Familiares del caso Ayotzinapa, rechazan «narrativa de hechos» de AMLO, le dan ultimátum

                                                                                              Foto: CimacNoticias

 

Madres y padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, rechazaron la “narrativa de hechos” sobre la desaparición de los jóvenes presentada por el Gabinete de Seguridad, pues afirmaron que nuevamente los revictimiza. Sumado a ello levantaron el plantón que mantenían en el Campo Militar 1 tras la promesa de que se realizará la revisión de archivos militares que finalmente revelarían la participación que tuvo el Ejército en la desaparición perpetrada hace nueve años.

En conferencia de prensa las madres y padres hicieron un llamado a que no prevalezca la “mentira militar” y, por el contrario, se continúe con las investigaciones que les permitan conocer el paradero de sus hijos.

Dos días después de la movilización que se realizó en la Ciudad de México a nueve años de la desaparición de los estudiantes perpetrada el 26 de septiembre de 2014, las madres y padres se reunieron para emitir su pronunciamiento luego de que también fuera presentado el Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), en el que se reitera que se trata de un “crimen de Estado”.

Cristina Bautista Salvador, madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, afirmó que ella junto a las familias continuarán en la exigencia.

“Necesitamos saber dónde están nuestros hijos, qué pasó con ellos; no vamos a olvidarlos, los queremos de regreso, que cumplan sus sueños y si no cumple el Ejército entregando los documentos, vamos a regresar porque hemos dicho, sea lo que sea, pero queremos la verdad: ¿Dónde están?”, clamó.

Por su parte Joaquina García Velázquez, también madre de un normalista desaparecido, recordó que han transitado por nueve años de dolor, sin tener ninguna explicación certera por parte del gobierno.

“Vamos a seguir para que sepamos la verdad, es un sufrimiento seguir así sin solución, pero nosotros como padres vamos a seguir, porque el amor de madre no se puede quedar en casa esperando una respuesta, vamos a exigir al gobierno que lo que prometió lo cumpla, porque es una promesa que hizo en su campaña”, expresó la madre haciendo referencia a los compromisos de Andrés Manuel López Obrador.

Narrativa de hechos que revictimiza

La Presidencia de la República hizo de conocimiento público el documento titulado “narrativa de hechos”, en la que nuevamente se criminaliza a los estudiantes e incluso se retoman partes de la investigación del sexenio de Enrique Peña Nieto o mejor conocida como la “verdad histórica”.

“Desde aquí rechazamos la narrativa de hechos que presentó el gabinete de seguridad, otra vez criminalizando a los estudiantes asegurando que estaban coludidos con el crimen organizado. Hacen una revisión de hechos en Iguala, pero no se nombra al Ejército Mexicano. Presenta conclusiones donde cuentan paso a paso qué pasaba con nuestros hijos, desafortunadamente nos lastima como padres porque no es verdad, porque siempre están utilizando pantallazos de los teléfonos”, acusó Mario González, padre de un joven estudiante.

Afirmó que esta narrativa presentada “utiliza otra vez los mismos testigos que fueron torturados y liberados en su momento. No es posible que suban información que ya fue refutada”.

Por ello exigieron que este documento sea bajado de las redes sociales del gobierno federal y que se deje de criminalizar a sus hijos y a ellos mismos.

Ayotzinapa es crimen de Estado: CoVAJ

Al presentar el Segundo Informe de la Presidencia de la CoVAJ, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, subrayó las diferencias entre la verdad histórica y la investigación que lleva a cabo la comisión, y destacó tres puntos:

1. La verdad histórica señala que los estudiantes iban a boicotear el informe de labores de María de Los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, y esposa de José Luis Abarca Velázquez, en tanto que la investigación de la CoVAJ refiere que los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, a fin de participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre.

2. La verdad histórica acusa que integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos incineraron a los estudiantes en el basurero de Cocula por tratarse de supuestos integrantes de un grupo contrario, denominados Los Rojos, mientras que la CoVAJ reveló que, al considerar las condiciones climáticas del terreno y la vegetación, dicho evento no pudo haber sucedido. En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos tras la salida de la terminal de autobuses. Del análisis de las comunicaciones telefónicas y testimonios recabados, se desprende que los estudiantes fueron divididos en al menos tres grupos y llevados a diferentes destinos.

3. Asimismo, la llamada verdad histórica reconstruye los hechos pretendiendo responsabilizar solamente a las autoridades locales vinculadas con el grupo delictivo. Por el contrario, el informe de la CoVAJ detalla que el día de los hechos participaron en colusión con los grupos criminales que operaban en la región autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, así como autoridades federales, estatales y elementos del 27 y el 41 Batallones de Infantería.

Por ello, la verdad histórica fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones para dar carpetazo al caso.

  • Pretendió presentar las sentencias de los responsables por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado, con lo que se evitaba abordar lo sucedido desde la perspectiva de la desaparición forzada.
  • Trató de crear una versión de los sucesos, limitándose a señalar la violencia ejercida por los grupos criminales que operaban en la región, la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal.
  • No consideró la participación de elementos de las Fuerzas Armadas de la región y de las autoridades federales involucradas, responsabilizando solamente a las autoridades locales.
  • Prevalecen las contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder y que derivaron en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones.

Las personas detenidas actualmente suman 132 en diversos penales: 41 integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos; 71 policías, de los cuales cinco son federales, tres federales ministeriales, siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco, 45 de Iguala y el exprocurador general de la República, así como el extitular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro de la Procuraduría General de la República (PGR); un exministerio público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido); 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); un exsecretario de Seguridad estatal de Guerrero, además del presidente municipal y la expresidenta del DIF, ambos de Iguala.

A la par suman tres solicitudes de extradición de actores relevantes que se encuentran en Israel y Estados Unidos, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sobre el actuar de jueces, persisten decisiones contradictorias: 77 de 169 consignados liberados por tortura sin castigar a los torturadores. Se ordenó la destrucción de los videos de las seis cámaras del Palacio de Justicia de Iguala. Se restó validez a pruebas de cooperación internacional, como las escuchas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y hubo falta de comprensión sobre testigos de identidad reservada y rechazo a la distorsión de voz e imagen por seguridad.

Tres estudiantes han sido localizados: los restos de Alexander Mora Venancio fueron encontrados en el Río San Juan, en octubre de 2014; los correspondientes a Christian A. Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz fueron hallados en la Barranca de la Carnicería en noviembre 2019 y octubre de 2020, respectivamente.

Sin embargo, aún se desconoce la verdad detrás de este “crimen de Estado”, por lo que se continuarán realizando investigaciones en torno a la desaparición de los 43 estudiantes.

 

 

Galería28S Entre pañuelos verdes y arte, mexicanas marchan por un aborto legal, seguro y gratuito

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“Por maternidades deseadas”, «Ninguna mujer presa por abortar»: fueron algunos de los lemas de decenas de mujeres que salieron a las calles de la Ciudad de México a manifestarse este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. En medio de una protesta donde se podía observar mayor presencia policial que de mujeres, no hicieron falta los tambores, las capuchas, las faldas largas, las niñas y los pañuelos verdes.

En una manifestación menos nutrida que la de años anteriores, poco a poco los grupos de amigas, madres e hijas, estudiantes, enfermeras e incluso parejas de profesoras se dejaron ver cerca de las 2:00 pm en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, un espacio que desde su toma en 2021 se ha convertido en un símbolo de resistencia.

Grupos de entre 50 y 100 mujeres se conformaban y salían de la Glorieta rumbo al Zócalo capitalino. Cimacnoticias acompañó al segundo contingente, que comenzó a avanzar cerca de las 2:40 de la tarde, cuando el sol se encontraba en pleno punto, pero esto no resto energía a las mujeres jóvenes -en su mayoría- que entonaban consignas en favor del aborto.

Entre ellas se encontraban la colectiva “Capuchas rosas”, quienes año con año protestan por medio del arte, usando largas faldas y música que acompaña al resto de las manifestantes.

 “Nosotras las capuchas rosas salimos a protestar a través del arte. Nosotras no somos un espectáculo. Hoy recordamos que hay muchas partes donde nuestras hermanas siguen siendo criminalizadas por abortar. El aborto es un acto de amor por la vida, es un acto de amor por nosotras, un acto de amor de resistencia”, expresó una de sus integrantes.

A las orillas de la manifestación se lograban observar cada vez más elementos de seguridad ciudadana de la CDMX. Con el paso de los minutos, el número de uniformadas y uniformados se incrementó al punto de rebasar incluso la cantidad de manifestantes.

“Ojalá así reaccionarán ante los feminicidios”, exclamó una de las mujeres que marchaba frente al grupo de policías, que no soltaban sus escudos y extintores.

Pero a la par de la imagen de violencia que emanaban los cuerpos policiales, las amigas tomadas de las manos no dejaban de avanzar.

Frente a la Alameda Central un grupo de activistas integrantes a la Red Nacional de Refugios (RNR) repartían condones femeninos, lubricantes, pastillas anticonceptivas e incluso pruebas de embarazo, lo anterior para recordar que la educación sexual y reproductiva es clave y no debe dejar de mirarse sobre todo en este día de exigencia.

“Es muy importante recordar la educación sexual es ineficiente, porque no es que a las mujeres nos guste abortar, por eso en México debemos tener todas las personas acceso a información y métodos anticonceptivos”, contó Paola a Cimacnoticias.

Las mujeres avanzaban, los policías incrementaban, pero los gritos, los saltos y las sonrisas no cesaban. Y es que ellas saben que ahora hay mayores oportunidades para quien desee abortar, pues son 12 las entidades donde ya se encuentra despenalizada esta práctica: CDMX (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Coahuila (2021), Baja California (2021), Colima (2021), Sinaloa (2022), Guerrero (2022), Baja California Sur (2022), Quintana Roo (2022) y ahora Aguascalientes (2023).

Sin embargo, no dejaron de recordar que aún falta mucho por trabajar por parte las autoridades para garantizar que nunca más ninguna mujer vaya a prisión por abortar.

 

 

 

Origen del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible

                                                                                                Foto: CimacNoticias

 

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, también conocido como Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, fecha que vindica la lucha de las mujeres que se reunieron, en noviembre de 1990, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, llevado a cabo en Argentina, en donde se aprobó, a través de la Declaración de San Bernardo, la proclamación del Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe el 28 de septiembre.

La propuesta de la fecha fue realizada por la delegación brasileña, con el objetivo de poder rescatar esa fecha, pero de 1888, cuando en Brasil se declaró la libertad de vientres, asegurando la libertad a todas las hijas e hijos nacidos de mujeres esclavas.

Lamentablemente, hoy en día aún existen diversos factores y prejuicios que contribuyen a que se nieguen servicios básicos de salud a las mujeres para la interrupción del embarazo y, por supuesto, la atención posterior a dicha práctica.

La criminalización, la reducción de la disponibilidad de servicios, la estigmatización y las actitudes despectivas de los profesionales de la salud, son factores que impulsan a millones de mujeres a realizarse abortos inseguros, sin el tratamiento esencial para su recuperación.

Todos los aspectos relacionados con el acceso a un aborto seguro y legal son la esencia del derecho fundamental de las mujeres a la igualdad, a la privacidad, a la salud física y mental, y son condiciones previas para el disfrute de otros derechos y libertades.

En la Ciudad de México, el 26 de abril de 2007 se lograron avances fundamentales gracias a las reformas al Código Penal y adiciones a la Ley de Salud, reconociendo el derecho de las mujeres a interrumpir legalmente su embarazo durante las primeras doce semanas de gestación.

En toda América Latina y en el resto de México las mujeres continúan por lo general enfrentando obstáculos para lograr el ejercicio de sus derechos reproductivos y son criminalizadas por la práctica del aborto.

Inmediatamente después de estas reformas, las mujeres pasaron de ser “delincuentes”, a ser usuarias legítimas de un servicio público.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez en favor de garantizar el derecho de las mujeres sin enfrentar consecuencias penales.

Se ha demostrado que impedir el acceso a un aborto legal no solamente no contribuye a reducir la cantidad de abortos, sino que además obliga a las mujeres a recurrir a abortos inseguros y, por lo tanto, poner en peligro su salud y su vida. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al año se realizan 25 millones de abortos clandestinos –es decir, inseguros–, siendo esta la tercera causa más común de muerte materna del mundo y la causa de cinco millones de discapacidades, en su mayoría evitables.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, y en contra de la criminalización que sufren cuando se ven orilladas a la interrupción de un embarazo. Además, reconoce que la falta de acceso al aborto legal, seguro y gratuito es una clara violación a sus derechos fundamentales. 

La CNDH considera que esta situación vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como los relativos a la igualdad y a la no discriminación, a la autodeterminación, a la vida, a no ser sometidas a torturas, a la libertad y seguridad personales, a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida y en la familia, así como a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, por lo que exhorta a todas las entidades del país a que, en el marco de sus competencias, garanticen el aborto legal, seguro y gratuito como parte de los derechos humanos de las mujeres, para que tengan acceso a una ciudadanía plena y una vida digna.

El derecho a decidir otorga dignidad a las mujeres –base de los derechos humanos– y, por lo tanto, el Estado debe garantizar estos derechos sexuales y reproductivos, como educación sexual, acceso al aborto electivo realizado por profesionales y, en el marco legal, a la anticoncepción, a los tratamientos de fertilidad y a la protección legal contra abortos forzados.

Con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

 

 

Entretejer Nuestras Memorias en los Capítulos de la Historia de Chile

                                                                                         Foto: Desinformémonos

 

El sábado 9 de septiembre nos fuimos con los libros a la 3ª Jornada de reflexión y encuentro “Entretejer Nuestras Memorias”, organizadas por el colectivo Memoria Viva, Maule Sur. El ciclo de actividades comenzó en la Casa de la Cultura de Linares, después se realizó en la Escuela AgroEcológica de Longaví, y se finalizó en el Centro Cultural La Higuera, de Linares. Fuimos con la colección de la Editora Nacional Quimantú y con nuestras ediciones, aprovechamos de lanzar la reedición de Capítulos de la Historia de Chile, de Ranquil.

La jornada comenzó con un Almuerzo Comunitario, en donde las lentejas, la ensalada, el ají y el vino fueron haciendo circular las palabras sobre nuestras historias, nuestros recorridos y reencuentros. Nuestras memorias están entretejidas; nos recuerdan que somos brotes de la tierra; que en el hacer desde el corazón enraizamos; que los dolores atraviesan nuestras generaciones; que somos nuestros pasados, en un ciclo que se repite y se reinventa.

Posteriormente, se comenzó leyendo la convocatoria a las Jornadas “Entretejer Nuestras Memorias”:

“Comenzamos recordando y homenajeando a nuestrxs compañerxs que sufrieron en primera persona la tortura, desaparición, violaciones y muerte por orden del Estado chileno, a través de su faceta más totalitaria, la Dictadura Militar. Asimismo, recordamos la potente organización popular que también fue dolorosamente golpeada una vez más en la Historia de Chile.

La historia nos atraviesa de lado a lado, no solo en lo concreto sino también a través del tiempo, ya que reconocemos este modelo instalado en el año 1973 como impulsor no sólo de una política de represión permanente, sino también como el ente y posibilidad de crear e inaugurar la nueva era del capitalismo moderno, su fase “neoliberal”, que impuso terror y desconfianza primero; y luego el individualismo y la mercantilización, como únicas formas válidas para relacionarnos, intentando despojarnos de la posibilidad de vivir por nuestros medios y dependiendo totalmente de la supuesta garantía de un Estado de derechos, revelando finalmente la verdadera cara del Estado y su rol fundamental parta sostener el actual sistema hegemónico.

En particular, nuestra región fue víctima de represión que intentaba acabar con la capacidad de organización y comunitarismo que caracteriza a los sectores campesinos, lo cual después de este medio siglo nos mantiene atadxs a una cultura que profundizó las desigualdades sin dar lugar al desarrollo libre de las personas y las comunidades. Sin embargo, mantenemos viva y en resistencia una cultura que pone en el centro los alimentos, la tierra y el entorno natural como parte de su cotidianidad, creando verdaderas grietas al modo de producción vigente al no incorporar elementos centrales del modelo, y mantener actividades sociales comunitarias como medierías, mingas, etc.

Es por eso que hoy no solo conmemoramos, sino que continuamos esparciendo la semilla de rebeldía propia de la vida. Estamos aquí luchando contra el condicionamiento que nos hace creer que somos esencialmente violentos, competitivos y depredadores, demoliendo los dogmas que nos hacen enfrentarnos. Reflexionamos y cuestionamos de forma integral sobre la actualidad, activando formas de hacer que nos hagan sentido y que aún permanecen, gracias a la persistencia de nuestra memoria.

Esperamos que estos encuentros continúen los pasos que damos para unirnos, visibilizarnos y abrir espacios donde creamos y actuemos libremente desde la colaboración y el respeto mutuo, buscando caminar en pos de la recuperación de nuestras propias formas de hacer y sentir, promoviendo la autonomía y horizontalidad, de la mano del recuerdo de quienes dieron su libertad, su paz y su vida por la misma causa.

Ni perdón, Ni olvido.

Memoria Viva, Maule Sur

Posteriormente, lxs compas exhibieron relatos audiovisuales que apuntaban a la reflexión qué entendemos por memoria. Mientras veíamos y oíamos, compas bordaban sus aportes a un lienzo textil colectivo que se estaba creando a lo largo de las Jornadas. Los relatos nos fueron trayendo a la memoria la Revuelta del 18 de Octubre, ya que dicho proceso evocó los dolores del pasado, evidenció que la dictadura sigue presente y que las diversas generaciones las experienciamos y sentimos de formas diferentes. Se relevó la importancia de reivindicar los sueños y las memorias de la construcción popular. Se manifestó un silenciamiento con el Golpe de Estado, sobre todo después del gran impacto que tuvo la Reforma Agraria en el territorio, se comentó del “pacto de silencio” que materializó la institucionalidad en la medida de lo posible. También se fue relevando lo cíclico que es el tiempo y cómo se han ido reproduciendo ciertos procesos que traen constantemente los dolores del despojo y la represión al presente.

Lanzamiento Capítulos de la Historia de Chile

Esta parte de la Jornada comenzó con palabras de homenaje. Se comenzó honrando al compa Manuel Paredes Parod, poeta popular, ex preso político y autor de “Memorias para Olvidar”, libro editado por Editorial Quimantú, el cual en décimas nos cuenta sobre las historias de los centros de detención y tortura en Chile. También se homenajeó a l@s trabajadores de la Editora Nacional Quimantú Detenid@s Desaparecid@s por la Dictadura Cívico-Militar. A su vez, se recordó que cuando se produjo el Golpe, el edificio de la Quimantú fue rodeada de tanques, los libros fueron quemados, otros fueron llevados al Estadio Nacional para limpiarse el culo, como le dijo un militar a un prisionero político. El libro, como ha quedado demostrado en la historia, es un peligro para las clases dominantes, como lo fue en la Alemania nazi, en la Italia fascista y como lo fue en Chile en la Dictadura Cívico Militar.

Agradecimos por la posibilidad de tener los libros como excusa para encontrarnos, compartir nuestras memorias y nuestras luchas en diversos territorios. Comentamos sobre las actividades que hemos realizado, enmarcadas en las experiencias de los mil días de creación de nuestra clase durante la Unidad Popular y los cincuenta años de resistencias a la dictadura capitalista. El libro que presentamos, Capítulos de la Historia de Chile de Ranquil, es parte de estos mil días de creación, nos enraíza en una larga historia de resistencias frente a la imposición del capitalismo en nuestro territorio. El conocimiento histórico y la memoria, van acompañadas por la selección y el olvido. El libro que presentamos ha sido dejado en el olvido, y no ha habido publicación alguna que haya generado tal nivel de polémicas públicas sobre nuestra historia.

Nos preguntamos ¿desde dónde se construye el conocimiento histórico? Las interpretaciones sobre el pasado tienen que estar posicionadas en un lugar concreto, porque no es lo mismo la historia oficial que una historia desde abajo. Este libro es importante para nosotros, es parte de la corriente historiográfica marxista que se desarrolló entre los cincuenta y 1973, en donde no se desarrollaba un conocimiento académico para un círculo de expert@s, sino que estaba posicionado desde la clase trabajadora y está enfocado en cómo comprender la larga historia de Chile de forma sencilla. Si nos quisiéramos poner exquisitos desde el ámbito académico, podríamos criticar ciertas lecturas que realiza el libro. Éste se editó en los primeros meses del ´73, como muchos documentos del pasado, aparte del contenido histórico, también nos lleva a comprender las lecturas y las discusiones que había a la interna de la Unidad Popular, entrecruzándose el presente con el pasado.

Se ahondó en las discusiones públicas y las controversias del libro. Desde la historiografía más conservadora hasta el partido que se dice Comunista, acusaron al libro de “falsía y tergiversación histórica”; de ser una “diatriba contra Chile”; de ser “una obra anticomunista, antipopular y claramente perjudicial para la causa de los trabajadores chilenos y su lucha revolucionaria”; “un ultraje a los héroes de la patria”; “antipatriótica, [que] atenta contra el glorioso pasado nacional y las tradiciones democráticas que nos sustentan”; y cómo no, acusada también de “revisionismo histórico”.

La Palabra Abierta circuló y se hizo hincapié sobre la duda que provoca Ranquil, se piensa que el libro es sobre esa matanza y no el pseudónimo de la autora, sobre todo porque en el territorio existe la necesidad de recuperar la memoria histórica del movimiento campesino. Se hace visible el mito sobre la tradición democrática chilena, pero reconociendo que es un sistema frágil que se ha sostenido sobre la violencia y las masacres del pueblo en rebeldía. Las palabras comenzaron a dar cuenta sobre las memorias de tortura y desaparición en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor1 en Linares. Se asume la responsabilidad de recuperar la historia de la organización campesina que hubo en el territorio, la importancia del Movimiento Campesino Revolucionario2 y de otras organizaciones autogestionarias que movilizaban las luchas contra el latifundio.

Por otro lado, las voces fueron comentando las críticas del PC al libro, lo que suscita mayor interés, sabiendo las propias contradicciones que había en la Unidad Popular, las cuales se reproducen hoy día. Se relevó la importancia de rescatar esas contradicciones, porque la izquierda ha establecido una versión oficial que hay que tensionar, ya que se sigue relegando la actividad de base hacia un papel de espectador, y no se les da la importancia a las experiencias que venían construyendo el movimiento campesino y el proletariado. Había diferencias de intereses materiales concretos entre las dirigencias de la UP y las bases autónomas. Lo que llevó a que se reprimiera directamente a algunas organizaciones en el mismo ´73, días antes del Golpe, hay un asesinato en Lanera Austral de Punta Arenas, en un allanamiento a la fábrica en búsqueda de armamento, amparados en la Ley de Control de Armas, que el mismo gobierno había impulsado. Ley que fue aplicada más fuertemente contra los Cordones Industriales, a pesar de que casi no había armas en las fábricas.

Tomamos la palabra para referirnos a los 1000 días de creación y 50 años de resistencias. Normalmente se conmemora el Golpe, pero no se toma en cuenta el movimiento popular que se venía gestando desde el 1900, que viene de todas las matanzas obreras y campesinas que están documentadas por la Historia Social, y que desde abajo lleva a la Unidad Popular al gobierno. Se abren nuevos espacios, en donde desde la organización, por primera vez en la historia se puede ser gente. Esa capacidad organizativa es la que lleva a las clases dominantes y al imperialismo a bombardear el proceso revolucionario.

También se hizo referencia a que la Editorial Quimantú no era parte de las 40 medidas de la Unidad Popular, también es parte de esa larga historia del movimiento popular, por ejemplo la primera toma fue hacia fines de los sesenta. L@s trabajadores se tomaron la fábrica y le exigieron a Allende que pase la empresa al Área Social. Ell@s mism@s le ponen el nombre Quimantú, gestionan la editorial más grande de Sudámerica, no ha habido en Chile otra editorial que publique 13 millones de libros en mil días y a un precio muy barato. El alcance de los libros era muy extendido, se vendían en todos los kioscos.

La palabra volvió a circular y se fue relevando la lectura general y capitulada que realiza el libro, ya que es necesario tener visiones de largo plazo, y no enfocarnos sólo en investigaciones específicas, que son igual de necesarias. Se relevó la interpretación desde el presente que realiza la Historia, con la intencionalidad que se le da hacia el futuro. Se relevó la importancia de releer la historia desde una perspectiva crítica, lo que llevó a la discusión por la bandera chilena que hay en la portada original del libro y lo que nos provoca actualmente. Esa misma reinterpretación nos llevó a relevar la bandera negra que se extendió en la Revuelta, lo que nos llevó a reconocer que aún hay muchos brotes sobre lo que significó ese proceso más que posibles derrotas.

También se fue relevando la importancia de la oralidad, frente a la palabra escrita y los libros, reconociendo que de lo poco que se conoce sobre las experiencias de luchas del movimiento campesino, éstas se han transmitido oralmente. La historia del MCR se borró en los campos porque la represión al movimiento fue tan brutal durante la contrarreforma de la Dictadura, lo que provocó un silenciamiento, no sólo de las familias afectadas sino de toda la sociedad. Éste territorio es un latifundio, Chile es una gran hacienda. El proceso de la Reforma Agraria provocó muchas corridas de cerco, la memoria es tan profunda que se siguen recordando las historias de lucha de dichas recuperaciones de tierra. En un latifundio recuperado por campesin@s, mujeres y niñeces hicieron una cadena humana ante los militares para impedir el desalojo y el fusilamiento. La memoria va acompañada por el proceso de recuperación que algunas organizaciones vienen realizando sobre el rol del campo y quienes lo habitan, desde el campo se está cuestionando el modelo capitalista y su relación campo-ciudad.

Hemos sufrido más de veinte matanzas a lo largo de la historia, como pueblo hemos creado diversas formas de organización y expresión, como también hemos logrado resistir los Capítulos más sangrientos de la Historia de Chile. Hacemos un llamado a cuestionar todo, a reinterpretar nuestras historias y entretejer nuestras memorias desde abajo.

1 https://memoriaviva.com/nuevaweb/centros-de-detencion/vii-region/carcel-de-mujeres-buen-pastor-linares/

2 Movimiento Campesino Revolucinario (MCR) fue parte de los frentes de masas que debían sistematizar las demandas campesinas, conducir sus luchas contra el latifundio y expandir las tomas de terreno, según las orientaciones estratégicas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en el período 1967-1973.

 

 

Inundaciones y sequías: los desastres que más afectaciones han provocado en América Latina

                                                                                           Foto: Desinformémonos

 

América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más afectada por los desastres. En solo 23 años se han producido 681 inundaciones, 400 tormentas, 92 terremotos, 78 deslizamientos de tierra, 77 sequías, 49 episodios de temperaturas extremas, 42 eventos volcánicos y 36 incendios forestales. Así lo revela el informe Panorama de los Desastres en América Latina y el Caribe 2000 – 2022, recientemente publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres (UNDRR).

Por lo menos 190 millones de personas resultaron afectadas por 1534 desastres registrados durante los últimos 23 años. Las inundaciones son los desastres más comunes y los países más afectados han sido Brasil, Colombia y Perú. También se destaca que desde el año 2000, 12 de estos eventos causaron cada uno más de 1000 millones de dólares en daños totales.

Los siguientes desastres más frecuentes son las tormentas. Por ejemplo, la temporada de huracanes en el Atlántico durante 2020 fue la más activa registrada con 30 tormentas con nombre, incluidos 14 huracanes y 7 huracanes de gran intensidad. Siguen los terremotos que causaron fuertes afectaciones en los últimos 23 años en la región, pues el 65 % de los que superaron la magnitud 8,0 se registraron en Sudamérica.

Según el informe, otro de los eventos más devastadores es la sequía. Se trata del desastre que ha afectado a más personas (53 millones desde el 2000), provocando el 82 % de todas las pérdidas de producción agrícola entre el 2000 y el 2022.

Saskia Carusi, jefe de asuntos externos de la oficina en Latinoamérica de UNDRR, destaca que hay varios factores que aumentan el riesgo ante los desastres, entre ellos el hecho de que la región tiene un desarrollo económico desigual, que los índices de pobreza han aumentado considerablemente a raíz de la pandemia del COVID-19 y que el cambio climático está incrementando el riesgo en las zonas de crecimiento urbano no planificado, al punto que cifras del Banco Mundial indican que, para el 2050, más de 17 millones de personas en la región podrían desplazarse.

“Tenemos amplia experiencia en responder a desastres en nuestra región. Sin embargo, en ciertos casos vemos un ciclo, donde la recuperación de un desastre aún no termina cuando llega otro. La población atendida generalmente presenta vulnerabilidades persistentes y recurrentes”, dice Shelley Cheatham, jefe de OCHA para América Latina y el Caribe.

El enorme impacto de los desastres

Uno de los principales mensajes del informe es que, además de una elevada exposición física a amenazas como sequías, inundaciones, deslaves y terremotos, América Latina y el Caribe cuenta con un complejo entorno de factores de riesgo, entre los que destacan el cambio climático, la densa población urbana, el lento crecimiento económico, el aumento de la desigualdad y la pobreza, la inestabilidad política, los desplazamientos y las migraciones masivas, así como  los altos niveles de violencia. “Estos riesgos entrelazados crean situaciones de vulnerabilidad y tienen un fuerte impacto en la capacidad de la población para prepararse, responder y recuperarse de un desastre”, se lee en el documento.

Tanto los factores de riesgo, como los desastres, vienen en aumento. Entre 2019 y 2022 las tormentas se han incrementado en un 38 %, las inundaciones casi en un 20 %, las actividades volcánicas en cerca de un 17 % y los terremotos un 7 %.

“Si bien América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con más desastres (después de Asia y el Pacífico), somos la primera en términos de impactos y costos económicos de los desastres. El año pasado, el 70 % del costo económico de los desastres lo sufrimos en esta región”, comenta Nahuel Arenas, jefe de UNDRR para América Latina y el Caribe.

Se calcula que, desde el año 2000, la región ha perdido una media del 1,7 % del PIB anual debido a desastres relacionados con el clima. Si solo se mira el Caribe, donde la exposición a fenómenos meteorológicos intensos es mucho mayor, esta cifra aumenta hasta el 3 %.

Las tormentas tropicales y los huracanes son los eventos que más se incrementaron en los últimos cuatro años. En más de dos décadas de análisis de UNDRR y OCHA en la región, se contabilizaron 47 millones de personas afectadas, 910 000 quedaron sin hogar y 9500 murieron.

Los desastres causados por tormentas y huracanes  imponen grandes retos porque hay muy poco tiempo de recuperación entre un evento y otro. Por ejemplo, Dominica aún no se recuperaba del impacto de la tormenta tropical Erika en 2015, cuando en 2017 quedó completamente devastada por el huracán María, el cual cobró 64 vidas y afectó a toda la población estimada que vivía en la isla (71 293 personas).

Otro ejemplo de la severidad de las tormentas y huracanes se dio en el 2020, año que batió récords en la cantidad registrada de estos eventos, cuando los huracanes Eta e Iota azotaron Centroamérica y la isla colombiana de Providencia con menos de dos semanas de diferencia. “Estos devastadores huracanes de categoría 4 resultaron en más de 400 muertes y afectaron a casi 9 millones de personas en Centroamérica, dejando un total de 1400 millones de dólares en daños en tan solo unos días”, menciona el informe.

Las inundaciones son el desastre más común en la región. Sólo entre 2019 y 2022 se registraron 133 (20 %) de las 681 documentadas desde el año 2000. El reporte de OCHA y UNDRR destaca que a pesar del número relativamente bajo de muertes directamente asociadas con las inundaciones, han causado unos daños totales de casi 28 billones de dólares. Muchas de estas inundaciones son repentinas, lo que combinado con una gran velocidad y poca previsibilidad, producen consecuencias devastadoras para las comunidades afectadas.

En 23 años de análisis, Colombia fue el país más afectado por este tipo de eventos, lo que afectó a 10,5 millones de personas, seguido por Brasil con 9,2 millones y Perú con 4,5.

Los deslizamientos de tierra también generan desastres. “Desde el año 2000, América Latina y el Caribe se ha visto afectada por 78 deslizamientos de tierra que han causado casi 3000 muertes. Un tercio de las muertes por deslizamientos se han producido en Colombia”. Solo la tragedia de Mocoa, Putumayo, en 2017, dejó 349 muertos en el país sudamericano.

Las sequías, por su parte, causaron daños por 19,6 billones de dólares entre el 2000 y el 2022. Uno de los grandes retos es que su aparición es lenta, sin un principio ni un final claros, ya que pueden extenderse por varios meses o incluso años. Desde el 2000, la mayoría de las personas se han visto afectadas por la sequía en Brasil (más de 33 millones), seguido de Guatemala (más de 5,6 millones), Haití (más de 4,6 millones), México (2,5 millones) y Paraguay (más de 1,7 millones).

El evento de El Niño, que ya empezó a desarrollarse y del que se espera tenga sus mayores impactos a finales de 2023 y comienzos del 2024, es un factor que recrudecerá las sequías en América Latina y el Caribe. “El fenómeno de El Niño contribuye a la sequía en Sudamérica, incluidas las zonas andinas de Ecuador, Perú y Bolivia, así como el noreste de Brasil […] Es un evento que excede las capacidades de una sola organización o gobierno y, por lo tanto, requiere alianzas estratégicas como parte de un esfuerzo concertado de la comunidad internacional para asistir a los más afectados por la sequía”, indica el informe.

Saskia Carusi, de la UNDRR, dice que El Niño representa irregularidades en las lluvias en toda la región, lo que trae consecuencias en la agricultura y el acceso humano al agua. “No solo afecta la disponibilidad de agua para la agricultura o para el consumo humano, sino también, por ejemplo, la disponibilidad de agua para el Canal de Panamá, lo que pone en riesgo el comercio. El Niño también puede afectar el turismo y el suministro de energía eléctrica cuando hay dependencia de recursos hídricos. Se tienen impactos en cascada en diferentes sectores”, comenta.

Financiamiento para planes humanitarios y de prevención de desastres

Carusi considera que América Latina y el Caribe han mejorado en su capacidad de salvar vidas en los desastres, gracias a la tecnología, las alertas tempranas y la preparación comunitaria. También resalta que, si se compara la situación actual con la de 20 años atrás, ahora hay más países con planes nacionales y locales de gestión de riesgo. Sin embargo, considera que hay mucho para mejorar en el aspecto económico, pues estos planes necesitan financiación para implementarse y muchos de ellos no la tienen.

Shelley Cheatham asegura que los planes de atención y respuesta humanitaria también son un gran reto en cuanto a financiación y afirma que en 2023 solo seis países cuentan con uno: El Salvador, Guatemala, Colombia, Honduras, Venezuela y Haití. En 2018 solo un país lo tenía.

“Los seis planes están muy desfinanciados. De los fondos que requieren para atender a las personas en necesidad, solo tienen financiado el 17 %. En Haití, donde vemos tanta pobreza, violencia, tormentas tropicales y sismos, el plan está financiado en un 26 %”, dice Cheatham y agrega que “hay tantas crisis que es imposible atender desastres solo con fondos humanitarios”, por lo que es necesario trabajar en paralelo para superar las vulnerabilidades de las poblaciones.

“Necesitamos fondos para los planes humanitarios que permitan atender emergencias inmediatas, pero necesitamos invertir en reducción de riesgo y en mejorar servicios básicos”, afirma Cheatham.

Nahuel Arenas insiste en que si no existe un compromiso financiero, al final habrá problemas graves con todos los planes que generen los países. “Una de las claves es cambiar la narrativa y entender la inversión en prevención no como un gasto, sino como una inversión para blindar nuestras inversiones ante el riesgo”, dice. Para él, esa falta de financiación en la prevención se refleja en que, entre 2010 y 2019, la inversión en este rubro fue sólo del 0,5 % de la inversión total en desarrollo a nivel mundial.

Arenas también comenta que hay que seguir fortaleciendo los sistemas de alertas tempranas, pues con una alerta de 24 horas se pueden reducir los daños económicos hasta en un 30 %.

Otro aspecto importante para los expertos es el fortalecimiento del tejido social para aumentar la resiliencia frente a nuevos eventos naturales que, por falta de gestión, puedan conducir a desastres. Para Cheatham, se debe fortalecer la respuesta humanitaria para cuando sea necesaria, pero hay que trabajar en la resiliencia para lograr la reducción del riesgo y así, cuando ocurra el próximo evento, todos estén más preparados y fuertes.

La jefe de OCHA para América Latina y el Caribe también resalta la urgencia de que las acciones a nivel político se tomen a largo plazo y vayan más allá del tiempo de gobierno de las autoridades de turno.

“Tengo esperanza de que utilicemos más la ciencia para el pronóstico y las alertas tempranas”, dice Cheatham y Arenas agrega que “el desafío es que el aporte de la ciencia se transforme en decisiones que impacten las políticas y las estrategias a todo nivel. Si asumimos que los desastres no son naturales y que son nuestra construcción social, eso nos llevará a un enfoque de más responsabilidad y, por ende, muchísimo más preventivo”.

Publicado originalmente en Mongabay Latam