Testigo de masacre de Alaska: “fue el ejército el que disparó”

                                                                      Foto: Desinformémonos

 

“Los militares están para cuidar a Guatemala, no para matar”, dijo Víctor Vicente, quien era alcalde de la aldea Vásquez y testigo propuesto por el MP. Sin embargo, los efectivos del ejército no esperaron a dialogar con las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán y dispararon contra la población. Tres testigos declararon en el noveno día del juicio.

Por Regina Pérez

Tres testigos propuestos por el Ministerio Público (MP) continuaron este martes con sus declaraciones en el juicio que se sigue por la muerte de seis comunitarios de Totonicapán el 4 de octubre de 2012, cuando salieron a manifestar en el lugar conocido como “Cumbre de Alaska”. Las personas relataron que fueron los militares quienes abrieron fuego en contra de la población y que los manifestantes no llevaban armas.

Pedro Silverio Xuruc García era vicealcalde de la comunidad Nimasac cuando ocurrió la masacre. Como parte de sus atribuciones como autoridad comunitaria convocó a los habitantes para congregarse en la Cumbre de Alaska, ubicada entre el límite de Totonicapán y Sololá, en el occidente del país.

Es un área llana que siempre ha sido utilizada para manifestaciones. Ahí hay una pasarela y un espacio donde las personas esperan los buses para transportarse. Según los cálculos del testigo, había miles de personas protestando.

Después del almuerzo se les informó que se acercaban antimotines y efectivos del ejército y las autoridades pidieron a la gente que no tuvieran miedo. Entre los alcaldes y vicealcaldes de los 48 Cantones de Totonicapán se coordinaron para ir a hablar con los antimotines e informarles que la manifestación era pacífica.

Las autoridades llevaban sus mochilas y varas y se dirigieron a hablar a los antimotines, cuando escucharon las balas. Luego, vieron que manifestantes corrían y llevaban a algunas personas heridas, según el testimonio de Xuruc.

Él regresó corriendo a un camión que llevaban los manifestantes con audio y pidió un micrófono a un vecino que estaba hablando por el altavoz. “Les dije a los manifestantes que no se asustaran, que se tranquilizaran, era para que no entraran en pánico, porque ya los antimotines ya vinieron, seguramente el ejército porque se escuchaban balazos, algunos heridos, eso les dije”, recordó.

Al bajar del camión vio a un señor que era llevado por otras personas, pensó que había muerto.

“¿Quién volvió violenta la manifestación ese día?” le preguntó el abogado Santos Sapón, Xuruc García respondió: “Pues el ejército, porque comenzaron a disparar y yo no creo que uno de los manifestantes fue el que comenzó”. Xuruc agregó que la instrucción de las autoridades de los 48 Cantones en las comunidades fue clara, no llevar armas de fuego o arma blanca, solo su almuerzo.

“Las razones, los motivos, solo Dios y los que dispararon lo saben”, puntualizó. Nueve militares están siendo acusados por ejecución extrajudicial en grado de tentativa y ejecución extrajudicial.

Militares no esperaron a dialogar

Otro de los testigos en este caso, Víctor Vicente, alcalde de la aldea Nimasac, coincidió en su testimonio, indicando que como autoridades intentaron dialogar con los soldados, pero que no fue posible.

“Los militares están para cuidar Guatemala, no para matar, por eso dijimos con los alcaldes que vamos a platicar, a dialogar, para que la gente no se asuste”, contó. Ellos se acercaron a hablar, con sus varas, pero los soldados no esperaron.

Según su relato, no sabe que quién hizo el primer disparo, pero dijo que vio a los elementos del ejército llegar en un camión, vestidos de verde oscuro.

“Me recuerdo de las personas ese día, no se vale recordar en este momento, pero sí lamento mucho, supuestamente los militares estaban para cuidar Guatemala, no para matar”, repitió. Su voz se entrecortó mientras recordaba los hechos del 4 de octubre.

También relató que después de eso se tiró al suelo y entre los balazos también lanzaron bombas lacrimógenas. Por el humo y el susto, se desmayó. Después de un rato sus compañeros de la corporación municipal lo buscaron y le dieron agua. “Pero yo no sabía que algunos de mí comunidad fueron heridos. Reaccioné, fuimos a Toto a verlos, pero ya era tarde”, indicó.

El otro testigo que declaró fue Agustín Carlos Yax, quien dijo que vio a un soldado disparar contra las personas. Entre los heridos estaba su primo Santos Abraham Yax. Solo un abogado de los militares le hizo una pregunta, los demás declinaron de la interrogación.

De acuerdo con la defensa de las víctimas, tanto el MP como los abogados han propuesto al menos 105 testigos para este caso.

El juicio contra nueve militares comenzó el 15 de junio de este año, a casi 11 años de ocurridos los hechos. La audiencia fue suspendida por el tribunal y se retomará el 28 de agosto.

Este material se comparte con autorización de Prensa Comunitaria

 

 

A 8 años de la desaparición de Paulina Camargo, en Puebla, su familia exige avances en investigación

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Fue la tarde del 25 de agosto de 2015 cuando se vio por última vez a Paulina Camargo Limón, de entonces 19 años. Su expareja y padre del bebé que estaba esperando, José María N., la citó en Plaza Solé, de la ciudad de Puebla, para acudir a una consulta. Paulina nunca más regreso a su casa.

Hoy después de ocho años de su desaparición, la madre de Paulina, Rocío Limón, familiares, amistades y colectivas feministas acudieron a diferentes instituciones públicas, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hasta la Fiscalía General del estado de Puebla y el Poder Judicial, para exigir avances en la localización de la joven y su bebé.

En cada uno de los puntos recorridos Rocío Limón leyó y entregó a las autoridades peticiones concretas para no solo encontrar a su hija, sino para solicitar la reparación del daño como familia, la permanencia del presunto responsable de la desaparición de Paulina en prisión y el establecimiento de una política pública clara para búsqueda de personas con perspectiva de género.

Tras pasar por la CEDH y el Congreso de Puebla, la caravana conformada por vehículos con la imagen de Paulina se dirigió a Casa Aguayo, sede del gobierno encabezado por Sergio Salomón Céspedes Peregrina. 

Allí policías estatales y vallas metálicas impidieron que la madre de Paulina se acercara a dejar el pliego petitorio. Ante la impotencia de no ser recibida por el gobernador, Rocío se hincó para suplicar por ayuda.

“Señor gobernador, apóyennos, apóyennos, ayúdennos. Usted no sabe la tortura a la que hemos sido condenados por las instituciones ¡Usted no tiene idea! Estar arrodillada para mi, ante Dios, me da la facultad de ser una persona humilde, una mujer que requiere justicia, señor gobernador”, dijo la madre de Paulina.

Minutos antes, la señora Rocío Limón sostuvo que no hay avances en la investigación y localización de su hija y su nieto. El propio fiscal general, Gilberto Higuera Bernal, reconoció el día anterior, jueves 24 de agosto, que tienen una deuda con la familia, pues a pesar de que han realizado diferentes actos de investigación no han podido dar con su paradero.

Actualmente José María N. está privado de la libertad vinculado a proceso por el delito de desaparición de persona cometida por particulares. Si bien en un inició se señaló por el feminicidio de Paulina, ya que habría confesado haberla asesinado y abandonado en un contenedor de basura, la falta del cuerpo y un amparo por presunta tortura para obtener la confesión impidieron que fuera sentenciado por tales delitos.

Para Rocío Limón la incertidumbre es tal, que planteó la posibilidad de que su hija y su nieto hayan sido entregados a tratantes de personas.

En el Diagnóstico de mujeres desaparecidas, elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, se plantea una posible relación entre los casos de desaparición de mujeres en Puebla y la trata de personas.

La caravana en exigencia de la localización de Paulina cerró su recorrido en el Centro Integral de Servicios (CIS) en la zona de Angelópolis. La exigencia en todo momento de la familia de Paulina Camargo es que encontrarla y que haya medidas preventivas para que no desaparezcan más mujeres en Puebla.

 

 

Procuraduría Agraria divide a las comunidades para favorecer mineras en Oaxaca, denuncian defensores

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La Procuraduría Agraria detiene actas de asamblea de nombramiento de autoridades y genera documentación agraria «errónea» para retener los procesos de acreditación e inscripción de actas y así «favorecer a Fortuna Silver Mines» en las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, denunció el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos.

Los defensores precisaron que los ejidos mayormente afectados son Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes y el Vergel, pues se encuentran alrededor del proyecto minero San José, que desde hace dos años no cuenta con los permisos ambientales correspondientes.

El Frente denunció que en la comunidad de Monte del Toro, la visitadora agraria Miriam Reyes Carmona «ha querido dividir al ejido» a través de la participación en asamblea general para convencer a los ejidatarios de los «beneficios» del proyecto minero, y «de igual forma ha intentado convencer a ejidatarios por separado para generar certeza jurídica para el proyecto minero de oro y plata».

«El ejido de Monte del Toro ha determinado que no permitirá ninguna división, ya que la cohesión, la unidad y la colectividad del mismo han permitido el desarrollo de la comunidad, sin ninguna intervención de ningún tipo», aseguró el Frente.

Por su parte, la empresa minera ha visitado a través de su oficina de «relaciones comunitarias» diferentes comunidades y municipios de la región «prometiendo apoyos y bondades» del proyecto, lo que desacata la decisión de los pobladores que declararon su territorio libre de minería por contaminar la tierra y el agua, atraer proyectos que dañan el ambiente como los monocultivos, y generar un clima de violencia en la región.

A continuación el comunicado completo:

La Procuraduría Agraria, a través de la visitadora agraria, Lic. Miriam Reyes Carmona y el Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Miahuatlán, Ing. Amaury Fernández Alvarado, han detenido en diversas ocasiones actas de asamblea de nombramiento de autoridades y generado documentación agraria errónea con la finalidad de retener los procesos de acreditación e inscripción de actas de nombramiento para favorecer a Fortuna Silver Mines.

Los ejidos mayormente afectados por esta situación han sido: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes y el Vergel, ejidos que se encuentran alrededor del proyecto minero, los cuales en los últimos meses han enfrentado un acoso permanente por parte de la empresa para aceptar la “ampliación del proyecto”.

En la comunidad de Monte del Toro, la visitadora agraria ha querido dividir al ejido, intentando convencer a las y los ejidatarios en asamblea general de los “beneficios” de la división; de igual forma ha intentado convencer a ejidatarios por separado para generar certeza jurídica para el proyecto minero de oro y plata.

Estas acciones violentan fehacientemente el Marco Legal de la Procuraduría Agraria consistente en: “Promover la defensa de los derechos y salvaguardar la integridad de las tierras de los pueblos indígenas”. Denunciamos que lejos de promover la defensa de los derechos de las y los ejidatarios, la Visitadora Agraria promueve los intereses de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines.

La empresa minera por su parte, ha visitado a través de su oficina de “relaciones comunitarias” diferentes comunidades y municipios de la región prometiendo apoyos y bondades del mismo, desacatando la decisión de las comunidades de Valles Centrales que hemos dicho: Sí a la Vida, No a la Minería. Denunciamos también que la problemática del agua se ha recrudecido preocupantemente en los últimos años, así como el impacto generalizado del proyecto en el medio ambiente, principalmente en la emisión de polvo y ruido y afectado la calidad del paisaje de la región.

Junto a las afectaciones del proyecto minero, en los últimos meses hemos sido testigos de la invasión de monocultivos de maguey en la región, profundizando la grave problemática del agua. San Matías Chilazoa y Magdalena Ocotlán principalmente hemos sido invadidos por empresas del mezcal, quienes no acudieron ante las asambleas respectivas para tomar una decisión conjunta, sino que, violentando nuestro derecho a la libre determinación, realizaron convenios con cada ejidatario o ejidataria.

Las autoridades agrarias de los ejidos nos deslindamos de las afectaciones que puedan generar dichos monocultivos en los territorios y de la “certeza” de la inversión, misma que puede perderse en nuestros territorios al no contar con el consentimiento de las asambleas.

El ejido de Monte del Toro ha determinado que no permitirá ninguna división, ya que la cohesión, la unidad y la colectividad del mismo han permitido el desarrollo de la comunidad, sin ninguna intervención de ningún tipo. Nuestros abuelos y abuelas lucharon para la dotación del ejido, por lo que velaremos por el espíritu colectivo de la tierra y el cuidado y protección de nuestro territorio.

De igual forma, reconocemos el trabajo digno y la labor del Ayuntamiento de Ejutla de Crespo, quien ha respetado el derecho al territorio y libre determinación de las agencias que lo integran.

Monte del Toro, Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, El Vergel y los Ocotes, San Martín de los Cansecos, San Dionisio Ocotepec, Cerro de las Huertas y el Llano Sitio Santiago NO SE DIVIDEN NI SE VENDEN

FRENTE NO A LA MINERÍA POR UN FUTURO DE TODAS Y TODOS

 

 

Exigen justicia para trabajadora víctima de hostigamiento sexual en la UAM

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Mujeres trabajadoras de la Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) denunciaron haber vivido hostigamiento sexual, acoso laboral y discriminación, así lo detallaron integrantes de la colectiva Libres y Combativas. Uno de estos casos es el de Sam, quien fue despedida y revictimizada por la institución.

Sam, quien se desenvolvía en el nivel operativo de esta dependencia, se negaba a ser parte de la dinámica de violencia ejercida en estas altas esferas de la institución, motivo por el cual presuntamente fue despedida mediante acta administrativa, por lo que decidió denunciar por despido injustificado y el hostigamiento sexual que ejercía el contralor sobre ella. Después de la resistencia emprendida el hombre señalado fue retirado del cargo. También se detalló que era conocida la forma en que actuaba el agresor así como sus presuntos vínculos con subalternos.

Sam junto con otras compañeras se dirigió a la Oficina del Abogado General y la Defensoría de los Derechos Universitario, y ahí, señalan, «se encontraron con un vacío legal para responder eficazmente ante situaciones de violaciones de derechos humanos de la comunidad de la UAM».

«Nuestra compañera, como otras, fue revictimizada, invisibilizada y exhibida en la Defensoría; dicha dependencia aplicó procedimientos administrativos sin tomar en consideración las quejas y testimonios interpuestos ante la Defensoría. Mientras que la UAM utilizó todo su aparato para deslegitimar la lucha de las compañeras», señaló la colectiva.

La colectiva señaló que no importó en nada que Sam testificara los maltratos hacia sus compañeras, que las trabajadoras hubieran denunciado que las vigilaban, que les exigían cumplir con horarios no estipulados en su contrato, que les sobrecargaban de trabajo, que incluso sufrieran amenazas y que el deterioro de su salud física y mental por dicha situación fuera motivo para que en la oficina del Contraloría las tacharan como “locas”, comunicándose con personas fuera de la universidad para acusarlas de “personas conflictivas”.

Es por ello que este movimiento de resistencia denunció que «la Defensoría de los Derechos Universitarios solo sirve para entrampar a las personas que denuncian como Sam, colocándolas en una situación de vulnerabilidad mayor, exponiéndolas ante sus agresores, y dándoles herramientas a éstos para llevar a cabo (en este caso) la rescisión laboral sin el pago de finiquito ni partes proporcionales, acentuando el estado de indefensión al privar a las trabajadoras de sus recursos económicos».

Ante la negación de las autoridades internas de la UAM, Sam inició diversos procesos de justicia en varias instancias y dependencia, entre ellas, Conciliación y Arbitraje, y Fiscalía de delitos sexuales.

«Llamamos a que las estudiantes, profesoras y trabajadoras de base y de confianza, hagan un frente para erradicar la violencia machista institucional que se vive en la UAM. Estamos tocando fibras sensibles del Estado, la élite burguesa con su sistema de justicia que promueve la impunidad de misóginos y reaccionarios y silencia a las víctimas, ha secuestrado a la educación pública con sus sueldos estratosféricos y la explotación insaciable hacia las mujeres de la clase trabajadora», expresó la colectiva.

Ante ello, demandan: Justicia para Sam; vinculación a proceso por delito sexual agravado contra ex contralor/funcionario de la UAM/José “N”; no más trabajadores despedidos por denunciar violencia machista; castigo, destitución y depuración inmediata de los agresores machistas y misóginos de la UAM y su veto de trabajo en cualquier otra institución pública.

 

 

¿Disminuyó violencia feminicida o autoridad no acredita casos? OCNF advierte riesgo de invisibilizar problemática

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La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, presumió una reducción de 29.7 por ciento en casos de feminicidio a nivel nacional; sin embargo, para María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), estos dichos invisibilizan la violencia feminicida y podrían poner en riesgo, aún más, la vida de las mujeres. 

Fue durante el informe mensual de agosto del grupo interinstitucional de la estrategia nacional de protección para las mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultas mayores que viven violencias basadas en el género, donde Alcalde Luján aseguró que “este gobierno transita por la ruta correcta”. 

Sin embargo, María de la Luz Estrada expresó que, si bien se han realizado acciones en favor de los derechos de las mujeres, este gobierno -encabezado por Andrés Manuel López Obrador– “tardó en entender la problemática”. 

En entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del OCNF aseguró que la violencia contra las mujeres sigue siendo un reto para el Estado mexicano, “no se puede negar que todavía falta mucho para prevenir estas violencias tan graves, tenemos que seguir haciendo esfuerzos adicionales”, aseguró. 

Muertes violentas de mujeres continúan sin acreditarse como feminicidio

La defensora añadió que el Estado aún ha fallado en temas de prevención y el acceso a la justicia, además, la mayoría de los casos de feminicidio siguen sin investigarse con perspectiva de género, lo que ha impedido que el delito se acredite. 

Y es que por ejemplo, tan solo en la primera mitad del año 2023, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han registrado mil 716 muertes violentas de mujeres, de los cuales únicamente 426 se investigan como feminicidio.

Lo anterior aún cuando el Código Penal Federal establece las razones de género para catalogar un caso como feminicidio. Además de que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó la sentencia Mariana Lima Buendía, a partir de la cual se ordenó investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio y juzgar con perspectiva de género. 

Pese a lo anterior se siguen observando casos como el de Guanajuato, donde en 10 años se ha registrado un incremento de 732 por ciento en el registro de mujeres asesinadas, pero las autoridades de la entidad han minimizado la violencia feminicida. 

Y es que por ejemplo, de enero a marzo de 2023 se habían registrado 32 muertes violentas de mujeres, mismas que fueron clasificadas como homicidio doloso, es decir, ninguna de ellas se catalogó como feminicidio. 

Esta problemática se repite en varios estados, asegura la coordinadora del OCNF, por ello refirió que es necesario que se evalúen a las instituciones encargadas de procurar justicia, que se cuente con personal especializado, que se realicen peritajes de contexto y se respete lo que se dicta en el Código Penal Federal y en la Sentencia Mariana Lima Buendía. 

“Si bien se han hecho acciones para evitar las violencias, en la vía de los hechos todavía no lo podemos demostrar, esto va a tardar, por lo que si se invisibiliza la violencia feminicida, lo que pasa es que se pone en riesgo la vida de las mujeres”, puntualizó. 

AVGM, mecanismo con vacíos al hablar de seguimiento

Durante la misma presentación del informe mensual, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, informó que entre 2015 y 2021 se declararon 25 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para 22 estados. 

Esto contempla 373 municipios por incremento de la violencia feminicida, además de tres entidades que cuentan con doble alerta (Estado de México, Guerrero y Veracruz).

En conjunto –apuntó– son 565 medidas divididas en las 25 alertas, que deben ser implementadas por diversas autoridades, y son materia de evaluación y seguimiento por parte de Gobernación.

Destacó que en los últimos 12 meses se logró realizar 18 evaluaciones de alertas y de nuevas solicitudes para declarar otras AVGM, incluidos los estados de Michoacán y Estado de México que tenían más de cinco años sin medir sus resultados. Asimismo, se realizó esta tarea en otras 10 entidades.

En ese sentido, María de la Luz Estrada acusó que al día de hoy no hay indicadores que permitan evaluar las declaratorias de AVGM y así determinar qué estados han avanzado en la implementación de medidas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.

Ejemplo de ello es Sonora, donde desde 2021 se emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en seis municipios. Sin embargo, al día de hoy, la sociedad civil que impulsó la petición -entre ellas el OCNF– no ha sido convocada para participar en el grupo de trabajo conformado para atender el mecanismo dictado por Conavim. 

“No puedo decir que estamos avanzando, hay estados olvidados. Conavim debe fortalecer equipos de seguimiento para dar el ancho”, sentenció Estrada Mendoza.

Es de recordar que la AVGM es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el Reglamento de dicha Ley.

Sin embargo, en este punto la sociedad civil también ha encontrado trabas, pues a raíz de una serie de reformas realizadas a este documento en 2021, aún no se tiene certeza del nuevo reglamento, pese a que el OCNF tuvo reuiones con Segob para la preparación de nuevos lineamientos que mejoren tiempos y procedimientos de este mecanismo, lo que ha provocado que desde abril de 2023 no se emita ninguna declaratoria de AVG.