Convocan a marcha para exigir justicia para Perla Julissa

 

COLIMA, Col.- Bajo el lema “¡No murió, la asesinaron!”, usuarios de las redes sociales convocaron a una marcha para exigir justicia para Perla Julissa, la adolescente de 15 años que fue encontrada muerta la mañana del pasado jueves 6 en el interior de una casa incendiada en la colonia Alta Villa del municipio de Villa de Álvarez.

El contingente se reunirá este lunes 10 de mayo a las 06:00 de la tarde en el jardín principal de La Villa, frente a la Presidencia Municipal, de donde los manifestantes partirán rumbo a la casa en donde la menor fue privada de la vida, en la calle Estado de México.

Pese a que ya transcurrieron casi cuatro días de los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha guardado silencio al respecto. Al principio se manejó públicamente que la muerte de Perla Julissa fue causada por el siniestro, pero después circularon en las redes sociales versiones en el sentido de que antes fue asesinada y provocado el incendio para tratar de borrar evidencias del hecho.

De manera extraoficial se pudo saber que el cuerpo de la adolescente presentaba diversas huellas de heridas con arma blanca, por lo que la FGE abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

El sospechoso del asesinato es un joven de 16 años de edad, quien de acuerdo con algunos testimonios era exnovio o el “mejor amigo” de la víctima y pudo haber cometido el delito en compañía de alguien más.

Según información difundida por algunas de sus amistades, Perla Julissa cursaba el nivel secundaria en una escuela de Villa de Álvarez, misma en la que también estudiaba su presunto asesino.

El incendio de la casa, ubicada en la calle Estado de México, fue reportado por vecinos alrededor de las 06:30 horas y fue sofocado por personal de la Dirección de Protección Civil y elementos del Cuerpo de Bomberos de Villa de Álvarez.

El suceso causó indignación en las redes sociales, donde a través del hashtag #JusticiaParaJulissa surgieron exigencias para que las autoridades castiguen al o los responsables del feminicidio.

 

 

Por tercera vez, Canoas impide entrada a la minería; Semarnat rechazó el proyecto Rufus 5

 

COLIMA, Col.- Por tercera ocasión en ocho años, la comunidad indígena de Canoas logró impedir la entrada de la minería a su territorio, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización del proyecto Rufus 5, promovido por la empresa de capital canadiense Hematite S.A. de C.V.

En julio de 2020 la minera había interpuesto ante la dependencia federal el proyecto de extracción de hierro con la solicitud de autorización ambiental, pero después de casi diez meses la resolución fue emitida en sentido desfavorable para la empresa.

A lo largo del periodo de evaluación, la comunidad de Canoas encabezó manifestaciones en contra del proyecto, con el argumento de que la actividad minera contaminaría los afluentes del Río El Cacao, del que se abastecen de agua seis poblados enclavados en esa zona.

Conforme al proyecto, Hematite pretendía obtener más de dos millones de metros cúbicos de mineral de hierro, a lo largo de un periodo de explotación de 16 años, en una superficie de cerca de 30 hectáreas de terreno.

La Semarnat sustentó su negativa a autorizar el proyecto en diversas razones, entre ellas por considerarlo incongruente con las políticas y criterios establecidos en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Colima y el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial local del Territorio de Manzanillo.

Sobre la afectación de los cuerpos de agua de la región y sus zonas federales, la dependencia indicó que en el proyecto no se consideraron las recomendaciones y conclusiones del estudio hidráulico.

 

 

A la vez, determinó que las especies de flora registradas en el sitio del proyecto son confusas en su identificación y para su reincorporación al ecosistema no se analizaron los requerimientos de reproducción.

En lo relacionado con la fauna, mencionó que si bien se incrementaron los muestreos no se analizó el criterio de excepcionalidad para la biodiversidad con estos nuevos datos, además de que la propuesta de restauración del área de explotación plantea especies que no están presentes de manera natural en el área y que, para su establecimiento, requiere de condiciones ambientales que difícilmente podrán darse en las etapas iniciales de restauración.

Otro aspecto cuestionable para la institución ambiental fue el que se refiere a la ruta de acceso al sitio de la pretendida mina, pues “no hay certeza en la servidumbre de paso y la superficie que pudiera requerirse para el acceso a la mina; en consecuencia, se carece de información que garantice que la ejecución del proyecto se llevará a cabo protegiendo el ambiente y preservando y restaurando el ecosistema”.

En los años 2013 y 2014, la población de Canoas logró detener dos proyectos mineros también de hierro, el primero de ellos sobre el lote Eva, que ya tenía autorización ambiental de la Semarnat, pero los lugareños se declararon por primera vez “territorio libre de minería” y cerraron el paso a los camiones de la empresa, al tiempo que denunciaron daños ambientales por una tala no autorizada.

El segundo caso fue el de un proyecto que una pequeña minera pretendía desarrollar en el predio Tinajas, pero cuando el representante acudió a finales de 2014 a exponerlo ante la asamblea ejidal, obtuvo una negativa como respuesta y ya no insistió.

Al frente de la lucha contra la autorización del proyecto minero Rufus 5, desde agosto de 2020, estuvieron el presidente del Comisariado Ejidal, Raymundo Campos; la secretaría de la mesa directiva, Salud Valencia; y el tesorero, Manuel Rodríguez, así como la comisaria municipal, Lourdes Figueroa, con el apoyo de organizaciones sociales como el Frente en Defensa del Maíz Colima, Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR), Verde Colima y el Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ).

Una de las acciones realizadas fue el envío de un oficio al presidente Andrés Manuel López Obrador, firmado por la mesa directiva del ejido y la Comisaría Municipal, para pedirle al mandatario su intervención para detener el proyecto.

“Apelamos a lo que usted siempre ha dicho, que no se autorizan nuevos proyectos. Solicitamos su apoyo para echar abajo Rufus 5 y cualquier otro proyecto minero en el ejido”. 

 

 

Si se permite la actividad minera en esta zona, advirtieron, “tendríamos una contaminación catastrófica e irreversible, ya que el proyecto está en los afluentes del río El Cacao, que nos surte de agua potable a la comunidad y ejidos aledaños: desde Canoas, Puertecito de Lajas, Llano de la Marina, Ciruelito, Cedros, Lomas de Ávila Camacho y Paticajo, que viven de la agricultura, ganadería y cafeticultura”.

Durante el proceso de evaluación, el Ayuntamiento de Manzanillo se pronunció a favor de la comunidad y emitió su opinión técnica desfavorable al proyecto minero.

La alcaldesa manzanillense, Griselda Martínez Martínez, señaló entonces que además de vigilar el cumplimiento de las leyes y ordenamientos en materia ambiental, su administración apoyaría la decisión de la comunidad de Canoas, que no estaba de acuerdo con la explotación de una mina en su territorio.

“Esta comunidad tiene agua muy limpia, de la más pura que hay en el municipio, y con la minería van a contaminarla”, indicó la presidenta municipal.

En la opinión técnica expresada ante la Semarnat y el Consejo Estatal Forestal, el ayuntamiento porteño hizo notar que en los tres ordenamientos vinculables (general del territorio, del estado y local) se promueve la protección, preservación y restauración de la región destinada al proyecto, por lo que “la minería es un uso incompatible para ese territorio”.

Además, el ayuntamiento manzanillense señaló que “de acuerdo a una revisión de los perfiles de pendiente, la zona a explotar forma parte de la zona cerril que alimenta al río de Canoas, el cual ya ha presentado afectaciones de lodos y aportes sedimentarios por un proyecto minero que pretendió realizarse en predio adjunto al que se presenta actualmente”.

La argumentación del municipio fue uno de los soportes que sirvieron de base a la Semarnat para negar la autorización.

 

 

 

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El operativo policiaco contra trabajadores universitarios, el Día del Trabajo de hace 7 años

 

El 1 de mayo de 2014, a dos días del inicio de la huelga de hambre de siete académicos de la Universidad de Colima en demanda de transparencia en el manejo del Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap) de esa institución educativa, trabajadores universitarios que se encontraban apoyando el movimiento fueron replegados por agentes policiacos mientras desfilaba el contingente oficial del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), encabezado por la parte patronal: el entonces rector de la casa de estudios, José Eduardo Hernández Nava.

En conmemoración de ese acontecimiento, Tlanesi reproduce la nota publicada en su momento por el reportero Pedro Zamora Briseño.

 

A EMPELLONES, POLICÍAS REPLIEGAN A UNIVERSITARIOS COLIMENSES EN EL DESFILE DEL DÍA DEL TRABAJO

 

COLIMA, Col., 1 de mayo de 2014.- Casi al final del desfile del Día del Trabajo en esta ciudad, se generó una trifulca entre policías de corporaciones estatales y trabajadores de la Universidad de Colima, quienes protestaban por la falta de transparencia en el manejo del fondo de pensiones de la institución educativa.

Los hechos ocurrieron afuera del Palacio de Gobierno, cuando desfilaba el contingente oficial del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC) —encabezado por el rector, José Eduardo Hernández Nava, y el dirigente sindical, Luis Enrique Zamorano Manríquez— mientras que los agentes, uniformados unos y otros vestidos de civil, replegaron a empellones al grupo de universitarios disidentes, que a un costado de la calle coreaban sus demandas.

Esta situación provocó una gresca junto al campamento en donde los inconformes mantienen un plantón y siete miembros del SUTUC se encuentran, desde el martes 29, en huelga de hambre.

Mientras esto ocurría en la calle, en gobernador Mario Anguiano Moreno se encontraba en el balcón central del Palacio de Gobierno, desde donde volteaba la mirada hacia otro lado y sonriente saludaba al contingente universitario.

Desde temprano, se habían generado algunos conatos de enfrentamiento en el lugar, sobre todo cuando llegaron agentes de la Policía Estatal y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a formar vallas para encerrar a los manifestantes, pero éstos protestaron y exigieron el retiro de los elementos, algunos de ellos armados.

Ante el calentamiento de los ánimos, se presentaron por separado el general Raúl Pinedo Dávila, secretario de Seguridad Pública, y Alejandro Guerrero, funcionario de la PGJE, quienes tras discutir con los plantonistas para que permitieran la valla policiaca, se retiraron.

Encabezados por el depuesto secretario general del SUTUC, Leonardo Gutiérrez Chávez —uno de los huelguistas de hambre—, los trabajadores universitarios inconformes portaban un ataúd con la leyenda “Aquí yace la justicia laboral”, en alusión a la destitución de su líder, que según denunciaron fue resultado de un contubernio entre la rectoría y el gobierno del estado a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para tratar de apagar el movimiento por la claridad del fondo de pensiones.

Además de Gutiérrez, se encuentran en huelga de hambre los profesores investigadores José de Jesús Lara Chávez, Carlos Lezama Cervantes, Javier Herrera Báez, Pedro Vidrio Pulido, Herminio López Ramírez y Jesús Ponce Ochoa.

Al final del desfile, Leonardo Gutiérrez anunció que el ayuno continuará hasta que haya respuesta a las demandas de cumplimiento de un acuerdo firmado hace más de un año, con el gobernador como testigo, mediante el cual el rector se comprometió a respetar el reglamento y el contrato colectivo en el manejo de los recursos del Fosap, sin embargo hasta la fecha el dinero se ha seguido manejando de manera unilateral.

Además, exigió el cese al hostigamiento contra los trabajadores universitarios y a la intromisión en los asuntos sindicales, entre otras cosas.

Lamentó que durante el desfile el gobierno estatal haya usado en contra los trabajadores inconformes a sus policías y la rectoría a sus “guardias blancas”, quienes “vinieron a provocar, a poner no una sola valla, sino que en algunos casos eran hasta tres vallas con el propósito de provocar a los compañeros trabajadores para que esto se saliera del orden”.

Gutiérrez Chávez añadió: “Qué bueno que esto no pasó a mayores, pero a nosotros nos deja un mal sabor de boca, porque consideramos que fue una represión por el intento de provocación para que los compañeros no se pudieran manifestar”.

De acuerdo con el dirigente estatal de Morena, Vladimir Parra Barragán —quien junto con un grupo de militantes apoyó a los trabajadores universitarios—, el grupo de guardias de la Universidad de Colima era encabezado por Bernardino Cortés Campos, coordinador de Protección Civil de la institución educativa.

El gobierno del estado, en su boletín oficial sobre el desfile, no mencionó el incidente, mientras que fue reiterativo en señalar que el evento se llevó a cabo en forma “pacífica”, y refirió que fue el contingente de la Universidad de Colima, encabezado por el rector Eduardo Hernández Nava, “el más numeroso y vistoso”.

Según el comunicado, “los contingentes integrados por la clase trabajadora de la entidad, portaron pancartas de agradecimiento al mandatario estatal” y “al pasar frente al palco principal de Palacio de Gobierno, lugar donde el mandatario presenció el desfile, los contingentes dieron muestras de apoyo y respaldo al gobierno anguianista ”.

El rector Hernández Nava, mientras tanto, dijo ser respetuoso de las manifestaciones y señaló que a pesar de "las provocaciones" de los trabajadores disidentes, los integrantes del contingente universitario oficial no respondieron y "se mostró la unidad de la clase trabajadora universitaria".

 

Convocan familiares a pega de calcas por los desaparecidos



La Red Desaparecidos en Colima A. C. convocó a la ciudadanía a participar en la pega de calcas "Te cambio mi voto por un desaparecido", el 30 de abril del año en curso a partir de las 6 de la tarde en el crucero de Camino Real y Felipe Sevilla del Río.
En el comunicado que fue compartido en facebook la Red manifestó que la finalidad de esta actividad es visualizar el grave problema de las desapariciones que ocurren en el estado de Colima y que ahora que estamos a la mitad de las campañas políticas es un tema ignorado y que hasta el momento ningún aspirante se ha pronunciado al respecto.
También manifestaron que desde que iniciaron las campañas en el mes de marzo hasta el día de hoy se han registrado 29 desapariciones, por lo tanto piden a la sociedad que no dejen que el ruido de las campañas y el silencio de las candidatas y candidatos los desaparezcan por partida doble.
La Red aprovechó para invitar a familiares de personas desaparecidas para que asistan con fotografías y ayudar a sensibilizar a la sociedad sobre este grave problema.

 

 

 

 

Estudiantes, a punto de ganar juicios de amparo contra cuotas en la Ucol

 

Veintiocho estudiantes han obtenido suspensiones judiciales dentro de los juicios de amparo promovidos por el Colectivo de Resistencia Estudiantil (Core), contra el cobro de cuotas o aranceles al alumnado de la Universidad de Colima, informó el abogado Octavio Muñoz Mendoza, representante legal de los quejosos.

Explicó que 17 de las suspensiones son de carácter provisional y 11 son definitivas, de un total de 30 que han sido admitidas hasta ahora por los tres juzgados de distrito que funcionan en Colima.

En rueda de prensa ofrecida de manera virtual junto con integrantes del Core, Muñoz Mendoza dijo que existen amplias posibilidades de que las sentencias finales sean favorables a los estudiantes que luchan por hacer efectivo el derecho constitucional a una educación gratuita, pues ya se conocen resoluciones positivas en casos similares atendidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por juzgados federales de San Luis Potosí y Chiapas.

Los juicios de amparo forman parte de la campaña “Por un derecho a la educación media superior y superior gratuitas”, implementada por el Core en febrero pasado, después de que el rector de la Ucol, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño se negó a atender la petición de que durante la pandemia se condonara a los estudiantes el pago de cuotas por uso de talleres y laboratorios, que permanecen cerrados.

Al respecto, representantes del Core informaron en la rueda de prensa que continuarán promoviendo entre la comunidad estudiantil la presentación de demandas de amparo para hacer una realidad el derecho a una educación gratuita en todos los niveles.

El abogado Octavio Muñoz dijo que las demandas de amparo están fundadas en la reforma del Artículo Tercero de la Constitución General de la República, que señala como obligatoria la educación superior y que toda la educación impartida por éste ha de ser gratuita.

“La reforma —añadió— es forzosa para todos los órganos de gobierno, autónomos o no, desde el 16 de mayo de 2019, día siguiente en que se publicó ese decreto de reforma al tercero artículo constitucional en el Diario Oficial de la Federación, por tanto, es hoy en día, obligatoria para la Universidad de Colima”.

Los amparos, refirió Muñoz Mendoza, se formularon contra las autoridades universitarias “por el cobro ilegal de colegiatura para acceder al semestre y por establecer en el Reglamento Escolar la obligación de pagar para acceder a la educación, contrariando lo establecido por el Artículo Tercero Constitucional”.

Sin embargo, no fueron las únicas autoridades demandadas, pues también se llamó a juicio al Gobernador del Estado y al Congreso local, por la omisión de otorgar recursos suficientes a la Universidad de Colima para garantizar la gratuidad de la educación superior de todo el estudiantado, señala el Core en un documento.

En los procesos judiciales, explica, las autoridades universitarias “han invocado argucias legales para inconformarse con las sentencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación a favor de los estudiantes, diciendo que, si bien la Constitución señala la obligatoriedad y gratuidad de la educación, en el Reglamento Escolar de la Universidad de Colima no se establece dicha gratuidad, y que su autonomía les permite autogestionarse y, por lo tanto, cobrar colegiaturas”.

Las autoridades universitarias, por lo tanto, “se niegan a aceptar lo evidente: no quieren cumplir lo que la Constitución Política les ordena, pues no reconocen que la Universidad de Colima sea un ente público. Esta no es universidad privada, y tiene como obligación cumplir la Constitución antes que cualquier reglamento. La autonomía universitaria está formulada para que la Universidad pueda cumplir libremente sus compromisos académicos y de investigación, mas no así para desatender indiscriminadamente sus obligaciones constitucionales.

“La autonomía no es soberanía nacional, no son un estado dentro del estado mexicano, las universidades deben cumplir la Constitución. 

Sin embargo, en sus respuestas al juzgado, parece que las autoridades universitarias no están acostumbradas a rendir cuentas”.

El Colectivo de Resistencia Estudiantil dijo haber buscado medios para el acercamiento con las autoridades universitarias, mientras que éstas “hicieron oídos sordos a las demandas legítimas y constitucionales que los estudiantes libres formulamos; es por esa razón que se decidió optar por la lucha legal”.

Los estudiantes manifestaron que el proceso judicial no ha sido fácil, ya que los juzgados han hecho requerimientos excesivos, tal como legajos enormes de copias, y hasta se les ha solicitado presentarse al juzgado a certificar que realmente son quienes firmamos el amparo, ignorando que el motivo de promover el amparo de los estudiantes ha sido por la evidente afectación económica.

“Dichas exigencias jurisdiccionales no hacen más que retrasar nuestro clamor de justicia. Aun así, se han ganado varias batallas jurídicas a la espera de las resoluciones definitivas, que esperamos ordenen que la universidad permita a los demandantes la educación sin cobro alguno y se reforme el reglamento escolar, garantizándose en Colima la educación media superior y superior gratuitas, con la aportación suficiente de recursos del poder legislativo y ejecutivo del Estado”.

El Core manifestó que seguirá con el compromiso de “representar digna y libremente los intereses de los estudiantes, como hasta ahora lo hemos hecho: como una colectividad donde todas las voces valen, siendo conscientes de que no existe verdadera representación estudiantil en la Federación de Estudiantes Colimenses, institución históricamente identificada como un aliado gris de las autoridades universitarias y los grupos de poder que los respaldan.

“La estrategia jurídica es una de muchas que el colectivo ha realizado, formula y promoverá por la recuperación de la dignidad estudiantil, y para que las autoridades universitarias y políticas del Estado recuerden, de una vez por todas, que el centro de la Universidad son sus estudiantes”.

Tras agradecer a los sectores de la sociedad que les han brindado su apoyo, los integrantes del Core realizaron “un llamado respetuoso, pero no menos enérgico, a las autoridades universitarias, dirigidas por el Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, a los diputados locales de todas las bancadas que integran el Congreso local y al aún gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, a que respeten y promuevan los derechos humanos de nosotros los estudiantes, especialmente el derecho a la educación superior pública y gratuita, y cumplan, ahora sí, con lo que les manda la Constitución, antes que venga un juzgado a obligarlos a que lo hagan. No sea que, con sus acciones y omisiones, sean ellos mismos los enemigos de los estudiantes y de la Constitución”.

 

Vídeo cortesía de Core

 

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