Los 7 datos engañosos sobre los avances en búsqueda de personas desaparecidas y hallazgo de fosas

Crédito: Presidencia

 

¿Este año disminuyeron las desapariciones de personas y las fosas? ¿Encontraron más gente viva? ¿Estamos mejorando? La Comisión Nacional de Búsqueda y la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación presentaron datos sobre los avances en búsquedas e identificación de personas desaparecidas que, sin contexto, resultan engañosos, y otros que no son  verificables. 

 

Por Efraín Tzuc (@efra_tzuc)*

En el noveno informe del gobierno federal sobre la evolución de la desaparición de personas en México y los hallazgos de fosas clandestinas, presentado el pasado 8 de abril, las autoridades presumieron la disminución de estos registros en comparación con el año anterior, así como el incremento en la identificación de personas, sin embargo los datos carecen de elementos básicos para ser verificados y, algunos resultados, son engañosos.

En la conferencia encabezada por el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, y la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, se anunció que de 2019 a 2020 los hallazgos de fosas clandestinas disminuyeron un 33.05%, y los cuerpos recuperados de ellas bajaron un 17.97%. También mencionaron que se han identificado el 37.72% de estos cuerpos, y que el 22.59% fueron entregados a sus familiares. 

Sobre las desapariciones destacaron que, de las 44 mil 174 personas desaparecidas registradas desde la toma de posesión del presidente López Obrador, el 55.8% han sido localizadas: la mayoría de ellas, el 92%, con vida. Esta noticia fue tomada como un avance por las autoridades federales y los principales medios de comunicación. Pero, ¿son ciertas?

A dónde van los desaparecidos analizó este y los informes anteriores, así como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), y contrastó con respuestas a solicitudes de transparencia que muestran una realidad distinta a la presentada por Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP). Este equipo encontró que hay una falta de datos públicos y de notas metodológicas para poder dar por cierto todo lo anunciado, además de que otros datos -sin contexto- llegan a ser engañosos.

Estos son nuestros 7 hallazgos:

 

1. Fosas clandestinas y cuerpos exhumados sí disminuyeron de 2019 a 2020, pero no como se anunció, y la información es confusa

Los datos reportados en el informe anterior -presentado en enero, y con corte al 31 de diciembre de 2020- indicaban que se habían encontrado 835 fosas en 2019 y 559 en 2020.

Pero en el informe del 8 de abril se agregaron inexplicablemente 5 fosas al conteo de 2019 y 57 al de 2020. Considerando estos datos, que son los más recientes, la disminución sería menor a la anunciada por el subsecretario Alejandro Encinas y la comisionada Karla Quintana: de 33.05% bajaría a un 26.6%.

 

Pie: Informe presentado el 29 de enero de 2021.


Pie: Informe presentado el 8 de abril de 2021.

 

La misma inconsistencia ocurre con los cuerpos exhumados: en el informe de enero se registraron mil 324 cuerpos para el año 2019, y mil 86 en el 2020, pero al siguiente informe la cifra cambió a mil 344 y mil 171, respectivamente. 

Otra vez, también en este tema, las autoridades federales no consideraron su último dato sino el presentado en enero, y anunciaron la disminución de los cuerpos en un 17.97%. Pero si utilizamos sus datos hasta abril, la reducción es del 12.8%.

La metodología detrás de los informes no es pública, por lo que no es posible saber cuántas fosas y cuerpos fueron encontrados de una presentación a otra, y cuántas se deben a hallazgos anteriores que no habían sido incluidos.

 

2. Las identificaciones incrementaron… los cuerpos no identificados incrementaron más

El subsecretario Encinas mencionó: “Hay que señalar que se registró un incremento -esto es también importante- en la entrega de cuerpos recuperados a sus familiares. De los dos mil 736 cuerpos que se han recuperado en estos sitios de inhumación clandestina entre diciembre de 2018 y marzo de 2021, cerca del 38 por ciento han sido identificados y el 22.6 por ciento han sido ya entregados a sus familiares”.

Sin embargo, este dato es engañoso: es cierto que se han identificado más cuerpos, también es cierto que se han recuperado más cuerpos, y que la mayoría de estos continúan sin nombre.

De hecho, las autoridades estatales identifican menos cuerpos que antes: al corte del 13 de julio de 2020, se identificaba al 42.3% de las personas; para el último reporte del 8 de abril, la cifra era del 37.7%. 

Es decir, si bien se han identificado más cuerpos, ha disminuido levemente el porcentaje de identificación.

Estos datos, además, presentan inconsistencias que tampoco han sido explicadas: en la presentación del 29 de enero de este año, mientras en una gráfica sumaban 2 mil 410 cuerpos encontrados en 2019 y 2020, en otra, la cifra era menor: 2 mil 395, que supuestamente incluía, además, 76 cuerpos recuperados en el primer mes de la administración del presidente López Obrador y que fueron reportados en una presentación anterior, el 25 de noviembre de 2019. Para el registro del pasado, del 8 abril, el número de cuerpos exhumados durante diciembre de 2018 sí se reportó pero ya no eran 76 sino 56. 

 

3. ¿No podemos saber si faltan datos?

Desde el 6 de enero 2020 la Comisión Nacional no presenta información completa sobre fosas clandestinas y cuerpos exhumados de las 32 Fiscalías estatales y Fiscalía la General de la República, por lo que no es posible saber si ambos años comparados, 2019 y 2020, contaron con datos de todos los estados o los cálculos se hicieron basados en  información incompleta. 

Esto explicaría la diferencia entre los informes, pero también indicaría que -a lo largo de los meses- podrían continuar agregándose fosas clandestinas y cuerpos recuperados durante 2019 y 2020, y los porcentajes cambiarían.

A dónde van los desaparecidos también encontró que de un informe a otro algunas fosas clandestinas desaparecieron sin explicación. Fue el caso de la única fosa reportada en Guanajuato en el primer informe del 14 de mayo de 2019, con corte del 1 de diciembre de 2018 al 13 de mayo de 2019, un mes después, cuando se presentó el siguiente informe de la CNBP el 24 de junio, en Guanajuato ya no había fosas clandestinas. El caso de Tabasco fue más dramático, de contar con 11 pasó a reportar solo una.

Tamaulipas también perdió fosas, en el informe del 24 de junio reportaba 13 pero para la presentación del 30 de agosto siguiente, se habían eliminado dos.

En el caso del registro histórico de fosas clandestinas, que toma como punto de partida el año 2006, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Oaxaca y de nuevo Tabasco perdieron en total 73 fosas del informe presentado el 30 de agosto de 2019 al del 6 de enero de 2020. Después de este, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Subsecretaría de Derechos Humanos solo han publicado los datos de los 5 estados con más fosas clandestinas y, en el informe del 8 de abril, únicamente los 10 municipios con más hallazgos de fosas y de cuerpos exhumados, por lo que no es posible identificar inconsistencias como las anteriores.

 

Pie: Informe presentado el 30 de agosto de 2019.

 

Pie: Informe presentado el 6 de enero de 2020.

  

4. De 2019 a 2020 las desapariciones bajaron un 22.5%, pero estados siguen registrando casos

 “Se ha registrado una disminución del 22.5 por ciento en el número de reportes de desaparición presentadas en el periodo de abril del 2019 a marzo de 2020 respecto del mismo periodo, es decir, abril de 2020 y marzo de 2021”, afirmó el Subsecretario Encinas en la conferencia  de abril, pero esta afirmación es engañosa y refleja la falta de una metodología pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Cualquier persona y autoridad puede ingresar un caso de desaparición al RNPDNO en cualquier momento. De hecho, las autoridades estatales realizan cargas masivas de registros de desaparición de años anteriores o del mismo año. Por ejemplo, durante marzo de 2021, la Procuraduría de Michoacán y las Fiscalías de San Luis Potosí, Chihuahua, Jalisco y Oaxaca subieron al RNPDNO registros de desapariciones ocurridas entre 1989 y 2021.

Este tipo de cargas masivas de registros de años anteriores ha sido constante desde que se publicó el registro en julio de 2020, por lo que en meses o años futuros las autoridades estatales podrían ingresar datos correspondientes a los años 2019 y 2020. El porcentaje de disminución presentado por el Subsecretario y la Comisionada podría cambiar en el tiempo e, incluso, revertirse.

Hasta la fecha la metodología del RNPDNO no ha sido publicada en su totalidad: se desconoce por qué las autoridades estatales continúan ingresando información de años anteriores y cuándo finalizarán este proceso.

 

5. Las desapariciones sin año no disminuyeron

 Aunque la comparación realizada por las autoridades federales fue de un periodo específico, de abril del 2019 a marzo de 2020 respecto al año siguiente, llama la atención que en el Registro Nacional han incrementado los reportes de desaparición que no cuentan con la información del año en que ocurrió el hecho.

En agosto de 2020, A dónde van los desaparecidos consultó las desapariciones sin registro de año. En aquella ocasión había 28 mil 783 casos (11 mil 154 sin localizar, 16 mil 717 localizados vivos y 912 sin vida). Para este 14 de abril, el RNPDNO sumaba 32 mil 947 registros de este tipo (13 mil 643 sin localizar, 18 mil 208 localizados con vida y mil 96 sin vida). Es decir, ha habido un incremento del 14.47% de desapariciones en las que no se registró el año del suceso. 

 

6. Cambiar el periodo de comparación, cambia las conclusiones a las que se llegan

 La disminución del 22.5% en los reportes de desaparición es una buena noticia… Pero, a diferencia del reporte de fosas clandestinas, el periodo elegido por las autoridades federales no fue el año cerrado sino de marzo de 2019 a abril de 2020, y el siguiente periodo anual. De haber considerado años cerrados la noticia no sería tan celebrada: 2019 fue el año que batió récord de desapariciones y el 2020 cerró con el segundo lugar. Modificar el periodo de análisis modifica las conclusiones del mismo.

 

Pie: Informe presentado el 8 de abril de 2021.

 

Otra punto que sí dicen los datos pero que no fue destacada ni en la conferencia de prensa ni en el informe del 8 de abril es que, aunque disminuyeron los reportes de desaparición en general, el porcentaje de personas que no han sido localizadas incrementó y, en consecuencia, el de localización -con vida y sin vida- disminuyó. Una manera más sencilla de explicar esto es que por cada 100 personas reportadas como desaparecidas, en 2019 fueron localizadas 56.5, mientras que al año siguiente, se localizaron 53.5. Aunque la diferencia parece insignificante, en realidad hablamos de cientos de personas.

 

7. El factor covid-19 puede crear un sesgo porque fue un año inusual

 La mayoría de los colectivos de familiares de personas desaparecidas -quienes impulsan la búsqueda de fosas clandestinas y hacen sus propios rastreos- pararon o redujeron significativamente sus actividades en campo a causa de la pandemia por el coronavirus. Algunas buscadoras incluso enfermaron de covid-19 y tuvieron síntomas graves.

A pesar de la emergencia sanitaria, el subsecretario Encinas y la comisionada Karla no consideraron relevante mencionar este contexto como una razón probable detrás de la disminución de los hallazgos de fosas clandestinas y de los reportes de desapariciones.

Los datos de fosas clandestinas y desaparición de personas que periódicamente publican la Subsecretaría y la Comisión Nacional de Búsqueda han ocultado sus respectivas metodologías y las dependencias han negado acceso a consultar las bases de datos y los documentos de origen.

A dónde van los desaparecidos ha solicitado las bases de datos tanto del RNPDNO y del Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados, pero la Comisión Nacional de Búsqueda ha evadido entregar la información completa, incluso después de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) se lo ordenara.

 

*Efraín Tzuc es reportero en A dónde van los desaparecidos y asistente de investigación en Quinto Elemento Lab.

 

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adondevanlosdesaparecidos.org/ es un proyecto de investigación periodística sobre las lógicas de la desaparición de personas en México y las luchas emprendidas por sus familiares en búsqueda con una perspectiva de derechos humanos y memoria.

 

 

 

 

Universitarias del país se solidarizan con maestra de la UAEM agredida

 

La Red Nacional de Instituciones de Educación Superior Caminos Hacia la Igualdad realizaron un llamado de atención enérgico en torno a la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres, en particular las docentes, ante el confinamiento derivado de la pandemia de covid-19.

A través de un pronunciamiento, en el que aparece como responsable la coordinadora de RENIES-Igualdad, Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara, la organización expresó su completo y total apoyo a la maestra agredida por un hombre mientras impartía clases en línea a estudiantes de bachillerato de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Solicitaron a las instituciones otorgar todo el apoyo necesario a la víctima, además de tomar medidas para garantizar mejores condiciones para las docentes que laboran desde su domicilio, además de pedir a los medios de comunicación y a los usuarios de las redes sociales no revictimizar a la maestra afectada.

A continuación se reproduce la imagen del pronunciamiento completo:

 

 

 

 

 

La desaparición de Celedonio Monroy: Reminiscencias de la Guerra Sucia

Fotografía: Frente en Defensa del Maíz Colima

 

Escrito por: Pedro Zamora Briseño

 

(Fragmentos del artículo publicado por el autor en la edición 25 de la revista Interpretextos, de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, pág. 101-122)

La desaparición del líder indígena Celedonio Monroy Prudencio, hace menos de una década en la Sierra de Manantlán, estuvo rodeada de formas y circunstancias parecidas a las prácticas represivas aplicadas durante el periodo de la llamada Guerra Sucia —cuya etapa más oscura se vivió en los años setenta—, con la que el gobierno mexicano combatió los movimientos guerrilleros de la época, igual que otros países de América Latina.

Celedonio, sin embargo, no había tomado las armas. Era un luchador social que por la vía pacífica defendía los derechos indígenas y los recursos naturales en el territorio de la comunidad indígena de Ayotitlán, Jalisco, frente a los intereses de mineros y talamontes en la zona.

La noche del 23 de octubre de 2012, varios hombres fuertemente armados —con atuendo militar— llegaron en dos camionetas a su domicilio en el poblado de Loma Colorada, municipio de Cuautitlán, Jalisco. Después de golpear a su esposa y causar destrozos en la vivienda, se llevaron al activista, a quien no se le ha vuelto a ver desde entonces.

Cuatro décadas antes de este suceso, luego de la masacre del 2 de octubre de 1968 y la matanza del 10 de junio de 1971, jóvenes de diversas regiones del país, sobre todo de Guerrero, no encontraron otro camino que el levantamiento armado para luchar en busca de la transformación social de México.

No obstante, se toparon con un Estado que, lejos de reconocer la existencia de una insurrección guerrillera, optó por la vía del exterminio mediante la detención y desaparición de muchos de los alzados, como si nunca hubieran existido, sin darles oportunidad siquiera de tener un juicio regular.

En el lapso de la Guerra Sucia desaparecieron más de 500 personas en México, según las cifras del Comité Eureka, fundado por Rosario Ibarra de Piedra, madre de familia que en 1975 dejó una apacible vida familiar en Monterrey para iniciar la azarosa búsqueda de su hijo Jesús, uno de los desaparecidos políticos que reclama la organización.

Pero cuando Celedonio Monroy fue secuestrado, en 2012, las cifras de personas que permanecían desaparecidas en México ya se contaban por miles (17 322, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda). Según la misma fuente, en el lapso de 1964 hasta septiembre de 2020, hay ya en México 73 984 personas desaparecidas no localizadas, la gran mayoría en los años recientes. En buena parte de los casos de las últimas décadas, ya no se responsabiliza directamente al Estado de las desapariciones de personas, sino también a la delincuencia común y a la delincuencia organizada, aunque no se han extinguido las desapariciones de presunta motivación política atribuidas a algún nivel de gobierno.

Destaca el caso de José Ramón García Gómez, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en Cuautla, Morelos, quien en el contexto de la lucha contra el fraude electoral fue detenido por policías el 16 de diciembre de 1988 y más de 30 años después no ha aparecido. Otra desaparición posterior relevante, y también emblemática, es la de los guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario (EPR): Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos por agentes policiacos en Oaxaca el 24 de mayo de 2007 y su paradero se desconoce hasta la fecha.

Celedonio Monroy Prudencio. Fotografía: Facebook

 

Desapariciones en México y América Latina

La mayoría de las víctimas de desaparición en el periodo de la Guerra Sucia tenía algún vínculo con los movimientos guerrilleros. “Son disidentes y en muchas ocasiones para explicar su desaparición se alega que murieron en un enfrentamiento con el ejército. Sin embargo, su desaparición los convierte —a ellos y sus familiares— en víctimas y le confiere al gobierno, responsable o no, el papel de perseguidor”, denunció la escritora mexicana Elena Poniatowska en un discurso ofrecido durante una reunión del Pen Club Internacional en 1980, publicado en la edición 171 de la revista Proceso.

Invitada también por la organización de escritores, Ibarra de Piedra complementó en esa misma publicación:

“Sin previo juicio ante los tribunales ni las mínimas formalidades legales, en México se han hecho desaparecer a muchos disidentes que no sé si tenían razón o no, lo que sí sé es que eran honestos y respaldaban sus palabras con una acción sincera; a lo mínimo que tenían derecho era a un juicio abierto con todas las de la ley”.

Respecto del caso de su hijo, Jesús Piedra Ibarra, la mujer también dijo:

“No sé si mi hijo fue un guerrillero, como afirma el gobierno, pero en todo caso respeto su decisión. En ese tiempo, a partir de 1968, los caminos de la disidencia en México se vieron cerrados. La masacre de Tlatelolco llevó a la tumba a muchos jóvenes; en 1971 la famosa apertura de Echeverría llevó a la tumba a otros jóvenes”.

En 1991, Miriam Granados, representante en México del Comité de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador “Monseñor Óscar Arnulfo Romero”, definió en una entrevista a los desaparecidos como:

“Personas que anhelaron cambios para la sociedad y lucharon incansablemente en contra de políticas injustas que aplicaron y aplican gobiernos antipopulares que solamente responden a intereses de los poderosos grupos económicos que representan. Los desaparecidos son personas que buscaban mejores condiciones de vida para los más pobres y explotados, el amor al prójimo es el delito por el que fueron capturados por fuerzas represivas que después los desaparecieron como una forma de acallar su voz”.

(…)

Mariclaire Acosta, representante en los años ochenta de la organización Amnistía Internacional en México y fundadora de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explicó los métodos de desaparición en la obra de Poniatowska Fuerte es el silencio:

“El mecanismo empleado para desaparecer a una persona en Latinoamérica es relativamente sencillo: se trata de aparentar un secuestro, perpetrado en forma rápida, violenta y anónima como lo dictan los cánones de la tradición. Generalmente el acto es precedido de un allanamiento de morada, en el cual un grupo armado irrumpe violentamente, a altas horas de la noche, en el hogar de la víctima y, tras el amedrentamiento y maltrato del resto de los habitantes, lleva consigo a su presa, además de todos los objetos que pudo hurtar durante el operativo”.

Blanca Esthela González Larios (Esposa de Celedonio). Fotografía: Pedro Zamora Briseño 

 

Liberato Monroy Alvarado y María de Jesús Prudencio Elías (Padre y madre de Celedonio). 

Fotografía: Pedro Zamora Briseño 

 

Bajo las sombras de la noche

Ocho años después de la desaparición del líder indígena Celedonio Monroy Prudencio, la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJ), ahora Fiscalía, no ha esclarecido los hechos ni ha localizado a la víctima.

De nada han valido hasta ahora las movilizaciones y las gestiones de sus familiares, de organismos de derechos humanos estatales y nacionales, de representantes de las comunidades indígenas, de organismos civiles, de diputados, de estudiantes… las autoridades responsables de la investigación no han reportado avances sobre el caso.

Monroy Prudencio, defensor de los derechos de los pueblos indígenas de la comunidad de Ayotitlán, bajo las sombras de la noche fue sacado de su domicilio por un grupo armado. Blanca Esthela González Larios, su esposa, quien durante el suceso fue golpeada y encañonada, narró en esa ocasión que eran ocho hombres, la mayoría con uniforme militar y pasamontañas, quienes llegaron en dos camionetas con el pretexto de buscar armas y se llevaron a Monroy con rumbo desconocido. A partir de entonces se inició el peregrinar de los familiares del activista, quienes recurrieron a las autoridades investigadoras y a las comisiones estatales de derechos humanos de Jalisco y Colima, así como a la Comisión Nacional, al Ayuntamiento de Cuautitlán, al Ejército, al Congreso de Jalisco y a otras instancias, sin obtener ningún resultado…

 

Leer el artículo completo en el siguiente enlace de la revista Interpretextos:

http://ww.ucol.mx/interpretextos/resultados.php?idarti=441

 

 

A ocho años de la desaparición del activista indígena Celedonio Monroy (VIDEO)

Vídeo: Archivo Tlanesi/ Youtube

 

 

 

 

 

 

Las mineras Peña Colorada y Las Encinas disponen de 11.3 millones de m3 de agua al año

 

 

* Ambas empresas tienen permiso de explotar los mayores volúmenes de agua en Colima, a través de cinco concesiones otorgadas por la Conagua

COLIMA, Col.- El Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada es la empresa que dispone de los mayores volúmenes concesionados de agua en esta entidad, con 7 millones 906 mil 111 metros cúbicos anuales, con los que se podrían dotar a 197 mil 652 personas de cien litros diarios de agua a cada una durante un año.

Por su parte, la minera Las Encinas, con un volumen concesionado de 3 millones 468 mil 960 metros cúbicos, cantidad con la que a lo largo de un año se abastecería de 100 litros del líquido diarios a cada una de 86 mil 724 personas.

En conjunto, las dos empresas tienen autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de cinco concesiones, para explotar un total de 11 millones 375 mil 071 metros cúbicos del líquido, volumen con el que 284 mil 376 personas recibiría cada una 100 litros diarios de agua a lo largo de un año.

Los datos anteriores se derivan de la investigación periodística denominada “Los explotadores del agua”, elaborada por un equipo de periodistas del país, encabezado por Thelma Gómez Durán, con financiamiento de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El informe señala que en México “hay personas y empresas que tienen concesiones que les permiten utilizar más de un millón de metros cúbicos de agua. Con esa cantidad alcanzaría para repartir 100 litros diarios, durante un año, a 25 mil personas ”.

El Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada está a cargo de la mina Peña Colorada, el cual explota hierro y pertenece a las empresas ArcelorMittal ya Ternium, mientras que la empresa minera Las Encinas, por su parte, solo pertenece a Ternium.

Peña Colorada posee tres concesiones de agua para uso industrial y un de carácter público urbano, con un total de 9 tomas subterráneas y una superficial, mientras que Las Encinas sólo cuenta con una concesión para uso industrial, con tres tomas superficiales.

Tras una revisión del panorama en que son aprovechadas miles de concesiones de explotación de agua en el país, el reportaje plantea que el sistema actual de concesiones de agua tiene que revisarse y modificarse, según investigadores y especialistas en el tema, sobre todo porque es un sistema injusto e inequitativo.

En el reporte de la investigación es citada la abogada Claudia Gómez, quien trabaja con varias comunidades indígenas del país en la defensa de su territorio y recursos naturales, quien señala que “existe mucha discrecionalidad sobre la forma en que se entregan las concesiones de agua” . En su labor ha encontrado casos en los que las concesiones se les niega a las comunidades indígenas “porque se argumenta que hay una veda, pero después nos enteramos que se entrega una concesión a una minera, a una compañía refresquera oa caciques de la región” .

En el caso de Colima, además de las mineras Peña Colorada y Las Encinas son nueve empresas o personas más que cuentan con concesiones que rebasan un millón de metros cúbicos anuales, entre las que se encuentran las siguientes:

Las Agroindustrias Rafer S.A. de C.V., que antes se llamaba Granjas Acuícolas, se localiza en el municipio de Tecomán y se dedica a la camaronicultura, cuenta con concesiones por un total de 10 millones 558 mil 800 metros cúbicos al año.

Danisco Mexicana S.A. de C.V. pertenece a la empresa estadounidense Dupont; se dedica a la elaboración de complementos alimenticios y en Colima tiene concesiones de agua por 4 millones 300 mil metros cúbicos al año. También tiene concesiones de agua en Michoacán y Veracruz.

La Fraccionadora y Hotelera del Pacífico S.A. de C.V. es la empresa que edificó el hotel Las Hadas, en Manzanillo, y que hoy forma parte del Grupo Las Brisas, tiene concesiones por un total de 2 millones 381 mil 900 metros cúbicos de agua al año.

Hacienda de San Antonio SA de CV es una exhacienda cafetalera que hoy funciona como hotel y que se encuentra muy cerca del Volcán de Colima y tiene concesiones para explotación de agua por 2 millones 445 mil 645 metros cúbicos anuales.

El reportaje “Los explotadores del agua” se publicó en enero de 2020 y un año después fue nominado como Finalista del Premio Gabo 2020 de periodismo, otorgado por la Fundación Gabriel García Márquez en Colombia.

 

Puede ser consultado completo en la siguiente liga:

https://contralacorrupcion.mx/explotadores-agua-mexico/

 

 

 

 

Crecimiento exponencial en muertes maternas por falta de atención y escasez de servicios en zonas rurales, ya son más de 900

 

Por Sara Lovera/ SemMéxico

Cd. de México, 25 de enero 2021.- En los últimos doce  meses, por  la contingencia sanitaria del  coronavirus, la tasa de fallecimientos de mujeres embarazadas, durante y después del parto,  tuvo un aumento  46 por ciento, respecto al mismo periodo del 2019.  Al primero  de enero  el reporte semanal epidemiológico de la Secretaría de Salud informa de 946 fallecimientos acumulados,  y el Covid 19 es  la primera causa de muerte de embarazadas y la primera en razón de muerte materna.

En los dos últimos meses, también aumentó el número de embarazadas confinadas, de poco más de 6 mil, a más de 10 mil según reporte de la Organización Panamericana de la Salud, debido a la restricción de uso hospitalario y la falta de atención en lugares alternativos para parir. En las zonas rurales, ello se agudizó por la disminución de recursos de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicanas.

Hasta noviembre habría reportado 836 fallecimientos, y todavía la pandemia era la segunda causa de fallecimientos, pero en estos últimos  50 días, hubo  2 fallecimientos diarios. Las más afectadas son mujeres entre 25 y 34 años, pero en los dos últimos meses, la SS señala que fueron las de 40 a 44 años.

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS)  México ocupa el segundo lugar de muertes de mujeres embarazadas por COVID-19  en la región solo  seguido por  Brasil, quien encabeza la lista. De acuerdo con la OPS, hasta el 20 de enero, en México se han registrado 10 mil 188 embarazadas positivas y 221 defunciones a causa de coronavirus.

Las muertes maternas habrían crecido a enero 2021 en 37.8 por ciento, según los reportes semanales de la Secretaría de Salud, afectando a mujeres en edad productiva y hasta los 54 años, principalmente en los estados de México, Chiapas, Puebla, Jalisco, Chihuahua y CDMX que  En conjunto suman el 40.3 por ciento de las defunciones registradas.

Apenas el 14 de septiembre SemMéxico informó que se había llegado a 632 fallecimientos en razón de mortalidad materna, con un aumento de 30 por ciento en razón de COVID-19 y en tres meses esta desgracia siguió creciendo, principalmente en las zonas más pobres y las entidades como  la Ciudad de México.

Sólo comparando noviembre  2019 con noviembre  de 2020, el informe oficial de la Secretaría de Salud, dijo que se registraron 783 defunciones acumuladas, en tanto que para el mismo corte de 2019 se registraron 612 defunciones. Lo que, hace 8 semanas representaba ya  un incremento de 171 defunciones o sea 27.9 por ciento. En un mes se llegó a 934, precisamente con el crecimiento de contagios y muertes por la pandemia.

Ahora, en enero   mueren más  de 3 mujeres al día, por  embarazo o  puerperio, con lo que   México retrocedió casi una década  en  la estrategia exitosa para reducir  la mortalidad materna hasta 2018; así  en los  primeros doce   meses del 2020 no operó el anunció de que la atención a las mujeres embarazadas sería  una prioridad,

Esta conclusión se basa en el seguimiento de Graciela Freyrmut que dirige el Observatorio de Mortalidad Materna, en el reporte epidemiológico de las semanas 52 y 53, al primero de enero, de la Secretaría de Salud y datos comparativos de esos informes de 2010 a la fecha.

El reporte señala que la razón de mortalidad materna RMM calculada es de 46.6 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa un incremento del 37.8 por ciento en la razón RMM, respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior.  Las principales causas de defunción son: • COVID-19, registran 202 (21.6 por ciento) con virus SARS-Cov2 confirmado.  COVID-19, sin virus identificado 46 (4.9 por ciento.

 Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (15.1 por ciento. Hemorragia obstétrica (13.8 por ciento.

Según la Secretaría de Salud, precisamente por falta de hospitales especializado en maternidad las entidades con más defunciones maternas son: Edo. de México (121), Chiapas (65), Puebla (51), Jalisco (49), Chihuahua y CDMX (45), cada una. En conjunto suman el 40.3% de las defunciones registradas.  Corte de base al 1 de enero 2021

La situación actual indica que el grupo de edad con mayor RMM es el de 40 a 44 años.  Las entidades con más defunciones maternas.

En tanto, en Brasil se han reportado 252 mujeres fallecidas por COVID-19. De acuerdo OPS con esto, en México, el 27.5 por ciento de mujeres gestantes, que contraen el virus, han fallecido.

El COVID-19 se ha colocado como la primera causa de mortalidad materna en México con base en datos preliminares al 18 de noviembre  -como lo reporto SemMéxico-  de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, como lo reveló la representante del Observatorio de Mortalidad Materna en México, Mtra. Hilda E. Argüello Avendaño al participar en el Seminario Internacional de Salud que organiza el Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Universidad de Madrid, que en esta ocasión llevó el título “Salud y mortalidad materna en tiempos de COVID-19”.

“Hasta el 18 octubre de 2020, se habían registrado 763 muertes maternas según datos preliminares de la Secretaría de Salud, solo en 43, es decir en el 5.6 ha sido por búsqueda intencionada”.

Aseveró que el  COVID-19 ha cobrado la vida de más mujeres embarazadas comparando las registradas con las reportadas el año pasado en la misma fecha. Es decir, actualmente las muertes maternas superan en 31.3 por ciento a las ocurridas el año anterior para el mismo período.

“Aquí podemos ver que el año pasado teníamos para este momento 586 contra 946 que tenemos ahora. Es decir, 360 muertes maternas más en 2020 que las que teníamos en 2019

 

 

 

 

Es importante señalar, dijo,  que actualmente el COVID-19 está superando como causa de muerte a las hemorragias que ahora se convirtieron en la segunda causa, seguida de los trastornos hipertensivos que están ocupando el tercer lugar.

Argüelles Avendaño, añadió que es el grupo de 25 a 34 años el más afectado por la muerte materna asociada a COVID-19, las cuales ocurren principalmente en hospitales de la Secretaría de Salud y del IMSS.

“Es importante señalar que un 33 por ciento de las fallecidas por COVID-19 estuvieron en una unidad de cuidados intensivos y que el 30 por ciento de ellas, estuvo intubada. Entonces vemos que hay complicaciones graves en una tercera parte de estas mujeres que fallecieron”.

Los momentos de mayor riesgo durante la gestación es en el tercer  trimestre del embarazo seguido del puerperio, lo que debería servir para identificar a las mujeres en mayor riesgo de morir por COVID-19, dado que además de la edad y el momento de la gestación, se encontró que la obesidad está presente en el 17.8 por ciento de los casos, así como diabetes e hipertensión en el segundo y tercer sitio, señaló la ponente.

El Mtro. Francisco Gómez Guillén, también integrante del Observatorio Nacional de Muerte Materna expuso  por su parte, que en 2020 la cifra de muertes maternas cambió a una razón de 45 por ciento, lo que significa un retroceso de 10 años, lo que es un indicador preocupante.

“Hoy en día se registran 46 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, en tanto que la misma razón en 2010 era de 44.1”.

Al realizar un análisis de las personas infectadas por el SARS-CoV-2, se detectó había en el país un total de 6,761emabarazdas y puérperas (mujeres tras el parto) confirmadas a COVID-19. Que según la OMS es ahora de más de 10 mil.

La representante del Observatorio Nacional de Mortalidad materna, remarcó que desde que terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia, la cifra de embarazadas confirmadas y sospechosas a COVID-19 se incrementó de manera importante para alcanzar un 511.9 por ciento.

Las entidades con más casos de embarazadas con COVID eran hasta la fecha en cuestión: en primer lugar la Ciudad de México con 845; le sigue el Estado de México con 459; Nuevo León con 454; seguidos por Tabasco Guanajuato, San Luis Potosí y Veracruz.

Ambos integrantes del Observatorio de Mortalidad Materna en México, alertaron que las muertes maternas en la población indígena no son contabilizadas de manera adecuada, incluso hay un sub registro de hasta el doble de las reportadas.

En síntesis, el Observatorio Nacional de Mortalidad Materna recomienda a las entidades identificar y atender os aspectos prioritarios para la atención materna y neonatal, impulsar la atención del parto eutócico y la lactancia materia, promover las unidades médicas a las que las mujeres embarazadas pueden acudir y una campaña de información obre signos y síntomas de emergencia obstétrica e informar que el tercer trimestre y el puerperio son los periodos de riesgo para COVID-19 entre los 25 y 35 años de edad. Así también sugiere identificar la necesidad de recursos humanos, involucrar el primer nivel de atención para estabilizar y/o referir las emergencias obstétricas y contar con un plan o estrategia con compromisos de los diferentes niveles de gobierno para la reducción de la mortalidad materna, entre otras.

En acto seguido, hizo uso de la voz durante el Seminario, la Dr. Mariana Montaño Sosa quien expuso las experiencias de intervención para la disminución de la mortalidad materna en comunidades del estado de Chiapas por la organización internacional Compañeros en Salud.

 

 

 

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