Orden judicial amenaza libertad de expreso político mazateco

                                                                              Foto: Desinformémonos

 

La resolución de un amparo interpuesto por la defensa del ex preso político mazateco, Miguel Peralta, para revertir una sentencia condenatoria, coloca en riesgo su libertad. Integrante de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, él es uno de los 35 miembros que han sido perseguidos, señalados por el homicidio de Manuel Zepeda Lagunas y tentativa de homicidio contra su hermana, Elisa Zepeda, ambos miembros de la misma comunidad mazateca.

La raíz de lo que la defensa de Peralta argumenta como criminalización, se encuentra en los hechos violentos ocurridos en diciembre del 2014, cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado, el cual pobladores acusan que opera bajo el mando del grupo caciquil de la familia Zepeda.

Miembros de la asamblea comunitaria sostienen que, desde 2010, cuando el padre de Elisa, Manuel Zepeda Cortés, arribó a la presidencia municipal, emprendió una campaña de represión contra la organización comunitaria para consolidar su poder en la comunidad mazateca.

Roberto López, miembro del colectivo Los Otros Abogadoz y defensor de Peralta cuenta que, mientras la asamblea se reunía en el centro del pueblo para la elección de autoridades municipales aquel invierno del 2014, se registraron disparos en su contra procedentes de la presidencia municipal, donde previamente Elisa y Manuel Zepeda se habían atrincherado.

Las agresiones dejaron heridos por arma de fuego, así como provocaron la muerte del hermano de Elisa, Manuel Zepeda Lagunas, quien en el momento en que fue detenido por los habitantes de Eloxochitlán para ponerlo a disposición del Ministerio Público (MP), portaba armas de uso exclusivo del ejército. “Desafortunadamente para ellos, él fallece y en ese momento, en lugar de ponerlo a disposición, los pasan a declarar ya como probables responsables de ese homicidio”, señala el abogado.

Según su defensa, pese a que Peralta se encontraba en la ciudad de México en el momento de los hechos, fue acusado por homicidio, detenido arbitrariamente y trasladado a un penal de Oaxaca. Peralta permaneció más de cuatro años recluido hasta que, en octubre del 2019, fue liberado.

No obstante, su sentencia recibió un revés en marzo del 2022. Tras apelación de la parte acusadora, se giró una nueva orden de aprehensión en su contra para cumplir una condena de 50 años en prisión. Ante ello, la defensa legal del mazateco interpuso un amparo contra la sentencia por violaciones procesales y fabricación de pruebas.

El pasado 17 de agosto, un tribunal colegiado federal dictó sentencia al amparo, la cual, argumenta Roberto López, perjudica aún más la situación legal del ex preso político. “Nos regresa siete años en el tiempo”, aclara el abogado, quien especifica que se les envía de nuevo a reponer parte del proceso previo a la sentencia, para la presentación de pruebas.

“Nos regresa justo al momento en que están los otros presos (en referencia a otros presos políticos de Eloxochitlán), que no han recibido sentencia (…) porque no entraron al fondo del asunto, solo se fueron por una cuestión cosmética (reposición de careos), que ellos disfrazan como una violación al proceso, pero que, en realidad, pues es toda la intención de seguirle dando el control del proceso a Elisa”, sostiene el abogado de Peralta.

López asevera que, durante todo el proceso, una estrategia de dilación del proceso legal, ejecutada por Manuel y Elisa Zepeda, ha administrado el conflicto y mantiene “rehenes” a otros presos relacionados con los eventos de 2014.

El peligro, acentúa el abogado, es que, para reponer dicha parte del proceso, Peralta tendría que enfrentarlo recluido. “Esto conlleva a una regresión de por lo menos siete años del trayecto jurídico de mi proceso y a la insistencia de la privación de mi libertad”, reclamó el mazateco mediante carta difundida la semana pasada. Por ello, la defensa legal interpuso un recurso de revisión, con la intención de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelva el amparo, lo cual puede suceder en los próximos cuatro a cinco meses.

A continuación, compartimos extractos de la conversación con Roberto López, quien alerta, la persecución contra Peralta se intensifica.

Avispa Mídia (AM): Con la última resolución, ¿cuál es la etapa del proceso que se debe reponer?

Roberto López (RL): Nos regresaron a una etapa inmediatamente anterior que son los careos (…), una parte del proceso donde ellos se niegan a asistir. Donde al no comparecer, nos vamos a tener que esperar hasta que lo hagan para que se pueda llevar los careos, se presente las conclusiones, se lleve a cabo la audiencia final y se dicte de nuevo la sentencia. Yo no exagero cuando digo que nos regresan aproximadamente siete años en el tiempo. Siguen teniendo el control del conflicto. Con esta resolución el tribunal colegiado le da un espaldarazo a Elisa para seguir teniendo el control del proceso.

Los hechos ocurren el 14 de diciembre del 2014. Para empezar nosotros a presentar pruebas, una de las primeras audiencias fue hasta el 30 de enero del 2017. Ahí compareció Manuel Zepeda y Vicente Zepeda, porque este día ellos tenían una audiencia en calidad de procesados, por hechos que la asamblea comunitaria había denunciado, lesiones y tortura, que el Ministerio Público (MP) consignó.

Elisa estaba asesorada y sus abogados le recomendaban que no se presentara y el juzgado jamás fue capaz de multarlos, de arrestarlos por no asistir a declarar. El juzgado nunca lo hizo. Hasta que ella y tres de sus testigos se presentaron a declarar, el 30 de septiembre del 2017.

AM: ¿Cuáles son las principales contradicciones en los testimonios que no fueron retomadas en la resolución?

RL: Cuando nosotros presentamos el amparo en 2022, nos fuimos a esta parte esencial en el proceso, que son las declaraciones en contra de Miguel. La declaración de Elisa Zepeda, de su papá y de seis testigos que lo acusan. Esa es la parte fundamental que había que poner en duda, y de hecho se hizo durante el proceso. Ha sido fundamental para que hubiera otras libertades de otros co-procesados que, haciendo énfasis en estas contradicciones, pues habían obtenido libertad.

Hicimos un análisis de lo que dijo Elisa Zepeda en un primer momento en el Ministerio Público y los testigos, y lo que contestaron en las audiencias ante el juzgado. Fueron cuestiones distintas, contradictorias.

Hubo un testigo, Eleazar Hernández Ordaz, un señor ya grande que, en el Ministerio Público, señala y acusa a Miguel. Su declaración es una copia integral de la declaración de Manuel Zepeda, del papá de Elisa. En el juzgado, cuando le toca declarar, le leen la declaración y dice que él nunca declaro eso. Le enseñan la declaración. – ¿Está es su firma? “Sí es mi firma, pero yo no recuerdo”. Fernando Ramírez Carrera, otro testigo, dice que él nunca emitió ninguna declaración en ese sentido. Aparece su firma, pero dice que nunca declaró al MP.

El tío de Elisa, Vicente Zepeda, dice que, en todo momento, él estuvo con Elisa. Ella hace una declaración extensísima con muchos detalles que no da Vicente, que cuando ya se le fue interrogado en la audiencia, él, al ver que pues había muchas cosas que no había dicho, dice ‘Vi cuando entraron, pero me dieron un golpe en la cabeza, perdí el sentido, me desmayé y ya no supe nada’, para no contradecirse más con Elisa.

Van a permanecer cada quien en su dicho y así nos vamos a ir a sentencia, eso en nada cambia el sentido de la resolución que viene. Al reiterar Elisa la acusación y sus testigos, evidentemente van a decir que lo reconocen (a Peralta), que lo ubican en el lugar de los hechos, y luego entonces eso va a ser una sentencia condenatoria. Y eso nos va a llevar otra vez a la apelación.

AM: ¿Cuáles elementos consideran fueron decisivos para la más reciente resolución del amparo?

RL: Los hechos ocurren en 2014. A partir de ahí, Elisa empieza a construir un discurso de víctima. Se acerca a algunas organizaciones de derechos humanos y la arropan como defensora de derechos de las mujeres y así llega a la presidencia municipal de Eloxochitlán. Está un año, renuncia, deja su suplente para postularse para diputada local a la 64 legislatura del Congreso del Estado. Gana por Morena, está tres años, es nombrada presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Estado. Esto quiere decir que son los encargados de nombrar jueces, magistrados, al Ministerio Público. Empieza a tener relación con gente de la Procuraduría del Estado, quien acusa, y gente del Poder Judicial, quien sentencia, desde mi perspectiva teje esas redes y alianzas.

Y eso hace posible que, en 2022, la sentencia de Miguel fuera revocada. Había habido ya muchas resoluciones de libertad de los otros presos y pocas habían sido revertidas. La de Miguel se echa para atrás y, para mí, es producto de esa situación que ella logra, con simpatías de gente del Poder Judicial, favores.

Después, viene la campaña para gobernador de Salomón Jara. Ella se suma a su equipo y al final la nombran secretaria de la mujer, tiene una secretaría en el gobierno de Salomón Jara. Desde esa posición de funcionaria, pues sigue utilizando los recursos que tiene, sigue utilizando sus influencias para incidir.

Para nosotros incidió en la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito que resolvió el amparo de Miguel. Hasta ese nivel ha llegado, porque ese amparo era para una libertad. Por todas las violaciones, por todos los antecedentes y no, al contrario, nos regresan siete años en el proceso. Por eso decimos nosotros, esto más que jurídico, es político, porque ella ha utilizado la muerte de su hermano para mantenerse en el poder, para encumbrarse e ir escalando posiciones políticas. A ella no le conviene que su discurso se venga abajo porque si se viene abajo, se va a demostrar que todo lo que ella construyó, su camino político, fue una mentira.

Desde esa posición de poder está enfrentando a los presos de Eloxochitlán. A los que todavía permanecen en prisión, y a los perseguidos como es el caso de Miguel (…), sigue en esta sed de venganza en contra de los presos, porque si todos obtienen la libertad, se le cae su discurso.

AM: ¿Cuál es su respuesta ante la reciente resolución?

RL: La analizamos y decimos no, esto es una trampa, porque quieren que Miguel regrese y encerrarlo con el pretexto de que reponen el proceso para que se caree con Elisa. Ese amparo no nos funciona. Por eso vamos al recurso de revisión del amparo, y que sea este que le dé entrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Que sean los ministros quienes determinen si ese amparo estuvo bien dictado, si la resolución es correcta.

Queremos que la Suprema Corte le dé entrada a esa revisión de la sentencia del amparo y realmente se pronuncie respecto a las violaciones de fondo fundamentales que hay en ese proceso. Entre ellas las falsas acusaciones de Elisa y sus testigos, que ya han sido cuestionadas, que han sido puestas en duda, que hay sentencias de libertad de los otros co-procesados, lo avalan, hay resoluciones, incluso de salas del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado; de Juzgados de Distrito, donde dicen que las declaraciones de Elisa y de sus testigos no son creíbles, hay contradicciones, hay inconsistencias y nosotros queremos que la Corte no evada esa responsabilidad, que el asunto de los presos políticos es un asunto trascendente de vital importancia para la sociedad, pues no podemos permitir que a través del poder, una persona que esté desde ahí incidiendo en el Poder Judicial y teniendo en contra de su voluntad, acusados, falsamente, a personas que se opusieron al proyecto caciquil de su familia.

Entre las contradicciones de los testigos, la dilación del proceso para llegar a la sentencia de Miguel, tuvimos que enfrentar mucha parcialidad por parte del juzgado. Aunado a esas contradicciones, los jueces, el secretario de acuerdos, el Ministerio Público, que en nueve años que lleva el proceso, es el mismo. Han cambiado muchos jueces, han cambiado secretarios de acuerdos, pero el Ministerio Público, que empezó el proceso, sigue ahí porque es una ficha clave para Elisa Zepeda, para Manuel Zepeda.

Es trascendente para la sociedad y la SCJN tendría que atraer en revisión ese amparo. Si nos batea prácticamente ahí estaremos comprobando que el acceso a la justicia en este país sigue siendo nulo, porque al final, pues ya se agotaría ahí el camino. Que realmente asuman la responsabilidad que tienen y demuestren esa independencia que debe de existir entre el Poder Judicial y el poder de los gobernadores. Nos hemos enfrentado a una contienda desigual, con muchas irregularidades procesales, parcialidad a favor de ellos y muchas contradicciones en los testigos. Este conflicto, más que jurídico es político y lo está administrando Elisa Zepeda a su antojo. Nueve años y no hay sentencia ya para nadie. Miguel está igual que los otros presos. Casi nueve años de proceso y sin sentencia, eso yo creo que es trascendente, en este tipo de procesos, y cualquier juez honesto, imparcial, lo observaría y tendría que otorgar la libertad de fondo.

Este material se publica conforme al convenio establecido entre Desinformémonos y Avispa Midia

 

 

La Red Rompe El Miedo se activa para monitorear el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro

                                                                                            Foto: Artículo19

 

La Red Rompe el Miedo (RRM) se activará el jueves 28 de septiembre de 2023 en la Ciudad de México para llevar a cabo un seguimiento y monitoreo de las protestas con motivo del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

Este día reviste una importancia fundamental en la defensa y protección de los derechos reproductivos, la salud y el bienestar de las mujeres. La participación activa en estas manifestaciones contribuye a erradicar el estigma asociado al tema del aborto. Al hablar abierta y públicamente sobre esta cuestión y movilizarnos en favor del acceso al aborto seguro, desafiamos prejuicios y promovemos un entorno de apoyo y comprensión. Además, ejercemos presión sobre gobiernos y legisladores/as para que reformen leyes y políticas relacionadas con el aborto, con el fin de garantizar un acceso legal y seguro a nivel global.

Durante esta jornada, documentaremos posibles agresiones a periodistas y personas defensoras que integran nuestra red. Simultáneamente, a través de nuestra cuenta de  X (antes Twitter, @RompeMiedo), proporcionaremos información en tiempo real sobre el desarrollo de la movilización, incluyendo incidentes y recomendaciones de seguridad. Esto se hace con la intención de acompañar a las personas que participan en la protesta y mantener a todos/as informadas.

Es fundamental recordar que las protestas desempeñan un papel esencial en la promoción de la justicia social, la democracia y la rendición de cuentas. Constituyen una vía para que las personas se unan y luchen por un cambio positivo en sus sociedades, fortaleciendo así la democracia y la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y sociales.

Es imperativo recalcar que el Estado tiene la responsabilidad primordial de garantizar la seguridad de periodistas, defensores/as de derechos humanos y manifestantes durante las protestas. Esta protección es esencial para preservar y promover el derecho fundamental a la libertad de expresión y al ejercicio de la protesta pacífica. 

Por tanto, exigimos a las autoridades de la Ciudad de México y federales que el 28 de septiembre se respeten y garanticen plenamente estos derechos, creando un ambiente seguro y libre de represión donde las personas puedan expresar sus preocupaciones y demandas legítimas. Además, es crucial asegurar que los periodistas puedan informar al público sobre el desarrollo de la manifestación.

 

 

La Red Rompe El Miedo se activa para monitorear el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro

                                                                                            Foto: Artículo19

 

La Red Rompe el Miedo (RRM) se activará el jueves 28 de septiembre de 2023 en la Ciudad de México para llevar a cabo un seguimiento y monitoreo de las protestas con motivo del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

Este día reviste una importancia fundamental en la defensa y protección de los derechos reproductivos, la salud y el bienestar de las mujeres. La participación activa en estas manifestaciones contribuye a erradicar el estigma asociado al tema del aborto. Al hablar abierta y públicamente sobre esta cuestión y movilizarnos en favor del acceso al aborto seguro, desafiamos prejuicios y promovemos un entorno de apoyo y comprensión. Además, ejercemos presión sobre gobiernos y legisladores/as para que reformen leyes y políticas relacionadas con el aborto, con el fin de garantizar un acceso legal y seguro a nivel global.

Durante esta jornada, documentaremos posibles agresiones a periodistas y personas defensoras que integran nuestra red. Simultáneamente, a través de nuestra cuenta de  X (antes Twitter, @RompeMiedo), proporcionaremos información en tiempo real sobre el desarrollo de la movilización, incluyendo incidentes y recomendaciones de seguridad. Esto se hace con la intención de acompañar a las personas que participan en la protesta y mantener a todos/as informadas.

Es fundamental recordar que las protestas desempeñan un papel esencial en la promoción de la justicia social, la democracia y la rendición de cuentas. Constituyen una vía para que las personas se unan y luchen por un cambio positivo en sus sociedades, fortaleciendo así la democracia y la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y sociales.

Es imperativo recalcar que el Estado tiene la responsabilidad primordial de garantizar la seguridad de periodistas, defensores/as de derechos humanos y manifestantes durante las protestas. Esta protección es esencial para preservar y promover el derecho fundamental a la libertad de expresión y al ejercicio de la protesta pacífica. 

Por tanto, exigimos a las autoridades de la Ciudad de México y federales que el 28 de septiembre se respeten y garanticen plenamente estos derechos, creando un ambiente seguro y libre de represión donde las personas puedan expresar sus preocupaciones y demandas legítimas. Además, es crucial asegurar que los periodistas puedan informar al público sobre el desarrollo de la manifestación.

 

 

¿2 sexenios perdidos para la verdad y justicia en el caso Ayotzinapa? 9 años de impunidad

                                                                                               Foto: CimacNoticias

 

Este martes 26 de septiembre se cumplen 9 años de los hechos ocurridos en el 2014 por la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, hecho que se sigue recordado como uno de los episodios violatorios de derechos humanos más emblemáticos en la historia reciente de México y hoy, le restan 9 meses al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para hacer efectiva su promesa de llevar verdad y justicia al caso.

Si consideramos el próximo junio del 2024 como el tiempo límite para el mandatario, debido a la contienda presidencial que se llevará a cabo en ese mes para sustituir su mandato, entonces se puede considerar partir de hoy que solo le restarían 9 meses a López Obrador, como tiempo máximo para cumplir con los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, no obstante, en el grueso del tiempo que ha podido generar acciones contundentes se ha enfrentando a señalamientos por la falta la resultados.

A pesar de las detenciones de presuntos implicados y señalamientos directos contra el Ejército por su presunta participación en la noche de Iguala, hasta el momento es evidente la falta de resultados, y de concluir así el mandato de López Obrador, ya serían dos administraciones presidenciales las que no generarían justicia en el caso. Es importante señalar que los hechos ocurrieron durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto quien tomó protesta a partir del 1 de diciembre del 2012.

En estos 9 años las y los familiares de los estudiantes desaparecidos y las víctimas de homicidio en el caso, son quienes han luchado contra las autoridades mexicanas quienes en estas dos administraciones les han negado el derecho a saber qué pasó y dónde están sus hijos normalistas de Ayotzinapa.

Pese a toda la información, aún no es posible esclarecer lo sucedido con los 43 normalistas ni dar con el paradero de cada uno de ellos.

Por ejemplo, en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de julio de 2023, se menciona la negativa de algunas corporaciones civiles y militares de entregar toda la información disponible y el presidente López Obrador es el jefe supremo de las fuerzas armadas.

Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) señala al Ejército

El Ejército y la Marina han ocultado información y han dado declaraciones falsas acerca de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero. Además, pese a haberlo negado, el personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sí estuvo presente durante los hechos. Así lo dio a conocer el pasado 25 de julio el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), el cual dio por concluida su participación en el caso de Ayotzinapa debido a las barreras que estas tres instituciones han puesto durante los procesos de investigación.

Las conclusiones a las que llegó el GIEI contradijeron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien el 26 de septiembre de 2022 declaró que se estaba avanzando en las investigaciones y se estaba «rompiendo el pacto del silencio y de impunidad«.

El 28 de junio de este 2023, López Obrador, dijo que no habría impunidad en el caso Ayotzinapa y que no se protegería a los miembros del Ejército responsables por los hechos.

Durante las conclusiones del GIEI, Ángela Buitrago Ruiz y Carlos Beristáin —integrantes— , anunciaron que la labor del Grupo se había dado por concluida en vista de que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina y el CISEN han mostrado resistencia para ofrecer información clara sobre lo ocurrido la noche de aquel 26 de septiembre de 2014. Datallaron que “además de ocultar información, integrantes de estas y otras instituciones han mentido en diversas ocasiones al GIEI o han cambiado sus declaraciones”.

Al respecto, Buitrago Ruiz informó que pese a que en un principio se había dicho lo contrario, la policía federal sí estuvo presente la noche de la desaparición de los 43 estudiantes, además de la Policía Ministerial de Iguala. De hecho, el GIEI señala que integrantes de este último organismo persiguieron y trataron de disparar contra sobrevivientes de uno de los autobuses tomados por los jóvenes.

También hubo participación de la policía municipal de Cocula, Iguala, Huitzuco y Tepecoacuilco. De acuerdo con los especialistas, la policía de estos dos últimos municipios participó (junto con el grupo delictivo Guerreros Unidos) en la balacera contra el equipo de futbol “Los Avispones”.

Según una hipótesis, dicha balacera se desató porque las autoridades y los criminales confundieron el autobús del equipo con otro vehículo en el que podían estar los normalistas de Ayotzinapa.

Por otra parte, el GIEI señala que miembros de Guerreros Unidos también colaboraron con la policía de Iguala y con la policía ministerial en la detención de varios jóvenes a la altura de la calle Juan N. Álvarez, uno de los puntos donde atacaron a los estudiantes.

Dos normalistas perdieron la vida durante esta detención. Además, Ángela Buitrago Ruiz y Carlos Beristáin aseguraron que el grupo Guerreros Unidos pudo haber actuado en colaboración con la policía para llevar a cabo la tortura y el asesinato de Julio César Mondragón.

Los hechos de Iguala

Los hechos sucedieron en 2014 cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, contra estudiantes en 1968.

Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses.

De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes quienes aún siguen desaparecidos.

Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no solo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.

El saldo de esa noche en Iguala fue de 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura; al menos 40 personas lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.

Con información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

 

 

Obrador minimiza el aumento de la violencia en Chiapas; gobernador mantiene silencio

                                                                                  Foto: Desinformémonos

 

En los últimos tres días han circulado, mediante redes sociales, imágenes de caravanas de camionetas blindadas, adaptadas como tanquetas de guerra, con hombres fuertemente armados. Esto ocurrió en carreteras de Motozintla y en la localidad de Chamic, en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, zona fronteriza entre México y Guatemala, en una clara señal de que la disputa entre cárteles en el estado solo se está recrudeciendo.

Personas formadas en filas, en las orillas de la carretera, aparecen gritando¡Puro Sinaloa!, en alusión al Cartel de Sinaloa, en un mensaje de guerra dirigido al cártel opuesto, el Jalisco Nueva Generación.

Las ejecuciones también se han recrudecido en la región tras las caravanas, denuncian habitantes de la zona.

La disputa, que se intensificó en los últimos meses, ha transformado en territorio de guerra principalmente a los municipios Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir.

En la conferencia de prensa matutina de este lunes, 25 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador trató de minimizar los hechos que han ocurrido en Chiapas, diciendo que ha habido mucha “propaganda” y que las críticas recientes obedecen a “motivos políticos”.

“Sacaron un video donde hay gentes recibiéndolos y sí pueden ser bases de apoyo porque les entregan despensas o por miedo, pero no es un asunto general y ya se está atendiendo y está la Guardia Nacional”, dijo el mandatario.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, también del partido Morena, ha evadido pronunciarse sobre la violencia que se ha extendido en la región sur del estado chiapaneco. Tampoco ha mencionado posibles acciones del gobierno del Estado para interferir en la situación.

Escandón fue invitado por el presidente López Obrador en la conferencia de prensa de este mismo lunes. Sin embargo, el tema abordado por el mandatario estatal fue la construcción del megaproyecto Tren Maya. “En Chiapas estamos muy contentos con la obra del Tren Maya, porque ha fortalecido la economía y el desarrollo del estado”, dijo el gobernador en sus redes sociales, sin mencionar la situación crítica que ha vivido la población de Chiapas.

Durante la conferencia de prensa, López Obrador evitó que el gobernador de Chiapas contestara preguntas de los periodistas sobre la disputa del territorio por los cárteles. Cuando Escandón fue cuestionado sobre los hechos del final de semana, el presidente contestó, “yo les voy a contestar esto, nada más”.

Mientras los mandatarios, estatal y federal, utilizan la estrategia del silencio o simplemente minimizan la situación, la sociedad civil y comunidades han denunciando hace meses la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales.

El mismo sábado, 23 de septiembre, cuando empezaron a circular los videos, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas lanzó un comunicado titulado Chiapas desgarrado por el crimen organizado. “Los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narco bloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia”, sostiene.

Entre las violencias señaladas por la Diócesis están: la presión y el control social, político y psicológico para que el pueblo tome partido por uno o por otro grupo criminal; el desabasto de alimentos, granos básicos y la falta de atención médica y medicamentos, debido a la continua violencia; los reclutamientos forzados, “dejando a las familias destrozadas”; el control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera; y cobro por “derecho de piso” y “de paso”.

El silencio de las autoridades “demuestra un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delincuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal”, dice el comunicado.

Este material se comparte conforme al convenio establecido entre Desinformémonos y Avispa Midia