Tetelcingo: Regresar al origen del dolor

 

Integrantes de la VI Brigada Nacional de Búsqueda realizaron un acto simbólico en la fosa clandestina que la propia Fiscalía del Estado de Morelos utilizó, durante varios años en el panteón del poblado de Tetelcingo, para abandonar poco más de un centenar de cuerpos. Hasta ahora sólo a 12 de ellos se les ha devuelto su nombre. 

 

Por Aranzazú Ayala para el proyecto A dónde van los desaparecidos*

 

Después de cinco años, Edith y su familia regresaron al lugar donde encontraron a su hermano Israel, quien fue secuestrado en 2012, a los 34 años de edad. Nadie supo de él hasta cuatro años más tarde, cuando se encontró su cuerpo en la fosa que la Fiscalía del Estado de Morelos realizó en el panteón de Tetelcingo para abandonar ahí 119 cuerpos. Hasta hoy sólo 12 de ellos han sido identificados.

Tetelcingo es un pequeño pueblo dentro de la marcha urbana de Cuautla, capital histórica de Morelos. El viernes 15 de octubre, el amplio atrio de su iglesia recibió a los integrantes de la VI Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quienes de ahí partieron a una procesión hasta la zona del panteón que, durante varios años, las autoridades utilizaron como fosa.

Familias que viajaron de 26 estados del país hasta Morelos, para buscar a sus seres queridos desaparecidos, decidieron realizar en Tetelcingo un acompañamiento espiritual para devolver a la tierra la vida y cerrar una parte de ese ciclo del impunidad que empezó hace seis años, cuando se descubrió que era la propia Fiscalía del estado la que abandonaba en ese lugar los cuerpos de personas sin vida. 

Edith, hermana de Israel, frente al panteón de Tetelcingo donde estaba la fosa común donde encontró a su hermano. Crédito: Aranzazú Atala/A dónde van los desaparecidos.



Oliver y 118 cuerpos

En 2015, las  fosas de la Fiscalía de Morelos evidenciaron aún más la crisis forense que vive México y que va de la mano con la ola de desapariciones que ha dejado, hasta la fecha, más de 91 mil personas de las que no se conoce su paradero.

La existencia de la fosa de Tetelcingo se conoció gracias a la familia de Oliver Wescenlao Hernández, secuestrado en 2013 en Morelos. Pese a que su cuerpo fue encontrado sin vida y llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), la Fiscalía tardó en entregar el cuerpo a sus familiares, argumentando que tenía que hacerle todas las pruebas periciales correspondientes para la identificación.

De pie viendo hacia las tumbas del panteón de Tetelcingo —mientras algunas familias dejan flores de cempasúchil en el lugar en donde estaba la fosa y en donde ahora se colocó una cruz—, Edith, hermana de Israel, cuyo cuerpo también se encontró en ese lugar, cuenta que cuando la familia de Oliver regresó al Semefo a solicitar el cuerpo, le dijeron que ya no estaba ahí: lo habían inhumado en una fosa común.

Edith recuerda que fue María  —mamá de Oliver— y la tía Amalia quienes obligaron a las autoridades a sacar el cuerpo de la fosa. Ellas grabaron el momento en que la retroexcavadora abre la tierra. “Como el cuerpo de Oliver era el último, tuvieron que sacar todos los cuerpos que estaban ahí. La familia hizo público el video y nos pidió apoyo a las familias que ya estábamos en búsqueda, a la universidad del estado y a actores políticos como Javier Sicilia. Nos juntamos todos los colectivos a exigir a la Secretaría de Gobierno y a la Fiscalía que se abriera esa fosa común”.


Previo a la peregrinación de la iglesia de Tetelcingo hacia el panteón. Foto: Aranzazú Ayala/A dónde van los desaparecidos 

 

Los pendientes de la Fiscalía

Después de Tetelcingo aparecieron otras fosas en Jojutla; ahí los cuerpos fueron exhumados en 2017. 

Las familias de Morelos no han dejado de trabajar para continuar con la identificación de esos cuerpos, ahora de manera mucho más activa y organizada. Las autoridades no les han permitido utilizar cámaras para documentar los hallazgos, ni que participen peritos independientes en las identificaciones. 

La Fiscalía ha apostado por los perfiles genéticos para encontrar las identidades de los cadáveres, pese a que este procedimiento es caro y complicado. 

“No nos quedó de otra —dice Edith— más que tratar de recolectar toda la información para llevársela a las familias: los dibujos de los tatuajes, de la ropa, y a ver si alguien dice: ‘Mi hijo tenía el tatuaje de la mariposa o las uñas pintadas así´”.

La buscadora da un dato para mostrar lo tardado que es este procedimiento de identificación: apenas este año se validaron los perfiles genéticos que se hicieron en las exhumaciones de Jojutla en 2017. Edith considera esa validación como “un mero trámite burocrático”, ya que se requiere que cuatro instituciones (Guardia Nacional, Fiscalía estatal, Fiscalía General de la República y la Universidad del Estado de Morelos) comparen su información y digan que es correcta.

“Cuatro años de espera —remarca— y hasta apenas empezarán a botar las coincidencias (de los perfiles genéticos). El Estado nos hace sufrir más (tiempo); es algo que está en sus manos”. 

Las familias que han encontrado otras fallas en los procesos de identificación, por ejemplo, el archivo fotográfico está incompleto y parte del material está en blanco y negro. Edith comenta que las autoridades utilizaban un detector de metal, que se le pasaba a los cuerpos para ver si tenían aretes o clavos, pero la mesa donde se hacía esa prueba era de metal. 

“No avalamos el proceso, de ninguna forma, pero vamos a estar ahí con la información que tenemos de las familias…hay una responsabilidad de las autoridades por nunca haber hecho bien su trabajo”, dice la integrante del colectivo Regresando a Casa Morelos.

Procesión de familiares y habitantes del pueblo hacia el panteón de Tetelcingo. Crédito:  Aranzazú Ayala/A dónde van los desaparecidos 



El adiós a Tetelcingo

Además de Edith, otra de las integrantes del colectivo Regresando a Casa Morelos encontró a su familiar en la fosa de Tetelcingo. El cuerpo de Jessica Mercado Benítez, secuestrada a los 15 años de edad en 2012, el mismo año que Israel, también fue hallado en ese sitio.

Israel fue secuestrado el 24 de julio de 2012, en Cuernavaca, Morelos; los plagiarios pidieron un rescate para su liberación y la familia no supo más de él. Cuatro años después, su cuerpo se encontró en las fosas de Tetelcingo. Su hermana Edith estuvo activamente en la búsqueda; hoy forma parte del colectivo Regresando a Casa Morelos. 

Edith comenta que, aunque su mamá ya tiene una tumba dónde visitar a Israel, a dónde llevarle flores en día de muertos, aún faltaba cerrar el ciclo, por eso los integrantes de la brigada decidieron colocar una cruz en el lugar donde se encontraba la fosa.

Mientras Edith habla, con el rostro de su hermano cubriendo todo su pecho y tórax en una playera con su fotografía, otras familias de Morelos, Guerrero, Veracruz, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Ciudad de México y Puebla seguían acercándose a la cruz de madera de más de dos metros de alto para contemplar por unos momentos el lugar. 

En ese sitio, de donde la retroexcavadora sacó los cuerpos de Jessica y de Israel, los integrantes de la brigada plantaron dos macetas de flores blancas; el objetivo es transformar un  espacio de muerte en un  jardín de vida.

Las familias de Israel y de Jessica pudieron tener su último cierre y despedir con un abrazo colectivo uno de los lugares que evidenció cómo en México las personas desaparecen dos veces: cuando sus cuerpos son hallados, el Estado, muchas veces, las vuelve a desaparecer.

 

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*Aranzazú Ayala (@aranhera) es colaboradora y parte del equipo de A dónde van los desaparecidos y reportera en Lado B en Puebla

 

 

http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos.

 

* Foto principal: Familiares ven desde la orilla del panteón la ceremonia espiritual de cierre y despedida de la fosa clandestina de Tetelcingo. Crédito: Aranzazú Ayala/A dónde van los desaparecidos. 

 

Romper la normalización de la violencia, un nuevo objetivo de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas

 

Del 9 al 24 de octubre decenas de familias de personas desaparecidas, provenientes de diferentes partes del país, se reúnen en Morelos para buscar a los seres queridos de todos. En esta sexta edición, los brigadistas se han puesto nuevos objetivos, entre ellos: la identificación forense, así como la sensibilización a las autoridades y fuerzas de seguridad.

Por Aranzazú Ayala y Efraín Tzuc para el proyecto A dónde van los desaparecidos*

Juan Carlos Trujillo está parado en medio de un grupo de más de cien personas que se alistan para ir a la catedral de Cuernavaca, a la misa con la que  arrancará la VI Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. “Hoy tenemos más del doble de personas desaparecidas (que hace 15 años), entonces algo estamos haciendo mal, necesitamos pensar y replantear de qué manera vamos a poder organizarnos”, dice el activista michoacano que busca a cuatro de sus hermanos desaparecidos.

La Brigada Nacional de Búsqueda de Personas es un evento colectivo que impulsa, desde 2016, la Red de Enlaces Nacionales, agrupación compuesta por más de 160 organizaciones de familiares que buscan a sus desaparecidos en 26 estados del país.

Después de cinco brigadas realizadas en Veracruz, Guerrero y Sinaloa, ahora es el turno de Morelos, un estado que vio nacer, en 2011, lo que hasta ahora es la lucha más grande de víctimas de la violencia en México: el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

La sexta brigada llega con nuevos retos. En palabras de Juan Carlos Trujillo no sólo es buscar a las personas desaparecidas —porque en su caminar han logrado dar con cinco cuerpos y más de 4 mil 500 restos óseos—, también es saber qué pasa con los hallazgos, una vez que los entregan a las autoridades forenses; pensar cómo detener la violencia y corrupción de las autoridades y reconstruir el tejido social que heredarán las generaciones que nacieron en esta ola de violencia.

Este 2021 ha sido un año complicado: la brigada tuvo que posponerse algunos meses a causa de la pandemia por la Covid-19. Al final logró realizarse en Morelos donde, desde hace tiempo, las familias de personas desaparecidas solicitaron la intervención de sus compañeros buscadores por la creciente violencia y la crisis forense que se tiene en la entidad, provocada por la negligencia de las autoridades: tan sólo en este estado, 391 cuerpos que llegaron a las morgues desde 2006 no habían sido identificados al cierre del 2019 y, a la fecha, poco más de mil personas están desaparecidas.

Madres buscadoras esperan para entrar a la Catedral de Cuernavaca, donde se realizará la misa que da inicio a las actividades de la VI Brigada Nacional de Búsqueda de Personas. Crédito Efraín Tzuc.

Nuevas problemáticas, nuevos ejes

En cada Brigada Nacional los familiares en búsqueda trabajaban bajo varios ejes: la búsqueda en campo para localizar fosas clandestinas; el sensibilizar a la comunidad sobre la grave crisis humanitaria de las desapariciones; la búsqueda de personas en vida, entrando a centros de reclusión y rehabilitación,  y el trabajo con  autoridades municipales que frecuentemente reciben las primeras llamadas de auxilio ante una desaparición. 

Ahora la Red de Enlaces Nacionales incluyó un eje de trabajo sobre identificación forense, con el que buscan compartir entre las familiares cómo dar seguimiento a los hallazgos de los cuerpos y restos que recuperan en las fosas clandestinas.

“Hemos visto que en México no sólo desaparecen a las personas una vez, las desaparecen dos o tres veces. Estamos encontrando y entregando cuerpos a las autoridades. Hemos encontrado la realidad del país y se han abierto muchas grietas, pero el problema es que los siguen dejando sin identificar y no se entregan a sus familiares”, lamenta Juan Carlos Trujillo.

 

Alrededor de 80 familiares de personas desaparecidas y personas solidarias llegaron a Cuernavaca para el primer día de actividades de la VI Brigada Nacional de Búsqueda de Personas. Crédito Efraín Tzuc.

La Fiscalía de la entidad se ha caracterizado por una opacidad a la hora de rendir cuentas sobre el número de cuerpos pendientes por identificar, de acuerdo con el informe “La crisis forense en México: más de 52 mil personas fallecidas sin identificar”, del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México. 

Juan Carlos recuerda que la primera batalla de las familias es por las cifras que las instituciones de procuración de justicia tratan de minimizar, cuando no de ocultar. “Es un problema que no se reconoce; y el problema que no es reconocido no puede ser atacado”, dice.

En Morelos los colectivos de búsqueda saben bien de esto: en 2016 y en 2017, la Fiscalía ya no pudo ocultar  las fosas que cavó de manera irregular en los municipios de Jojutla y Tetelcingo, para dar salida a los cuerpos que saturaban sus morgues. Al menos 32 de los casi 200 cuerpos encontrados en estas fosas fueron enterrados con tal descuido que los datos que permitirían asociarlos a sus expedientes se perdieron o borraron con el tiempo.

En esta ocasión, durante las dos semanas que durará la brigada, los familiares también acudirán a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) para revisar sus archivos, con la esperanza de reconocer una prenda, un tatuaje, una cicatriz o cualquier otra seña que pueda dar alguna pista para devolver la identidad a alguien.

Recuperar la humanidad

Si bien las brigadas iniciaron pensando en la búsqueda de cuerpos en fosas y terrenos, así como en el cabildeo con autoridades municipales y estatales, año con año han ido ampliando sus ejes de trabajo que responden a las necesidades que se van encontrando.

Desde la quinta brigada, realizada en febrero de 2020 en Papantla, Veracruz, se implementó el eje de intervención, sensibilización y humanización a instituciones y cuerpos policiacos. Esto para que los policías municipales, que en muchos casos son los primeros en responder ante una desaparición, se sensibilicen y entiendan la gravedad de la desaparición de una persona.

“Son una parte súper importante para nosotros porque han sido de las instituciones más vulnerables, más atrapadas por el hoy crimen organizado, el exnarcotráfico”, dice Juan Carlos Trujillo.

Además de tratar de intervenir directamente con las autoridades locales, otra parte fundamental es lo que llaman “recuperar al ser humano perdido entre la violencia”, es decir, romper la normalización que se ha instalado en la sociedad, a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón al final del 2006.

 

Morelos acumula poco más de mil personas desaparecidas y, al menos 391 personas fallecidas no identificadas. Crédito Efraín Tzuc.

El saldo de esta estrategia de seguridad militarizada preocupa a la Brigada Nacional, no sólo porque detonó un incremento exponencial en los homicidios, los hallazgos de fosas clandestinas —que hoy suman más de 4 mil 800— y las desapariciones que casi alcanzan la cifra de 100 mil, también porque es esta violencia el único contexto que conocen cientos de miles de niños y jóvenes.

“Hay niños que tenían cinco años cuando esto inició, hoy tienen 20, y están normalizando la violencia, y creo que ese problema nos va a afectar el día de mañana, en un futuro de manera muy directa”, explica el activista.

Por eso, esa es la principal apuesta de la brigada: ya no sólo buscar cuerpos, sino hacer algo para que las nuevas generaciones detengan esta crisis.

Con estos nuevos objetivos, la VI brigada inició el pasado domingo con una misa donde las familias compartieron su palabra y testimonios en la catedral de la capital de Morelos. Durante la celebración religiosa, los sacerdotes pidieron a la sociedad sensibilizarse, empatizar y, sobre todo, solidarizarse con quienes buscan a un familiar. 

Después de la misa los cerca de 80 brigadistas, los familiares de personas desaparecidas y  personas solidarias —como en la Brigada se les llama a quienes no tienen a un familiar, ausente pero dan su tiempo para acompañar a quienes sí—  provenientes de Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Baja California, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas e Hidalgo realizaron una breve marcha hasta el zócalo de Cuernavaca.

La caminata de la VI brigada terminó justo frente al memorial de las víctimas de la violencia: una pared flanqueada por un barandal y  cubierta de fotografías, fichas de búsqueda, cruces y pañuelos. Una ofrenda viviente que parece no tener fin: hay nombres de hombres, mujeres, rostros de adolescentes, de quienes han sido asesinados y también de quienes siguen sin aparecer, no sólo de Morelos sino de otros lugares del país.


Los colectivos de búsqueda morelenses encabezaron la marcha realizada el domingo 10 de octubre, en el marco de la VI Brigada Nacional de Búsqueda de Personas. Crédito Efraín Tzuc.

Frente a ese lugar, familiares de personas desaparecidas tomaron el micrófono para que se escucharan sus relatos sobre la violencia que han enfrentado y su lucha por encontrar a quienes faltan. 

“No venimos a buscar culpables, venimos a buscar a nuestros corazones”, recordó Tranquilina Hernández, que busca a su hija Mireya Montiel Hernández, desaparecida en 2014. Mientras, dos mujeres pegaban una nueva ficha de búsqueda en el memorial. La violencia no ha cesado. 

A casi diez años de las protestas masivas que dieron vida al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en el que se conocieron por por primera vez varias de las madres que iniciaron y continúan con estas brigadas de búsqueda, el estado de Morelos las recibe de nueva cuenta, pero esta vez son ellas, las madres, quienes buscan reavivar algo al estado y a sus compañeras de lucha: la esperanza de encontrar a sus desaparecidos.

“Morelos vio mucho a las familias, a las víctimas de la violencia contra el narcotráfico y creo que hoy es momento de que, con su gratitud y su experiencia, las familias buscadoras de otras partes del país puedan devolverle algo al estado”, finaliza Juan Carlos Trujillo.

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*Aranzazú Ayala (@aranhera) es colaboradora y parte del equipo de A dónde van los desaparecidos y reportera en Lado B en Puebla

Efraín Tzuc (@efra_tzuc) es reportero en el proyecto A dónde van los desaparecidos y asistente de investigación en Quinto Elemento Lab

http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos.

Foto principal: Durante dos semanas se realizará la VI Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Morelos. Crédito Efraín Tzuc.

 

 

Si yo no hubiera fumado eso… Una historia de adicciones

Foto: gaceta.cch.unam.mx

 

Por Lorena Guadalupe Hernández Maldonado*

VILLA DE ÁLVAREZ, Col.- Un día, entre mañanas frescas y tardes de calor en las que parece que el infierno se mudó a la Villa, llegan y tocan a la casa de doña María, la dueña de la panadería.

—Toc, toc —Se escuchan fuertes golpes en la puerta, muy insistentes.

—¿Quién? —Doña María pregunta tras la puerta y se escucha que le responden;

—El Piña, doña Mary. ¿Quiere que le lave el carro?

—Sí, hijo, lávalo.

Así es la vida de El Piña. Su nombre es Bernardo, un joven de apenas 26 años, quien todos los días busca una manera de vivir, pues las drogas y el amor le han quitado los ánimos de seguir adelante.

Las calles de su colonia, una de las más populares de Villa de Álvarez, son el escenario de esta vida tan triste que vive Bernardo, buscando cómo conseguir dinero para comprar droga. En el bolsillo de su pantalón siempre carga su pipa que hizo con aluminio y otras cosas más para poder fumar.

Mientras lava el carro de doña María, se ve la rapidez con la que quiere terminar de lavarlo, pues necesita consumir, trae la malilla y está ansioso, transpirando y eso lo empieza a poner de malas, porque sólo cuando consume olvida todo lo que ha perdido por mentir y por volver a caer en ese mundo infernal.

Un mundo del que intentó salir, pero ha recaído tres ocasiones en menos de seis meses, su familia lo había internado en un albergue para recuperación, pero al parecer algo pasó, que volvió a lo mismo.

—¿Cómo vas, Bernardo? —le pregunté el día que platiqué con él.

—P’s ahí voy, maso… —respondió.

Su cara tenía una mirada triste, se veía descuidado y en sus manos se veía una desesperación, se las agarraba, las cruzaba, pero no las dejaba quietas.

—Me dijo don Lupe que quiere platicar conmigo —comentó y se sentó en la banqueta.

—Sí, Bernardo, ¿tienes chance de una pequeña entrevista? —le pregunté.

—Jeje… —sonrió y dijo— no p’s wow, simón.

Esa fue su manera de responder, cuando algo le sorprendía, contestaba “No, p’s wow”. Sin tantos rodeos y preguntas, directamente le pregunté:

—Bernardo, cuéntame tu historia. ¿Por qué esos ojos tristes?

—Uyyyy, ¿por donde empiezo? Hay tanto qué sacar. P’s, maestra, yo ahorita tengo 26, los cumplí en abril y estoy metido en este desmadre desde los 18. Empecé fumando mariguana, yo trabajaba lavando platos en un restaurante en Colima y mi compañera, que era la que cobraba, me ofreció la primera fumada a un churro.

Le vi una mirada muy triste, se le humedecieron los ojos, suspiró.

—Si yo no hubiera fumado eso, maestra, mi vida no sería así. Yo estudié el bachillerato porque mis papás me obligaron, pero soy reburro, en cuanto nomás lo libré. En ese lugar conocí a la que es mamá de mi hijo, tengo un niño pequeño. Ella es de familia de dinero, jaja, no sé por qué se fijó en mí y me hizo caso. Anduvimos de novios, con lo que yo ganaba junté dinero y me compré un carrito todo madreado, pero me movía. Y también seguía fumando mariguana.

“Un tiempo la estuve fumando, me relajaba y me hacía sentir bien, pero tiempo después cambié de trabajo, porque me casé. Mi novia salió embarazada y p’s me tuve que casar. En el nuevo trabajo, mi compañero también se drogaba, pero él fumaba otra cosa. Ahí conocí el cristal, comencé a fumar con él, en ese entonces ganaba bien, trabajaba en la Coca Cola, pero en la casa con ella tenía muchos problemas, porque ella me hacía menos, siempre me decía cosas, que se arrepentía de estar conmigo y cosas así, por eso me drogaba”.

* * *

De acuerdo al portal Drugfacts, en su artículo “Entendiendo el uso de drogas y la adicción”, la drogadicción se refiere al uso constante de sustancias que alteran el sistema nervioso, creando una adicción, es decir, una necesidad de consumirla constantemente, ya que genera una sensación de alivio y con esto evadiendo las situaciones que generan estrés.

DrugFacts 2019

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El calor estaba horrible en esos días, se sentía muy sofocado. Bernardo seguía relatando su historia y dijo:

—¿Sabe qué es lo más triste, maestra?

—No, ¿qué es lo más triste, Piña?

—Yo, queriendo que las cosas estuvieran bien con ella, de todo me hacía cargo. Ella tenía una niña y también la cuidaba a ella. Era como mi hija, las atendía a las dos y al bebé que venía en camino. Daba dinero para la casa y además yo limpiaba, hasta que un día decidí contarle que consumía drogas.

Respira hondo y se limpia una lágrima.

“Me corrió como a un perro, maestra. Sacó mis cosas a la calle y me echó de su vida. Me gritó que no valía la pena, que le daba asco y que mi hijo nunca estaría conmigo. Eso me tumbó muy feo, me dio para abajo, no sabía qué hacer y lo único que hice fue consumir y consumir. Me perdí, regresé a casa de mi mamá y me hice de la calle. Enflaqué un buen porque no comía nada, me volví un tecolín, como dicen en los barrios, porque me corrieron por faltar y yo necesitaba dinero. Día y noche me drogaba, me perdí en la calle, estaba agüitado por todo lo que ella me había dicho, me rompió el corazón, porque yo la quería”.

* * *

El detonante para que Bernardo perdiera rumbo en su vida fue la fuerte depresión en la que cayó como consecuencia de su ambiente familiar. De acuerdo a diversos artículos la depresión es una de las consecuencias de su adicción, evadir sus problemas y la realidad influían demasiado para el consumo de la sustancia que le daba lo que creía que era felicidad.

* * *

“Como siempre he dicho: no me mató el amor, no me matará esta cosa. Así que seguí así un tiempo, hasta que mis papás me metieron a un centro, estuve unos meses y no me sirvió de nada. Escapé y volví a lo mismo. Hubo un segundo intento de rehabilitación y le puse ganas por mi hijo, ya no volví con ella, pero me dediqué a él. Mi papá es laminero y tiene un taller, me dio trabajo porque soy bueno para pintar y detallar carros, pero las amistades no dejaron de buscarme hasta que recaí. La tercera vez que me metieron al centro me dejaron por más de seis meses. La verdad, me ayudó. Engordé porque ya estaba muy flaco de las recaídas pasadas; ahora de verdad sí le puse ganas.

“Cuando salí del centro, ya no me junté con los mismos. Me empezó a ayudar una familia de aquí del barrio, me adoptó porque en mi casa había problemas. Mi mamá no quería que yo estuviera ahí, quería que me fuera, pero mi papá le dijo que no, que también era mi casa. Los problemas no dejaban de salir, pero estuve aguantando porque había personas que creían en mí y me apoyaban, me daban trabajo, comidas y hasta convivía en sus festejos. Esta Piña de nueva cuenta conoce a alguien especial, pero era una mujer mayor que yo y tenía un compromiso, pero p’s hice el intento de ganármela poco a poco hasta que logré que saliera conmigo.

“La historia que comenzó entre nosotros era diferente, p’s yo sabía que ella tenía un compromiso y así acepté. Ella se preocupaba por mí, me cuidaba y estaba al pendiente, pero yo la regué. A los pocos meses de iniciar la relación, empecé a mentirles a todos, a cada rato pedía dinero prestado que no pagaba echando mentiras, los problemas en casa habían empeorado y no sabía qué hacer, así que lo único que hice fue recaer, le fallé a todos de nuevo, y más a ella.

“Me costó mucho decirle la verdad, ella lo sospechaba, era una desesperación la que yo tenía, porque por primera vez y por mi culpa la vi llorando. Me perdonó y me dio una nueva oportunidad, pero todo cambió, ya no me tenía la misma confianza. Pasaron algunos meses y algo cambió, me volví muy celoso, la acosaba, la cansé y yo había vuelto a mentirle. Volví a caer, mi cuerpo me delató, empecé a enflacar y la malilla no me dejaba tranquilo. Me veían ansioso y seguido me ponía agresivo con ella, le gritaba y no se lo merecía. Ella me pidió que habláramos, hasta que me sacó la verdad. Volvió a pasar lo mismo. La hice llorar, a pesar de todo lo que le había hecho creyó de nuevo en mí, pero tardó días en dirigirme la palabra, pues se sentía traicionada por mí y era verdad, no cumplí”.

* * *

Las drogas dañan el sistema nervioso, pues las sustancias que son usadas generan diferentes reacciones al cuerpo de manera individual, pero haciendo una combinación de todo es una gran bomba de muerte. Algunas actúan rápido y otras con el tiempo y su uso.

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“Ay, maestra, mi vida es triste, ya me cansé de todo, hice muchas cosas para ganármela de nuevo, pero p’s le falle varias veces, la cansé, la perdí. A la única persona que se preocupaba por mí yo solo la alejé, la hice que se fuera de mi vida. La amaba y por tonto lo eché a perder. Perdí mis amigos de verdad, no valoré todo lo que hicieron ellos por mí y más ella, llegó el día que jamás pensé que llegaría: ella me dijo que se iba, que me dejaba por su salud, p’s por la forma que la estuve tratando la estaba deprimiendo, le estaba haciendo daño, yo siempre le dije que contaría conmigo y ella lo sabe.

“Le juro, maestra, que estoy arrepentido; le he llorado más que a mi madre, ya no me importa nada, sé que cualquier día me puedo morir por culpa de este jale, porque las amistades no son buenas. Volví a ser tecolín porque necesito dinero para mi jale y de vez en cuando hago trabajos de pintado, pero la gente ya no confía en mí. Ella aún me habla, me dice que me cuide, que coma, que sabe que ando mal, pero sólo drogado se me olvida que ya no tengo corazón porque ella se lo llevó. Ya no veo a mi hijo, se lo llevaron de Colima, mi mamá ya me corrió de la casa, ya no me apoyan, ya no tengo amigos y todo por mi culpa, por mis malas decisiones y las malas amistades. Diario estoy triste, busco droga y alcohol, casi no como y no duermo, la droga me mantiene despierto y si me llego a dormir —le digo la verdad—, me gustaría ya no despertar, ya no valgo la pena”.

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Según los conocimientos que he aprendido a lo largo de mi vida académica, entiendo que una persona que es adicta sufre de diversos trastornos en su cuerpo, es mucho el daño que le hacen, el veneno que ingieren poco a poco los va matando, peor aún cuando la persona ya no tiene razones para salir adelante.

Durante todo este tiempo, Bernardo ha sido presa de una depresión alimentada por sustancias que han alterado su cuerpo. Los problemas familiares y las malas influencias han sido factores que han detonado su desmotivación.

Así como el caso de El Piña hay muchos. Los centros de rehabilitación en el estado de Colima trabajan en las mejoras para poder apoyar a todas las personas que han caído en este mundo de las drogas, que toman la decisión de buscar la oportunidad de una nueva vida y estar bien.

Desgraciadamente el caso de Bernardo es triste y es uno más en la estadística de las adicciones, pero lo más triste es su corazón roto, que sólo late porque respira, amando la historia de amor que tuvo y que perdió por culpa de su adicción.

* La autora es estudiante de la Escuela de Trabajo Social “Vasco de Quiroga”. Este texto fue elaborado dentro de la materia Análisis de Problemas Sociales.

 

 

 

Diez claves para entender el caso Ayotzinapa

Foto de portada: Ginnette Riquelme/CIDH con licencia CC BY 2.0

 

A siete años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, te presentamos algunas claves para entender cómo ha evolucionado el caso, desde la “verdad histórica” de la entonces Procuraduría General de la República hasta la identificación de tres de los normalistas desaparecidos de manera forzada, la instalación de una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y los obstáculos con los que la investigación se ha topado.

 

Por Marcos Nucamendi para el proyecto A dónde van los desaparecidos*

 

Ayotzinapa es, sin duda, uno de los casos de desaparición forzada más emblemáticos de los últimos años. Un punto de inflexión en la forma en que se entiende la violencia en México, la complicidad del Estado en la comisión de delitos graves y cómo operan los mecanismos de la impunidad para encubrir la verdad. Es también una dolorosa herida abierta.

En los últimos siete años, se ha ido desmontando la versión oficial de los hechos presentada en su momento por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien aseguraba que la noche del 26 de septiembre de 2014 los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, habían sido privados de la libertad e incinerados en un basurero cerca de Iguala. Las irregularidades de la investigación, el encubrimiento de la participación del Ejército y la Policía Federal, y el choque de evidencias científicas han reforzado la idea de que se trató de una operación, desde el Estado, para ocultar la verdad y mantener desaparecidos a los estudiantes.

De ahí que fueron exoneradas —por haber sido torturados y sujetos de otras violaciones a los derechos humanos— todas las personas que fueron presentadas por la PGR como autores materiales; otras 21 personas vinculadas con el caso, se informó recientemente, han fallecido o han sido asesinadas.

Con la llegada de la presente administración federal en 2018, las investigaciones tomaron un nuevo impulso con la creación de una Unidad Especial dentro de la hoy llamada Fiscalía General de la República y de una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Se han ejecutado 40 de 89 órdenes de aprehensión contra servidores públicos del estado de Guerrero y de la PGR, policías federales y ministeriales e incluso un militar en retiro; sin embargo —según han denunciado los abogados de los estudiantes—, aún es visible la reticencia para perseguir a los elementos del Ejército que estuvieron involucrados en el circuito de la desaparición. 

Sobre las labores de búsqueda, basta decir que se han identificado los restos óseos de tres normalistas: Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. La insistencia de las autoridades por construir una narrativa, desestimando indicios y ocultando hallazgos en puntos distintos a los de la “verdad histórica”, derivó en que muchos de los fragmentos encontrados en los últimos años ya no puedan ser analizados.

Estas son 10 claves para entender qué ha pasado en el caso Ayotzinapa hasta este 26 de septiembre de 2021, cuando se cumple el séptimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas: Abel, Aberlardo, Adán, Alexander, Antonio, Benjamín, Bernardo, Carlos Iván, Carlos Lorenzo, César, Christian Alfonso, Christian Tomás, Cutberto, Dorian, Emiliano, Everardo, Felipe, Giovanni, Israel Caballero, Israel Jacinto, Jesús, Jhosivani, Jonás, Jorge Álvarez, Jorge Aníbal, Jorge Antonio, Jorge Luis, José Ángel Campos, José Ángel Navarrete, José Eduardo, José Luis, Julio César, Leonel, Luis Ángel Abarca, Luis Ángel Francisco, Madgaleno, Marcial, Marco, Martín, Mauricio, Miguel Ángel Hernández, Miguel Ángel Mendoza y Saúl.

 

1. La noche de Iguala

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos de manera coordinada por agentes municipales y estatales e integrantes del crimen organizado -y a la vista del Ejército- al salir de Iguala, Guerrero. Los jóvenes, de entre 17 y 25 años, se dirigían a la Ciudad de México para participar, como cada año, en la conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968. 

La noche de Iguala concluyó con 43 de los normalistas desaparecidos, seis personas ejecutadas —incluidos tres estudiantes, uno con muestras brutales de tortura—, al menos 40 personas lesionadas y dos estudiantes con afectaciones graves y permanentes a la salud. A decir del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, alrededor de 700 personas fueron afectadas indirectamente, considerando a los familiares de los agraviados.

26 de septiembre de 2014, 21:40 horas. Descripción de los hechos. 

Crédito: Informe Ayotzinapa/GIEI

 

2. La “verdad histórica”

El 27 de enero de 2015, el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó las conclusiones de la investigación que atrajo el caso luego de que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero declinara su competencia. Según esta versión, que calificó como la “verdad histórica de los hechos”, los 43 estudiantes, luego de ser “privados de la libertad” por policías municipales, fueron “privados de la vida” por miembros del cártel Guerreros Unidos. Sus cuerpos, a decir de esta versión, fueron incinerados en el basurero de Cocula, a unos veinte kilómetros de Iguala, y sus cenizas arrojadas al río San Juan.

En aquel momento, el procurador acusó al alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, de ser los autores intelectuales del crimen. También sostuvo que los estudiantes fueron confundidos por los sicarios de Guerreros Unidos como miembros de un cártel rival con quien disputaban la plaza, y que eso explicaba el por qué fueron ejecutados e incinerados.

Jesús Murillo Karam, procurador general de la República (2012-2015)

Crédito: Presidencia Enrique Peña Nieto

 

3. El primer informe del GIEI

En noviembre de 2014, debido a la presión ejercida por los familiares de los 43 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno mexicano suscribió un acuerdo para recibir asistencia técnica internacional en el caso. El 6 de septiembre de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), integrado por Alejandro Valencia, Ángela María Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Martín Beristain, presentó su primer informe.

Entre otras cosas, el GIEI concluyó -con apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense- que no existía evidencia alguna que confirmara la versión oficial sobre el incendio en el basurero de Cocula, pues de haberse generado un fuego con la magnitud necesaria para la cremación masiva, “daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura”. Los expertos también confirmaron la existencia de un quinto autobús, información clave que había sido omitida en la investigación de la PGR al construir la “verdad histórica”. 

La reacción violenta y coordinada en contra de los estudiantes, sugirieron, estaría relacionada con el tráfico de heroína, cocaína y dinero que fluía entre Iguala y Chicago, en Estados Unidos, pues es a través de compartimentos especiales en los autobuses que suele efectuarse el trasiego, de acuerdo con una declaración jurada por un agente de la DEA y escuchas telefónicas de las que daba cuenta una investigación de la Fiscalía Federal para el Estado de Illinois.

El ataque suspendido contra otro autobús de pasajeros —que transportaba al equipo de fútbol Los Avispones—, antes de que encontraran y detuvieran al quinto autobús, reforzó la idea de que esa noche, los perpetradores recibieron la instrucción de detener a las cinco unidades tomadas por los estudiantes, posiblemente para asegurar un cargamento. 

En este primer informe, el GIEI recomendó a las autoridades nacionales investigar otras conductas delictivas que tampoco habían sido perseguidas judicialmente, como tortura —en el caso del estudiante asesinado y desollado Julio César Mondragón Fontes—, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas. Sus integrantes dejaron constancia, por ejemplo, de las lesiones sufridas por 77% de las 80 personas detenidas hasta ese momento, mismas que, adelantaban, podrían constituir actos de tortura. 

Por otro lado, confirmaron la presencia de elementos del 27 Batallón de Infantería en el lugar de los hechos, quienes manejaron información restringida del C4 (centro de comando, control, comunicaciones y cómputo), se enteraron de que la Policía Municipal de Iguala había detenido a los estudiantes e incluso corroboraron que estos no se encontraban en la comandancia. También documentaron su llegada a la clínica Cristina, en donde un grupo de normalistas buscaba atención médica. “Aguantense porque ustedes se lo buscaron”, les dijeron, a decir de uno de los testimonios recogidos. 

El Grupo de Expertos, en su segundo y último informe, profundizó estas líneas de investigación y aportó nuevos elementos: además de las policías de Cocula e Iguala, estuvo involucrada la policía de Huitzuco; los celulares de los estudiantes desaparecidos estuvieron activos horas —incluso días— después de los hechos; se destruyó un video tomado por la cámara del Palacio de Justicia —evidencia clave en la desaparición de entre 15 y 20 estudiantes—, que había sido remitido al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; y el 28 de octubre, un día antes de que buzos de la Marina sacaran una bolsa negra con restos óseos —que más tarde permitieron la identificación de uno de los estudiantes—, la PGR condujo una diligencia de la que no existía constancia alguna. 

Contrario al deseo de los familiares de los normalistas desaparecidos, el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto decidió no extender este primer mandato del GIEI, que terminó en abril de 2016. A dos días de que concluyera su sexenio y el mismo día en que se presentaba el Informe Final del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de la CIDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 15VG/2018, que de acuerdo con los padres y las madres de los estudiantes, el Equipo Argentino de Antropología Forense, Ángela Buitrago (ex integrante del GIEI) y el Centro Prodh, reavivó parte de la versión oficial que ya había sido descartada con evidencia científica.

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 

Crédito: Daniel Cima/CIDH

 

4. La Comisión para la Verdad

A tres días de asumir el cargo como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una comisión especial, misma que fue instalada el 15 de enero de 2019.  

Una de las primeras acciones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, integrada por las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, así como por familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil, fue la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

El 26 de septiembre de 2020, el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que, entre otros avances, se impulsó junto con la FGR la creación de una Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UILCA), encabezada por Omar Gómez Trejo, ex secretario ejecutivo del GIEI.  

Además, confirmó que de marzo a septiembre de ese año se habían liberado 70 órdenes de aprehensión —de 83 solicitadas— en contra de integrantes del cártel Guerreros Unidos, policías federales ministeriales, agentes del Ministerio Público Federal, ex policías federales y policías municipales; y que para ese momento existían 80 personas detenidas.

López Obrador, en su intervención, ofreció una disculpa pública en nombre del Estado mexicano. “Estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado”, dijo, en alusión no sólo a los hechos del 26 y 27 de septiembre, sino a la intención de las autoridades mexicanas para desaparecer nuevamente a los estudiantes, a través de una verdad construida a modo.  

Instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Crédito: Secretaría de Gobernación

 

5. Aún desaparecidos, 40 estudiantes

A la fecha, sólo se han podido identificar los restos óseos de tres de los estudiantes desaparecidos: Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. 

Los restos de los últimos dos fueron encontrados en noviembre de 2019 en un lugar conocido como Barranca de la Carnicería, a más de 800 metros del vertedero de Cocula; seleccionados para su estudio por los Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); e identificados por el instituto de medicina legal de la Universidad de Innsbruck, en Austria, en junio de 2020 y junio de 2021. 

Los restos de Alexander y Joshivani ya habían sido identificados durante la administración pasada, sin embargo, en el caso de Joshivani, el análisis de ADN mitocondrial que la procuradora Arely Gómez dio como válido en septiembre de 2015, ofrecía apenas un 17 por ciento de coincidencia; en contraste, la última identificación realizada a partir de ADN nuclear ofreció un 99.99 por ciento.

Alexander, por su parte, fue identificado en diciembre de 2014 —aún con Murillo Karam al frente de la PGR—, pero se presume que la bolsa encontrada a orillas del río San Juan, de donde se extrajeron los restos de ambos estudiantes, fue “sembrada” para apoyar la “verdad histórica”, como quedó documentado en un video. Ahora se sabe que la agente del Ministerio Público que firmó y dio fe de esa diligencia ni siquiera estaba en el lugar de los hechos, sino que se encontraba en la Ciudad de México.

Un lugar al que también se le conoció como la Barranca de la Carnicería, a unos 400 metros de los últimos hallazgos, fue inspeccionada por la PGR en diciembre de 2014, pero los restos encontrados nunca fueron enviados al extranjero para su análisis y el descubrimiento no se hizo público, según el periódico El País. Los fragmentos óseos, reveló por otro lado Animal Político, deambularon durante años por diversas agencias ministeriales al grado que, cuando finalmente fueron encontrados, su estado ya no permitía realizar estudio alguno. 

Algo similar ocurrió con los 180 restos óseos encontrados en la segunda barranca en 2019, pues sólo 22 fueron seleccionados para su identificación. Muchos de los fragmentos, confirmó la Unidad Especial de la FGR este viernes, no presentaron huellas de exposición a fuego pero sí atemperismo (exposición a la intemperie). “Estos restos siempre estuvieron ahí y dejaron que se deterioraran”, dijo el fiscal García, quien el pasado martes aseguró que en los primeros días de octubre de 2014, varias corporaciones de seguridad estuvieron cuidando la entrada al predio. 

En su segundo informe, de abril de 2016, el GIEI documentó que el Equipo Argentino de Antropología Forense solicitó una diligencia en la primera Barranca de la Carnicería. Las horas y la fecha de la constancia ministerial fueron borradas y la PGR se limitó a informarles que la investigación que ahí se llevaba a cabo formaba parte de una averiguación previa distinta al caso de los estudiantes. En reiteradas ocasiones, el GIEI solicitó las actuaciones ministeriales y periciales, que nunca le fueron entregadas; el EAAF, por su parte, tampoco acudió a verificar el sitio. 

El 6 de septiembre de 2015, el mismo día en que se presentó el primer informe del Grupo de Expertos, un criminalista de la coordinación de servicios periciales de la PGR remitió un dictamen a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en donde dejó constancia de la ubicación exacta de este lugar (18º 12´43.5” N; 99º 36´40.6” W), cómo acceder a él y algunas de sus características. El perito, designado para la tarea tres días antes, describió una superficie irregular, manchada de color negro, con restos óseos “al parecer de origen humano, acompañados de cenizas”.

Barranca de la Carnicería. 

Crédito: Obturador MX

 

6. Los responsables

Entre el 26 de septiembre de 2014 y el 30 de agosto de 2018, se consignaron a 169 personas por su presunta participación en los hechos que derivaron en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa (55 policías de Iguala, 20 policías de Cocula y 67 civiles). Se detuvieron a 142 de estas personas y la entonces PGR procesó a 70 de ellas por el delito de secuestro; no por desaparición forzada. 

Para el 4 de septiembre de 2019, no obstante, ya habían sido liberados 53 presuntos responsables, luego de que 63 de las 107 pruebas recabadas en diferentes averiguaciones previas fueran desestimadas por un Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas; esto a causa de una serie de violaciones al debido proceso, a la integridad personal y a la libertad, incluyendo 29 casos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

En fechas recientes, la Unidad Especial de la FGR aseguró que todas las personas que en su momento fueron presentadas por la PGR como autores materiales de la desaparición, fueron exonerados; y confirmó la existencia de más de 40 videos que acreditan actos de tortura física y psicológica por parte de funcionarios públicos.

El propio Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y encargado directo de las investigaciones del caso Ayotzinapa, fue acusado por los delitos de secuestro, tortura y manipulación de evidencia; en un video ampliamente difundido incluso se le ve interrogando a un presunto responsable —al cual sacó ilegalmente de la cárcel—, con la espalda descubierta y la cabeza tapada, en un tono amenazante.

El 30 de junio de 2020, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero aseguró, en conferencia de prensa, que solicitaron 46 nuevas órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios de Guerrero, por delincuencia organizada y desaparición forzada. Estas órdenes se unían a las ya obtenidas, en marzo del mismo año, en contra de ex funcionarios de la PGR, incluyendo la girada en contra de Tomás Zerón, quien sigue prófugo y con ficha roja de Interpol. 

El ex funcionario reside desde hace dos años en Israel, país que no se ha pronunciado respecto de la solicitud de extradición en su contra; López Obrador envió una carta al primer ministro, Naftali Bennett, para una aproximación más diplomática. De ser aprehendido, debido a una suspensión definitiva otorgada por un juez en mayo de este año, Zerón de Lucio no podrá ser puesto en prisión preventiva, sino que tendrá que presentarse ante el juez de la causa. 

Durante la conferencia de prensa de junio de 2020, en donde también se anunció la captura de “El Mochomo” —líder de Guerreros Unidos, fallecido el pasado 25 de julio por COVID-19—, Gertz Manero subrayó que la PGR cometió diversas irregularidades mientras investigaba el caso: acusaciones parciales, violaciones a los derechos humanos —como tortura—, y la ocultación de pruebas que podrían haber ayudado en la búsqueda inmediata de los estudiantes desaparecidos. 

Por lo que respecta a la detención de funcionarios federales, se cuentan las de Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial; Luis Antonio Dorantes Macías, jefe de la estación de la Policía Federal en Iguala; Blanca Castillo, ministerio público de la unidad de secuestros de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), y el capitán en retiro del Ejército, José Martín Crespo, el primer militar procesado por el caso Ayotzinapa.

El pasado viernes, en el contexto del séptimo aniversario de la desaparición de los estudiantes, el subsecretario Encinas informó que desde 2014, 21 personas vinculadas al caso han perdido la vida o han sido ejecutadas, silenciadas. Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso Ayotzinapa, confirmó por su parte que desde julio 2019, son 89 las órdenes de aprehensión giradas, tanto por los hechos de la llamada noche de Iguala, como por la manipulación de la investigación; de éstas, aún quedan 40 órdenes por ejecutar: 30 por la desaparición de los estudiantes y 10 por las irregularidades. 

En ese sentido, reiteró que los procesos de judicialización ya no se centran exclusivamente en los responsables de la detención y posterior desaparición de los estudiantes; también en aquellos que participaron de la manipulación y tergiversación del caso con el objetivo de mantener la narrativa de la “verdad histórica”.

Sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Crédito: Daniel Cima/CIDH

 

7. Las armas de los perpetradores

El caso Ayotzinapa también se cruza con otro gran tema que ha acaparado los reflectores de manera reciente: el comercio irresponsable de armas y su tráfico ilegal, motivo que llevó a la administración de López Obrador a demandar, ante tribunales de Boston, Massachusetts, a 11 empresas que fabrican y venden armas en Estados Unidos. 

En febrero de 2019, la Audiencia Provincial de Stuttgart, en Alemania, condenó a la empresa Heckler & Koch (H&K) por el desvío ilegal de armas que fueron vendidas al gobierno mexicano —específicamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)—, con la condición de que no se utilizaran en zonas de conflicto.

A pesar de un bloqueo inicial por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, H&K vendió a México, entre 2006 y 2009, de 9,472 a 9,652 fusiles, ametralladoras y municiones por un valor de más de 13 millones de euros. De estos, entre 4,702 y 5,003 armas largas fueron a parar a corporaciones policiacas de Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero, estados que compraron fusiles modelos G36V, G36KV y G36C1 —que pueden percutir más de 800 municiones por minuto—, según consta en documentos oficiales.

Al estado de Guerrero fueron a parar 1,924 de estas armas, en tanto que cuatro ametralladoras MP5 y 56 fusiles G36V terminaron en manos de la Policía Municipal de Iguala, una de las corporaciones implicadas en el caso Ayotzinapa. Facturas de la Sedena, notas de agradecimiento expedidas por otras agencias de seguridad, peticiones de refacciones desde los lugares de destino y las evidencias fotográficas y periciales que arrojaron los eventos del 26 y 27 de septiembre, dan cuenta de lo anterior.

Un arma fabricada por esta empresa, revelaron en su momento las investigaciones del caso, fue la responsable de causar las heridas de Aldo Gutiérrez Solano, normalista que continúa en estado mínimo de conciencia. Tenía 19 años al momento del ataque coordinado entre agentes del Estado y grupos del crimen organizado.

Aunque la familia de Aldo solicitó participar en el juicio, la petición les fue negada con el argumento de que éste se llevaba a cabo por violaciones a leyes mercantiles y no por situaciones relativas a los derechos humanos. La empresa fue multada con 3.7 millones de euros y dos de sus empleados obligados a cumplir menos de dos años de libertad condicional, una multa de 80 mil euros y 250 horas de trabajo comunitario; otros tres acusados fueron absueltos. 

Leonel Gutiérrez, hermano de Aldo

Crédito: Centro Prodh

 

8. La muerte y las enfermedades golpean a madres y padres

Luego de siete años de exigir la localización de sus hijos, desafortunadamente, dos padres y una madre de los 43 normalistas han perdido la vida y se han ido sin conocer el paradero de sus hijos. 

Bernardo Campos Santos “Don Berna”, padre de José Ángel Campos Cantor, y Saúl Bruno Rosario, padre de Saúl Bruno García, fallecieron en agosto y septiembre de este año; en febrero de 2018 falleció Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello.  

Sin embargo, a decir de los propios padres y madres —en diversas entrevistas para medios—, las afectaciones también persiguen a los vivos: diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, problemas en la piel, cataratas e incluso fracturas en extremidades inferiores; sin contar los problemas económicos que esto les genera. De ahí que a algunos de ellos se les complique cada vez más asistir a las reuniones y manifestaciones que realizan lejos de sus lugares de origen. 

En un informe sobre los impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que la desaparición de sus hijos y la complicidad del Estado en el ocultamiento de la verdad, ha derivado en impactos traumáticos diferenciados (trastornos de sueño, fantasías de vejaciones y maltratos a sus hijos) que, además, se detonan por diversos factores: la versión oficial —cada tanto reavivada—, la criminalización y estigmatización de los normalistas o el hallazgo de fosas en donde podría estar alguno de ellos. 

“A siete años de la tragedia, la salud de nuestros familiares se desgasta al no haber avance en las investigaciones. El dolor, la rabia y la indignación nos siguen consumiendo”, publicaron en su página de Facebook padres y madres de Ayotzinapa, con motivo de la muerte de Saúl Bruno.

Bernabé Campos Santos “Don Berna” (derecha)

Crédito: Facebook Padres y Madres de Ayotzinapa

 

9. El Ejército se niega a cooperar; la FGR, atrapada

Mientras que el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, asegura una y otra vez que su dependencia ha cambiado la manera en cómo atiende el caso, familiares de los 43 normalistas y sus abogados, apenas en enero de este año, señalaron que el Ejército ha estado “dosificando” la información que comparte con las autoridades ministeriales, aún cuando se sabe desde el primer momento, por los testimonios de los sobrevivientes, los informes del Grupo de Expertos y otras investigaciones periodísticas, que en los hechos estuvo involucrado el 27 Batallón de Infantería.

La falta de cooperación de la Sedena, aseguró en entrevista para SinEmbargo el abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, es el talón de Aquiles de la investigación. “A la hora de hacer las cosas, de concretar los actos de investigación, vemos obstáculos, vemos reticencias, vemos que las cosas no avanzan”, dijo y recordó que en diferentes ocasiones, el presidente López Obrador se ha comprometido a que las Fuerzas Armadas —de las cuales es comandante supremo— colaboren en todo lo que sea necesario. 

Rosales también sugirió que la FGR se encuentra comprometida, ya que aún persisten algunos elementos de la PGR que participaron en la construcción de la “verdad histórica”; dijo que se trataba de al menos cuatro personas que trabajan en diferentes subprocuradurías, coordinando asesores del fiscal e incluso una persona muy cercana a él. De ahí que no sorprenda, explicó, la filtración de información procesal y hasta la fuga de Tomás Zerón de Lucio.

Respecto de la participación del Ejército, el representante jurídico de las familias recordó que se cuenta con elementos de prueba suficientes para acreditar el involucramiento del 27 Batallón de Infantería la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre: además de la presencia de militares en diversas escenas del crimen —tal y como lo documentó el GIEI—, el Ejército monitoreó a los normalistas desde que llegaron a Iguala y desde el C4 en tiempo real. 

Un testigo protegido identificado como “Juan” sostiene incluso que 25 estudiantes fueron ingresados al 27 Batallón, interrogados y varios asesinados, una hipótesis que ha sido desdeñada por las autoridades a cargo del caso pero no por los padres y madres de los normalistas, que en reiteradas ocasiones intentaron acceder a las instalaciones. En julio de 2019, realizaron una visita en compañía de sus abogados. 

Unos 40 militares de distinto grado, confirmó el subsecretario Encinas el pasado viernes, han comparecido hasta el momento ante la FGR. El fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar García, aseguró que la participación del Ejército es una línea de investigación que se está trabajando “de manera fuerte”, y de la cual es coadyuvante el GIEI. 

A decir de Vidulfo Rosales, fue el Ejército mexicano el que estuvo “a la cabeza” de la operación coordinada con la Policía Ministerial, la Policía Estatal, la Policía Municipal y el cártel Guerreros Unidos. “Deberíamos estar cerrando la pinza en contra del Ejército […] Los padres de familia necesitan saber: sí o no participó el Ejército mexicano, y en qué nivel participó”.

Reunión con padres y madres de Ayotzinapa; al fondo, el secretario de la Defensa.

Crédito: Presidencia

 

10. Ausente, nueva mecánica de los hechos

El pasado 21 de septiembre, en la segunda Barranca de la Carnicería, el fiscal Gómez y el subsecretario Encinas insistieron en que han “avanzando mucho en la controvertida verdad histórica”, que las evidencias encontradas ahí —los huesos esparcidos en costalillas que aún siguen en análisis—, los pedazos de la barranca que siguen investigando, los nuevos escenarios y testimonios recogidos —sin incurrir en ilícitos, como sí lo hizo la PGR—, tiraban el montaje del basurero de Cocula y el río San Juan.  

Sin embargo, cuando se les preguntó, según las investigaciones del actual gobierno, qué pasó entonces con los 43 estudiantes a partir de la noche del 26 de septiembre, a dónde los condujeron, qué les hicieron, a cuántos de ellos y en dónde, dijeron que aún falta tiempo para tener una explicación. A mitad del sexenio de López Obrador, esas preguntas aún no tienen respuesta. 

 

***

 

*Marcos Nucamendi (@makonucamendi) es parte del proyecto A dónde van los desaparecidos. Ha trabajado como periodista y profesor universitario –en las áreas de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas–, en la ciudad de Puebla. Actualmente cursa sus estudios de maestría en Cooperación Internacional en el Instituto Mora.

 

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx). 

 

 

 




Migrantes indígenas: Huyendo de la miseria

 

Por Ana Patricia de la Cruz Yáñez

“Hace 6 años que no he vuelto a mi pueblo”, son las palabras de la señora Angelina, mujer indígena migrante del estado de Guerrero, quien actualmente radica junto con su familia en la comunidad de Quesería, municipio de Cuauhtémoc, Colima. Ella vive en una casa habitación a la que hace poco más de un mes se acaban de mudar. A los costados también viven otras personas migrantes, que, por su semblante, inmediatamente se pueden identificar como originarias de la misma entidad del sur.

Antes de llegar a la puerta de la casa de la señora Angelina, se encuentra un patio extenso en su mayoría de tierra. Muchas plantas adornan el patio, algunos lazos están atados de la pared y de los árboles, sosteniendo la ropa casi seca. Las gallinas corren por el patio, picoteando su comida, y al costado derecho se encuentra un lavadero grande. Doña Angelina es una señora como de unos 60 años, de mediana estatura, robusta, tez morena, ojos café oscuros. Viste falda y blusa coloridas.

—¿De qué comunidad es usted?

—Soy de Santa Catarina, Las Joyas, Guerrero. Me vine de mi pueblo porque tuve problemas con mi esposo, pero mis hijas ya estaban aquí. Me dijeron que me viniera y ya no me fui, argumentó la señora, que por un momento guardó silencio al hablar de su esposo.

—¿Cómo se vive en su pueblo?

—Es un pueblo chiquito, más chiquito que aquí. Hay muy poco trabajo. Y si hay trabajo pagan muy barato. Por ejemplo, aquí entran a las 6 de la mañana y salen a las 12 o las 11 y ya les dan sus 300 o 250 pesos. Por la tarde ya descansan. Y allá no: allá desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde ganan 150.

Doña Angelina habla con tono enfático, tratando dejar en claro que en su pueblo les va mal económicamente. Por momentos la tristeza asoma a sus ojos, como recordando aquellos tiempos de hambre.

“Allá no hay quien te diga ‘ey, vente a ayudarme’. Casi no. Dos o tres días a la semana son los que se trabajan. Y tú que puedes hacer con tu familia. Y luego ahorita con todas las cosas que están bien caras, tienes unos cinco hijos y vas a comprar un pollo, fíjate, un pollo cuesta 250, tienes que trabajar casi tres días para comprarlo. Y para tomarse un refresco de unos 3 litros, te alcanza de un vasito, pero no alcanza, es muy poquito”.

La mujer agrega: “Tenemos terrenos, sembramos maíz, frijol, cacahuate, picante, y ya uno va ganando nada más para la coca, (dice riéndose) y para el jabón. Si uno saca muchito maíz, ya se vende un poco y va a comprar cosas. En Guerrero sembramos mucho el frijol, según 100 pesos estaba costando doce litros, como si fuera doce kilos. El jitomate allá está más barato, hay un pueblo que siembra puro jitomate”.

La mujer cuenta que para hacer sus compras viajaban a Chilapa, a comprar cebollas y todo para comer. “Íbamos como de aquí a Tecomán, como unas tres horas en carro, íbamos cada ocho días o cada quince; traíamos muchito para que nos alcanzara. Comprábamos chiles verdes, tomate, chiles secos y completarle con frijoles o quelites del campo, guajes o los retoños, las puntitas nosotros nos las comemos; también ciruelas agrias va a traer. uno para hacer su salsa, ahí se va acomodando uno”.

Habla con mucha resignación doña Angelina, como si no hubiera de otra forma para salir adelante. Ante la escasez de trabajo, menciona otras actividades que realizan para ganarse unos cuantos centavos más.

“Hacemos la cinta de palma —dice—, nos pagaban a cinco pesos el rollo de 20 metros, eso se utiliza para el sombrero y las bolsas. También hacemos los petates. Cuando yo me vine estaba costando a 35 pesos el petate normal, pero ahora cuesta como a 80, ya es algo. Tardábamos dos días en hacer un petate, una sola persona, cuatro semanas para completar una docena, que te pagan en 500 pesos”.

—Es muy poco —le dije, a lo que ella contestó:

“La ventaja es que uno no compra la palma, lo vas a ir a cortar, lo vas a ir a traer, lo vas a secar y de ahí lo vas a arreglar, para hacer la cinta también se corta la palma, se hierve, y ya después se blanquea, y ya con eso uno se la lleva”.

La resignación pareciera que es una actitud, que se lleva bien puesta. Como si alguien les dijera que ese es su destino y que se tienen que acostumbrar para vivirlo, sin quejas y sin reproches.

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Año con año, personas del estado de Guerrero, Veracruz y Oaxaca se trasladan al estado de Colima en busca de un mejor trabajo, ya que, en sus lugares de origen, existe escasez de trabajos con un salario muy por debajo de lo establecido, que no les alcanza para sobrevivir.

El Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Sociales (Coneval) publicó en 2019 que el 66.5% de la población guerrerense vive en situación de pobreza y un 26.8% se encuentra en pobreza extrema. Esta es una de las principales causas por la cual existe este fenómeno de migración en Colima.

Mientras tanto, no existen datos concretos de la cantidad de personas que se alojan en los albergues ya que su estancia temporal de aproximadamente seis meses en el municipio de Cuauhtémoc, en el estado de Colima, no permite tener un registro exacto de la población que año con año llega para el periodo de zafra. 

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—¿Hace cuánto tiempo vive aquí?

—Hace 6 años que no he vuelto a mi pueblo. De los años que he estado aquí, he vivido cuatro en El Cóbano y aquí ya voy para los dos años.

Lo dice con cierta alegría, como dando a entender que aquí se vive mejor.

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La comunidad de “El Cóbano” es aledaña a la cabecera municipal de Cuauhtémoc. Según datos publicados por “Pueblos de América”, en el 2020 se registró que el 66.40% de la población proviene de fuera del estado de Colima. Las personas que habitan el albergue cañero en su mayoría son del estado de Guerrero. 

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—¿Cuando termina la zafra, cómo hacen para sostenerse?

—Cuando no es tiempo de zafra mi marido trabaja en la zarzamora, pero ahorita tiene una semana que no trabaja. Mi hija está trabajando en la zarzamora y los muchachos trabajan abonando la caña, o van a cortar o van a chapear la caña. Mi otro hijo está trabajando en la zarzamora con su esposa. Cada quien busca su trabajo.

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El tiempo de zafra dura aproximadamente seis meses. No hay una fecha exacta de cuando inicia, ya que ésta depende del estado en que se encuentre la caña. En 2020, empezó el 27 de noviembre, culminando el 27 de abril de 2021. En el 2019 empezó el 1 de diciembre, culminando en el mes de junio del 2020. Se tiene registrado que en otros años empezaba a finales de octubre o principios de noviembre. 

Existe una minoría de personas indígenas, que se ha asentado en el municipio, el cual, ante el término de la zafra busca otras fuentes de trabajo para poder solventar sus necesidades. 

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La señora Angelina, junto con su familia, forma parte de las minorías que se han quedado a vivir en la comunidad de Quesería. Ella, con su familia, tiene un año y medio aproximadamente rentando casa. Cabe mencionar que durante la zafra el albergue cañero les proporciona un espacio aproximadamente de 4 a 6 metros cuadrados a cada familia, cubriendo los gastos de luz y de agua. Cuando la zafra termina, a las familias que se quedan el espacio se los continúan prestando, pero el pago de la luz durante este tiempo lo hace cada familia.

La señora Angelina comentó:

“Ahorita que no hay zafra se nos cobra la luz, pero a veces sale muy caro, llega muy caro el recibo. Allá en El Cóbano pagábamos 12000 pesos. Donde yo vivía era una casa, casi como de seis cuartos y otros seis cuartos, como doce cuartos, pero a esa casa le llegaba el recibo de doce mil. Y yo vine para acá, al ingenio, y les pregunté por qué cobraban tanto. Que ellos no sabían, que a lo mejor ocupaba mucho uno la luz, pero pues ni modo que nosotros gastemos tanto. Nosotros lo máximo que tenemos son dos focos, ponle que tres… la licuadora, lo más indispensable para utilizar la luz, pero pues llegaba muy caro. Al de la luz también le pregunté y dijo que porque eran medidores comerciales, que por eso así llegaba. Pero yo digo también que a lo mejor unos llegan a deber. Porque allá donde vivíamos (lo dice refiriéndose a la casa que rentaban anteriormente, a la que habitan ahora), el primer recibo nos llegó de 200, ya el segundo era de 300 y así iba subiendo hasta 1108. De ahí otra vuelta fue bajando, yo les pregunte a los de la luz y ellos me contestaron si no sería algo que estaba agarrando mucha luz. Pero si mis focos son de los ahorrativos, nada más tengo conectado mi refri y ya, le digo, porque mi licuadora casi no la ocupo, porque esa no jala mucha luz”. 

Los empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le sugirieron que desconecte su refri para que vea. A lo mejor el refri es el que está jalando mucha luz. Pero le digo, si mi refri no está viejo, no tiene tanto que lo compré. Si estuviera viejo pues a lo mejor. Porque algunos dicen que sí jala mucha luz, pero no. Desconecté el refri y aun así me llegaba caro, me llegó de 900 y ya ahorita que nos salimos, en esta casa ya pagamos 250 pesos. Como estábamos muchos, entre todos pagábamos.

—¿Por qué se cambió a esta casa? 

—Me cambié de casa porque me la pidió el dueño, porque la va a recomponer. Por eso me vine con mi esposo a buscar un lugar, y aquí nos quedamos. Aquí vivimos seis personas, yo con mi esposo y mi hija. Mi hijo con su esposa y un hijo.

La señora Angelina tiene una hija de 15 años, que es la menor de la familia. Cuando estaba en la comunidad de El Cóbano, asistía a la secundaría, servicio que prestaba la institución de Conafe. Durante aproximadamente 7 meses asistió y dejó interrumpido porque se cambiaron de comunidad. “No era muy constante para ir a la secundaría, frecuentemente faltaba porque prefería irse a trabajar. En una ocasión argumentó que lo hacía porque quería comprarse unos tenis, que su familia no le podía costear”. Así lo comentó el profesor que durante ese año estuvo en la comunidad. 

Mi hija Yuridia tiene 15 años, ya no siguió estudiando, nos venimos para acá, le quedaban como seis meses para terminar, pero ya no pudo ir, le quedaba algo lejos y luego ya ve las cosas que suceden, comentó la señora Angelina.

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La mayoría de los niños que estudian a nivel primaria, prefieren el trabajo. Pareciera que la misma suerte de los padres, los hijos están destinados a vivirla. Los grandes sueños, están muy por debajo de lo esperado. Tania Covarrubias, egresada del Centro de las Artes SLP, desde hace algunos años se ha dedicado a trabajar con niños migrantes en los albergues. Ella tiene la intención que dejen de trabajar. En una entrevista con Estación Pacífico en 2019 dijo que en los albergues cañeros se topaba mucho con el proyecto de cortar la caña más rápido que su papá, irse a Estados Unidos. “En Tecomán nos encontramos con un ‘ser sicario’ y una niña ‘irse con su vecino de al lado’. La misma historia se vuelve a repetir, generación tras generación, las niñas y niños no tienen otro panorama de la vida, por lo cual sólo aspiran a vivir las mismas realidades que ven en sus casas.

La educación no es prioridad para ellos, sobre todo para las mujeres indígenas. Un estudio realizado por Guillermina Chávez en el 2020 arrojó que la escolaridad de las mujeres migrantes encuestadas evidencia que el 27% reportó: ninguna escolaridad, seguido de primaria inconclusa con 26%, mientras que el 23% tiene primaria terminada. 

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—¿Le gusta vivir en esta comunidad?

—Sí me gusta vivir aquí porque esta bonito, ya nos gustó. Pero no queremos ir a la galera porque allá hay mucha pelea. Las otras señoras que vienen se están peleando los lavaderos, los baños que no los quieren lavar, salimos peleadas.

Por la gran cantidad de personas que habitan los albergues cañeros, éstos cuentan con espacios comunitarios, como lavaderos y baños. A pesar de que se trata de que haya una organización al interior, muchas de las personas, sobre todo mujeres, se quejan porque algunas hacen caso omiso y no asisten a limpiarlos cuando les toca, lo que genera unas condiciones insalubres para su uso.

La señora Angelina continúa hablando con mucho disgusto.

“Siempre se pelean el agua, nadie quiere lavar los baños, tiran cosas y si les dices que no lo hagan, pues no hacen caso. Los que tienen retehartos niños no los cuidan. Ahora les dicen vas a barrer y no quieren barrer.

“Comúnmente se turnan para lavar los baños, pero no quieren. Mis hijos no iban, mejor se iban al campo porque olía muy feo, ni les echaban agua. No hubiera agua, pero ahí hay agua, les digo, para que le pongan, pero tienen flojera de agarrar una cubeta y echarle agua. Están bien feos, más el de los hombres, yo iba y los lavaba porque iban mis hijos, pero luego uno salía peleado.

“Pero ya después conseguí mi toma de agua solita, me hicieron mi toma para allá en la esquinita, donde está el baño de la escuela, así a un lado. Ahí puse una toma de agua y ahora ahí se le quedó a mi hija. Pusimos un lavadero de piedra para ya no estar peleando allá en los lavaderos. Nosotros le ayudábamos a don Cuco con el agua, porque a veces se tapaba la manguera y él nos ayudó a poner una toma de agua. Compramos la manguera y un bote conseguimos. Porque a veces los lavaderos los llenan de trastes y para estarte esperando, y ellas lavan hasta cuando quieren y si vas y si se los quitas, se enojan, entonces mejor así lo hicimos, para la hora en que ellos quieran lavar. Luego rentamos casa, porque para estar peleando mejor no, así yo tengo mi baño”.

Por un momento nuestra plática se desvió y empezamos a hablar de la situación de pandemia que estamos viviendo en la comunidad de Quesería. Tanto ella como yo mencionamos el alto índice de contagios en los últimos días y la cantidad de muertos por esta enfermedad. Ella comentó que a su esposo le dio Covid-19 y en su trabajo lo descansaron 15 días. Aunque ni a ella ni a su familia les hicieron estudios, ella cree que también estuvo contagiada por los síntomas que presentó. Luego recordó la situación de enfermedad cuando vivió en El Cóbano. Por lo cual continuó hablando:

“Cuando llegamos a la comunidad de El Cóbano, empezamos con vómito y diarrea. Era el agua a lo mejor. Don Cuco nos llenaba un tinaco Rotoplas y nos decía ‘ésta es agua potable para tomar, la demás es para lavar’. Y no, lo echaba todo revuelto, era agua del río, por lo que mejor empezamos a comprar agua. Casi todos los de la galera estaban enfermos”. 

Llegó una de sus hijas junto con una pequeña niña, que al parecer era su hija. Llegó, saludo cordialmente y se sentó en una de las piedras que trataban de forman una división a la entrada de la casa. La pequeña niña de unos 4 años aproximadamente, vestía unas sandalias, traía el pelo un poco desalineado y sus manitas las tenía cafés, como si hubiera estado jugando con la tierra, la niña estaba junto a su mamá como tratando de refugiarse en ella.

La señora Angelina continúo hablando.

“Una vez dijo mi hijo ‘esta agua huele como a jabón, de donde lo llenaste’. No pues ahí pasé a traer, le dije. Y ya mejor empezamos a comprar. Las demás personas así siguieron tomando. Pero fueron unos doctores, ya ve que el volcán estaba seguido aventando ceniza, que a lo mejor era eso de la ceniza que caía en el agua, lo que nos hacía daño, muchos llegaron a ir al hospital.

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Además de ser migrantes, las personas indígenas que se alojan en los albergues de El Trapiche, El Cóbano, Cuauhtémoc y Quesería, viven situaciones infrahumanas. La pobreza en la viven los hace un sector vulnerable, por malos hábitos alimenticios, mala higiene (personal, del espacio que habitan y comunitario), poca conciencia del cuidado, sumándole que la calidad del agua potable no es buena, por lo menos en la comunidad de El Cóbano, que es donde la señora Angelina vivió algún tiempo. 

Así como la familia de esta señora, existen otras tantas familias que han decidido dejar los albergues por estas situaciones y establecerse en la comunidad, rentando casa. Esto habla de las condiciones deplorables en las que cada albergue se encuentra, y de la poca organización que existe al interior de las mismas. 

El ingenio de Quesería cuenta con una asociación que busca acompañar a dichas familias, y aunque actualmente existe una trabajadora social que acude a cada una de las comunidades, es insuficiente para atender las necesidades con las que cada albergue sufre.

 

* La autora de este texto es estudiante de licenciatura en la Escuela de Trabajo Social “Vasco de Quiroga”, del municipio de Comala, Colima.