La lucha estudiantil del legendario Grupo Morelos en la Universidad de Colima

Imagen: Diario de Colima 16/12/1983

 

En el periodo comprendido entre finales de 1998 y principios de 1999 se produjo un enfrentamiento público entre el gobernador, Fernando Moreno Peña —exrector de la Universidad de Colima—, y su padrino político, el también exrector Jorge Humberto Silva Ochoa, fundador del Grupo Universidad y propietario del diario Ecos de la Costa. El diferendo surgió porque este último había promovido la creación de la Asociación de Exdirigentes de la Federación de Estudiantes Colimenses, con una serie de demandas supuestamente encaminadas a la “democratización” y rescate del carácter popular de la casa de estudios, con cuestionamientos también al monto de las cuotas que se cobraban a los estudiantes. Al frente de la Rectoría se encontraba entonces Carlos Salazar Silva, excompañero de bachillerato de Moreno Peña.

Al calor de ese choque político en las cúpulas del Grupo Universidad, el historiador Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez publicó a principios de 1999, en la edición número 10 de la revista Contraste, una detallada crónica sobre la lucha del Grupo Morelos —organización estudiantil surgida en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, de la que él formó parte entre los años 1983 y 1984—, en la que dejó testimonio de la represión ejercida contra ese movimiento estudiantil por parte de las autoridades universitarias, con Jorge Humberto Silva Ochoa como rector.

Difundido con el título original “Crónica de un ayer que se confronta con el ahora. Recordar significa resistir”, el texto de Héctor Porfirio Ochoa, al rememorar la conducta de Humberto Silva y el Grupo Universidad frente a los jóvenes del Grupo Morelos, contribuyó en su momento a exhibir las contradicciones, incongruencias e hipocresía de las demandas de la Asociación de Exdirigentes de la FEC, que por sí solas se esfumaron cuando meses después el gobernador Fernando Moreno nombró a Humberto Silva titular de la Secretaría General de Gobierno.

A 22 años de su primera publicación, Tlanesi reproduce nuevamente la crónica de Héctor Porfirio Ochoa, que en algunos de sus pasajes conserva en los tiempos actuales una inobjetable vigencia que a nadie sorprende, sobre todo en el contexto del actual movimiento del Colectivo de Resistencia Estudiantil (Core).

 

Crónica de un ayer que se confronta con el ahora

RECORDAR SIGNIFICA RESISTIR

 Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez

El 15 de diciembre de 1983, el entonces rector de la Universidad de Colima, Jorge Humberto Silva Ochoa, rindió su informe de labores. Ese mismo día Felipe Flores Castillo, estudiante de sociología en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad, se declaró en huelga de hambre a la entrada de Catedral. Sus demandas eran: el reconocimiento a su calidad de estudiante —la cual le era negada por la Dirección de la escuela, a cuyo cargo estaba Miguel Chávez Michel— y la realización de nuevas elecciones para la Sociedad de Alumnos de Ciencias Políticas y Sociales. Pero, ¿cómo llegó Flores Castillo a tan radical determinación?

La historia comenzó meses atrás, cuando la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC) lanzó la convocatoria para renovar la referida sociedad estudiantil. La estrategia era sencilla. Sin previo aviso se expedía tal documento y, con escasas 24 ó 48 horas de margen perentorio, debían integrarse las planillas que pretendieran competir, previa aprobación de la FEC. Generalmente, se tomaba por sorpresa a los estudiantes, en tanto los manipuladores estudiantiles ya tenían preparadas sus planillas oficiales o “de unidad”.

Desde las anteriores elecciones en la escuela, los candidatos oficiales habían perdido la contienda, hecho insólito en la Universidad, pero no tan extraño si se toma en cuenta que se trataba de la Escuela de Ciencias Políticas, donde era previsible un mayor grado de conciencia entre los estudiantes y una resistencia un tanto más fuerte a los tradicionales métodos corporativos de la FEC. Al fin de cuentas el corporativismo —sea partidista, sindical, estudiantil o de cualquier tipo— lo que pretende es controlar políticamente a los integrantes de las organizaciones respectivas, es decir, negar las posibilidades de participación democrática y, en el caso que nos ocupa, la intención era además, lavar la “afrenta” que para los “fequistas” representaba haber perdido las elecciones anteriores.

Casi de milagro, un grupo de estudiantes no corporativizados logramos integrar una planilla, a la cual denominamos “José María Morelos y Pavón”. Tal núcleo fue encabezado por Felipe Flores Castillo, con antecedentes políticos en el Partido Acción Nacional; no obstante, habíamos simpatizantes del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) —aunque no militábamos en el mismo—, jóvenes sin preferencias partidistas definidas, y hasta algún colado de la misma FEC que hacía las veces de espía. En concreto éramos un grupo plural, unidos por el objetivo común de impedir que la Sociedad de Alumnos fuera un parapeto del director y los porros de la FEC, sin respeto hacia el estudiantado, al cual utilizaban cómo ganadería para asistir a los mítines del PRI, ya que para entonces el así llamado Grupo Universidad tenía asegurada su rebanada en el reparto de los puestos de “elección popular”. Nada menos, el mismísimo rector Silva Ochoa era, a la vez, director de una secundaria, “rector” universitario y diputado federal por el Distrito I del estado de Colima. ¡Todo un ejemplo en cuestión de ubicuidad! 

Imagen: Revista Contraste 06/01/1999

La planilla oficial era encabezada por el actual presidente estatal del PRI —¿serán tantas coincidencias mero producto de la casualidad?—, Roberto Preciado Cuevas, entonces estudiante de administración pública. Hubo, asimismo, un intento de conformar una tercera alternativa —aunque en realidad era otra cara de la misma moneda—, ocasionado por la inconformidad de Valentín Montaño, también estudiante de administración pública, y oficialista, quién se consideraba con más “merecimientos” que Preciado Cuevas. 

La FEC sólo admitió la planilla “Morelos”, como por economía de lenguaje se conoció, y la suya. Temíamos que no aceptaran la nuestra, pero hubiera sido una jugada demasiado burda, sobre todo porque entre nosotros se contaban algunos de los mejores alumnos. 

Los comicios eran antidemocráticos: voto directo y público, es decir, a la vista de todos, incluso los “enviados” de la FEC, que llevaban cuenta pormenorizada del sentido de los votos. Ante la imposibilidad de entrar en la contienda, Montaño hizo una rabieta y pidió a sus partidarios —ciertamente pocos— que votaran por la planilla “Morelos”. Eso contribuyó a que la balanza se inclinara definitivamente en favor nuestro, y que ganáramos por un margen corto, pero “irrefutable e inobjetable”, como acostumbran decir los priistas.

Poco nos duró la alegría del triunfo, pues ese mismo día nos enteramos que la FEC no estaba dispuesta a reconocerlo, argumentando que Flores Castillo no era alumno regular, pues el pago de su inscripción no había sido cubierto debidamente. En realidad, estuvieron buscando cuanto recurso tuvieron a la mano para usurpar una legítima victoria. Si hubiéramos resultado perdedores —como ellos eran en su mayoría estudiantes de administración pública—, con seguridad habrían obstaculizado o no hubieran promovido actos académicos de apoyo a las carreras de sociología, ciencias políticas y trabajo social —que en aquel momento formaban parte de las ofertas educativas de la escuela—, pero no habrían llegado al extremo de amenazar con la expulsión a Felipe Flores. 

La realidad era que Flores, en efecto, por falta de recursos no había cubierto todos los pagos al inicio del semestre —previa autorización del anterior director del plantel, Alejandro Flores Espinosa—, pero había adquirido el compromiso de cubrirlos durante el mismo. Además, era alumno regular en el sentido de que asistía a clases, presentaba exámenes, se le expedían calificaciones, tenía credencial y hasta poseía una constancia que acreditaba su regularidad.

INTROMISIÓN DE FUNCIONARIOS

La FEC se mostró inflexible, amenazó a Felipe y con burlas e ironías enrareció por completo el clima político en la escuela. Concretamente, Arnoldo Ochoa González, a la sazón director de Servicios Escolares de la Universidad, y Miguel Chávez Michel, director de la escuela, dos funcionarios universitarios que se debían mantener ajenos a las cuestiones estudiantiles, encabezaron el hostigamiento. Pero como todos los que abusan del poder, pretendieron mostrarse magnánimos. Si aceptábamos integrarnos a la planilla usurpadora —nos ofrecían la Secretaría General y otros puestos— se “resolvía” ipso facto la situación de Felipe, y todos felices, como una familia siciliana.

Imagen: Diario de Colima 17/12/1983

Por supuesto que no aceptamos. Nuestra respuesta fue: renunciar a participar en la sociedad de alumnos ilegal, exigir el cese de la amenaza de expulsión de Felipe y reivindicar nuestro derecho de asociación —consagrado constitucionalmente— para realizar actividades académicas y sociales como grupo estudiantil Morelos, en beneficio de la propia comunidad escolar. Desconfiando del director de la escuela, solicitamos una reunión con el rector Silva Ochoa. En ella estuvieron presentes, entre otros, Arnoldo Ochoa González, Fernando Moreno Peña, Juan José Farías Flores y Héctor Pizano, además del rector y Chávez Michel, es decir, el Grupo Universidad en pleno. Después de un ríspido intercambio de puntos de vista, obtuvimos el compromiso de Silva Ochoa de aceptar nuestra existencia como grupo estudiantil, que organizaría eventos en beneficio de la escuela, a cambio de no tener una actitud “beligerante”, sino “constructiva”, y de cesar las amenazas de expulsión a Flores Castillo y el hostigamiento a cualquiera de nosotros.

Semanas después, decidimos organizar un viaje a las costas de Michoacán, y para tal efecto comenzamos a pasar a las aulas a invitar a los alumnos. Chávez Michel, en persona, nos impidió tal acción, con el pretexto de que interrumpíamos clases. Decidimos anunciar el evento mediante carteles, y el mismo personaje iba, detrás de nosotros, arrancando las absolutamente inocentes cartulinas, carentes, por lo demás, de cualquier alusión política. ¡El colmo de los atentados a la libertad de expresión! La situación era insostenible. Fuimos testigos de la total falta de respeto de Silva Ochoa a su propia palabra. ¿O acaso la actitud de Chávez Michel obedeció más a un deseo de congraciarse con su amo, como diciéndole: Todo bajo control, jefe”; “Aquí no pasa nada”; impidiéndole saber lo que ocurría realmente? Tal hipótesis resulta prácticamente imposible de creer, pues durante su monárquico rectorado, Silva Ochoa organizó muy bien sus redes de espionaje al interior de toda la Universidad para estar enterado hasta de la mínima vibración de una hoja, ejemplo seguido fielmente por su pupilo y heredero en la silla rectoral, Fernando Moreno Peña; acaso sólo superado por Carlos Salazar Silva. 

Imagen: Diario de Colima 16/12/1983

El caso es que nada se resolvía y la suerte de Felipe parecía estar echada. Desde el inicio del movimiento, Flores Castillo nos había manifestado su intención de realizar una huelga de hambre si no le respetaban sus derechos. Al resto de los integrantes de la planilla nos pareció una medida extrema y no estuvimos de acuerdo en que la decisión la tomara solo, sino que fuera, en todo caso, un acuerdo del grupo. Nunca nos consultó cuando se instaló afuera de la Catedral colimense. 

Nos enteramos por la prensa el 16 de diciembre de aquel año, justo cuando nos disponíamos a distribuir unos volantes en donde denunciábamos a la comunidad universitaria en su conjunto lo que acontecía al interior de Ciencias Políticas, que afectaba a Flores Castillo y a todos los que hasta ese momento nos manteníamos en pie de lucha, no tanto por un proyecto alternativo de universidad, sino por la defensa de las mínimas garantías constitucionales, vejadas cínicamente. 

Al enterarnos de los hechos, no tuvimos otra alternativa que solidarizarnos con Felipe, sin estar preparados ni política ni psicológicamente para hacerlo. Empero, aquellos fueron memorables días que pusieron a prueba nuestra capacidad intelectual, política, emocional y física. Indudablemente, de los más intensos y bellos momentos de nuestras vidas, a pesar de habernos tomado por sorpresa y tener la sensación de ir atrás de los acontecimientos, reaccionando a cada golpe bajo que las autoridades universitarias perpetraban, por no contar nosotros con un plan previamente definido. Nos acusaron abierta o soterradamente de todo lo imaginable e inimaginable: de haber falsificado calificaciones de Felipe; de estar asociados políticamente con el entonces senador Javier Ahumada Padilla —aspirante a la gubernatura— para impedirle tal objetivo a Humberto Silva Ochoa; de ser instrumento de los “Tecos” de la Universidad Autónoma de Guadalajara para que se “apoderaran” de la Universidad de Colima; de estar preparando la llegada de golpeadores de las universidades “izquierdistas” de Guerrero y Sinaloa para “tomar” violentamente la Universidad —hasta rumores nos llegaron de que la plana mayor “universitaria” dormía en la rectoría con armas, para repeler el supuesto ataque—; de querer, alguno de nosotros, convertirse en diputado del PRI (emulando, quizá, a Fernando Moreno o Humberto Silva). Las más absurdas y contradictorias versiones, que se anulaban unas a otras. 

Fernando Moreno Peña. Imagen: Revista Contraste 11/11/1998

La más reciente “historia” de Silva Ochoa, ahora que ha creado la “Asociación de Expresidentes de la Federación de Estudiantes Colimenses A.C.”, fue recogida por Diario de Colima —”¡la vida te da sorpresas!”, diría Pedro Navajas—. En ella señala que el grupo “Morelos” era una expresión de la izquierda colimense para incidir políticamente entre los estudiantes universitarios, pero que como la FEC recogía los planteamientos “populares”, ellos eran en consecuencia la verdadera izquierda y la “otra” izquierda no podía tener éxito. ¿Entiende usted el galimatías? Para el ¿ilustre?  exrector no hubo fraude electoral al interior de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Ciencias Políticas; no existió un siniestro director de la misma, Miguel Chávez Michel, que impidió la libertad de expresión; no se abusó del poder para hostilizar a Felipe Flores, no se inconformó la mayoría de los alumnos de la escuela por todas estas arbitrariedades; y seguramente, no hubo huelga de hambre apoyada por cientos, miles de estudiantes, padres de familia, amas de casa e indignados ciudadanos colimenses de diversos sectores. ¡Hasta el actual coordinador legislativo del PRI en la Cámara de Diputados local, Jorge Armando Gaytán Gudiño, se acercó a saludar a Felipe a las afueras de Catedral y dejó un donativo en uno de los botes colocados para el efecto! 

Tales alcancías, junto con los apoyos recibidos mediante boteos en calles, plazas y camiones urbanos, sirvieron para financiar la campaña de prensa que nos vimos obligados a realizar para defendernos de los infames ataques a los que fuimos sometidos. 

La suposición de que recibíamos financiamiento “oscuro”, y la consecuente acusación, se debía a que hacían cálculos de lo que nos costaba la reproducción de desplegados en la prensa, concretamente en Diario de Colima, El Mundo desde Colima y El Imparcial. Ignoraban que el primero nos cobraba a la mitad de precio las planas y medias planas, mientras que los otros dos nos las regalaban. No hablar de Ecos de la Costa o El Comentario, puestos totalmente al servicio de la difamación y la calumnia. 

Quizá la obsesión por minimizar la existencia de nuestro movimiento se deba a que si el público hiciera una evaluación entre nuestros comunicados y los suyos, apreciaría a primera vista, que los primeros están mejor redactados y poseen un lenguaje firme, claro, vehemente —si se quiere—, pero que conservó hasta el final altura política, algo que los segundos difícilmente podrían presumir. Las pruebas ahí están, en los medios aludidos y vienen firmadas por los responsables de sus respectivas publicaciones. 

Imagen: Diario de Colima 20/12/1983

Con todo, la unilateral decisión de Felipe Flores por iniciar la huelga, quizá suponiendo que no teníamos otra alternativa que secundarlo, nos llevó a cometer distintos errores. La principal riqueza del movimiento la constituyó nuestro ideal democrático; por lo tanto, todas las decisiones las tomábamos en asamblea —a veces por consenso, a veces por mayoría—, pero eso nos hacía enfrascarnos en prolongadas discusiones cuando el tiempo apremiaba, lo que aumentaba la tensión y agudizaba las discrepancias. Hubo varias marchas y mítines los días en que Felipe mantuvo la huelga. En ellos informábamos a la población y tratábamos de contrarrestar la campaña en nuestra contra. Del mismo modo, tuvimos un encuentro en Rectoría para intentar solucionar el conflicto, pero sus condiciones, en pocas palabras, eran: “levanten la huelga y luego hablamos”; por supuesto que no aceptamos. Todo ello lo informábamos a la población, porque nuestra propuesta era un diálogo público, frente a los medios de comunicación, con la gobernadora Griselda Álvarez como testigo de calidad.

LA AUTODERROTA

Justo el 20 de diciembre, cuando ellos aceptaron el ofrecimiento con nuestras condiciones para celebrar un encuentro el 21, Felipe decidió —aduciendo malestares físicos y presiones familiares— levantar, de nuevo unilateralmente, la huelga, en el preciso momento en que estaba concertado el diálogo del día siguiente, mismo que ya no tendría sentido, pues la presión del ayuno habría desaparecido. La autoderrota de Felipe, y con él la de todo el movimiento, estaba inexorablemente asegurada.

Lo que pasó el día 21 fue un circo, montado con saña por nuestros adversarios. Resulta que el segundo o tercer día de la huelga de hambre, un grupo de profesores democráticos de primaria, afiliados al PSUM —antecedente del Partido Mexicano Socialista y del Partido de la Revolución Democrática—, colocaron una mampara de apoyo a Felipe, misma que traía por atrás propaganda electoral de su partido, la cual no era visible. El Partido Revolucionario de los Trabajadores llevó una manta de apoyo con su logotipo y pedimos que la quitaran, porque no queríamos que las causas estrictamente estudiantiles de nuestro movimiento se asociaran con algún partido político en particular, pues siempre defendimos el derecho de todos los universitarios (estudiantes, trabajadores y académicos) a militar en el partido político de su preferencia y, aunque simpatizáramos con tal o cual agrupación, nuestra lógica de discusión y toma de decisiones nunca obedeció a línea partidista alguna. Aceptamos, eso sí, los apoyos de los diversos sectores que, sin pretender imponernos condiciones, mostrarán su respeto a nuestra causa. Tal fue el caso de la certificación notarial que Jaime Alfredo Castañeda Bazavilvazo, Ismael Yáñez Centeno y Manuel Brust Carmona, hicieron de los documentos que Silva Ochoa y compañía nos acusaban de haber alterado, para dar fe en su calidad de notarios, de que tales imputaciones eran falsas.

Imagen: Diario de Colima 21/12/1983

Empero, retomando el hilo conductor de la exposición, el intempestivo levantamiento del ayuno de Felipe, quien fue internado en la Cruz Roja la noche del 20 de diciembre, hizo que todos abandonáramos Catedral y dejáramos la mampara amarrada a la reja frontal. La gente de la FEC se la llevó y, a la mañana siguiente, en el entonces llamado Salón Azul de Palacio de Gobierno, ante el azoro de los compañeros que estuvieron presentes —yo estaba en la Cruz Roja dialogando con Felipe, pues nos habían llegado rumores de que se había levantado del ayuno porque Humberto Silva le había prometido resolver “su” situación, que para esas alturas ya no era “suya”, en modo alguno, sino de todos lo que nos habíamos involucrado—, sacaron la mampara y, como provincianos imitadores de Torquemada, le dijeron a la gobernadora al tiempo que arrancaban los papeles adheridos a la misma y cubiertos por pintura blanca: “Vea, señora gobernadora, no son más que estudiantes confundidos y manipulados por el PSUM”. Ya podrán imaginarse el sermón de doña Griselda y las ocho columnas de Ecos de la Costa y El Comentario. Por supuesto, en aquel tiempo felizmente ya ido, el monolitismo priista era considerado una virtud, y la pluralidad política casi como un pecado. Los ridículos inquisidores no se percataron, pues, de que lo único que exhibían era su descarada intolerancia, su ostensible priismo, la paja en el ojo ajeno. 

Por eso ahora, cuando Silva Ochoa y sus correligionarios se lanzan “al rescate” del rumbo democrático y popular de la universidad, presuntamente perdido por “las preocupantes medidas que limitan las libertades de los universitarios”, “los altos pagos y cuotas”, “la falta de autonomía en escuelas, facultades y centros de investigación” —yo añadiría en el Consejo Universitario—, creo que tengo todo el derecho y la autoridad moral de preguntarle: ¿Dónde estaban sus convicciones democráticas cuando un pequeño grupo de estudiantes de la otrora Escuela de Ciencias Políticas y Sociales —hoy facultad— le pedimos respeto a la voluntad estudiantil? ¿Por qué no impulsó la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad que define fascistoidemente al rector como “jefe nato” de la misma? ¿Qué hizo para dar autonomía a “escuelas, facultades y centros de investigación”, así como al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC) y a la FEC, convertidos en meros apéndices de Rectoría? ¿Qué medidas tomó para evitar la inseguridad laboral de muchos profesores e investigadores universitarios, de la cual ahora usted se queja, misma que se traducía y traduce en su control político, o por lo menos en su silencio para debatir su problemática abiertamente, porque temen perder el trabajo? Aunque las elecciones del 97 demostraron que electoralmente ya no los pueden controlar, a juzgar por los resultados en las colonias de trabajadores universitarios. ¿Qué hizo, en fin, para que su propia sucesión en la Rectoría tomara cauces democráticos y no produjera el resquebrajamiento de las altas cúpulas de su grupo, ante su unilateral decisión, por más que ahora algunos hayan vuelto a reunirse “por encima de cuanto los separó”? ¿No le parece que el rumbo “preocupante” que ha tomado la actual Rectoría no es sino el lógico resultado de los mecanismos antidemocráticos de elección del rector, puestos en práctica por usted, y pulidos por su heredero, Fernando Moreno Peña? ¿No le parece que, llegados a este punto, a uno le parezca lógico preguntar si no es que sus afanes se deben a que el actual gobernador no ha compensado debidamente sus expectativas políticas? 

Imagen: Diario de Colima 17/12/1983

No son vanas mis preguntas porque, si usted recuerda, después del 21 de diciembre de 1983 nuestro movimiento tomó un nuevo giro. Como resultado de la huelga de hambre, recibimos el apoyo de estudiantes de muchas escuelas de la universidad y de la Escuela de Trabajo Social “Vasco de Quiroga”, y, ante la embestida que se desató a partir de ahí, analizamos la posibilidad de que el “Grupo José María Morelos” se integrara por estudiantes de todas las escuelas de la Universidad, la Normal de Maestros, la Escuela “Vasco de Quiroga” y cuantos en el sector estudiantil quisieran espontánea y libremente unirse. Sin embargo, tal medida defensiva se tomó en momentos de gran debilidad y estaba destinada al fracaso.

AMENAZAS Y REPRESIÓN

Poco a poco, ante amenazas directas o veladas y la permanente campaña de desinformación y de desprestigio, los estudiantes que nos apoyaban se fueron replegando, y si tenían un mínimo de conciencia, no se la debían a la FEC, como usted dice, pues ésta es la antítesis de la concientización política de la juventud universitaria; ahí está, sino, el desfile de modas organizado con “La Marina” para ¿conmemorar? el 30 aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre pasado.

No obstante a pesar del repliegue del movimiento, durante los primeros meses de 1984 impulsamos demandas que tendían a lo que pudiera ser el esbozo de un proyecto universitario alternativo: elevar la calidad académica; democratizar las elecciones estudiantiles; bajar las cuotas que ustedes se ufanaban descaradamente en presentar como “las más bajas del país”, cuando tal afirmación no resistía el mínimo análisis y comparación con otras universidades públicas; realización de auditoría a las finanzas universitarias; funcionamiento real del Consejo Universitario, entre las exigencias más importantes. 

La represión arreció, ¿recuerda? Súbitamente, de ser algunos de los mejores estudiantes, comenzamos a reprobar materias justamente con maestros que se prestaron al juego sucio. La mayoría de los compañeros en tales casos, tomaron la decisión de irse de la universidad. No es que los hayan expulsado físicamente, simplemente no les dejaron otra alternativa. Yo fui uno de los pocos que permanecieron, porque diversas circunstancias (familiares, económicas) me condicionaron a ello. De hecho, me comprometí ante la Dirección de la escuela a mantenerme al margen de cualquier participación política. Por supuesto, tuve la posibilidad de haberme ido y arriesgarme a fracasar, como les sucedió a algunos compañeros y compañeras. Pero me faltó valor y coraje para tomar tal decisión. Aislado y en silencio, arrastré internamente el estigma de sentirme un cobarde frente a mis amigos y amigas que partieron. En 1987, al terminar con un año de retraso mis estudios, me entregaron el premio “Peña Colorada”, por haber obtenido el mejor promedio de “mi” generación. En realidad, ésta era la que entró un año después de cuando ingresé. Fue un verdadero caso insólito: un alumno que había repetido una materia por haberla “reprobado”, recibió el máximo galardón al esfuerzo y estudio. Era el implícito reconocimiento, por parte de ustedes, de que tal “reprobación” había sido injusta. Así lo tomé y acepté el premio. No soy un malagradecido. No me regalaron nada. En efecto, habría sido doblemente injusto habérselo entregado a alguien más.

Pero regresando a 1984, cuando nuestra derrota era total, el PSUM se ofreció a apoyar a los compañeros obligados a irse, para que ingresaran en universidades donde tal partido tenía cierta influencia. Felipe Flores se fue a la Universidad Autónoma de Sinaloa; otros por su propio esfuerzo ingresaron a la UNAM, a la UAM y a la Nicolaíta. Fue entonces cuando Arnoldo Martínez Verdugo, diputado federal del PSUM y compañero de legislatura de Silva Ochoa, platicó con éste para que, supuestamente, cesara la represión. Digo supuestamente, porque ninguno de nosotros estuvo en tal reunión, de la que, por otro lado, yo no era un entusiasta partidario, porque la misma, para mí no tenía ningún sentido.  Tal vez por eso ahora el “democratizante” exrector dice que fuimos un “intento” de la izquierda, bla, bla, bla…, y ciertamente que muchos simpatizábamos con ese partido, pero no por ello teníamos una lógica corporativista de lo que debía de ser nuestro movimiento. Por otro lado, yo no he sido un “intento” de nadie que no sea yo mismo.

Decía Carlos Marx que la historia acontece, primero como tragedia y cuando se repite como farsa. El 15 de diciembre de 1986, tres años después de su histórica huelga de hambre, Felipe Flores Castillo, estudiante de sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se volvió a poner en ayuno, en vísperas de un nuevo informe de Silva Ochoa. Su demanda principal: la realización de una auditoría a la Universidad de Colima. Resistió, no sé si en verdadero ayuno —el de 1983 me consta que sí lo fue—, alrededor de 20 o más días, prácticamente solo, totalmente desacreditado. No entiendo, aún ahora, cómo es que a punto del triunfo en el 83 se levantó de Catedral y nos dejó a todos, empezando por él, colgados de la brocha. Hasta donde sé, no obtuvo ningún beneficio personal. Quizá su estado físico, en efecto, estaba muy deteriorado. Por ello, menos puedo comprender que tres años después, sin el apoyo de las anteriores multitudes espontáneas y compañeros de lucha, haya aguantado tanto tiempo. Solo a principios de 1987 —quien lo creería ahora— el PRT de “Tawa” y José Ramón Vargas Valle le organizaron una o dos desnutridas marchas y mítines, aunque Diario de Colima y algunos otros compañeros de viaje, emprendieron campaña de prensa para secundar su demanda de auditoría.

Si la historia tiene alguna utilidad, es impedir la desaparición de la memoria. Yo no puedo extinguir de mis recuerdos la frescura de nuestro movimiento, los trepidantes días de la huelga, la esperanzada y esperanzadora sonrisa de quienes nos apoyaron, el grito indignado de madres y padres en las marchas, la solidaridad de todos los que creyeron en nosotros. Tampoco puedo ni debo olvidar los atropellos, las amenazas, las calumnias de antaño. 

La crisis de civilización en la que estamos inmersos se debe, fundamentalmente, a que vivimos en la mentira. Democracia, justicia y libertad son palabras que han perdido por completo su significado, y cualquiera las utiliza con el mayor desparpajo, sin el menor respeto.

En estas circunstancias, recordar significa resistir.

 

Publicación original: Revista Contraste, edición número 10. Colima, Col., 6 de enero de 1999. Páginas 14-18.

 


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Tras las manifestaciones de estudiantes de la Universidad de Colima (Ucol) con la exigencia de que se eliminen las cuotas de talleres y laboratorios —cuyas instalaciones no han sido utilizadas desde hace casi un año debido a la pandemia—, el rector, Christian Torres Ortiz Zermeño, se negó a atender esta demanda y ofreció que el pago se realice en dos parcialidades, como ocurrió el semestre anterior.

A través de un comunicado oficial, el funcionario argumentó que la casa de estudios no ha incrementado el monto de sus aranceles desde hace ocho años, además de que actualmente se aplica un descuento de 25 por ciento en las cuotas de talleres y laboratorios.

“Con estos recursos —aseguró— se ha apoyado una reconversión tecnológica en la infraestructura educativa, que incluye mantenimiento, licenciamientos, telecomunicaciones y adquisición de equipos, además de la aplicación de las medidas de sanidad recomendadas para la prevención del covid-19”.

Torres Ortiz señaló que “si alguien tiene dificultades económicas que comprometan su continuidad en la universidad, puede comunicarse a su escuela y exponer su caso con el director o la directora”.

Refirió que luego de su inscripción un alumno o alumna de la Ucol “recibe una gran cantidad de beneficios, como estudiar en programas académicos reconocidos por su calidad, acceso gratuito a plataformas tecnológicas, seguro social, becas, tutorías, además de acceder a la oferta cultural y deportiva que ofrece la institución y formarse en contextos educativos internacionales”.

 

 

El pasado martes, integrantes del Colectivo de Resistencia Estudiantil (Core) realizaron un acto de protesta frente a la entrada principal del campus central de la Ucol, con la consigna central #SiNoLoUsamosNoLoPagamos, en alusión al cobro impugnado.

Comentaron que actualmente las cuotas por talleres y laboratorios oscilan entre 1,000 y 2,500 pesos por estudiante cada semestre, dependiendo de la carrera y del nivel educativo: bachillerato o licenciatura, y cuestionaron el alto sueldo del rector, de más de 160 mil pesos mensuales.

A la puerta de campus salió a atenderlos el titular de la Oficialía de Partes de la Rectoría, quien tras recibir un documento con las demandas de los estudiantes les informó que el rector se encontraba abierto al diálogo, que analizaría las peticiones y les daría una respuesta.

En el documento entregado, los integrantes del Core expresaron que “la imposibilidad de pagar las cuotas surge de la difícil situación económica debido a la contingencia actual, que afecta directamente a las y los estudiantes quienes se han visto en la necesidad de decidir entre la supervivencia y su derecho a la educación”.

Además de la eliminación total de la cuota de talleres y Laboratorios durante el periodo de confinamiento, los representantes del Core demandaron que al terminar esa etapa se reestructure el cobro de aranceles para bachilleratos y facultades que no incluyan talleres y laboratorios en sus planes de estudio.

Los estudiantes se pronunciaron asimismo por la disminución de los “salarios exuberantes del rector y altos funcionarios, al igual que las grandes pensiones a exrectores”.

Sin haber obtenido respuesta de la Rectoría a su documento, este viernes los estudiantes inconformes realizaron una nueva manifestación, pero esta vez, aunque pedían que el rector recibiera a una comisión, nadie salió a atenderlos.

Posteriormente, Christian Torres Ortiz emitió el comunicado, dirigido “a la comunidad universitaria” y “a la sociedad en general”, sin mencionar de manera expresa a los integrantes del Colectivo de Resistencia Estudiantil.

El rector dijo que el reto a superar es la pandemia, que ha generado complicaciones económicas emocionales y familiares que afectan a todos por igual, por lo que en la universidad “estamos convencidos de que un problema de tal magnitud sólo puede enfrentarse con éxito si trabajamos juntos y de manera solidaria, en beneficio de la sociedad”.

Hizo notar que “la universidad sigue funcionando, no ha detenido su marcha a pesar de la pandemia y que las instalaciones se han mantenido y se encuentran listas para recibirles una vez que el semáforo epidemiológico pase a color verde”.

El lunes 8, el diputado local Vladimir Parra Barragán, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, presentó una propuesta de punto de acuerdo para que el Congreso del Estado exhortara a la Universidad de Colima a condonar el pago de las cuotas estudiantiles correspondientes al semestre que empieza, como una medida de apoyo a la economía familiar en el contexto de la pandemia del covid-19.

Sin embargo, la mayoría conformada por el resto de las fracciones parlamentarias votó en contra de la propuesta.

 

 

Protestan estudiantes de la Ucol contra cuota de talleres y laboratorios durante la pandemia

 

Decenas de estudiantes de la Universidad de Colima, integrantes del Colectivo de Resistencia Estudiantil (Core), protestaron este martes en las afueras del campus central de la casa de estudios contra el cobro de la cuota por concepto de talleres y laboratorios durante el periodo de la pandemia, con el argumento de que ante la modalidad de clases a distancia no se han utilizado.

Inicialmente, los manifestantes se colocaron frente a las instalaciones del Paraninfo Universitario, con pancartas en las cuales se leían consignas como “No lo vamos a pagar, cuotas justas para la Universidad”, “Coherencia con lo que usamos y lo que pagamos”, “La educación no es un negocio”, “¿Qué estamos pagando?” y el hashtag #SiNoLoUsamosNoLoPagamos, en alusión a la cuota por las instalaciones no utilizadas.

En otro mensaje, se expresó: “Señor rector, es muy fácil hablar de pertinencia y de la responsabilidad social teniendo sueldos de +160,000 pesos al mes”.

 

 

Los inconformes fueron atendidos por el titular de la Oficialía de Partes de la Rectoría, Miguel Ceballos González, a quien le entregaron un documento con sus demandas y les firmó y selló de recibido.

Les comentó que el rector, Christian Torres Ortiz Zermeño, se encuentra abierto al diálogo y que analizará las peticiones y les dará una respuesta.

El texto del documento entregado por los estudiantes a la Rectoría es el siguiente:

Los estudiantes de la Universidad de Colima, a través del Colectivo Resistencia Estudiantil, expresamos nuestra inconformidad respecto al insignificante descuento del 25% que la Universidad ofrece en la cuota de Talleres y Laboratorios para la reinscripción del ciclo febrero-agosto 2021, destacando que es la cuota más cara de la ficha de pago.

La imposibilidad de pagar las cuotas surge de la difícil situación económica debido a la contingencia actual, que afecta directamente a las y los estudiantes quienes se han visto en la necesidad de decidir entre la supervivencia y su derecho a la educación.

 

 

Por otra parte, los servicios de luz, agua, mantenimiento, limpieza, restauración de material, etc. se han reducido significativamente debido a la falta de uso por la modalidad virtual; también es importante recalcar que en muchos planes de estudios de diferentes bachilleratos y facultades no son un recurso indispensable en su formación académica, provocando un pago obligatorio por un servicio que no será utilizado en lo absoluto. Si no lo usamos, no tenemos por qué pagarlo.

Consideramos que la Universidad es responsable de crear soluciones que nos permitan continuar estudiando de la manera más justa posible, asimismo, entender y empatizar con las necesidades de las y los estudiantes, por lo cual solicitamos a la Universidad:

●    Durante el confinamiento eliminar totalmente la cuota de “Talleres y Laboratorios”.

● Al terminar el confinamiento, reestructurar el cobro de aranceles para bachilleratos/facultades que no incluyan talleres y laboratorios en sus planes de estudio.

● Transparencia en el manejo de recursos destinados para el mantenimiento y restauración de materiales de los planteles universitarios.

● Que la Universidad exija el presupuesto que el Gobierno del Estado tiene como obligación aportar y este sea utilizado para el mantenimiento y cuidado de los planteles universitarios.

● Cumplir con el pago de las y los maestros y trabajadores de la Universidad en tiempo y forma.

● Que disminuyan los salarios exuberantes del rector y altos funcionarios, al igual que las grandes pensiones a ex rectores.

¡Las y los estudiantes unidos y organizados lo lograremos!

¡Si no lo usamos, no lo pagamos!

9 de Febrero del 2021

Colectivo de Resistencia Estudiantil

 

 

 

 

 

 

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La SCJN avala la Ley Minera y deja desprotegidos a pueblos indígenas (Video)

Foto: https://www.scjn.gob.mx

 

Pueblos y comunidades indígenas y rurales de diversas comunidades del país, así como organizaciones de la sociedad civil, lamentaron la sentencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se confirmó la constitucionalidad de la Ley Minera, señaló mediante un comunicado el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (Cemda).

El argumento de la máxima instancia del Poder Judicial en el país para negar el amparo al pueblo Maseual fue que el derecho a la consulta a las comunidades indígenas ya se encuentra garantizado en la Constitución General de la República, por lo que no consideró necesario incluirlo dentro de la Ley Minera.

De acuerdo con el Cemda, la normatividad minera no fue construida con los pueblos y comunidades indígenas, como establecen tratados internacionales de los que México es parte, por lo que la decisión de avalar su constitucionalidad significa dar un paso atrás en la construcción del Estado pluricultural en el país y la protección de los territorios y patrimonios bioculturales de pueblos y comunidades.

El Consejo Maseual Altepetajpianij buscó a través de la demanda de amparo interpuesta, visibilizar cómo es que por medio de la Ley Minera se impone un modelo de desarrollo que nulifica los derechos de los pueblos, particularmente a la libre determinación y al territorio, esto es, que invisibiliza su vida social, económica, política y espiritual.

“Es por ello, que no se trata de un asunto sobre el derecho a la consulta sino de cómo se construye la legislación en México. Desde esta postura, la Ley Minera sí se relaciona de manera directa con los derechos de los pueblos indígenas y por lo mismo es que debe ser modificada sustancialmente. Desde nuestra perspectiva la minería es una actividad que ha violentado sistemáticamente los derechos de los pueblos”, señaló la organización.

Asimismo, los pueblos, comunidades indígenas y las organizaciones de la sociedad civil promotoras de este amparo calificaron como muy negativo el hecho de que el máximo tribunal de la Nación haya actuado con opacidad al haber hecho público el proyecto de resolución del ministro Javier Laynez Potisek apenas un par de días antes de votarlo, sin que hubiera, por tanto, la oportunidad de tener una amplia discusión pública.

De igual forma, la Corte ignoró todos los argumentos esgrimidos tanto por las comunidades como a través de distintos Amicus curiae que le fueron presentados por parte de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia.

La Ley Minera actual debió ser construida por el Congreso de la Unión con los pueblos indígenas y comunidades equiparables, debido a que con ésta se pudieran generar impactos significativos en la vida y entorno de los pueblos indígenas. Además, se debieron regular en su texto mecanismos para respetar y proteger los derechos fundamentales como el territorio, el agua y la autodeterminación de los pueblos indígenas tal y como se ha hecho en otras legislaciones (v.gr. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable). Dado que esto se omitió en la elaboración y promulgación de la Ley, el otorgamiento de concesiones mineras en territorios indígenas es inconstitucional.

El caso resuelto por la SCJN versa sobre el amparo interpuesto por el pueblo maseual, que habita en la Sierra Norte de Puebla, el cual, en asamblea de alrededor de 3 mil personas indígenas en la comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan del Progreso, en ejercicio de su derecho a la autonomía, encomendó al Consejo Maseual Altepetajpianij emprender acciones para defender su territorio frente a la amenaza de diversas concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía en su territorio.

En marzo del 2015, con asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda), el pueblo maseual presentó demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de los artículos 6, 13, 13 Bis, 15 y 19 de la Ley Minera, así como la violación de sus derechos a la autodeterminación y al control de los recursos naturales por la expedición de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, ubicadas en los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso, en especial por la falta de consulta previa, libre e informada tanto en la expedición de la Ley como en el otorgamiento de las concesiones.

Dado que la actividad minera en México genera en algunos casos una afectación directa e intensa a los pueblos indígenas, debe contar con el consentimiento previo, libre e informado, de conformidad con los estándares establecidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia constitucional mexicana.

Al negar la inconstitucionalidad de esta Ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido validar un sistema que históricamente ha despojado de su territorio a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, y que ha cometido, de forma recurrente, violaciones a sus derechos humanos. Por lo anterior, los pueblos y comunidades indígenas así como las organizaciones no gubernamentales involucrados en este asunto, estudian la posibilidad de presentar, en su momento, el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para buscar acceder a la justicia que el Estado mexicano les ha negado.

 

 

 

 

 

Por adeudo salarial, paran labores jueces de Colima; sólo atenderán asuntos urgentes

 

COLIMA, Col.- Ante la falta de pago de la segunda quincena de diciembre y la prima vacacional, la Asociación de Jueces de Primera Instancia del Estado de Colima anunció la decisión de sus miembros de laborar “bajo protesta” y sólo atenderán asuntos urgentes.

Durante una manifestación realizada este martes afuera de las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), junto con trabajadores de confianza y jubilados del Poder Judicial, los jueces denunciaron que en materia presupuestal no se respeta la división de poderes en Colima.

“No obstante que el Congreso del Estado aprueba el Presupuesto de Egresos año con año, lo hace y así lo ha venido haciendo sin atender las necesidades del Poder Judicial, además de que este recurso se otorga a cuentagotas por parte del Ejecutivo a  través de la Secretaría de Finanzas”, señaló a través de un pronunciamiento el juez José Luis Torres Arreola, presidente de la asociación.

El documento íntegro, leído en el marco de la protesta, se transcribe a continuación:

La Asociación de Jueces de Primera Instancia del Estado de Colima y demás compañeros aquí presentes, agradecemos la presencia de los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan, ya que esta reunión, además de tener como finalidad exigir a quien corresponda se realice el pago de nuestro salario correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2020, también es para dar a conocer a través de ustedes a la población del Estado de Colima, el trato inequitativo que recibimos los trabajadores del Poder Judicial, como si no representáramos a uno de los tres poderes del Estado.

Y decimos que venimos a exigir a “quien corresponda”, porque sabemos de antemano que nuestro patrón es el H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado y corresponde a éste realizar dicho pago de manera puntual, que en términos del artículo 61 de la Ley de los trabajadores al servicio del gobierno, ayuntamientos y organismos descentralizados del estado de Colima, no podrá ser mayor de quince días. Esto es, los pagos deben realizarse los días 15 y 30 de cada mes y el pago que venimos a exigir, debió realizarse desde el 30 de diciembre y al día de hoy 05 de enero de 2021, no se ha realizado.

Sin embargo, de manera desafortunada, vemos que en el Estado de Colima, no se respeta la división de Poderes a que se refiere el artículo 116 de la Constitución General y 21 de la Constitución Local, por lo menos en el apartado presupuestal, ya que no obstante que el Congreso del Estado aprueba el Presupuesto de Egresos año con año, lo hace y así lo ha venido haciendo sin atender las necesidades del Poder Judicial, además, este recurso se otorga a cuenta gotas por parte del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas.

En ese sentido, queremos recalcar que la situación que venimos sufriendo ya fue explicada a los medios de comunicación por el magistrado presidente, licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana, en relación de que el Presupuesto de Egresos de 2020 aprobado por el Congreso del Estado, sólo alcanzaba para pagar la nómina al mes de octubre de año pasado, pues se autorizaron en total 216 millones, ello sin atender la solicitud realizada por el Supremo Tribunal, y sin ser llamados a consulta para justificar lo que se solicitaba, que para el año pasado era de aproximadamente 240 millones; razón por la cual, el H. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado promovió una Controversia Constitucional ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que le correspondió el expediente 30/2020 que a la fecha no ha sido resuelta.

Cabe señalar que en este año, en el presupuesto aprobado para el Poder Judicial se autorizaron 230 millones, sólo 14 millones más, cuando se solicitaron 360 millones, pero ese incremento tiene una explicación: la entrada en vigor en el Estado de Colima, de la Justicia Laboral a través de los Juzgados Especializados en dicha materia, y el rezago presupuestal que se vive, por lo que, seguros estamos que mientras el H. Congreso del Estado no haga las adecuaciones al Presupuesto de Egresos u ordene asignaciones extraordinarias para el Poder Judicial, nos veremos en la misma situación.

Para 2020 se pidieron 240 millones y se autorizaron 216, en este año se autorizó menos dinero que el solicitado para el año pasado, aun cuando se requieren, como se justificó en su momento por parte del Supremo Tribunal de Justicia ante el Congreso del Estado, 360 millones, con la entrada de la justicia laboral y el incremento de carga de trabajo en todas las otras áreas de atención.

Por lo anterior, exigimos al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, realice las gestiones necesarias para que a la brevedad posible, y preferentemente, el día de hoy (martes 5), se realice por parte del Ejecutivo del Estado la transferencia de recursos para el pago atrasado de la segunda quincena de diciembre y la prima vacacional del segundo periodo de 2020.

Al Ejecutivo del Estado también le exigimos realice la transferencia de los recursos necesarios para cubrir la nómina aludida, y a partir de 2021 permita que el recurso aprobado para el Poder Judicial sea administrado por éste, respetando en todo momento la verdadera división de poderes.

Y por último, exigimos al Congreso del Estado que reconsidere dicho Presupuesto o en su oportunidad autorice las partidas extraordinarias para el cumplimiento de nuestra loable labor jurisdiccional, que se trata de un servicio publico de primera necesidad, como lo es, el agua, la luz, seguridad pública entre otros, ya que sin impartición de justicia profesional y especializada, viviríamos en un estado caótico. 

Por último, quiero señalar que en su momento, en la exposición de motivos que dio origen a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987, relacionada con la independencia judicial, a que se refiere el artículo 116 de la Carta Magna, en la exposición de motivos, se expuso entre otras cosas, que: 

“Los tribunales de justicia deben ser independientes, para fortalecer en la realidad social el principio de división de poderes y porque la independencia judicial constituye la primer garantía de la jurisdicción, establecida no precisamente en interés del órgano jurisdiccional, cuanto de los justiciables, pues sólo cabe esperar justicia completa y estricta del juez jerárquicamente libre dependiente sólo de la ley.

La independencia judicial requiere que los jueces al actuar no han de tener otra norma rectora que la ley. La sumisión del juez a la ley, le hace independiente de la voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan, e incluso de su propia voluntad, cuando ésta propende a la arbitrariedad. 

Finalmente, al juez debe garantizarse una posición social digna, proporcionándole bienestar económico que permita su total entrega a su ministerio, sin preocupaciones de otra índole. Los órganos de los poderes judiciales deben contar con el apoyo financiero que guarde adecuada relación con la importancia del servicio público que prestan, pues de otra suerte se les inhabilita para contribuir al mejoramiento de la administración de justicia.”

Y si bien, se señala a los jueces, debemos entender que estas aseveraciones se hacen extensivas a todos y cada uno de los miembros que dignamente integramos el Poder Judicial del Estado de Colima.

Es por ello que, sabedores de nuestra responsabilidad, hemos decidido trabajar BAJO PROTESTA, y atender ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE los asuntos urgentes en las materias que así lo exijan, como lo son las medidas de protección y otras en materia familiar, y cuestiones de control detención en la materia penal, y audiencias que impliquen la libertad personal.