocada por el Covid19, continuamos con nuestros esfuerzos de coordinación, así como de lucha unitaria y en relación al tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hemos adoptado el siguiente pronunciamiento:

Mantener y fortalecer la exigencia de justicia y verdad en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas ocurrida el 26 y 27 de Septiembre del 2014 (hace 70 meses) y en el mismo sentido nos estaremos sumando como cada mes a la convocatoria emitida por las “Madres y Padres de los 43” es decir la LXX ACCIÓN GLOBAL POR AYOTZINAPA Y POR MÉXICO, para hacer un llamado a que no haya más impunidad y no permitir que continúen ocurriendo dicha clase de violaciones a los derechos humanos de las personas que adquieren un compromiso de lucha social en nuestro país.

Dicho crimen de Estado es considerado como de Lesa Humanidad y por ello no prescribe de acuerdo a los tratados internacionales que obligan al Estado mexicano, por lo que manifestamos nuestra completa solidaridad con las familias y compañeros/as de los estudiantes normalistas.

Consideramos que si uno de los objetivos principales del nuevo gobierno es restablecer el estado de derecho y la democracia, entonces se tendrá que empezar por erradicar la política de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Lo que significa terminar con la política de seguridad de los gobiernos neoliberales anteriores y con ello renunciar al terrorismo de Estado y sus dos pilares: la militarización y la paramilitarización.

El camino en busca de justicia y verdad que por todo este tiempo han recorrido las familias y los compañeros/as de lucha de los 43, ha estado lleno de obstáculos e inconsistencias en toda la investigación de su caso y la negligente actuación del anterior régimen, así como sus irregularidades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los 43 estudiantes sea conocida por las familias y por toda la sociedad y por lo mismo debemos seguir manteniendo en alto la exigencia de la presentación con vida de los referidos estudiantes de Ayotzinapa y de las más de 70 mil personas igualmente desparecidas en nuestro país.

Las evidencias del expediente muestran que en los hechos del día 26 participaron las fuerzas policiacas de varios municipios vecinos de Iguala. Policías Federales y elementos del Ejército Mexicano del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala. Casi todas las autoridades supieron en tiempo real lo que ocurría y no tomaron medidas para prevenir razonablemente el crimen. La entonces PGR optó por construir una mentira para encubrir a los responsables. Los desaparecieron, a otros más los asesinaron con saña inexplicable. Las autoridades encargadas del orden y estado de derecho permitieron este crimen atroz y a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos les cerraron las puertas de la justicia por todos estos años.

Hace algunas semanas se confirmó que uno de los restos encontrados en la barranca de la Carnicería, en Cocula, Guerrero, pertenece al normalista Christian Rodríguez Telumbre. La Universidad de Innsbruck, Austria, fue quien logro obtener dicha identificación genética y la misma fue verificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Lo anterior confirma el absurdo montaje de la llamada “Verdad histórica” significando ante todo una fabricación institucional que violento el derecho a la verdad.

Las madres y padres de los 43 han sostenido por todo este tiempo que aceptarían la verdad por dolorosa que fuera, siempre y cuando estuviera sustentada con pruebas científicas. Esta identificación confirma que aún existen innumerables aspectos por esclarecer sobre hechos y obstrucción de la justicia. Consideramos que las investigaciones deben de continuar hasta esclarecer de manera fehaciente lo ocurrido, castigando a todos los responsables (materiales e intelectuales) de dicha desaparición cometida por agentes del Estado. Las madres y padres de los 43 y las miles de familias con personas desaparecidas, tienen derecho a la verdad.

A nuestro compañero y compañera Luz María Telumbre y Clemente Rodríguez, nuestra solidaridad completa en su búsqueda incansable de más de cinco años por encontrar a su hijo. Lucha traducida en mítines, reuniones, movilizaciones, foros, caravanas.

Les abrazamos con todo nuestro corazón y con el dolor atravesado ante el lamentable desenlace, que sin duda servirá como precedente para hacer justicia y castigar a los responsables.

La identificación de Christian Rodríguez Telumbre, muestra la gran importancia de seguir impulsando mecanismos extraordinarios de Identificación forense, con acompañamiento internacional y marcan sin duda el comienzo de un nuevo rumbo en las investigaciones del caso Ayotzinapa, una investigación que continúa abierta con la existencia incluso de órdenes de aprehensión libradas por la Fiscalía General de la República y que algunas de ellas apuntan a exfuncionarios de alto nivel (contra Tomás Zerón, por ejemplo) y en las mismas circunstancias hay detenciones importantes recientes como la de José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo (uno de los líderes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”).

En dicho contexto y en relación al hallazgo identificado de dicho estudiante y ante el hecho de que lo hayan encontrado en otro lugar, muestra que fue falsa la versión oficial que se presentó en el régimen neoliberal de Peña Nieto, sepultada ya estaba desde que se evidenció por el Grupo de Expertos Independientes –GIEI, después por la oficina de la ONU en México y por el propio Equipo Argentino de Antropología Forense.

Dicho caso emblemático, aún no se encuentra cerrado y por el contrario se continúa investigando y buscando el paradero de los estudiantes en diferentes puntos de comunidades cercanas a Iguala. Asimismo falta dilucidar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habría ocurrido la agresión.

Coincidimos con la postura actual de las Madres y Padres de los 43, que insisten en que las investigaciones y la búsqueda de sus hijos debe continuar hasta dilucidar a cabalidad el paradero de todos y cada uno de ellos y que se tiene que detener a los responsables. Es de mencionar que los familiares de los 43 sostendrán una próxima reunión con el Presidente de la Republica a las 10:00hrs, del dia 7 de agosto del presente año.

No aceptamos que sigan despareciendo personas, que siga la violencia institucional, que se permita la impunidad y complicidad, sólo el pueblo consciente y organizado puede defender sus derechos. Por ello convocamos a no olvidar a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y a los miles en todo el país.

La desaparición forzada de los 43 normalistas no es caso cerrado y no se le dará la vuelta a

la hoja hasta que se haga justicia.

¡Porque Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!

ATENTAMENTE

PACTO MORELOS POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y ENERGÉTICA, LOS DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

 

 

 

 

Familiares de personas desaparecidas denuncian insensibilidad y apatía de la Fiscalía de Morelos

Trabajos realizados en campo El Salado, municipio de Puente Ixtla, Morelos. Foto: Twitter @OIC_FGMorelos

 
 

Familiares de personas desaparecidas, activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron que la Fiscalía General del Estado de Morelos analice los restos óseos encontrados en el municipio de Puente de Ixtla, para determinar su identidad y entregarlos a sus familiares.

Descartaron la versión oficial de que se trata de restos arqueológicos, pues un especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señaló que aún no se puede determinar si se trata de una inhumación derivada de un acto delictivo o restos de origen prehispánico.

El pronunciamiento es el siguiente:

A LA SOCIEDAD EN GENERAL

A LAS Y LOS HABITANTES DEL ESTADO DE MORELOS

A LAS PERSONAS CON FAMILIARES DESPARECIDOS

Ante el fenómeno de desaparición de personas, las y los familiares de personas desaparecidas hemos vivido entre la insensibilidad, la apatía, y la negación por parte de la Fiscalía del Estado de Morelos.

Dicha institución se ha negado a hacer el levantamiento de restos óseos ubicados por familiares de personas desaparecidas, en compañía de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda, en el campo El Salado en el municipio Puente de Ixtla Morelos argumentado que son hallazgos arqueológicos sin antes tener un dictamen de un especialista en arqueología.

Por solicitud de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, asistió al sitio el Mtro. en Arqueología Raúl Francisco Rosales Quezada del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Morelos, quien después de una primera intervención exploratoria informó que en esta etapa de peritaje aún no es posible dictaminar si se trata de una inhumación derivada de un acto delictivo o si son restos prehispánicos o virreinales.

En el estado hay registro de personas desaparecidas desde la década de 1970, cualquier determinación de las fechas de inhumación requiere un análisis riguroso que no vaya en detrimento del derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas e identificadas.

Con esta postura de la Fiscalía de Morelos nos damos cuenta que trata de minimizar el terror que se vive en el estado de Morelos, así como desligarse de sus obligaciones de levantar los restos óseos encontrados, identificar a quien pertenecen y notificar a sus familiares.

Las y los familiares de personas desaparecidas buscamos a quienes han sido enterradas para rescatarlas del olvido con la esperanza de encontrar a nuestros seres queridos y regresarles a casa. No buscamos culpables ni investigar quién es responsable, por eso le hablamos a la sociedad y en especial a los habitantes de Morelos para pedirles que se solidaricen con nosotros y nos informen dónde hay personas enterradas.

Hacemos un llamado a quienes tienen un ser querido desaparecido a que se acerquen a platicar, a compartir experiencias e información y a acompañar la búsqueda. Estaremos trabajando algunos meses en el territorio de Morelos destapando lo que la Fiscalía no ha querido destapar. Puedes escribirnos por Facebook en “Familias Resilientes Morelos”, “Búsqueda de familiares, Regresando a casa Morelos” o en “Buscando a TOMY”.

¡Hasta Encontrarles!

Cuernavaca, Morelos a 24 de Julio del 2020.

 

PERSONAS

1. Adi Yareli Audelo Helos

2. Adriana Linares Hernández

3. Amaya Ordorika Imaz

4. Betsi Maluvi Munivez Mayo

5. Cecilia Garcia Pacheco

6. Claudia Janette Soto Rodríguez

7. Claudio Alexis Munivez Mayo

8. Claudio Munivez Rodríguez

9. Cruz Maria Helos Ortega

10. Delmi Arriaza Pontaza, activista DDHH (Guatemala)

11. Emerito Santos Policarpo

12. Esther de Aquino Velázquez

13. Francisca Mayo Ramirez

14. Gerardo Calleja Martínez

15. Heriberto Paredes Coronel, periodista independiente

16. Herlinda Baltazar Santiago

17. Herlinda Olmedo Perez

18. Ilich Avilès Ramírez

19. Irais Audelo Helos

20. Javier Perea Salguero

21. Jorge Alejandro Salas Alvarez

22. José Gerardo Calleja Martínez

23. Lidia Lara Tobón

24. Madeleine Wattenbarger, periodista independiente

25. María Angelina Escobar Machado

26. Maria de Jesus Soria Aguayo

27. María Teresa Valadez Kinijara

28. Marina Alamo Bryan, Antropóloga de la Universidad de Columbia

29. Montserrat Castillo Portillo

30. Natalia Delgado Machuca

31. Noemi Martinez Martagon

32. Paola Clerico Medina Religiosa de Jesús-María

33. Patricia Springton Toledo

34. Pbro. Samuel Murillo Torres, Concilio Mundial Metodista

35. Rosa Elena Castillo Torres

36. Rosalva lbarra Rojas

37. Samia Cruz Rivera

38. Yanet González Salazar

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS

1. ¿Dónde están los desaparecidos? Morelia Michoacán

2. Actuar Familiares contra la Tortura, (AFT)

3. Aliadas por la Justicia, A.C. (AxJ)

4. Amor Esperanza y Lucha Zacatecas

5. Armadillos Búsqueda y Rescate/ Search and Rescue

6. Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza (AVNQVN)

7. Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ENVERO)

8. Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM)

9. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los

Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM)

10. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los

Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM)

11. Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres, A.C. (AGCVIM, A.C.)

12. Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP-Guerrero)

13. Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C. (ANAD)

14. Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz

15. Buscando a Tomy

16. Buscando cuerpos

17. Búsqueda de familiares "Regresando a Casa Morelos" A.C.

18. Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, A.C. (CDHAE)

19. Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, A.C. (CDH C-28 M)

20. Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

21. Centro de Derechos Humanos Ku'untik (CDHK)

22. Centro de Estudios Ecumenicos, CEE

23. Centro de Estudios para los Derechos Humanos y la Justicia Ambiental "YURENI", A.C.

(CEPDHJA)

24. Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C.

25. Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

26. Colectivo buscando cuerpos Querétaro

27. Colectivo de Madres Igualtecas

28. Colectivo Diez de octubre zona sur Parral Chihuahua

29. Colectivo El Colombiano si Ayuda A.C.

30. Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Cd. Juárez

31. Colectivo Familias Unidas por Nayarit

32. Colectivo Independiente de Iguala Guerrero

33. Colectivo Independiente de personas desaparesidas de Iguala, Guerrero

34. Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz

35. Colectivo París-Ayotzinapa

36. Colectivo Rastreador@s Nacionales de Desaparecidos

37. Colectivo Rastreadores de La Baja

38. Colectivo Raul Trujillo Herrera por los desaparecidos de Guerrero

39. Colectivo Raúl Trujillo Herrera, por los Desaparecidos de Guerrero, México

40. Colectivo Red de Madres

41. Colectivo una nación buscando T

42. Colectivo Unidos por Amor a Ti Coatzacoalcos, Veracruz

43. Colectivo Víctimas de la guerra sucia de los años 70

44. Comité de Defensa de Derechos Humanos “Cholollan” (CDHC)

45. Comite de Derechos Humanos de Base de Chiapas “Digna Ochoa”, (CDHBCDO)

46. Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, Alzando Voces, (COFADDEM)

47. Comunidad Raíz Zubia, A.C. (CRZ)

48. Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos

Humanos, A.C. (FREMEXDEHU)

49. Desarrollo Humano Internacional, A.C. (DHI)

50. Documental Volverte a ver

51. Eje de Iglesias y Comunidades de fe de la BNB

52. Familiares en Búsqueda Maria Herrera Poza Rica, Veracruz

53. Familiares en Búsqueda María Herrera, Chilpancingo

54. Familiares en búsqueda Maria Herrera, Chilpancingo, FBMH

55. Familiares en Búsqueda María Herrera, Xalapa

56. Familias Resilientes Morelos

57. Foro latinoamericano de antropología del derecho A. C. Sección México

58. Foro Permanente de Mujeres Iztacalco, A.C. (FPM-I)

59. Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos, FGxND

60. Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C. (FMDVD)

61. Fundación Diego Lucero, A.C. (FDL)

62. FUNDEJ Jalisco

63. Guerreras Buscadoras de Sonora

64. Hacia la vida digna para todas las personas, ReverdeSer Colectivo A.C.

65. La Alameda Morelos

66. Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (LIMEDDH)

67. Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. Filial Oaxaca (LIMEDDH-Oax)

68. Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

69. Mujeres Guerrerenses por la Democracia, A.C. (MGD)

70. Organización Político Cultural Cleta (OPC Cleta)

71. Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en Gro., y el País

72. Por amor a los nuestros A.C.

73. Red Desaparecidos en Colima

74. Red Solidaria Década contra la Impunidad, A.C. (RSDI)

75. Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH)

76. Subcomité Mesoamericano del Gremio de Abogados de E.U.

77. Tesoros perdidos. Hasta encontrarlos A.C. Mazatlán, Sinaloa

78. Uniendo Cristales A.C.

79. Uniendo Esperanzas, Estado de México

80. Victimas y ofendidos del estado de Morelos

81. Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.

82. Voces unidas por la vida y la dignidad humana

83. Zacatecanas y Zacatecanos por la Paz

84. Zihuame Xotlametzin, A.C.