Con olor a componenda, el trámite del Congreso a la solicitud de crédito de 750 mdp

 

Pedro Zamora Briseño

 

COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- Dos diputados de Morena se aliaron con el PRI para hacer avanzar en comisiones los trámites de dictaminación de la iniciativa mediante la cual el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, solicitó permiso de contratar un crédito de 750 millones de pesos.

Mientras el resto de sus compañeros de fracción se habían pronunciado públicamente en contra de la aprobación del empréstito, los legisladores morenistas Julio Anguiano Urbina y Guillermo Toscano Reyes —presidente y secretario de la Comisión de Hacienda y Presupuesto— se unieron al priista Rogelio Rueda Sánchez para turnar la iniciativa a la elaboración de un dictamen en sentido favorable a la aprobación del crédito.

A menos de 24 horas de la llegada de la iniciativa al Congreso, Anguiano Urbina convocó a reunión de la comisión que encabeza para, entre otros puntos del orden del día, analizar la solicitud de autorización del crédito.

No obstante, sin consultar a sus compañeros, citó también a la misma sesión a los secretarios de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García; de Salud y Bienestar Social, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, y de Cultura, Oriana Zaret Gaytán Gómez, para que resolvieran dudas en torno a la justificación del crédito, que según el mandatario será destinado a las áreas de seguridad, atención del covid-19 y restauración del edificio histórico del Palacio de Gobierno.

En la sesión que se prolongó alrededor de 13 horas, el diputado Julio Anguiano Urbina —exdirigente municipal de PRI en Tecomán y sobrino del exgobernador Mario Anguiano Moreno— pretendió sin éxito dar la voz a los funcionarios, mientras que varios de sus compañeros morenistas, encabezados por el coordinador de la fracción, Vladimir parra Barragán, se opusieron con el argumento de que no se encontraba considerado dentro de la orden del día.

Con los ánimos encendidos, a lo largo de la sesión hubo desde enfrentamientos verbales y gritos hasta jaloneos de micrófonos entre los legisladores.

Por parte de Morena y el PT, Blanca Livier Rodríguez Osorio, Ana Karen Hernández, Arturo García Arias y Parra Barragán, entre otros, exigían que se reprogramara la visita de los funcionarios para dar tiempo a los diputados a analizar a fondo la iniciativa y formular sus dudas y cuestionamientos, además de pedir que también fueran consultadas diversas organizaciones de la sociedad en torno a la conveniencia o no de incrementar la deuda pública del estado.

Después de cuatro recesos, el diputado priista Rogelio Rueda Sánchez tomó la palabra y tras considerar que los diputados del grupo de Vladimir Parra no tenían interés de escuchar a los funcionarios, puesto que desde antes de la llegada de la iniciativa ya habían fijado su postura al respecto, propuso al presidente de la Comisión de Hacienda someter a votación el envío de la iniciativa a la elaboración de un dictamen favorable.

Anguiano Urbina atendió de inmediato la petición, que fue aprobada por tres votos, los de Anguiano y su compañero morenista Toscano Reyes, así como el de Rueda Sánchez, con la oposición de la petista Ana Karen Hernández y el morenista Arturo García Arias, mientras que el resto de los diputados de Morena, con derecho a voz pero no a voto por no formar parte de la comisión, expresaron su inconformidad en voz alta.

La mayoría de los demás diputados de otras fracciones que estuvieron presentes, permanecieron como espectadores la mayor parte del tiempo, sólo con algunas intervenciones en determinados momentos.

Sin agotar todos los puntos del orden del día, inmediatamente después de la aprobación del envío de la iniciativa a dictamen, se retiraron del recinto los diputados Julio Anguiano y Guillermo Toscano.

Posteriormente, a través de un comunicado, el diputado Vladimir Parra, quien también es presidente de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso, denunció que lo acontecido en la sesión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos fue una ilegalidad, “al aprobar por mayoría, de manera fast track, un dictamen en sentido positivo”.

El legislador morenista dijo que las acciones realizadas por los diputados Julio Anguiano y Guillermo Toscano son “una traición al pueblo, a la bancada, así como a los ideales y principios de Morena”.

Señaló que una de las irregularidades fue haber sesionado para analizar la solicitud de crédito del gobernador en menos de 24 horas, antes de que los diputados pudieran realizar un estudio profundo de la iniciativa.

Otra de las ilegalidades, añadió, fue realizar una votación para definir el sentido del dictamen, ya que la sesión no había sido convocada para ello, sino sólo para analizar la iniciativa.

También mencionó como ilegalidad la unilateralidad por parte del Presidente de la Comisión, quien invitó por su cuenta a los secretarios de Finanzas, Cultura y Salud a la sesión, sin que esto fuera avalado por la Comisión.

Parra Barragán comentó que la propuesta presentada por el priista Rogelio Rueda “es una chicanada, una ilegalidad que avalaron los diputados traidores Guillermo Toscano y Julio Anguiano, quienes traicionaron no solo a la Cuarta Transformación, sino también al pueblo de Colima”.

 

Ver nota original en el enlace: https://www.proceso.com.mx/637038/diputados-de-morena-impulsan-solicitud-de-credito-del-gobernador-de-colima

 

Peña Colorada pide permiso para desarrollar proyecto de 92.7 mdd en terreno de 40 hectáreas

Pedro Zamora Briseño

 

COLIMA, Col. (apro).- La minera Peña Colorada pidió autorización a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para desarrollar en el municipio de Minatitlán el proyecto Planta de Filtrado Arrayanal, sobre una superficie de cerca de 40 hectáreas.

En caso de que la solicitud sea aprobada por la dependencia federal, los trabajos de construcción implicarán el retiro de vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia, así como de bosque de encino, de un área de 28 hectáreas de terrenos forestales, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la minera entregó a la Semarnat el 25 de junio anterior.

Con una inversión programada de 92 millones 780 mil dólares, Peña Colorada busca construir una planta de filtrado que “incorporará nuevas tecnologías para realizar una mejor separación sólido-líquido de los jales, mediante un proceso de filtración, y así depositar jales con la menor humedad y poder recuperar agua, con menos partículas sólidas y en un menor tiempo”.

Así también se propone construir un bordillo protector “con el fin de asegurar la integridad y el bienestar de las personas que habitan en la comunidad de Paticajo, ante el acontecimiento de algún suceso imprevisto”.

Se estima un periodo de construcción de cinco años y una vida útil de 17 años, pero dada la naturaleza del proyecto y el mantenimiento que se dará a las instalaciones, la vida útil podría prolongarse.

La minera, que produce en esta zona 33% del hierro del país, aseguró que las inversiones orientadas a la instalación de tecnologías para reducir el porcentaje de agua en los jales depositados en la presa de jales “no significan un incremento en las toneladas de capacidad, ni representan mayor producción, pero sí están destinadas a proteger el medio ambiente y a hacer los procesos más eficientes y seguros”.

A través del estudio entregado a la Semarnat, la empresa de capital trasnacional –señalada de provocar daños ambientales en la vegetación y el agua de la Sierra de Manantlán– explicó que cuando los residuos son depositados de forma convencional en una presa de jales, el flujo de agua recuperada proviene únicamente del espejo de agua en el vaso de la presa.

Sin embargo, apuntó, a partir de 2019, con el inicio de operación de la planta de espesado de jales (planta de pastas), el volumen de agua enviada al vaso de la presa disminuyó de mil 750 m³/hr a 675 m³/hr, por lo que el volumen de agua restante (mil 075 m³/hr) fue recuperada de manera casi inmediata en los tanques de espesado de jales y enviada de regreso a la planta de beneficio.

Argumentó que derivado de los acontecimientos mundiales con las presas de jales, se busca constantemente la manera de prevenir algún suceso no deseado, por lo que uno de los principales objetivos de la unidad minera Peña Colorada es instalar nueva tecnología para disminuir aún más la humedad de los jales e incrementar el contenido de sólidos en un 80-85%.

 

Ver la nota completa en el enlace:

 

https://www.proceso.com.mx/636945/minera-pena-colorada-pide-autorizacion-a-semarnat-para-construir-planta-de-filtrado-en-minatitlan

 

El sector minero le impone agenda al gobierno

Red Mexicana de Afectados por la Minería

 

 

El martes 9 de junio en su conferencia matutina, el Presidente compartió que hay empresas mineras canadienses que no han pagado sus impuestos y, en lugar de pagar sus adeudos, ahora amenazan con demandar al estado mexicano en tribunales internacionales, al mismo tiempo que, un tanto candoroso, envió un exhorto al nuevo embajador de Canadá en México, el Sr. Graeme C. Clark, para que trate de “convencer a las empresas” de su país a pagar lo que deben.

 

En México la actividad minera es de las que más goza de privilegios y prerrogativas legales y fiscales, las cuales incluso llegan a la gratuidad para el libre saqueo de nuestros bienes naturales, por ejemplo, como sucede con el agua cuando encuentran yacimientos durante las excavaciones, o cero costos por el retiro de la cubierta vegetal con todo el daño al ecosistema que ello significa. Sin embargo, a pesar de su enorme capacidad de acumulación financiera por desposesión, no es la primera vez que las empresas mineras incumplen con lo poco que se les exige en impuestos, pago de licencias y tarifas de concesiones en este país, a cambio de todo el despojo y saqueo que realizan, sobre todo si consideramos que, con “dificultades”, aportan el 1% de los ingresos fiscales del país proviene de este sector. Aunque el Presidente no ha mencionado con nombre y apellido a las empresas mineras canadienses con adeudos fiscales, sabemos que en la auditoria de la federación sobre la cuenta pública de 2015, se encontraron 59 “presuntas evasoras fiscales” en el sector minero, en las que se incluye, por supuesto, tanto empresas privadas de mexicanos como de extranjeros, entre las que sobresalen varias canadienses. No obstante, y a pesar de la poca información proporcionada por el ejecutivo, es probable que, derivado de ese informe, sean esas u otras deudoras, de las más de 161 empresas mineras canadienses que el Servicio Geológico Mexicano identificó operando en el país hasta el 2018.

 

Llama la atención “la apertura conciliadora” presidencial para que las empresas extranjeras canadienses, utilizando al embajador –y hasta donde sabemos no a través del primer ministro canadiense-, logren cubrir el adeudo correspondiente, sobre todo si tomamos en cuenta que el procurador fiscal de la federación en México ha sido enfático en la estrategia de endurecimiento de penas por fraude fiscal que van implementando, misma que está dando buenos resultados contra los deudores.

 

Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), la falta de pericia, cantidad, calidad informativa mostrada por el ejecutivo sobre la temática minera, nuevamente nos deja muchas dudas sobre lo que pretende, porque en términos muy generales hay dos grandes rubros que en la práctica poco o nada tiene que ver uno con el otro, salvo que, en el camino, el gobierno impusiera una nueva tributación y con la cual el sector minero estuviera en discordancia o implicara, por ejemplo, una doble tributación para las empresas. De los dos grandes rubros el primero se refiere a la tributación interna para lo cual no necesita pedirle favores al gobierno canadiense, sino simplemente aplicar la ley y, la segunda, justo es el arbitraje internacional en donde las empresas tienen un gran margen de maniobra para someter a naciones enteras, por los también privilegios y prerrogativas legales, fiscales y laborales, entre otras, que han sido previamente definidas en los tratados comerciales. Ambas tienen repercusiones diametralmente diferentes y tal parece que las cifras mostradas por AMLO son utilizadas más con fines políticos para subsanar o maquillar la realidad financiera actual.

 

Un ejemplo sobre ese doble racero se muestra a continuación:

 

Mientras la administración de AMLO celebra los $30 mil millones de pesos (de un total de 50 mil millones), que han logrado recaudar de adeudos fiscales durante el último trimestre gracias al escrutinio público de una lista de empresas, pero sobre todo a la nueva estrategia del procurador fiscal de la federación, en contracorriente, México ya ha pagado $5.4 mil millones de pesos mexicanos a empresas privadas extranjeras en procesos de arbitraje internacional, pero además se tienen pendientes otros once procesos de arbitrajes, en los cuales las empresas están reclamando por lo menos $134 mil millones de pesos. Vale la pena destacar que, de estos, solamente una empresa minera estadounidense, Odyssey Marine Exploration, reclama casi $80 mil millones de pesos, simplemente por no haber logrado un permiso ambiental para poner en operación una mina de fosfatos en la bahía de Ulloa fuera de la costa de Baja California Sur, acto que por supuesto celebramos porque evitará impactos devastadores sobre la pesca y la vida por toda la costa de este estado. No obstante, aunque esta empresa no tenga éxito en su arbitraje o no gane el total de lo que espera, estos procesos de arbitraje internacional se manejan por reglas establecidas para favorecer las inversiones de las empresas. Basta mirar como el año pasado, un tribunal de arbitraje ordenó a Pakistán pagar $130 mil millones de pesos a dos empresas mineras.

 

Las cláusulas sobre Solución de Controversias entre Inversionista y Estado (SCIE)que se incluyen en Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y otros pactos, normas y contratos sobre inversiones, son las que les permite a los inversionistas evadir a los tribunales nacionales y presentar sus demandas ante el sistema de arbitraje supranacional. México fue uno de los primeros países en el mundo en exponerse a esta amenaza con la entrada en vigor del TLCAN (1994), bajo el cual, aún pueden amenazar y demandar al país por millones e incluso miles de millones de pesos cuando las cortes o agencias del gobierno toman decisiones que afectan sus inversiones. México ya es el sexto país más demandado en el mundo, de tal forma que la petición del presidente para que las empresas no vayan a los tribunales internacionales es totalmente superficial.

 

En el contexto del banderazo de arranque del renegociado tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá –T–MEC–, lo cual no sustituye ni elimina el resto de los demás tratados multilaterales y bilaterales que tiene vigente el país, por supuesto que preocupa y enoja que en todo el discurso “anti-neoliberal” del presidente, no haya condenado este tipo de tratados, ni la apertura a los arbitrajes como parte de la infraestructura básica del sistema neoliberal.

 

AMLO dice “…ya no hay influyentismo y grandes corporaciones están pagando. A eso se debe, que todos están cumpliendo con su responsabilidad”. Sin embargo, no está claro si este llamado de conciliación canadiense se refiere a lo que deben pagar las empresas al SAT, para lo cual no necesita más que aplicar la ley, o si se trata de otro tipo de presiones en donde alguna o varias empresas mineras canadienses, las cuales, furiosas por no haber sido consideradas como actividad esencial al inicio de los cierres económicos ante la pandemia del Covid-19, amenazan o desean canjear las pérdidas de los poco más de dos meses de inactividad, por una conmutación negociada sobre el pago de impuestos u otras contribuciones. No olvidemos que las empresas mineras canadienses controlan el 80% de la extracción minera de metales preciosos –uno de ellos, en particular el oro, desde el inicio de la pandemia ha tenido un repunte en el precio de forma muy significativa-. Tampoco sabemos si las presiones del sector minero canadiense, incluyendo la ejercida por los empresarios mineros mexicanos y consentidos de la presidencia, contribuyó a su inclusión en la lista de actividades esenciales a partir del 18 de mayo, lo cual todavía están por verse el tamaño de los efectos relacionados al Covid-19, ante una apertura totalmente precipitada, a pesar de las recientes cuentas alegres del todavía subsecretario de minería, el Sr Quiroga, quien salió en medios a decir que en ninguna empresa minera del país se han presentado brotes.

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/27/minera-en-guerrero-suma-51-casos-de-coronavirus-entre-sus-trabajadores/

 

Al final, es claro que sin o con influyentismo, este gobierno tendrá que enfrentar los estertores el sistema neoliberal, a partir de la fuerza y los intereses de las empresas que siempre han, están y parece seguirán estando por encima del bienestar de nuestros pueblos, al mismo tiempo que sería más que vergonzoso si la embajada respondiera de forma positiva a esta ambigua conciliación, y no a toda la serie de atrocidades que las empresas canadienses han realizado en el país, incluyendo asesinatos que, como en el caso de nuestro compañero Mariano Abarca, nos llevó a exigir en Canadá una investigación frente al gobierno canadiense, específicamente contra el cuerpo diplomático canadiense en México, por su omisión en los hechos, cuando pudo haber actuado al respecto para evitarlo.

 

Sr. presidente, no es suficiente salir en las mañaneras a decir verdades en contra de los exsecretarios de medio ambiente por los cobardes actos para la entrega y destrucción de los pueblos, de nuestro patrimonio y de los bienes naturales, menos aún sirve poner como ejemplo la desaparición de Cerro San Pedro en San Luís Potosí, si en su momento la secretaria Cordero anunció con bombo y platillos la continuidad de la destrucción en el municipio de Mazapil, Zacatecas, por parte de otra empresa minera estadunidense que recientemente adquirió el proyecto de la minera canadiense Goldcorp. El sector minero le impone agenda al gobierno y los dichos en la mañanera son insuficientes para mostrar que efectivamente se tiene un rumbo diferente. No hay tal, ni se circunscribe a la no entrega de más concesiones, porque con las que se han dado es suficiente para destruir al país y la política actual simplemente se niega a actuar en correspondencia a lo que sucede. Basta citar otro ejemplo; la dolosa actuación del legislativo, quienes, en manos de su operador principal, el Senador Monreal, prefirieron darles continuidad a los improperios ocasionados por el outsourcing, siendo este uno de los mecanismos para la generación de empleo más neoliberales que hay. La pregunta es; ¿le seguirá echando la culpa al pasado, sobre actos que están tanto en sus manos como en el resto de su gobierno para resolverlos?

 

En REMA no esperamos mucho de la embajada canadiense, dada la larguísima trayectoria de destrucción orquestada desde ese país para toda América latina, a partir de promover leyes, protocolos, estándares y tratados de libre comercio, entre otros aspectos, justamente para facilitar el Modelo Extractivo Minero, lo cual incluye la expansión de las operaciones de sus empresas mineras en todo México y alrededor del mundo, sin importarles absolutamente nada los grandes adeudos, no sólo económicos y fiscales, sino ecológicos, sociales y culturales que ocasionan.

 

En el contexto de la destrucción permanente ocasionada por la actividad minera, es irrisorio pensar en un protocolo para la atención de la salud relacionada con la pandemia, cuando todos los días del año la extracción minera genera daños multifactoriales, destruye y contamina fuentes de agua, expone a poblaciones enteras al polvo lleno de metales tóxicos, contamina las tierras y territorios para siempre, rompe el tejido social y aumenta la violencia. Todo eso con gel y cubre bocas ni se quita ni se detiene, menos aun entra en los cálculos como adeudos para la autoridad fiscal, porque si lo hicieran, no podrían cubrir toda la deuda ecológica y social acumulada por años de devastación.

 

ACABAR CON LA MINERÍA ES ACABAR CON EL EXTRACTIVISMO

LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FACILITAN EL EXTRACTIVISMO

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

 

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA.

Megaminería: “las normas están dirigidas a beneficiar a las empresas”

* El pasado 15 de junio la Plataforma América Latina Mejor realizó un conversatorio sobre el impacto ambiental que provocan los Tratados de Libre Comercio en torno a la megaminería.

 

Vivian Palmbaum

 

Los tratados de libre comercio entre los Estados y las empresas, además de la limitación de la soberanía, tienen como consecuencia un impacto ambiental. Así sucede con la megaminería. Nuestra región es un importante reservorio de recursos naturales, también lo han comprendido empresarios y corporaciones que buscan apropiarse de los territorios para extraer la máxima ganancia por su explotación. Frente a ello, los pueblos resisten y enfrentan estas iniciativas, incluso con algunas de las acciones han logrado detenerlas.

 

La megaminería, tratados de libre comercio, convenios y distintas formas de acuerdos con los Estados muestran una lógica perversa que no se detiene y que aprovecha hasta la pandemia para seguir haciendo negocios. Desde la Plataforma América Latina Mejor sin TLC se realizó un conversatorio donde participaron del encuentro el investigador Manuel Pérez Rocha del Instituto de Estudios Políticos (IPS) en Washington y miembro del consejo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC). José Bayardo Chato, abogado en derecho de los pueblos indígenas y miembro de Derechos Humanos y Medio Ambiente, en Dhuma Puno, Perú. Saul Zeballos miembro de la Asamblea Jachal No Se Toca, San Juan Argentina, y Vidalina Morales Presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) y representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador.

 

APUNTES PARA REFLEXIONAR

 

Los Tratados de Libre Comercio, TLC, son invisibilizados para las mayorías. Hay unos 3000 TLC y tratados bilaterales de inversión que en este momento están en vigencia en nuestra región. Los proyectos de la megaminería funcionan con cláusulas de protección a los inversionistas ¿Qué pasa cuando no se cumplen? abordado por el investigador Manuel Pérez Rocha.

 

Los TLC incluyen cláusulas de solución de controversias que “permiten a las empresas internacionales evadir a los tribunales locales y presentar sus demandas ante un sistema de arbitraje supranacional”. Hay una lógica invisibilizada que protege a inversionistas, “un sistema que opera por encima de los Estados y los gobiernos…Los Estados ceden su soberanía a estos tribunales. Los inversionistas extranjeros pueden demandar por miles de millones de dólares, en tribunales como el CIADI, el Centro Internacional de Disputas Internacionales, aunque hay otros.

 

Perez Rocha explicó de qué se trata: “estas demandas se realizan frente a un panel de tres abogados corporativos, que aunque no son tribunales formalmente constituidos, son tres abogados corporativos, altamente remunerados. Imaginen que ganan medio millón de dólares por caso”, que operan en secreto, sin testigos y mucho menos sin la presencia de las comunidades afectadas”. Y agregó “estos tribunales son una caricatura del sistema legal, con muy poco precedente y sin compromiso por la verdad y la justicia. Estos abogados solo se guían por las afectaciones de los Tratados de Libre Comercio y no hay consideración por las afectaciones ambientales o de derechos humanos”.

 

El investigador explicó su finalidad: “protegen a los inversionistas sobre medidas regulatorias que reduzcan el valor de su inversión, como resultado pueden demandar a los Estados por medidas de interés público que surjan de procesos democráticos y que afecten sus ganancias, no por lo que disminuyeron sino por lo que esperaban ganar. La mayoría de las empresas mineras demandan por lo que esperaban ganar, no es que ya estén instaladas y se hayan reducido sus ganancias sino a consecuencia de procesos de resistencia popular y el descredito, por ejemplo se reduce el valor de sus inversiones, entre la más desconocidas y otras cláusulas relevantes. Precisó que “las cláusulas de protección, le dan seguridad a las empresas inversoras, tanto que si los pueblos se levantan para resistir su instalación y el Estado no implementa la defensa de esos capitales también pueden demandar a los Estados”.

 

La pandemia parece ser también una oportunidad de negocios. La minería fue declarada una actividad esencial donde se “está arriesgando la vida de los trabajadores, y que también las empresas están considerando demandar a partir de esta crisis que no les permite operar y como están enfrentando cualquier medida de salud pública que les afecte sus ganancias esperadas”.

 

LA LUCHA DE LOS PUEBLOS

 

Saúl Zeballos de la Asamblea Jachal No Se Toca, provincia de San Juan, Argentina, relató la experiencia de organización frente a la primera explotación megaminera, Veladero, con uso de tóxicos, ubicada sobre la margen del rio Jachal.

 

Zeballos recordó la lógica que usaron las empresas para favorecer su instalación, con estudios de impacto ambiental que solamente se presentaron ante los funcionarios, sin audiencias públicas infringiendo así la Ley General de Ambiente de la provincia. “Tampoco Veladero cumplió, ni cumple, con el seguro de ambiente, incumple con la Ley de Glaciares en la Argentina, incumple con el Código de Minería, que establece que ante tres infracciones graves de un mismo establecimiento, la mina debe ser cerrada en forma definitiva. “Ya llevamos tres derrames constatados por las autoridades que no se hicieron presentes para hacer cumplir el Código de Minería”.

 

Recordó las recomendaciones del Banco Mundial que ya en 1991 exhortaban la instalación de industrias sucias en países menos desarrollados con salarios más bajos, porque el lucro cesante sería menor y donde la expectativa de vida es menor. “Así de cruel es el razonamiento de quienes dirigen el Banco Mundial …Entonces después de prestarle a la Argentina para hacer el relevamiento en todo el territorio nacional, un préstamo que luego Argentina tiene que devolver, el Banco Mundial sigue prestando, ahora que hay pasivos ambientales, para que otras empresas vengan a remediar lo que dejaron las compañías mineras”.

 

Precisó “cuando hay ganancias se privatizan las ganancias, pero cuando hay perdidas las socializamos entre todos, entonces los países subdesarrollados terminamos siendo aún más subdesarrollados porque nos endeudan y nos contaminan. Nosotros desde la Asamblea Jachal No Se Toca luchamos por defender la vida y sabemos que es una lucha muy desigual porque del otro lado está la irresponsable empresa canadiense Barrick Gold y su socia china Shandong Gold”.

 

Desde El Salvador, participó Vidalina Morales, luchadora social contra la megaminería. “La lucha contra la minería metálica se instala poco después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU, CAFTA, se inicia en el año 2004, con técnicos y científicos se hizo mucha concienciación en la población, participaron iglesias, organizaciones ambientalistas, hubo un entramado de organizaciones para defender nuestro territorio, El Salvador, de una amenaza”.

 

PRIMER PAÍS LIBRE DE MINERÍA

 

Vidalina relató que en El Salvador la minería no había sido una opción porque la fuente de subsistencia siempre fue “la agricultura en pequeño y nos preocupaba mucho que nos plantearan que la minería era un desarrollo para nuestro país”. Lucharon por una ley desde el 2004 hasta el 2016 en que se aprobó una ley. “El Salvador se ubica como primer país en el mundo libre de minería metálica. Era una lucha de David contra Goliat por la magnitud de estas empresas, que son capaces hasta de comprar voluntades. Asumimos una lucha para que El Salvador no pagara a Pacific Green y luego Ocean Gold”.

 

Una lógica perversa explicó: “las empresas como la Pacific Green, cuando demandó, ni siquiera El Salvador tenía un tratado de libre comercio con Canadá… tuvieron que abrir una subsidiaria en las islas Nevada en EEUU para ampararse desde allí al tratado de libre comercio entre EEUU y Centroamérica y pueda iniciar la demanda contra El Salvador.

 

Desde Puno, Perú, el abogado José Bayardo Chato, también habló sobre la lucha de los pueblos originarios cuyos derechos no son tomados en cuenta cuando se firman acuerdos entre las corporaciones y el Estado, “todas las políticas de Estado y las normas estaban dirigidas a consolidar este tipo de relaciones que van a beneficiar a las empresas”.

 

Hay todo un aparato que deja de lado a un protagonista que son los pueblos originarios. Todas las actividades extractivas se realizan en territorios de las comunidades campesinas. En esta parte de Perú, el sur andino, existe presencia de comunidades aymaras y quechuas…cuando los pueblos reaccionan contra estas actividades extractivas ahí es donde el estado transfiere la policía al servicio de los privados para controlar la zona”.

 

Bayardo precisó que las normas que dictan los estados están a favor del extractivismo, “se olvidan de la Resolución 169 de la OIT que es una norma de rango constitucional , que rige desde 1995 en nuestro país, y que señala que se debe consultar a los pueblos antes de implementar cualquier acción administrativa o legislativa que pueda perjudicarles. Bastaría con la implementación de este convenio para que se abra un diálogo antes de la concesión para el extractivismo. Los Tratados de Libre comercio no contemplan a las poblaciones campesinas que no son escuchadas”.

 

Esta publicación puede ser consultada en la siguiente liga: http://www.remamx.org/2020/06/megamineria-las-normas-estan-dirigidas-a-beneficiar-a-las-empresas/