Mientras EU presiona a México con maíz transgénico, fundación premia a organizaciones que resisten

 

Redacción Tlanesi

Mientras el gobierno de Estados Unidos presiona al de México por ejercer su derecho de no comprar ni consumir maíz transgénico, la fundación internacional Pax Natura, con sede en el país del norte, entregó el Premio Pax Natura 2023 a las organizaciones mexicanas que durante más de diez años han impedido la siembra de maíz genéticamente modificado.

Mercedes López Martínez, representante de la Colectividad en Defensa de los Maíces Nativos, comentó en entrevista que este reconocimiento, recibido el pasado lunes en la Ciudad de México, refuerza la lucha jurídica y social emprendida desde 2013 por ese organismo constituido por 22 organizaciones mexicanas.

Entre las razones por las que se entregó el premio al colectivo defensor del maíz, la fundación internacional resaltó “la extraordinaria organización que ha tenido el valor y la sabiduría de resistirse a los estragos de la agricultura industrial que degrada la tierra, destruye la biodiversidad y fomenta el aumento de las emisiones de carbono”.

López Martínez destacó el hecho de que a la ceremonia de premiación acudieron además personas de las comunidades indígenas de Estados Unidos a otorgarles varios premios simbólicos, también en reconocimiento de la defensa de la biodiversidad y de los maíces nativos.

Por su parte, Alfredo Álvarez Ramírez, fundador del Frente Colimense en Defensa del Maíz —uno de los grupos que forman parte de la Colectividad en Defensa de los maíces nativos— consideró que el premio de Pax Natura genera un precedente importante en el proceso de defensa de las demandas colectivas, pues ésta “es una de las primeras luchas que se dan en México en torno a la protección de los bienes comunes como es el maíz, un alimento sagrado”.

Álvarez Ramírez, actual diputado local por Morena en Colima, indicó que la experiencia de esta batalla en la defensa del maíz puede alentar nuevas luchas comunes por cuestiones colectivas haciendo uso del principio precautorio, un recurso jurídico que ha permitido a lo largo de diez años mantener la prohibición de la siembra del maíz transgénico mientras no se resuelva definitivamente el asunto.

En el ámbito internacional, luego de una serie de desacuerdos entre Estados Unidos y México, a raíz del decreto emitido en febrero pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para prohibir el uso de maíz transgénico en el país, el gobierno estadounidense anunció en agosto un panel de resolución de disputas en el marco del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC).

Según la Casa Blanca, en el tema del maíz transgénico el gobierno mexicano viola lo establecido en el capítulo agrícola del acuerdo comercial y su postura “no está sustentada en la ciencia”, pues “la biotecnología agrícola es segura rigurosa y encuadra en todos los sistemas regulatorios de salud y medioambiente”.

En relación con la sentencia emitida el pasado 29 de septiembre por el juez Víctor Miguel Bravo Melgoza, a favor de las demandas de las empresas trasnacionales para la siembra de maíz transgénico en el país, Mercedes López recordó que se interpuso una apelación de inmediato, por lo que sigue suspendida la siembra del maíz genéticamente modificado.

Señaló que el caso tendrá que ser resuelto por un tribunal de apelaciones y si éste no favorece la protección de los maíces nativos pedirán que el asunto sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con López Martínez, el fallo del juez fue sorpresivo para el colectivo porque cuando se entrevistaron con él les dijo que no iba a dar la resolución en septiembre, sino hasta octubre porque era un tema muy complejo y que no había tenido tiempo de estudiarlo.

Sin embargo, “nos dio la sorpresa cuando justo el Día Nacional del Maíz, el 29 de septiembre, salió la resolución y se ve que el juez falló estando de acuerdo con las empresas, no estudió el asunto a profundidad”, pero “tenemos toda la convicción de que vamos a ganar y vamos a poner en evidencia a este juez por no estudiar a fondo del asunto”.

 

                                                                         Alfredo Álvarez y Mercedes López

 

Autoridades indígenas denuncian penalmente a funcionarios por violar derechos humanos

                                                                                               Foto: ImeldaTax

 

Por Isela Espinoza

Alcaldes y autoridades indígenas de Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos continúan con su lucha en la defensa de la democracia y ahora lo elevan a los juzgados. Este martes 17 de octubre interpusieron una denuncia penal contra la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales Lazo, el juez séptimo Fredy Orellana, así como otros fiscales y funcionarios que han interferido “ilegalmente en el proceso electoral” por violaciones a los derechos humanos conforme el artículo 45 de la Constitución Política de la República.

Este artículo refiere que “la acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna. Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”.

La acción penal fue planteada en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, y también denuncia a los secretarios generales de los partidos políticos Cambio, Mi familia, Valor, Podemos, el oficialista Vamos, Creo, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Cabal y Azul “por interrumpir ilegalmente el proceso electoral a través de hechos falsos afectando los derechos civiles y políticos de los ciudadanos”.

Las autoridades indígenas señalan que Porras, Curruchiche, Monterroso, Morales y el juez Orellana han interferido y continúan haciéndolo de forma “abusiva e ilegalmente” en el actual proceso electoral que finaliza el próximo 31 de octubre.

Argumentan que dentro de los delitos que cometieron se encuentra abuso de poder por iniciar un proceso penal en contra del partido Movimiento Semilla sin fundamento legal y por la persecución penal contra funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En el documento que plantea la denuncia afirman que además de violar derechos civiles y políticos de la población también han “usurpado funciones exclusivas del Tribunal Supremo Electoral alterando la paz social, el orden constitucional e incluso actuando en abierta desobediencia de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia”.

Entre las solicitudes que plantean se encuentra que la investigación sea realizada por un agente fiscal especial escogido “entre abogados colegiados y sin tacha” para garantizar la independencia de la pesquisa.

La denuncia también plantea que Consuelo Porras ha violado los derechos de reunión, manifestación y la libertad de expresión de los guatemaltecos que han salido a las calles durante 16 días consecutivos inconformes por las acciones legales impulsadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que han judicializado el proceso electoral, desde el mes de julio pasado.

El derecho a la manifestación no solo está garantizado en la Constitución sino en otros instrumentos internacionales y que la fiscal general violó al interponer un amparo el 24 de agosto que, a través de afirmaciones falsas, se ordene el desalojo de los guatemaltecos que se encuentran en más de 20 puntos del país.

El memorial presentado por las autoridades indígenas finaliza con varias peticiones entre ellas: “que conforme al artículo 45 se ordene la inmediata aprehensión de todos los denunciados incluyendo a Porras y el juez Orellana”.

 

 

Organizaciones del FLEPS condenamos agresiones policiales contra la Comunidad Otomí y una periodista

                                                                                                        Foto: Artículo19

 

Organizaciones pertenecientes al Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social (FLEPS) condenamos los actos de represión a la manifestación pacífica y de abuso de la fuerza en contra de integrantes de la comunidad indígena Otomí, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el pasado 15 de Octubre, en la colonia Xoco, Coyoacán, CDMX. 

La comunidad Otomí mantenía el cierre de la avenida México-Coyoacán desde el pasado 11 de octubre, frente a la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores”, antes, las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en exigencia del derecho a una vivienda digna.

Desalojo con abuso de la fuerza

Entre la medianoche del 15 y las primeras horas de la madrugada del 16 de octubre, el gobierno de la Ciudad de México implementó un operativo policiaco de alrededor de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a bordo de 50 vehículos. Si bien, la SSC indicó que el repliegue policial fue exclusivamente para “liberar la vialidad”, representantes de la comunidad hicieron público que las fuerzas de seguridad intentaron ingresar y desalojarlos de la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores”.

Según la información documentada tanto presencialmente por organizaciones integrantes del FLEPS así como por fuentes públicas, esta intervención dejó a 7 personas lesionadas, entre ellas una menor de edad quien fue golpeada por 8 elementos de la policía. Aunque integrantes de la comunidad recibieron atención médica de urgencia por médicos solidarios, no se tiene documentado que se haya brindado apoyo médico a las y los manifestantes heridos por parte de las instituciones correspondientes. 

Asimismo, entre las 2:00 am y 3:00 am del 16 de octubre las organizaciones de derechos humanos y periodistas presentes documentaron la llegada de un grupo de sujetos desconocidos que además de amenazar a las y los integrantes de la comunidad presente, efectuaron 3 detonaciones de arma de fuego.

Agresión a periodista

Una de las periodistas presentes, cuyo nombre se reserva por seguridad, fue víctima de lesiones físicas en su rodilla y su brazo por una decena de elementos de la SSC. Según el testimonio de la periodista en entrevista con organizaciones integrantes del FLEPS: “Me rodearon, me jalaron, me tiraron al piso. Yo uso casco en coberturas de protesta, y aún así sentí que hubo golpes a mi cabeza mientras les escuchaba decir ´agárrala, ya la tenemos´.” 

La periodista tuvo que gritar que era prensa en múltiples ocasiones para ser escuchada por los elementos de la policía, y aunque redujo los golpes le intentaron arrebatar su cámara y su celular; finalmente lograron remover el lente a su cámara. Según el relato de la periodista, tuvo que llegar uno de los integrantes de la comunidad, quien también fue golpeado al momento de apoyarla, para rescatarla de los golpes. 

Llamado del FLEPS a las autoridades

Es motivo de alarma para las organizaciones integrantes del FLEPS que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México hayan omitido la aplicación del Acuerdo para la Actuación Policial en la Prevención de Violencias y Actos que Transgreden el Ejercicio de Derechos Durante la Atención a Manifestaciones y Reuniones de la Ciudad de México, particularmente violentando los principios sobre intervención y uso de la fuerza. 

La comunidad Otomí mantiene una exigencia desde hace tres años, para acceder a su derecho a la vivienda como pueblo originario y por el derecho a habitar en la ciudad de una manera digna, integral y con enfoque intercultural. En este sentido, el derecho a la protesta, así como los derechos de reunión y a la libertad de expresión, son vehículos de exigencia para comunidades que han sido históricamente vulneradas e ignoradas en sus peticiones por las autoridades, por lo que es obligación de éstas el respetar sus derechos.

En vista de lo anterior, las organizaciones integrantes del FLEPS: 

  • Exigimos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, iniciar una investigación diligente y expedita sobre los hechos ocurridos.
  • Urgimos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México abrir una queja de oficio sobre las violaciones a los derechos humanos de la comunidad Otomí y de las personas periodistas presentes.
  • Llamamos a las autoridades de la Ciudad de México a utilizar los protocolos y normativas aplicables sobre desalojos, uso de la fuerza y ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones en operativos de seguridad futuros.
  • Finalmente, hacemos un llamado enérgico a abrir los canales de diálogo para atender las exigencias y a respetar el derecho a la protesta, libertad de expresión y de reunión y organización.

 

Frente por la Libertad de Expresión y la protesta Social (FLEPS): ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.

 

 

La justicia comunitaria entre los pueblos combativos de Guerrero

                                                                                                    Foto: Tlachinollan

 

La justicia comunitaria entre los pueblos combativos de Guerrero

 

En Memoria de Ranferi Hernández, Roció Mesino y Arnulfo Cerón:

Ilustres defensores comunitarios.

Luces que guían el caminar

del pueblo combativo de Guerrero

 

Guerrero es un estado reconocido a nivel internacional como un pueblo bravío, donde nacen mujeres y hombres trabajadores, empeñosos, generosos, solidarios y dispuestos a dar la vida para hacer de nuestro país una nación independiente y soberana. Decididos a dar la batalla contra los colonizadores y pelear contra las cadenas del oprobio. Es un pueblo culto, cimentado en la diversidad lingüística y cultural. Una tierra encantadora donde florecen las bellas artes y las grandes obras desde la época prehispánica hasta en la actualidad. Guerrero es un terruño de grandes estadistas y forjadores de un estado laico cimentado en los derechos humanos.

Proliferan hombres y mujeres ilustres, no solo por su aportación política, literaria y cultural, sino por su entrega a la lucha por la independencia y la cusa revolucionaria. Hombres y mujeres que fueron obligados a tomar las armas para declararle la guerra a los colonizadores y terratenientes, quienes de manera bárbara destruyeron las civilizaciones prehispánicas y saquearon las riquezas de los pueblos. La población nativa peleó en las serranías y las Montañas en esta cordillera abrupta para abolir la esclavitud y defender los derechos del pobre. Resistieron las embestidas del ejército imperial y doblegaron el yugo de los explotadores.

Los pueblos campesinos del centro, de la norte y de la tierra caliente lucharon contra los acaparadores de tierras y contra los usureros. Por su parte, la población afro de la Costa Chica y los pueblos indígenas de la Montaña baja y alta se rebelaron contra los caciques y patrones que ocupaban sus tierras. Al costo de muchas vidas vencieron a los potentados del régimen porfirista y recuperaron sus territorios ancestrales. A lo largo de los siglos los pueblos de Guerrero se mantienen en pie de lucha, para proteger su patrimonio y defender comunitariamente sus derechos.

En 1990, en América Latina y en nuestro país emergió un movimiento de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Recuperaron su voz y tomaron las carreteras y avenidas para increpar a los políticos mercenarios y racistas y espetarles que nunca más existiría un México sin los pueblos indígenas siendo ciudadanos de segunda. Reclamaron su lugar en la república y en la constitución como sujetos de derecho público. Su lucha principal es el reconocimiento de su derecho a la libre determinación. Los pueblos tienen un rumbo bien trazado, ser partícipes en igualdad de derechos en la toma de decisiones políticas a nivel nacional y estatal. Tienen claro que son ellos quienes van a forjar su destino como pueblos, sin injerencia ni manipulaciones de los caciques ni de los gobernantes usureros y traidores.

En esta oleada de reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas emergió con gran pujanza la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Los pueblos de la Costa Montaña la crearon, a partir de los problemas crecientes de la inseguridad y la violencia delincuencial. El gobierno estatal no le interesó atender, siempre simuló y engañó a los comisarios. Ante tanta burla los pueblos fueron los que tomaron en sus manos está difícil tarea de garantizar la vida y la seguridad de la gente de las comunidades. Rescataron sus costumbres jurídicas que son leyes comunitarias, recuperaron sus sistemas normativos e impulsaron la organización comunitaria. Su sistema de justicia comunitaria, tiene como sustento las asambleas regionales y comunitarias de donde emanan las normas y directrices que cumplen a cabalidad los coordinadores y coordinadoras de la CRAC-PC y demás autoridades. Con esta gran tarea a cuestas la policía comunitaria ha logrado abatir los altos índices de criminalidad que existían en la región y ser una experiencia exitosa de lo que significa servir y defender los derechos del pueblo.

Este sábado y domingo en la comunidad de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa las casas de justicia de Espino Blanco y El Paraíso celebraron los 28 años de creación de la CRAC-PC. A pesar de los golpeteos de los diferentes gobiernos, el sistema de justicia comunitaria sigue siendo la luz en los senderos más escabrosos de esta escarpada Montaña y en los intrincados caminos de la Costa Chica.

En este aniversario los coordinadores de la CRAC-PC, resaltaron las intenciones del gobierno del estado de querer dividirlos, sin embargo, las comunidades han tenido la capacidad para dialogar y dirimir sus diferencias de manera pacífica. Lo que más les preocupa es la violencia creciente de la delincuencia organizada que se ha enquistado en algunas comunidades, donde hay varios casos de personas desaparecidas y asesinadas.

El día sábado se instalaron cuatro mesas: la primera sobre los derechos de los pueblos indígenas y la libre determinación; la segunda sobre la defensa de la tierra y el territorio; la tercera sobre la participación y representación política de la población indígena y la cuarta mesa trató el tema de la participación e impartición de justicia de las mujeres en el sistema comunitario.

Ante la negativa del Congreso local de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, en asamblea se aprobó la propuesta de realizar una movilización el próximo 30 de noviembre en Chilpancingo, para que se aprueben las reformas correspondientes a la ley 701 y  a la constitución del estado para el reconocimiento a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afros. En este mismo sentido se aprobó la conformación de un movimiento social para la creación de nuevos municipios indígenas y afromexicanos.

En la mesa de la defensa del territorio acordaron trabajar en asambleas los estatutos comunales y reglamentos ejidales en los núcleos agrarios que pertenecen al sistema comunitario de la CRAC-PC. Este instrumento normativo debe incluir un capítulo especial para prohibir la realización de actividades mineras dentro de sus territorios. También se propuso que los gobiernos municipales realicen reuniones de cabildo para que no otorguen permisos de cambio de uso de suelo que incentiven las actividades mineras. Resaltaron la importancia de promover campañas en las comunidades para impulsar la defensa del territorio y el cuidado de los bienes naturales como lo promueve el Consejo regional de autoridades agrarias en defensa del territorio (Craadet). Lo más importante de esta lucha es que quede establecido en la constitución federal y local que los pueblos indígenas son dueños y propietarios ancestrales de sus tierras, territorios y bienes naturales.

En la mesa de participación y representación política se abordaron los temas de autogobierno y los presupuestos públicos para las comunidades indígenas. La mesa estuvo enfocada en la libre determinación, la autonomía y la autogestión. Son derechos colectivos que tienen como pueblos desde antes de la colonización. Los asistentes hicieron un llamado al Congreso del estado para que apruebe la reforma constitucional elaborada por las mismas comunidades. Se propone presentar esta iniciativa  por parte de un diputado de la región y que ese día se haga una movilización, en coordinación con las cinco casas de justicia. Reiteraron que se reconozca a nivel federal y local su derecho al autogobierno en la constitución federal y estatal que garantice a los pueblos su formas propias de gobierno.

La mesa de los problemas y desafíos en la participación e impartición de justicia de las mujeres en el sistema comunitario, se acordaron acciones comunitarias para prevenir y erradicar la venta de niñas y mujeres. Un tema central que deben ayudar los coordinadores y coordinadoras es evitar los matrimonios forzosos en las comunidades que pertenecen al sistema de justicia comunitario. Varias compañeras de comunidades hablaron de la violencia que padecen dentro de sus hogares y que las autoridades que son hombres, en lugar de protegerlas las castigan con cárcel o las obligan a regresar con su pareja. Comentaron que por el machismo que persiste en las comunidades a las mujeres se les relega en la toma de decisiones en asuntos que les afectan. También los cargos que les asignan son como castigo por atreverse a defender sus derechos. Demandan su participación en los cargos comunitarios sobre todo como comisarias, delegadas o presidentas del comisariado de bienes comunales para que reivindiquen sus derechos y se les reconozca como personas con los mismos derechos.

Este domingo, en la calle principal de Totomixtlahuaca, los grupos de la comunitaria realizaron su desfile desde la colonia Las Palmas a la comisaría de la comunidad. Marcharon para recordar la lucha contra la violencia. Dos bandas de viento acompañaban a una mojiganga que iba al frente del cortejo. Asistieron 80 comunidades de las casas de Justicia de Espino Blanco y El Paraíso y participaron más de mil 500 personas.

En la reunión plenaria el compañero Vidulfo llamó a impulsar la organización de las comunidades para que no sean vasallos de una clase política depredadora.

Remarcó que como pueblos indígenas y Afro se tiene que ser gobierno. La ley del mestizo dice que sólo podemos participar a través de los partidos políticos, pero éstos ya tienen a sus candidatos, no van a venir a consultar a la asamblea del pueblo, ni van a venir a preguntar a quién queremos que sea el que nos represente en el municipio, en el congreso o en el senado. Ya están sus candidatos allá y ni los conocemos, ni sabemos. Tampoco se han parado en este lugar. Pero van a venir a pedir el voto y nosotros vamos a votar por ellos.

No nos conformemos con los programas sociales. Los programas sociales así nos van a mantener, extendiendo la mano como limosneros del gobierno, de los que tienen poder. Es necesario que luchemos para que en la Constitución queden reconocidos nuestros derechos, para tener nuestros tribunales indígenas, nuestro sistema de seguridad y justicia de la CRAC que le demos fuerza, que tengan el nivel de una jurisdicción, para que no nos vean como ciudadanos de segunda.

 

 

Continúa paro nacional en Guatemala ante la ausencia de Consuelo Porras

                                                                                                    Foto: PrensaComunitaria

 

Por Shirlie Rodriguez

Este lunes 16 de octubre se cumplen dos semanas desde que se iniciaron las movilizaciones en distintos puntos del país para exigir la renuncia de la fiscal general de Ministerio Público. A pesar de la exigencia y el clamor popular, el gobierno de Alejandro Giammattei ha ignorado la petición y a criminalizar las manifestaciones.

Miles de personas continuaron este fin de semana movilizados en distintos territorios del país para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, de Rafael Curruchiche, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la del juez Fredy Orellana, por ser los principales actores del intento de golpe a la democracia del país.

El paro nacional, considerado como un hecho social y político sin precedentes, se ha fortalecido con el apoyo de más población que se une a tomar las calles, carreteras, ingresos y salidas de los municipios, para expresar su hartazgo hacia la corrupción y en defensa de la democracia.

El repudio y rechazo de la ciudadanía al gobierno de Alejandro Giammattei también se hace evidente en el país al momento en que exigen también su renuncia, porque, dicen, ha ignorado la petición popular de destituir a la fiscal general Porras.

En Antigua Guatemala, incluso este sábado 14 de octubre por la mañana, un grupo de personas llegó a expresar su rechazado a Miguel Martínez y a su familia, durante una actividad religiosa en la iglesia La Merced, en Antigua Guatemala. El exdirector del desaparecido Centro de Gobierno es visto como uno de los responsables de actos de corrupción en el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

Por su parte, las autoridades ancestrales e indígenas indicaron que el gobierno utiliza una estrategia de criminalizar las manifestaciones, que por 15 días se han desarrollado de forma pacífica, y ante ello anunciaron que se separan de los señalamientos del mandatario.

La Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán mantiene su reivindicación de continuar las movilizaciones y los puntos tomados hasta que Consuelo Porras y los demás funcionarios renuncien a sus cargos, porque son ellos, añadieron, quienes continuarán con la persecución penal y judicialización del proceso electoral y del partido Movimiento Semilla que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia para el periodo 2024-2028.

En algunos puntos del país se retiraron las tomas en las carreteras. Las autoridades comunitarias en Quetzaltenango decidieron, durante este fin de semana, abrir los ingresos al municipio, que fueron tomados por transportistas en apoyo a la movilización territorial encabezada por autoridades indígenas y en demanda de que los funcionarios señalados de pertenecer a un red de corrupción renuncien.

“Hay desgaste y retardo del presidente Alejandro Giammattei para darle solución a nuestros planteamientos. Hacemos de conocimiento que en ningún momento hemos claudicado y seguimos más comprometidos que nunca hasta lograr nuestros objetivos”, dijeron las autoridades indígenas de La Esperanza, San Juan Ostuncalco y municipios que colindan entre Quetzaltenango y San Marcos. Se espera que las próximas horas se anuncien más acciones de protesta.

Para este lunes 16 se espera que nuevamente se refuercen las protestas en todo el país. 

Consuelo Porras sin aparecer a la luz pública

La fiscal general sigue sin aparecer públicamente desde el pasado lunes 9 de octubre, cuando se publicó un video en las redes sociales del Ministerio Público en el que criminalizó las manifestaciones ciudadanas pacíficas que exigían su renuncia.

Desde entonces, y a pesar de la petición de la prensa para que se pronuncie, las respuestas del departamento de comunicación se reducen a indicar que cuando se tengan previstas las declaraciones se convocará.

En ese contexto, el abogado Rafael Maldonado planteó un recurso de exhibición personal para Porras desde el 8 de octubre y hasta ahora el juez competente no ha dado respuesta.

Porras tampoco ha tenido acercamiento con las autoridades ancestrales e indígenas, quienes se encuentran frente la sede central de Ministerio Publico, para realizar acciones legales que impidan el golpe a la democracia que pretenden hacer al judicializar el evento electoral.

Al consultar al departamento de comunicación social del MP sobre la fiscal general Porras, no hubo respuesta de los encargados del grupo de Whatsapp.

Por ahora la ciudadanía en todo el territorio nacional plantea la misma consigna: continuar manifestando hasta que renuncien.

En Cuatro Caminos y demás territorios de Totonicapán están esperando una respuesta del gobierno de Giammattei. La protesta pacífica continúa y se demuestra a través de presentaciones artísticas y con la llegada constante de más sectores y comunidades para apoyar a quienes llevan 15 días en estos puntos.