Colectivos de familiares han localizado 57 sitios de exterminio en Tamaulipas


 

Buscadoras de personas desaparecidas detectaron el primer centro de exterminio en 2012. Hasta ahora han localizado estos sitios en el suroeste, centro y norte del Estado. Los colectivos reclaman que estos lugares no están resguardados por las autoridades federales o estatales, por lo que existe el riesgo de que los fragmentos óseos e indicios sean removidos y se pierda la posibilidad de identificar a personas desaparecidas. 

 

Por Carlos Manuel Juárez / Elefante Blanco en colaboración con A dónde van los desaparecidos *

Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Tamaulipas han documentado la existencia de, por lo menos, 57 campos de exterminio en donde los grupos criminales asesinaron a personas, incineraron sus cuerpos, destruyeron y ocultaron fragmentos óseos. Sitios en donde, además, enterraron cadáveres en fosas clandestinas.

En el suroeste tamaulipeco, los colectivos han identificado 53 sitios en los municipios de Mante, Xicoténcatl, Llera de Canales, Gómez Farías y Ocampo; en el centro de la entidad, uno de gran tamaño en la localidad de Abasolo y dos en Victoria, y en la frontera con Estados Unidos, uno en Matamoros. Las autoridades federales y estatales han intervenido, en forma parcial, con búsquedas o levantamientos de restos en 56 de esos lugares. 

El pasado 12 de julio, Elefante Blanco y A dónde van los desaparecidos dieron a conocer que los gobiernos federal y estatal ocultaron durante cinco años la existencia de un campo de exterminio en La Bartolina, ya que a inicios de abril de 2016 este lugar había sido descubierto por soldados. Personal de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas recolectó huesos que, posteriormente, señaló que podrían ser de animales.

En conferencia de prensa, realizada el pasado 7 de julio, la Comisión Nacional de Búsqueda aceptó la existencia del sitio e informó que en el lugar se han recolectado más de media tonelada de huesos. Familiares de personas desaparecidas y la Fiscalía General de la República (FGR) han buscado en La Bartolina entre 2019 y 2021.

A tres semanas del anuncio de reconocimiento, el colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando, quien encontró y lidera la búsqueda en La Bartolina, informó que han recibido amenazas a través de llamadas telefónicas y que la FGR no ha agendado nuevas búsquedas en el centro de destrucción de cuerpos localizado en la franja fronteriza.

Integrantes de los colectivos Milynali Red, Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando y Red de Desaparecidos en Tamaulipas —que piden proteger sus identidades al temer por su seguridad—, aseguran que ninguno de los 57 sitios de exterminio que han localizado se encuentra resguardado por las autoridades, por lo que  se corre el riesgo de que los restos e indicios sean removidos de los lugares por las personas que cometieron las atrocidades o por quienes tengan interés en borrar evidencias. 

 

Una búsqueda en un sitio entre cañaverales. Crédito: Carlos Manuel Juárez


“No se les puede llamar solo fosas”

Elefante Blanco consultó a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sobre si existe una definición o una descripción precisa de lo que es un centro de exterminio en México, pero respondieron que no cuenta con una. Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos y académico de la Universidad Iberoamericana, explicó que el concepto está vinculado a los campos de la Alemania nazi. La ONU afirma que un sitio de exterminio es el lugar donde se aniquila masivamente a personas.

La doctora May-ek Querales, integrante del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF), menciona que el concepto de sitio de exterminio ha sido planteado por las buscadores y los buscadores de la región noreste. “El primer impacto que esto tuvo para las familias buscadoras es pensar que ya ni siquiera era la posibilidad de recuperar un cuerpo, ya ni siquiera se habla de fragmentos, sino kilos de restos”.

Aunque no hay un acuerdo común, los grupos de búsqueda consideran un centro de exterminio al lugar que reúne, por lo menos, hallazgos de fosas clandestinas, tambos de 200 litros usados como incineradores ilegales de cuerpos, campamentos de la delincuencia, áreas de privación ilegal de la libertad de personas y las evidencias —restos óseos, ropa y otros objetos— se ocultan bajo tierra o debajo de la hojarasca o ramas de árboles.

En Tamaulipas, Milynali Red ha detectado, analizado, documentado y nombrado 53 sitios de exterminio. Durante los primeros recorridos de búsqueda que realizaron por el suroeste tamaulipeco, integrantes del colectivo los hallaron:

“Los primeros que encontramos fueron en septiembre de 2012 —recuerda un integrante del colectivo—, cuando una persona que fue detenida señaló un lugar en el que encontramos fosas clandestinas”. 

En ese momento, explica, se registró que seis personas fueron exhumadas en ese lugar, “pero cuando fui al municipio donde ocurrió esto, el Ministerio Público que estaba de guardia en ese fin de semana me dijo que habían sido como 12 ó 13 cuerpos”.

Tiempo después, la persona buscadora volvió al mismo paraje y encontró montículos de tierra, pero también ropa, autos desmantelados, un área adaptada como dormitorios y otra para cocinar alimentos. Todo eso en un terreno de gran superficie a la intemperie, en medio de la nada. 

“De ahí fue que empezamos a darnos cuenta que a esos lugares no se le podía llamar solo fosa clandestina... Recorrimos más de 300 ranchos en cinco municipios alrededor de la zona cañera. Nuestro comienzo fue en 2012. Ahí empezamos a documentar los lugares que nosotros, ahora puedo decírtelo, desde hace algunos años hemos llamado: sitios de exterminio”.

 

Una zona de alimentación en un sitio de exterminio. Crédito: Carlos Manuel Juárez


Ante autoridades omisas, búsqueda ciudadana

Los integrantes del colectivo Milynali Red han localizado y documentado 53 sitios de exterminio, todos ya fueron intervenidos parcialmente por las Fiscalías federal y local, en conjunto con la Comisión Estatal de Búsqueda. “Hemos ido y las autoridades recolectaron lo que estaba a la vista como osamentas y armas”, explica la persona entrevistada.

“La ubicación de un centro de exterminio implica lo que hemos llamado la búsqueda prospectiva ciudadana, que es volver a un lugar las veces que sean necesarias hasta dar con los puntos con indicios, porque puedes tener una coordenada y no encontrar el sitio, por eso hay que caminar entre el monte hasta encontrar”, detalla la persona buscadora.

En la actualidad, Milynali Red realiza búsquedas en tres sitios de exterminio, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. En el más grande, llevan tres años trabajando; el segundo se ubica detrás de una casa habitada, donde incineraron cuerpos junto con ramas de árboles: “La dificultad para poder distinguir entre un cabrón y un resto óseo calcinado ha sido un reto”.  El tercer sitio está en medio de una zona de sembradíos de caña. En ese lugar, primero se detectó un pequeño montículo de huesos; pero al observar con más detalle, se descubrieron más restos. 

El colectivo junto con la fiscalía está en espera de poder intervenir en un cuarto sitio, ubicado dentro del potrero de un rancho. Las lluvias no han permitido realizar los trabajos de exploración, comenta la buscadora. 

Milynali Red ha tomado la decisión de no solicitar la intervención en nuevos sitios hasta no concluir el recorrido, la  localización de posibles áreas y recolectar los restos óseos calcinados en los cuatro sitios. 

“Antes —comenta la persona del colectivo— no nos prestaban los peritos expertos en arqueología y antropología, eran solamente el criminólogo, el fotógrafo y el ministerio público, tampoco había agendas de visitas y se cuestionaba el gasto y el por qué regresar tantas veces, pero es lo necesario en un sitio de exterminio".

 

Los restos recolectados en una mesa de indicios. Crédito: Carlos Manuel Juárez

 

Rancho El Papalote, trabajos desde 2013

Uno de los sitios en donde las mismas autoridades hicieron pública su ubicación es el rancho El Papalote, localizado por elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas en 2013. Al año siguiente, los colectivos Voz y Dignidad por los Nuestros y Milynali Red encontraron en ese mismo lugar tambos con combustible, pedazos de cuerpos, ceniza y ropa. 

El centro de exterminio El Papalote se encuentra en las faldas de la sierra de Cucharas y tiene una extensión de dos campos de futbol, de acuerdo con el colectivo Milynali Red. 

A partir de septiembre de 2017, en el sitio se realizaron diligencias de 10 días continuos por mes, para recolectar fragmentos de huesos. En febrero de 2019, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, recorrió el lugar y observó cómo las buscadoras se concentraban en cribar la tierra. Hace dos años, el funcionario federal señaló que ese era el centro de exterminio más grande de Tamaulipas.

 

Una buscadora identifica restos óseos calcinados tras cribar la tierra. Crédito: Carlos Manuel Juárez


Sin embargo, en entrevista, la comisionada nacional de búsqueda Karla Quintana Osuna aseguró que La Bartolina es la zona de exterminio más grande del país que hasta ahora se tenga registrada. El colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos aseguró que se han recolectado, por lo menos, 750 kilogramos de huesos, de acuerdo con la información que registraron en tres de las cinco búsquedas realizadas por la FGR de 2019 a 2021.

La funcionaria federal mencionó que la comisión tiene registro de más centros de exterminio en lugares como Abasolo, El Mante, El Papalote, en Tamaulipas; así como en Moctezuma, en San Luis Potosí; en Patrocinio, Coahuila; y en Estación Claudio, en la Comarca Lagunera y en La Mano y Las Abejas, en Nuevo León.  

En un comunicado difundido el lunes 26 de julio, integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León aseguraron que en la entidad se han identificado cinco sitios de exterminio: “Grutas de García”, “Las Abejas”, “Carboneras”,  “Los Arcos”, “Vallecillo” y “La Mano”. Además, solicitaron a la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de Justicia del estado que definan un plan de intervención detallado para estos lugares. 

En la entrevista para este reportaje, Quintana Osuna explicó que en el noroeste del país “el modus operandi parece ser el mismo”. El análisis de contexto, comentó, apunta a la probable participación del Cártel del Golfo o Los Zetas. Además, por la información preliminar que tiene la comisión, “la mayoría de los hechos que dieron origen a estos sitios se dieron entre 2009 y 2012; esto se tiene que corroborar por fuentes y ciencia, con el análisis de los restos”.

La comisionada aseguró que decidieron hacer pública la existencia de La Bartolina  “por la dimensión” que tiene el lugar.

 

A mediados de julio de 2021, familiares de personas desaparecidas, integrantes de diferentes dependencias federales y estatales participaron en acciones de búsqueda en Tamaulipas. Crédito: Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.  

 

Prioritario acelerar trabajos en La Bartolina

En dos años y medio, la Fiscalía General de la República ha acudido en cinco ocasiones a La Bartolina. Esta dependencia federal tomó el caso a petición de Madres Unidas por Nuestros Hijos. El colectivo solicitó el resguardo permanente del terreno y un plan de intervención urgente y extraordinario para levantar los restos esparcidos por los 600 metros cuadrados del terreno.

“Es prioritario que se aceleren los trabajos por la Fiscalía, quien es la única que tiene legalmente la posibilidad de hacerlo. Nosotros colaboraremos si se nos solicita. En segundo término, tiene que ser uno de los sitios, entre otros muchos, a revisar por el Mecanismo de Identificación Forense para que determine lo que corresponda”, explicó la comisionada.

El martes 13 de julio la Comisión Nacional de Búsqueda envió dos solicitudes a las fiscalías estatal y federal para conocer los trabajos que cada una realizó en el lugar, los resultados en materia de identificación de restos y si hay hipótesis del modus operandi, junto con los posibles responsables de los delitos cometidos en el centro de exterminio.

A finales de mayo de 2021, Quintana Osuna recorrió una parte del terreno de 600 metros cuadrados, ubicado en Matamoros, Tamaulipas. Sobre la visita, dijo que a diferencia con zonas similares en Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila, en La Bartolina los restos están en la superficie y enterrados, incluso debajo del agua.

“Siempre estás viendo restos calcinados y no todos están enterrados, muchos están a ras de suelo... Uno puede ir caminando en este sitio que está cerca del mar y vas detectando dónde puede haber restos para hacer pozos de sondeo. Incluso, bajo del agua; el día que fui había 20 centímetros de profundidad y se podían ver los huesos bajo el agua. Falta mucho por trabajar en este lugar”, contó la comisionada nacional.

Además, confirmó que hubo recolección e identificación de huesos —como piezas dentales— que son importantes para los análisis genéticos, aunado a la recolección de monedas, prendas, relojes y cadenas. Todos los objetos y restos humanos, recalcó, están en poder de la Fiscalía General de la República. 

 

Familias y personal de la FGR trabajan durante la visita del subsecretario Alejandro Encinas al centro de exterminio en la zona de El Mante en febrero de 2019. Crédito: Carlos Manuel Juárez

 

“Tamaulipas sigue estando solo”

Los colectivos Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando y Red de Desaparecidos en Tamaulipas (RedTam) han identificado cuatro sitios de exterminio, entre ellos el localizado en La Bartolina. Sin embargo, señalan que a casi tres semanas de que se reconoció oficialmente la existencia del lugar,  las autoridades federales y estatales no han regresado al terreno para resguardarlo, buscar más restos y recolectarlos.

“Qué bueno que lo reconocen, pero nos hace ruido que las familias vayan a estar en un riesgo o que el sitio vaya a estar en un riesgo. Si las familias no lo habían hecho público es por algo, tienen años trabajando allí y no acaban; en un momento dado, cualquiera puede llegar y destruir lo que todavía queda”, destacó un integrante de  la RedTam. El colectivo lamenta que no existan acciones más contundentes para agilizar los trabajos de identificación.

“Tamaulipas sigue estando solo. No hemos visto que la ONU se haya pronunciado, tampoco las organizaciones de ningún tipo. Nadie ha dicho nada. Y mucho menos habrá recursos para identificar cada uno de esos fragmentos. No hemos visto a nadie que, desde el momento en que la comisionada dijo ‘sitios de exterminio’, venga y apoye a las familias, a nadie. Entonces para nosotros es un show  lamentable, porque las familias han trabajado mucho y se han jugado el pellejo allí y se lo van a seguir jugando, y (ahora) peor porque están en la mira de todo el mundo”.

La RedTam, organización de la sociedad civil con sede en la capital tamaulipeca, ha documentado que en la entidad la desaparición de personas se dio en centros de exterminio, fosas clandestinas y en cuerpos de agua, como lagunas y presas. Por ejemplo, en la presa Vicente Guerrero, ubicada en el municipio de Padilla, desde 2019 y a partir de información derivada de investigaciones judiciales, se han realizado búsquedas con cámaras submarinas.

Recientemente, esta organización también registró la recolección de 1,900 piezas dentales en un predio que se localiza a medio camino por carretera, entre Victoria y San Fernando, del municipio de Abasolo, al norte del estado. En el sitio, además, se encontraron crematorios ilegales y  fosas clandestinas. 

 

Acciones de búsqueda en Tamaulipas realizadas a mediados de julio de 2021.  Crédito: Comisión Nacional de Personas Desaparecidas. 

 

El colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando, quien encontró y lidera la búsqueda en La Bartolina, informó que han recibido amenazas a través de llamadas telefónicas. Aunque no quisieron abundar en esto, las y los integrantes relacionan las llamadas con el anuncio del centro de exterminio. Esta situación la reportaron a la Secretaría de Gobernación. Actualmente, algunos de sus integrantes son parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin embargo, al cierre del reportaje no se les había notificado si tendrán más protección que el botón de pánico.

Integrantes de este colectivo informaron que la Fiscalía General de la República no ha agendado nuevas fechas de búsqueda en La Bartolina. Ellas, por su parte, estudian la posibilidad de solicitar que se realicen reformas legales para incluir al exterminio como un nuevo delito dentro del Código Penal o presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad relacionados con lugares como La Bartolina. 

Mientras tanto, las integrantes del colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos realizaron tomas de ADN a familiares de personas desaparecidas. Con ayuda de personal de la Fiscalía estatal, durante la semana del 13 al 16 de julio, recolectaron 211 muestras genéticas vinculadas con casos denunciados, aunque recriminaron que las autoridades no permitieron tomar muestras de sangre a familiares de personas secuestradas.

 

Un familiar carga una cubeta con tierra y restos mezclados, al fondo personal de la FGR estudia la zona del hallazgo. Crédito: Carlos Manuel Juárez 

 

Crean  protocolo especial 

Ante el alto número de sitios de exterminio que han localizado, personas buscadoras en Tamaulipas elaboraron el primer protocolo estandarizado de búsqueda en estos lugares, el cual  ya se implementó en seis sitios ubicados en la zona de El Mante. 

El protocolo es el primero en su tipo en México y apunta a la especialización en el reconocimiento, recolección, tratamiento e identificación de restos humanos. El documento fue compartido con los integrantes de 14 colectivos de búsqueda en el Segundo encuentro de buscador@s México, realizado en marzo de 2020, en Tlaxcala.

“La localización de los sitios de exterminio implica replantear los retos de la búsqueda e identificación de personas; redimensionar el escenario de terror y horror con que se infunde el miedo para paralizar a nuestra sociedad; y, sobre todo, repensar nuestras instituciones y procesos para acceder a la verdad y a la justicia en el tenor de la seguridad pública”, se explica en el documento “Protocolo Estandarizado de Búsqueda Ciudadana en Sitios de Exterminio”, que tiene como autores a  Graciela Pérez, Sara López y Evencio Pérez.

El protocolo señala que la cadena de custodia de los restos recolectados en los sitios de exterminio es el proceso más importante para garantizar y dar continuidad a los trabajos en dichas zonas de inhumación de cadáveres. 

“Quizás muchos dirán que para qué un resto óseo calcinado sino vamos a poder sacar algún ADN, pero para las madres que estamos buscando a nuestros familiares, yo lo pongo así, si es un familiar suyo imagínate que es un pedazo de la persona que estás buscando no quisieras que se quedara allí”, refiere una de las personas que aportó información para el protocolo.

En el documento se destaca que un obstáculo es la falta de personal técnico y especializado. Eso, reconocen, no permite agilizar los procesos de identificación. 

El protocolo también subraya que las autoridades federales y estatales deben clasificar y contabilizar de forma distinta las fosas clandestinas y los sitios de exterminio, ya que en estos últimos lo que se busca es destruir los cuerpos e imposibilitar su identificación.

Se plantea, además, la necesidad del reconocimiento de las técnicas del cribado o tamizado, como parte de los procesos técnicos específicos para el levantamiento de indicios vinculados con el análisis geológico y arqueológico de los sitios.



*Carlos Manuel Juárez es reportero. Ha publicado crónicas y reportajes sobre víctimas y victimarios de la guerra contra el narcotráfico. Acompaña a familias que buscan a sus desaparecidos en el territorio tamaulipeco.

 

www.elefanteblanco.mx es un medio para el periodismo, la memoria y la conversación sobre Tamaulipas, uno de los territorios más silenciados del planeta. (@MxElefante)

 www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).



Organizaciones exigen verdad, justicia y no repetición en espionaje con Pegasus

 

Ciudad de México | Desinformémonos. Después de que la publicación este lunes de la investigación Pegasus Project en diversos medios de comunicación reveló el uso de malware de espionaje contra defensores de derechos humanos, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil en México y en el mundo, organizaciones exigieron al gobierno mexicano garantía de verdad, justicia y no repetición.

En un comunicado, las organizaciones ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y SocialTIC informaron que más de 15 mil números de teléfono mexicanos aparecen como potenciales objetivos del malware Pegasus, dentro de los que se incluyen los de personas defensoras de derechos humanos, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y más de 25 periodistas, incluido el guerrerense Cecilio Pineda Brito, asesinado en marzo de 2017 unas semanas después de haber sido atacado con Pegasus; Ismael Bojórquez, Andrés Villareal, Carmen Aristegui y Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdéz.

Ante los nuevos datos proporcionados por la investigación, coordinada por la organización francesa de periodismo Forbidden Stories junto con Amnistía Internacional en la que participaron más de 80 periodistas del mundo de 17 medios y organizaciones, las organizaciones exigieron que se garantice una investigación imparcial, amplia, exhaustiva y profesional que identifique a todas las víctimas de espionaje, a los responsables materiales e intelectuales de perpetrar los ataques y a los funcionarios que hayan participado en el encubrimiento de los hechos.

También reiteraron la “urgente necesidad” de modificar el marco legal para impedir el espionaje en México, ya que “permanece intacto a pesar de las recomendaciones internacionales y la promesa de la actual administración de no espiar”. Afirmaron que es indispensable establecer controles democráticos y regulaciones que permitan que el compromiso del gobierno al no espionaje se pueda verificar.

Según las organizaciones, las revelaciones de la investigación confirman que desde agencias del Estado Mexicano como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “existió un patrón generalizado de uso de sistemas de vigilancia gubernamentales que no debe quedar en la impunidad”. Afirmaron que mientras los abusos no sean esclarecidos, “continuarán representando un obstáculo para el ejercicio del periodismo libre y la defensa de derechos humanos, así como un riesgo para la privacidad de las personas atacadas con Pegasus y una amenaza contra las instituciones democráticas”.

A continuación el comunicado completo:

La investigación Pegasus Project, publicada el día de hoy en diversos medios de comunicación en todo el mundo, reveló nueva información sobre el uso del malware de espionaje Pegasus en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otros integrantes de la sociedad civil alrededor del mundo, incluyendo México.

Pegasus Project fue coordinada por Forbidden Stories, una organización francesa dedicada al periodismo de investigación, en conjunto con Amnistía Internacional. En la investigación participan más de 80 periodistas del mundo de 17 medios y organizaciones. 

De acuerdo a la información revelada por medios como Aristegui Noticias, ProcesoThe Washington Post y The Guardian, más de 50 mil números de teléfono aparecen como potenciales objetivos de Pegasus, de los cuales más de 15 mil poseen el código de país de México.

Dentro de los 15 mil números mexicanos reportados, se incluyen los de personas defensoras de derechos humanos, familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de más de 25 periodistas, incluyendo al periodista guerrerense Cecilio Pineda Brito, quién fue asesinado en marzo de 2017, apenas unas semanas después de haber sido atacado con Pegasus, según la información publicada.

Las nuevas revelaciones confirman los hallazgos publicados en 2017 por las investigaciones conjuntas realizadas por Citizen Lab, Article 19, R3D y SocialTIC, ya que en la lista referida se incluyen los números de periodistas como Ismael Bojórquez, Andrés Villarreal y Griselda Triana —viuda del periodista Javier Valdéz— así como de Carmen Aristegui, de sus familiares y su equipo de trabajo.

Estas revelaciones reafirman que desde agencias del Estado Mexicano como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), existió un patrón generalizado de uso de los sistemas de vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos que no debe quedar en la impunidad. Mientras estos abusos no sean esclarecidos a cabalidad, continuarán representando un duro obstáculo para el ejercicio del periodismo libre y la defensa de derechos humanos, un riesgo para la privacidad de las personas que han sido atacadas con Pegasus y una seria amenaza contra las instituciones democráticas.

A pesar de que desde hace más de 4 años existe una investigación abierta en la Fiscalía General de la República, en la que acompañamos las organizaciones firmantes, su alcance limitado, la ausencia de garantías de independencia y de avances significativos en el esclarecimiento, reafirman la necesidad de replantear y fortalecer la investigación. 

Es necesario que se garantice una investigación imparcial, amplia, exhaustiva y profesional que identifique a todas las víctimas de espionaje, a los responsables materiales e intelectuales de perpetrar los ataques, así como de los funcionarios que hayan participado en el encubrimiento de los mismos; de manera que las víctimas y la sociedad en general puedan conocer la verdad completa respecto de estos graves hechos. 

Igualmente, estos nuevos hallazgos reiteran la urgente necesidad de modificar el marco legal para impedir la adquisición irregular, uso ilegal y la impunidad en el uso de herramientas de vigilancia en México, el cual permanece intacto a pesar de las recomendaciones internacionales y la promesa de la actual administración de no espiar. Resulta indispensable establecer los controles democráticos y la regulación que permita que ese compromiso gubernamental sea verificable.

Frente a lo anterior, las organizaciones ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y SocialTIC solicitamos:

  1. Que el Fiscal General rediseñe en conjunto con las personas afectadas un plan de investigación serio, exhaustivo e integral, con garantías de independencia y supervisión, así como la participación de peritos externos, toda vez que hasta ahora la Fiscalía no ha ha realizado una investigación con garantías de independencia capaz de esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia. 
  2. Que el Presidente de la República y el titular de la Fiscalía General de la República transparenten totalmente los contratos, anexos técnicos, expedientes y cualquier información relacionada al espionaje gubernamental ocurrido, así como la colaboración absoluta con las investigaciones.
  3. Que el Ejecutivo y el Congreso de la Unión impulse, en diálogo con la sociedad civil, una agenda de reformas para el establecimiento de controles democráticos a la adquisición, uso y rendición de cuentas respecto de las facultades de intervención de comunicaciones privadas por parte de autoridades en México, como se ha comprometido en el 4to Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Contacto para prensa:
Iván Martínez
Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)

Teléfono móvil: (55) 55041636

 

 

 

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Documentar para enfrentar la desaparición de personas en México

 

Foto: Erika Lozano

 

El Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México pretende reunir, sistematizar y preservar información en el largo plazo, para apoyar a los procesos de verdad, justicia, reparación memoria y no repetición en el país.

 

Por Valeria Del Carmen Y Hugo Luna* 

Ciudad de México | Desinformémonos. Universidades a nivel nacional e internacional y grupos de investigación multidisciplinaria procuran entender el problema de la desaparición de personas en México y plantear acciones  que apoyen a su resolución. Ejemplo de ello es la próxima apertura del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México (RDDM) en el que participan El Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, el Center for Research Libraries, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México

El RDDM es un esfuerzo que pretende reunir, sistematizar y preservar información sobre la desaparición de personas, en el largo plazo, para apoyar a los procesos de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición en el país. Este grupo de académicas comprometidas con el fenómeno sostienen que “la documentación rigurosa y puntual es una tarea clave en el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos”, y en el caso de la desaparición de personas, su denuncia y una labor de incidencia regular, pueden hacer una diferencia en términos de acceso a la justicia y garantía de no repetición.

En opinión de Alvaro Martos, director de investigación en el Observatorio sobre desapariciones e impunidad, “una desaparición nunca ocurre en el vacío, por lo que, si se identifican las relaciones entre los diferentes casos y los patrones en una región específica, pueden identificarse con mayor probabilidad de éxito los sitios de localización”, lo que sugiere que entender el fenómeno no se trata sólo del recuento de las cifras del horror. 

Martos agrega que el Repositorio es un proyecto interinstitucional, cuyo objetivo principal es generar un espacio para preservar y consultar la información que se ha producido sobre desapariciones en México durante los últimos 10 años, pues, dice, uno de los problemas que intenta resolver, es la dificultad de reservar toda la información que, de manera cotidiana, generan las organizaciones de la sociedad civil, colectivos, familiares de las personas desaparecidas, periodistas, académicos e investigadores independientes, así como la información que el mismo Estado  produce. 

En su trabajo como investigador y académico, Martos incorpora y recolecta información que, considera, si estuviera resguardada en un sólo sitio, sería de más fácil acceso, y añade que los familiares, organizaciones de búsqueda, periodistas e investigadores independientes, se beneficiarán al poder acceder a una plataforma sistematizada en la cual consultar de manera rápida una gran diversidad de documentos. 

La ausencia de datos, documentos y testimonios, muchas veces es obstáculo en la búsqueda de justicia y la verdad para familiares y colectivos de búsqueda en todo el país. La documentación de las acciones para localizar a las personas ausentes es un primer paso para poder denunciar estos crímenes, y así ejercer presión ante las autoridades, además de fomentar la solidaridad y el apoyo en el resto de la sociedad civil, explica.

Martos señala que el problema en México es que hay muy poca información sobre las personas desaparecidas, no hay transparencia y tampoco hay un interés real por parte de las autoridades del Estado para resguardar ese tipo de documentos. Enfatiza que para el Estado es mejor no visibilizar la información, pero en el Observatorio apuestan porque se adopte una política pública que evidencie cuál es la realidad de las personas desaparecidas y sus familiares, pues esto a su vez ayudará a generar políticas públicas más eficientes, al tiempo que ayudará a mejorar los protocolos en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas.

Para definir el comienzo del Repositorio, desde el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México han hecho sondeos, entrevistas a colectivos, organizaciones y diferentes usuarios potenciales de este archivo, y así tratar de contribuir a las necesidades de las familias de las víctimas, organizaciones civil y abogados que están en primera línea, buscando a sus seres queridos e investigando.

En entrevista, Karina Ansolabehere, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que uno de los problemas frente a la desaparición es la falta de información porque este crimen busca “ocultar y que no se sepa qué pasó con la vida de esa persona”.

Por eso, enfatiza la especialista en derechos humanos, hacer memoria de un problema que no termina es fundamental para evitar que se repita, y así poder lograr justicia por los casos que ya ocurrieron, además de contribuir a la búsqueda de aquellos que nos faltan y para la reparación del daño que sufre cada familia y la sociedad que merece saber por qué sucede esto. Uno de los desafíos del repositorio es generar información sobre un fenómeno que está sucediendo, esto le da aún más sentido al proyecto, señala Ansolabehere.

 

Los investigadores explicaron que la alianza con universidades internacionales ha sido fundamental para la creación del proyecto. La administración de este proyecto se lleva a cabo mediante la conformación de un consejo de representantes de las distintas instituciones participantes. En este sentido, el tema del presupuesto no es menor, pues no obstante la retórica política y las buenas intenciones de funcionarios públicos, el dinero con que se apoyaba a las actividades de búsqueda de las personas desaparecidas ha dejado de fluir; desde que en el 2020, el gobierno federal eliminó los fideicomisos dirigidos a la protección de personas defensoras de derechos humanos; y aunque esto no es impedimento para que colectivos de la sociedad civil, como la Brigada Nacional de Búsqueda, continúen trabajando como lo han hecho desde la década pasada, con o sin apoyo de las autoridades, eso no exime de responsabilidad a las autoridades mexicanas para garantizar disponibilidad de recursos a los colectivos de buscadoras, aseguraron.

Para los defensores de derechos humanos que construyen este repositorio, hay “mucho que ganar si conseguimos construir una cultura política más transparente con relación a la información pública en temas de desaparición de personas”. 

Si quieres participar en la construcción de casos, o buscas hacer uso del repositorio, sus creadores señalan que a partir de octubre del 2021 estará en operación una primera etapa, mientras tanto es posible consultar el trabajo que realiza el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México.


*Este reportaje fue producido por estudiantes del Taller de Periodismo de Investigación del plantel Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

 

 

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El sinuoso camino de la primera gobernadora, electa el 1 de julio de 1979 en Colima

 

Escrito por Pedro Zamora Briseño

(El siguiente texto es un fragmento del libro Decadencia del poder priista, publicado por el autor bajo el sello editorial colimense Puertabierta editores)

Cuando a finales de 1978 la clase política local intuyó que la senadora Griselda Álvarez Ponce de León tenía amplias posibilidades de convertirse en la candidata del PRI al gobierno estatal —hecho inédito en el país por tratarse de la primera mujer en acceder a esa posición—, una avalancha de telegramas llegó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Presidencia de la República para expresarles al titular de la primera, Jesús Reyes Heroles, y al presidente José López Portillo el rechazo ante una eventual decisión de esa naturaleza.

Campesinos, obreros, profesionistas, artesanos, abogados, políticos y hasta periodistas manifestaron por diversas vías, entre ellas la telegráfica, su molestia ante lo que se veía venir. Los argumentos centrales de la oposición versaban sobre el impedimento legal de la bisnieta del primer gobernador del estado, Manuel Álvarez, para ocupar ese mismo puesto, dado que ella no había nacido en Colima ni tenía la residencia inmediata anterior de cinco años en la entidad, dos condiciones que exigía entonces el artículo 51 de la Constitución Política del Estado.

Además de no ser oriunda de estas tierras y de su falta de arraigo, a la senadora nacida en Guadalajara, Jalisco, se le atribuía el desconocimiento de la realidad local. Seis años antes, sin embargo, no había sido cuestionado con la misma intensidad el incumplimiento de requisitos por parte del candidato Antonio Barbosa Heldt, quien a pesar de haber nacido en Colima, tenía 40 años fuera del estado.

(Pasaron veinte años para que, en julio de 1999, fuera reformada la Constitución local en lo relativo a los requisitos para ocupar la gubernatura: ser colimense por nacimiento con una residencia inmediata anterior al día de la elección de 5 años ininterrumpidos en el estado; o descendiente de madre o padre mexicano y haber residido en la entidad al menos durante 12 años anteriores al día de la elección).

Griselda Álvarez había externado públicamente desde 1977 sus aspiraciones por la candidatura del PRI al gobierno de Colima. Un año después, en los medios de comunicación eran mencionados entre los prospectos, además de la poetisa, Miguel de la Madrid Hurtado (entonces funcionario de segundo nivel en el gobierno federal), el senador Antonio Salazar Salazar, la delegada de la SEP en Colima y exsenadora Aurora Ruvalcaba Gutiérrez, entre otros. La contienda final, sin embargo, se polarizó entre Álvarez y Salazar.

Los telegramas de rechazo a Griselda Álvarez, una parte de ellos enviados por grupos campesinos simpatizantes del senador Antonio Salazar Salazar, fueron conservados por la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) de la Segob y actualmente se encuentran en el Archivo General de la Nación (AGN), de donde el reportero obtuvo copias.

Bajo la firma de la mesa directiva que encabezaba Salvador Solís Aguirre (quien años después sería alcalde de su municipio), los 472 socios de la Asociación Local de Ganaderos del Municipio de Cuauhtémoc, integrantes de once ejidos, enviaron el 22 de diciembre de 1978 al secretario de Gobernación un telegrama en el que se mostraron indignados por la posible postulación de Griselda Álvarez a la gubernatura, ya que “no garantiza tranquilidad y progreso en virtud de desconocer las necesidades que nos aquejan a todos los ciudadanos colimenses, violando la Constitución del país y del estado”.

El presidente del Ejido Cuyutlán, Rafael Aguilar Villalvazo, señaló el mismo día en un telegrama:

“Única posibilidad coma nombrar candidata a Gobierno Estado de Colima coma senadora Griselda Álvarez coma sería reformar Artículo 51 Constitucional”.

Salvador Domínguez, presidente del Consejo Nacional Cardenista (Conacar) en Colima, expuso:

“Auténticos campesinos estado Colima y de toda la república protestan por candidatura Griselda Álvarez Ponce (sic) para gobernador (sic) Colima. Consejo Nacional Cardenista no permite más imposición. Seguirán las invasiones de tierras”.

La Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de Colima, en voz de su presidente, Carlos Aviña Delgado, también manifestó su postura ante el titular de la Segob:

“Protestamos posible precandidatura Griselda Álvarez por ser violatoria a la Constitución del estado de Colima”.

Otro de los telegramas fue enviado al presidente José López Portillo el 20 de diciembre de ese mismo año por el presidente del Colegio de Abogados, Roberto Cárdenas Merín, quien señaló:

“Colegio abogados Colima considera violatorio Constitución local que senadora Griselda Álvarez sea nominada candidata gubernatura entidad por no reunir requisitos legales faltando arraigo nuestro estado”.

Un día después, el representante de la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores A.C., Juan Oseguera Velázquez, planteó al mandatario:

“Suplicamos impedir PRI imponga candidatura gobierno estado poetisa tapatía Griselda Álvarez, virtud su desarraigo esta entidad e incurriríase violación Carta Magna Colima. Repudiamos forasterismo, pedimos candidato auténticamente colimense y popular”.

Según un reporte de la DGIPS, desde principios de diciembre de 1978 se generó en la prensa local una campaña en contra de Griselda Álvarez, particularmente en el Diario de Colima, además de que se empezó a publicar un pasquín anónimo atribuido al grupo de la FEC, en el que se ridiculizaba a la senadora y al entonces gobernador Arturo Noriega Pizano.

En esos días, el joven diputado federal Fernando Moreno Peña, surgido de la FEC —grupo confrontado con Noriega—, dio a conocer en la prensa local el acta de nacimiento de Griselda Álvarez, donde constaba que había nacido en Guadalajara, que su padre era originario de Colima y su madre de Nayarit.

En un desplegado, el legislador se pronunció contra la posibilidad de que la senadora fuera candidata. Dijo que no le preocupaba que fuera mujer ni que hubiera nacido en Jalisco, sino que ella representaba el continuismo de una administración estatal que “no ha sido lo benéfico que debiera ser”.

La duda del PRI

La crispación política local previa al destape de Griselda Álvarez como candidata hizo dudar al PRI sobre la postulación de quien a la postre se convertiría en la primera gobernadora en la historia de México.

Según los reportes de inteligencia generados al respecto por la extinta DFS, la candidatura pudo ser ocupada por otra mujer, la profesora Aurora Ruvalcaba Gutiérrez, delegada de la SEP en el estado y que había sido senadora en el periodo de 1970 a 1976.

En los documentos se aprecia que la dependencia midió, paso a paso, el pulso de la opinión pública de la entidad para determinar si sería aceptada como abanderada del PRI Griselda Álvarez. El 19 de diciembre de 1978, tres semanas antes de que se anunciara la postulación priista, el entonces titular de la DFS, Miguel Nazar Haro, emitió el siguiente reporte:

“Debido a la pugna que existe entre los grupos que encabezan por un lado el Sen. ANTONIO SALAZAR SALAZAR y por otro la Sen. GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN, los dos precandidatos a la gubernatura de Colima, el PRI viene considerando la posibilidad de retirar a ambos de la contienda y designar a un tercero, que sería la Profa. AURORA RUVALCABA GUTIÉRREZ, ya que cuenta con simpatizantes en esa entidad”.

Cuando faltaba menos de una semana para el destape, el 4 de enero de 1979, la DFS alertó, a través de otro informe, sobre el ambiente que prevalecía en la entidad.

“La contienda política en el estado de Colima será difícil y algunos señalan como candidato a la gubernatura a la Sen. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON, en tanto que la encuesta efectuada por el Lic. JOSE MANCILLA RAMIREZ demuestra que la mayoría de los grupos políticos apoyan al Sen. ANTONIO SALAZAR SALAZAR, apareciendo como posibles candidatos la Profa. AURORA RUVALCABA GUTIÉRREZ y el Lic. MELITON DE LA MORA DE LA MORA.

“Se rumora que de ser postulada la Sen. ALVAREZ PONCE DE LEON, los grupos antagónicos a ella provocarían disturbios en la entidad, aduciendo que ya se violó la Constitución para hacerla Senadora y no podría ocurrir lo mismo para que fuera electa Gobernadora, ya que no es originaria de Colima”.

Señor, ¿cuento con su simpatía?

Mientras se vivía ese ambiente en el estado que pretendía gobernar, Griselda Álvarez se movilizaba en la ciudad de México, donde, en reuniones por separado, exponía sus aspiraciones ante los principales jerarcas de su partido y del gobierno, incluido el presidente José López Portillo, quien la recibió al final en la residencia oficial de Los Pinos.

En su libro Cuesta arriba: Memorias de la primera gobernadora, coeditado en 1991 por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad de Colima, la exmandataria describe detalles de la reunión con el presidente:

“Amable, escuchó toda aquella disertación antes dicha siete veces sobre ‘mi caso’. Cuando concluí, de lo universal a lo particular, él contestó sólo seis palabras: 

“—Hable con quien tiene que hablar.

“Pasé saliva.

“—Señor Presidente, creo que me he adelantado. Ya hablé con el secretario de Gobernación, con el presidente del Partido, con el secretario de la CTM, con el de la CNOP, con…

“Movió la cabeza de manera indescifrable y repitió:

“—Hable con quien tiene que hablar.

“Eso aumentó mi confusión. Se hizo una pausa. Los minutos se me agotaban.

“Entonces formulé la pregunta que jamás se le debe hacer a un presidente, porque no puede responder ni afirmativa ni negativamente.

“—Señor, ¿cuento con su simpatía?

“Inmutable, vio imperceptiblemente su reloj de pulso e inició un movimiento.

“Dejé la silla con prontitud. Se acabó. Rumbo a la puerta, sin hablar, pasó una mano por mi espalda y la detuvo amistosamente en el hombro derecho al tiempo que pronunciaba:

“—¡Ah qué Griselda! Hable con quien tiene que hablar. Hable con el pueblo”.

Días después de esa entrevista, el 9 de enero de 1979, Griselda Álvarez fue citada por el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, quien, en presencia de los líderes de los tres sectores del PRI, le comunicó que éstos se habían pronunciado en su favor para ser precandidata al gobierno de Colima.

El 11 de enero, cuando ya había sido anunciada la precandidatura de Griselda Álvarez, pero todavía no se le registraba formalmente como candidata, en la Presidencia de la República fue recibido un telegrama de Manuel Sánchez Silva, propietario del Diario de Colima, quien cuestionó el origen de la senadora y su falta de residencia en el estado, pues “nunca jamás ha vivido en Colima ni siquiera pasado tres días consecutivos en alguna parte entidad”.

El editor, que en los meses previos había combatido las aspiraciones de Álvarez, le reprochó a López Portillo la decisión:

“Nos duele y decepciona que sea precisamente usted, señor presidente, distinguido hombre de leyes y catedrático Derecho Constitucional en UNAM, quien ofenda y afrente decoro de un pueblo que ningún mal le ha hecho”.

Abundó que en todo el estado había indignación que afectaba la respetabilidad y el prestigio del mandatario, pero concedió: “Todavía es tiempo, señor presidente, de que Colima sea gobernado por una persona de Colima. Con esto se consagraría usted en la historia política de Colima y conquistaría gratitud y admiración de sus habitantes”.

Pero nada hizo cambiar la decisión.

Después de que fue postulada a la gubernatura, Griselda Álvarez reconoció, en declaraciones periodísticas, que no había nacido en Colima, pero apeló al llamado “derecho de sangre” para aspirar a gobernar el estado.

Dijo: “Nací en Guadalajara. Hay un hecho que no es imputable al recién nacido, escoger dónde quiere nacer, pero la residencia de mis padres es colimense. Hay un derecho que es el de just sanguis, de acuerdo con él yo pertenezco a una de las familias de mayor arraigo en la entidad. Mi bisabuelo fue el primer gobernador del estado de Colima, antes territorio de Colima”.

En Colima, sin embargo, continuaban las especulaciones. Un reporte de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) de la Secretaría de Gobernación, emitido a las 22:45 horas del 10 de enero de ese año, señaló que si bien la mayoría de la población ya daba por hecho la postulación oficial de Griselda Álvarez, el comité estatal del PRI había manifestado que esperaba el lanzamiento de la convocatoria al día siguiente, pues el senador Víctor Cervera Pacheco, delegado especial del tricolor en la entidad, se había trasladado de urgencia a la ciudad de México.

Según el documento, el PRI estatal tenía confianza de que fuera aceptada y respetada “cualquier designación” del Comité Ejecutivo Nacional, aunque “claro está, piensa que puede haber grupos descontentos, pero al mismo tiempo cree que no harán otra cosa más que hacer declaraciones en donde darán a conocer su inconformidad por la persona designada”.

Y pese a la oposición que se había generado en los meses previos frente a la posible postulación de Griselda Álvarez, a partir de que se anunció su precandidatura desde la capital del país, la estructura priista local empezó a movilizarse para lograr la aceptación entre la militancia.

La militancia priista “recibe órdenes”

En un informe de la DGIPS, emitido el 11 de enero a las 14:05 horas, se indica que los militantes de la CNOP y la CNC en Colima fueron citados a una reunión para el día siguiente a las 10:00 horas, donde “recibirán órdenes de sus directivos en el sentido de apoyar la candidatura de la persona que les señale el partido”.

Más tarde, según consta en un reporte de las 19:10 horas, la cúpula local de la CTM trató de adelantarse y registrar por su cuenta la precandidatura de Griselda Álvarez en el comité estatal del tricolor, pero ante la ausencia del delegado, Cervera Pacheco, el subdelegado, Wilber Chi Góngora, “está tratando de atrasar el momento del registro, para ver si es posible comunicarse a la ciudad de México y pedir instrucciones”, aunque “la presión es este momento es fuerte, ya que se encuentran 70 personas militantes de la CTM exigiendo el registro inmediato de la senadora”.

Así se inició la ola de adhesiones de diversos sectores y organizaciones a favor de Griselda Álvarez, incluidos muchos de los seguidores del senador Antonio Salazar Salazar.

En realidad, al menos desde un año antes había empezado a removerse el ambiente político del estado, cuando se consideraba como un fuerte aspirante a la gubernatura a Miguel de la Madrid Hurtado, entonces funcionario del gobierno de López Portillo.

Un reporte del 30 de enero de 1978, dirigido por el agente Guillermo Méndez de Gyves al director federal de Seguridad, señalaba la siguiente:

“El día de hoy se comentó en los medios políticos locales que en la Cd. de México el Lic. MIGUEL DE LA MADRID está trabajando arduamente para lograr la candidatura del Gbno. del Edo. y que además en esa ciudad se le conceden bastantes posibilidades. Se comentó también que la Senadora por Colima GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN, el Ing. JESÚS ROBLES MARTÍNEZ y el Lic. CUAUHTÉMOC SANTA ANA están haciendo lo mismo con el fin de lograr la candidatura para ellos.

“Por lo que respecta a la Senadora ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN, la opinión en el estado no le es muy favorable, en virtud de que es originaria del estado de Jalisco y que por lo mismo está imposibilitada por la Constitución local y además según se comentó porque desconoce la problemática del Edo.”

En julio de ese mismo año, la DGIPS emitió un informe en el que ubicó a dos funcionarios del gobierno estatal como integrantes del grupo de apoyo a la precandidatura de Griselda Álvarez.

Añadió el documento: “Se sabe también que este grupo adquirió maquinaria necesaria para imprimir un nuevo periódico que llevará el nombre de Más para la campaña política de la senadora Álvarez. Todos estos movimientos, se dice, están apoyados por el gobernador, Arturo Noriega Pizano”.

Sin embargo, el ambiente político entró en ebullición a principios diciembre de 1979, cuando, según otro reporte de la DGIPS se generó en la prensa local una campaña en contra de Griselda Álvarez, particularmente en el Diario de Colima

Aunque los directivos del grupo político de la FEC y la Ucol se habían opuesto inicialmente a la candidatura de Griselda Álvarez, en cuanto se conoció la candidatura expresaron su respaldo.

El 12 de enero la DGIPS reportó que en el transcurso de ese mes las autoridades de la Universidad se entrevistarían con el presidente López Portillo para darle a conocer las anomalías en la entrega del subsidio y para manifestarle que acatarían la designación de la senadora como precandidata a la gubernatura.

En esa elección, el grupo político nacido en la casa de estudios mantuvo la diputación federal que había logrado en 1976 con Moreno Peña y en 1979 tocó el turno a Arnoldo Ochoa González, también expresidente de la FEC.

En los resultados electorales de julio de ese año no se reflejó el descontento generado al principio por la candidatura de Álvarez, quien según las cifras oficiales obtuvo 90.32% de los votos, en tanto que el abanderado del PAN recibió 8.25%.

A la candidata del PRI le correspondió votar en la casilla 15 de la ciudad de Colima, cuyo presidente fue el ciudadano Armando Preciado Vizcaíno, quien irónicamente meses antes había enviado a López Portillo un telegrama con este mensaje:

“Muebleros y artesanos Colima rechazamos posible candidatura Griselda Álvarez por su ignorancia problemática esta entidad, ser jalisciense y estar impedida constitucionalmente. Suplicámosle intervenir ante PRI nacional fin seleccione candidato popular y netamente colimense”.

El 1 de noviembre de 1979 Griselda Álvarez asumió la titularidad del Poder Ejecutivo de Colima y se convirtió en la primera gobernadora de un estado en el país.

 

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Carta al Estado: La crisis de desaparición y la fiesta de la democracia

 

 

Por Marina Alamo Bryan / Universidad De Columbia / Columnista Invitada Por El GIASF* / Desinformémonos

Luz María Dávila, La reclamante, como la llamó Cristina Rivera Garza en el poema que lleva ese nombre, forma parte de la genealogía de madres que en México se han enfrentado al poder para resistir ante la violencia, muerte y desaparición que se ha impuesto sobre los cuerpos de sus hijos, y de las cuales el Estado es cómplice en acción u omisión. En el ahora lejano 2010, ella se convirtió en un símbolo al negarle la mano y la bienvenida al entonces presidente, Felipe Calderón, durante una visita a Ciudad Juárez. 

Hacía poco tiempo del asesinato de los dos hijos de Luz María. Marcos y José Luis, de 19 y 17 años de edad, fueron asesinados junto con otros trece jóvenes en la colonia Villas de Salvarcar, durante una fiesta de cumpleaños el 31 de enero de 2010. “Discúlpeme, señor Presidente”, le dijo Luz María Dávila a Calderón. “Yo no le puedo decir ‘bienvenido’ porque para mí no lo es… Yo no puedo darle la mano y decirle ‘bienvenido’, porque para mí no es bienvenido… Yo quiero que se haga justicia, no nada más para mis dos niños, sino para todos los demás niños”. Luz María salió del salón de conferencias, dejando a Calderón en la (ojalá) incómoda humillación del soberano que no cumple. Este podría ser uno de múltiples encuentros a través de los cuales podríamos narrar la historia de la desaparición y la búsqueda de personas desaparecidas. Nuestra historia reciente está repleta de escenas reiteradas donde hay un encuentro entre familiares, principalmente madres, con un rosario infinito de autoridades indolentes que al escuchar, pareciera que sólo simulan. Luz María Dávila sería una figura central de dicha genealogía de madres que confrontan al poder de esta forma: interrumpiéndoles. 

Como la intervención de Dávila, hay otras escenas donde el foro público, la plaza, el espacio colectivo, se convierte en el escenario donde se transforma el dolor íntimo en dolor público. Porque pareciera que sólo en el espacio público tiene el soberano la obligación de escuchar el dolor. Escribirle una carta al rey, una misiva al soberano, esperar audiencia afuera del palacio. Todas son imágenes reiteradas de la genealogía histórica del poder. Rechazar la mano del soberano, negarse a recibirle, es subvertir esta imagen de la petición y la plegaria. 

Como éstas, han surgido otras formas de protesta que buscan interrumpir el flujo de la normalidad y de los procedimientos cotidianos del estado, recientemente, la huelga de hambre de Raúl Tercero, quien se ató al asta bandera del Zócalo capitalino, impidiendo el ritual diurno y nocturno del izado y retiro de la bandera. Las protestas a las afueras de oficinas han dado paso a la toma de edificios, los plantones se han vuelto velatorios; y más recientemente, la protesta ha tomado la forma de una pregunta que se logra plantear durante “la mañanera”, esa conferencia de prensa que el presidente actual preside diariamente y se ha vuelto la tribuna del acceso al poder. 

 

Foto de la jornada electoral en México del 6 de junio de 2021, tomada de twitter* 

 

El pasado 6 de junio de 2021, una nueva forma de protesta irrumpió durante las elecciones intermedias de este sexenio, donde se eligieron legisladores, representantes locales y algunas gubernaturas. Múltiples imágenes comenzaron a circular en redes sociales, documentando cómo familiares, miembros de colectivos de búsqueda y personas solidarias con su lucha, acudieron a votar e intervinieron sus boletas electorales, y en ocasiones anularon su voto, para transmitir mensajes como: “Mi voto x tu ayuda”, “¿Dónde están los desaparecidos de Guanajuato?”, “Mi voto x mis hermanas víctimas de feminicidio”. En el recuadro de “candidatos sin registro” quedaron plasmados nombres de personas desaparecidas: “Alicia de los Ríos Merino”, “¿En dónde está Wendy?”, “Roy Rivera Hidalgo”, “Ana María Sierra Barragán y su hija Estrella Isabel Flores Sierra, desaparecidas desde Mayo 11 de 2021”. 

Anular el voto funciona aquí como una forma de rechazo de la propuesta política en turno. Ejercer el voto y agregar un mensaje de intercambio, de condicionamiento, a ese voto, es recordarle al soberano el pacto bajo el cual se supone que adquiere la autoridad en caso de que las elecciones le hagan ganar. 

Uno de los mensajes incluidos en las urnas, fue enunciado desde la voz de las personas desaparecidas: “Esperando que los partidos políticos que ganen nos volteen a ver, somos muchos los desaparecidos aún, por favor, faltamos nosotros”. Ahí, el rechazo, en voz de las y los desaparecidos, implica resistir a la desaparición de la desaparición misma. Otorga agencia a las personas desaparecidas al hacerlas visibles: Aquí estamos, seguimos faltando, por favor no nos olviden, búsquennos, merecemos ser encontrados. 

Foto de la jornada electoral en México del 6 de junio de 2021, tomada de twitter* 

 

Hubo quienes no anularon su voto. Votaron, pero adjuntaron una carta a su boleta electoral, condicionando su voto: te doy mi voto, pero a cambio adquieres la obligación de buscarles. “Te doy mi voto a cambio de que busques a mi hermana y a las miles de personas que siguen desaparecidas”, decía una boleta. Intervenir las urnas fue una forma de mandarle un mensaje a un Estado sordo. 

Surge entonces la pregunta: ¿Sabrá leer el Estado? Y si lee, ¿a través de quién lo hace? ¿Se habrán anulado los votos que contenían mensajes adjuntos? ¿Cómo habrá sido el debate para esos funcionarios de casilla? Técnicamente no estaba intervenida la boleta, el voto era válido. Pero venía con mensaje adjunto. ¿Qué le habrán hecho a esos papelitos? ¿Su presencia en las urnas habrá derivado en algún protocolo burocrático? 

Estos mensajes no piden necesariamente la atención del gobernante en turno. No piden favores. Plantean un intercambio sustentado en la exigencia. El voto se vuelve un objeto de trueque. No se vende, se intercambia bajo la premisa del contrato social al que se apela: “Te cambio un voto por mi hermana asesinada”, decía un mensaje. “Te cambio mi voto por mi hermana desaparecida”, decía otro. Bienvenida sería una magia tal, donde pudiéramos traer de vuelta a las que nos han arrebatado, a cambio de un voto. 

Entre todas estas cartas al Estado, las de petición, las de negociación, las de denuncia, una destaca: la boleta intervenida con las palabras “Weimaktekawa awale. Nume’xiko nonantlale a’mo niknewe”. Un fragmento en náhuatl del poema Alta Traición de José Emilio Pacheco. En los versos de aquel poema existe también una forma de rechazo acompañado de una propuesta de intercambio: “No amo mi patria. / Su fulgor abstracto / es inasible. / Pero (aunque suene mal) / daría la vida / por diez lugares suyos, / cierta gente, / puertos, bosques de pinos, / fortalezas, / una ciudad deshecha, gris, monstruosa, / varias figuras de su historia, / montañas / -y tres o cuatro ríos”. Aunque suene mal, hoy día muchos darían, no sé si la vida que ofrecía el poeta, pero definitivamente algo igualmente preciado. No por tres o cuatro ríos, sino simplemente por encontrar e identificar a todas las personas desaparecidas que nos faltan. 

*Imágenes obtenidas de redes sociales y colectivos de búsqueda.


*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos.

 

 

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Red Desaparecidos en Colima recibió votos para la gubernatura